A través de fumigación manual con glifosato la policía antinarcóticos está erradicando los sembradíos de coca en algunas veredas del municipio San José de Uré en Córdoba; así se contaminan los nacederos de agua y quebradas de la región, lo cual representa un peligro para sus habitantes, quienes denuncian incumplimiento frente a las asambleas que se venían adelantando para suscribirse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS- y hacer parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-.

Frente a este panorama las organizaciones sociales del territorio exigen detener la erradicación forzada porque genera conflictos entre la comunidad y la fuerza pública. Con estos actos arbitrarios no se contribuye a la sustitución gradual de este tipo de cultivos con otra clase de economía que sirva de sustento a los campesinos de la región; pero sí se agrava la difícil situación que se vive en ésta y otras zonas del país en las que la violencia y la exclusión son el pan de cada día.

Los PNIS y los PDET son instrumentos de política pública que materializan los puntos 1 y 4 del acuerdo final de paz de La Habana, su incumplimiento bloquea entonces los avances institucionales que se venían logrando con los acuerdos colectivos suscritos por zonas históricamente impactadas por el conflicto para avanzar en la construcción de paz.

Los campesinos del sur de Córdoba piden a las entidades defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales, llamar la atención al Gobierno nacional para que respete el acuerdo colectivo firmado con las comunidades en San José de Uré y municipios aledaños.

La erradicación de cultivos de uso ilícito por parte del Gobierno ha generado malestar y temor en las comunidades rurales puesto que en los últimos meses la fuerza pública ha actuado de manera arbitraria y desmedida. Según el último reporte entregado por la comunidad rural de Tumaco un campesino más murió producto del ataque de la policía hacia la población civil.

Es de resaltar que a nivel nacional se viene presentando graves incidentes con la fuerza pública por cuenta de la erradicación forzada que contraría la voluntad del Acuerdo final de paz. Las comunidades campesinas en todo el país exigen al Estado respetar lo concertado frente a la sustitución progresiva y concertada de cultivos de uso ilícito, asimismo demandan de la institucionalidad oportunidades laborales y económicas que puedan aportar en el proceso de la sustitución.