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Argentina
Colombianas participan en el 32º Encuentro Nacional de Mujeres
Texto de apertura
/ Domingo 15 de octubre de 2017
 
Foto: Emergentes

¡Bienvenidas a Resistencia, sede del 32º Encuentro Nacional de Mujeres!

Introducción

Después de 19 años, y por segunda vez, nos encontramos en Resistencia, Chaco, para hermanarnos. En 1998 fuimos diez mil mujeres, hoy somos setenta mil las que nos reunimos en este encuentro único en el mundo. Nos autoconvocamos convencidas de que a partir de estos encuentros nace la construcción colectiva que nos da la fuerza para luchar contra el sistema explotador, patriarcal y opresor.

Hubo que extremar esfuerzos para poder recibirlas a todas. Lo hacemos en una provincia pobre y en una ciudad chica para la magnitud que han adquirido nuestros Encuentros, pero rica en experiencias de unidad y de luchas. En la búsqueda de la equidad, la elección del Chaco es un acierto que quiebra con el sistema de explotación basado en la centralización del poder. No es casual que ahora estemos juntas y en Resistencia, cuando en Argentina se vienen profundizando las desigualdades económicas y sociales que devienen en una escalada de la feminización de la pobreza.

Estamos resistiendo en la región más postergada del país. Aquí luchan las trabajadoras, las campesinas, las mujeres de los pueblos originarios cuyos ancestros han sobrevivido a las campañas genocidas, las estudiantes, las desocupadas, las amas de casa, las sindicalistas, las feministas, las víctimas de femicidio, sus familiares y todas las víctimas de la justicia machista, las mujeres trans, lesbianas, bisexuales, la diversidad sexual. Luchan las mujeres en situación de encierro, las de organizaciones sociales y políticas, las de agrupaciones estudiantiles, las de organizaciones de derechos humanos y barriales. Luchan las mujeres migrantes, las mujeres afrodescendientes, las hacedoras culturales, las de agrupaciones por el derecho a la tierra y la vivienda, y todas las otras luchas que nos hermanan.

Porque lo personal es político, los encuentros nacionales de mujeres plantean una forma distinta de hacer política, que tenga como base fundamental los siete pilares: autogestión, autoconvocatoria, democracia, pluralidad, autofinanciamiento, federalismo y horizontalidad. Apostamos a la construcción desde el consenso, la diversidad y la igualdad, porque queremos transformar lo aprendido, lo impuesto y lo establecido.

Como muestra de esta transformación, esta Comisión Organizadora cuenta con la primera subcomisión de interior en la historia, que recorrió todo el territorio provincial difundiendo el Encuentro en cada rincón del Chaco.

Nuestra provincia es una de las dos más pobres de la Argentina. El presupuesto depende en un 86 por ciento de los Fondos de Coparticipación Federal. La distribución de ellos, que ya era injusta por la concentración del 75 por ciento para la Nación y 25 por ciento para las provincias, ahora quedaría reducida, para dársela a Buenos Aires sin que la Nación resigne un centavo.

La Corte Suprema de la Nación desde hace diez años exige al gobierno nacional y al provincial dar respuestas a los pueblos del norte y de El Impenetrable para detener lo que denominaron “el genocidio silencioso” de los pueblos originarios de esa zona, por desnutrición, tuberculosis, mal de Chagas, entre otras enfermedades y muertes evitables. Muchas de las que dan batalla todos los días contra estas injusticias estamos acá presentes.

Somos parte de las economías regionales postergadas por un proyecto nacional y provincial que privilegia el avance sojero de los agronegocios. Una agricultura que depreda montes favoreciendo las inundaciones y la contaminación, una agricultura sin agricultores que desangra a las poblaciones rurales en un éxodo que no se detiene, hace crecer las villas y los asentamientos, situación que beneficia a pooles [[Pool de siembra es la denominación que recibe en la Argentina un sistema de producción agraria caracterizado por el papel determinante jugado por el capital financiero y la organización de un sistema empresarial transitorio que asume el control de la producción agropecuaria, mediante el arrendamiento de grandes extensiones de tierra, y la contratación de equipos de siembra, fumigación, cosecha y transporte, con el fin de generar economías de escala y altos rendimientos. Al finalizar la cosecha y realizarse el producto, las ganancias son distribuidas. Legalmente son fideicomisos agropecuarios. La palabra inglesa "pool" -en este uso, significa "vaca" o "colecta", es decir, se trata de un fondo que reúne el aporte en dinero de varios inversores, para con ese dinero proceder a contratar los bienes y servicios necesarios para realizar una cosecha agraria, y luego distribuir la ganancia entre los miembros del pool. El sistema desempeña un papel dominante en la producción de soja en la que la Argentina se ha vuelto tercer productor mundial en el mercado de venta del producto en bruto (semillas y porotos), y primero en el mercado de aceites de soja. Wikipedia]] y terratenientes. Sumado a la utilización de agrotóxicos, como el glifosato, de manera indiscriminada e irresponsable, provocando enormes daños en la salud de las poblaciones rurales.

