Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó
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Sur de Bolívar al borde de crisis humanitaria por erradicación forzada
Aheramigua / Sábado 14 de octubre de 2017
 

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, denuncia los operativos de erradicación forzosa que se están llevando a cabo en los municipios Montecristo y Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar.

El 19 de mayo de 2017 los 16 alcaldes del sur de Bolívar (incluyendo a los de Santa Rosa del Sur y Montecristo), firmaron el "Acuerdo de voluntades para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito" en el marco de la implementación del punto cuarto de los acuerdos de paz de La Habana y el Programa Nacional Integral de Sustitución -PNIS-, Decreto 896 de 2007. A partir de esa fecha los cultivadores han suscrito seis acuerdos colectivos en esta región, incluyendon los que suscribieron los cultivadores en el municipio de Santa Rosa del Sur. Por otro lado, en la actualidad, las comunidades cocaleras de Santa Rosa, cuentan con preacuerdos y están realizando preinscripciones, como las que se realizaron en el corregimiento de Buenavista el pasado lunes 9 de octubre. Pese a lo anterior el Gobierno nacional, representado por los efectivos del Batallón de Selva #48, han venido haciendo erradicaciones forzosas en las veredas Altamira, La Pradera, La Leona, El Oso y Las Lomas.

Los cultivadores de Montecristo, por otro lado, intentan suscribir los acuerdos colectivos; no obstante, por unanimidad, los campesinos están de acuerdo con adherirse al Programa Nacional Integral de Sustitución y han manifestado públicamente el interés de reemplazar definitivamente los cultivos de uso ilícito. Sin embargo el municipio se encuentra al borde de una crisis humanitaria puesto que los efectivos del Batallón Nariño se preparan para iniciar operativos de erradicación en la cabecera municipal, así que el comercio está cerrado y los campesinos cultivadores de hoja de coca, así como los pobladores de la zona, están preparándose para realizar movilizaciones y acciones de protesta para impedir que el gobierno acabe con su único sustento e incumpla lo acordado.

Estos actos hostiles de las autoridades nacionales, exigidas presumiblemente por el gobierno de Estados Unidos, tienen como antecedente inmediato la masacre perpetrada por la Policía Nacional en el corregimiento Llorente, municipio de Tumaco, Nariño, en el marco de un operativo de erradicación forzosa con el fin de perseguir a campesinos excluidos históricamente por las políticas rurales de un Estado que favorece a unos pocos.

El papel del gobierno de Juan Manuel Santos respecto de las comunidades campesinas es además de desleal, violatorio de los derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo, al debido proceso; inclusive, revictimiza a aquellos que históricamente han sufrido la violencia de todos los actores del conflicto armado del país, y pone en riesgo las garantías constitucionales de población sujeta a protección especial, como son menores de edad, adultos mayores, mujeres gestantes o lactantes, entre otros, que subsisten directa o indirectamente de la actividad agrícola sobre los cultivos de uso ilícito.

De otro lado, la institucionalidad gubernamental actúa también inconstitucionalmente e incoherentemente con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2017, recientemente validado por la Corte Constitucional, que llama a las entidades del sector público a cumplir de buena fe los acuerdos, especialmente al contrariar explícitamente los principios fundantes del punto cuarto del acuerdo suscrito entre las otrora FARC-EP y el Gobierno colombiano.

Por lo anterior, Aheramigua y los campesinos que trabajan y cultivan la hoja de coca en los municipios de Montecristo y Santa Rosa del Sur en Bolívar, exigen al Gobierno nacional que cese la persecución y agresión en contra de las comunidades, así como el cumplimiento a lo acordado en La Habana y lo pactado con las comunidades campesinas, deteniendo de forma inmediata los operativos de erradicación forzosa en esta región y en todo el país, allí en donde se haya mostrado la voluntad de sustituir gradual y eficazmente los cultivos de uso ilícito.

Cabe mencionar también que ante el incumplimiento del Estado se acudirá a acciones de protesta y movilizaciones con el fin de garantizar los derechos constitucionales que el propio mal gobierno niega. Por eso se hace un llamado a la sociedad civil para apoyar las acciones convocadas en el marco de esta crisis nacional. Se solicita a las organizaciones defensoras de DDHH a nivel nacional e internacional estar atentas ante la eventual acción violenta de las autoridades públicas en contra de los campesinos del sur de Bolívar.

"Por la permanencia en el territorio, la vida digna y la libertar"