El algodón, que era el orgullo del Chaco, produjo este año la menor siembra de la historia. Cierran las desmotadoras y la industria textil por la apertura indiscriminada de las importaciones y el achicamiento del mercado. Cierran las pymes por cargas impositivas que son impagables, causando el aumento de despidos en el sector privado, como también la desocupación y el hambre.

También las trabajadoras estatales, en especial las del sistema educativo y de salud, vienen perdiendo desde hace años la carrera contra la inflación, y son miles las precarizadas que el gobierno nacional quiere aumentar con la reforma laboral, para bajar el costo del trabajo. Esa precarización laboral nos mata. La misma precarización laboral en la provincia se cobró numerosas vidas: seis personas que trabajaban en Sameep, empresa estatal de agua, así como Melisa Bogarín, que fue víctima de este gobierno de ajuste que golpea el cuerpo de nuestras hermanas.

Melisa trabajaba en el INTA, en contacto con pequeños agricultores y agricultoras. Justamente el 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, quienes dependen en su mayoría de los recursos naturales y de la agricultura para subsistir y representan una cuarta parte del conjunto de la población mundial. Producen, procesan y preparan gran parte de los alimentos disponibles, por lo que sobre ellas recae la responsabilidad de la soberanía alimentaria.

Teniendo en cuenta que el 76 por ciento de la población que vive en la extrema pobreza se encuentra en zonas rurales, garantizar el acceso de las mujeres a recursos agrícolas productivos las empodera, y contribuye a reducir el hambre y la pobreza en el mundo. Nuestro abrazo en su día, para todas las mujeres rurales presentes en este Encuentro.

Las políticas de opresión – en Latinoamérica, en el país y el Chaco – son ejecutadas apoyándose en la represión. El ajuste golpea a los sectores populares, y sobre todo perjudica a las mujeres, empeorando sus condiciones de vida. La Argentina se ubica como uno de los países con mayor índice de pobreza en toda América Latina, según el último reporte del Centro de Estudios de la Nueva Economía. La pobreza alcanza a más del 30 por ciento de la población.

En el contexto socio político actual crece la represión a los pueblos originarios y la desaparición forzada de quienes luchan en solidaridad con esos pueblos como resultado de las disputas de ocho millones de hectáreas de los pueblos originarios, donde hay 600 conflictos de tierras que no tienen respuestas. A esto los gobiernos nacional y provincial responden con “macroprogramas turísticos”, como es el Master Plan Impenetrable en Chaco, que devienen en el avasallamiento de las tierras y la soberanía de los pueblos ancestrales, y muertes dudosas de dirigentes líderes de los pueblos originarios.

Repudiamos el reciente intento de asesinato de la dirigente social Julia Rosales.

La sombra de la impunidad alimenta el narcotráfico y las redes de trata de personas. Las mujeres son, la mayor parte de las veces, las encarceladas por delitos relacionados con el tráfico, y al mismo tiempo son quienes muchas veces se ponen al frente de la lucha contra la droga y su flagelo, encabezando la búsqueda de justicia y los reclamos por la violencia institucional.

Queremos resaltar nuestro repudio por las detenciones respaldadas en la Ley de Narcomenudeo, que criminaliza al último eslabón de la cadena, penalizando particularmente a la juventud con la intención de bajar la edad de imputabilidad, dejando libre a los responsables de las redes de narcotráfico con la complicidad del Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

También en este marco, repudiamos el aumento de la criminalización de la protesta social y expresamos nuestro acompañamiento a las mujeres procesadas y presas por luchar.

Asimismo, recordamos que a un año de la represión policial con la que terminó el 31° Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, la Justicia no investigó el accionar de la policía santafesina. Tampoco se pronunció contra los efectivos que hirieron a más de treinta personas, entre manifestantes y trabajadores de prensa. Solo figura una causa abierta y no tiene a las mujeres como víctimas sino como sospechosas. La represión policial es la forma más explícita en la que el Estado atenta contra nuestros cuerpos y las miles de mujeres que se organizan y se expresan libremente, con la complicidad y el encubrimiento de los discursos mediáticos hegemónicos.

La feminización de la pobreza es un hecho innegable. Aún en el siglo XXI somos las que mayormente nos encargamos del trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado, y somos quienes sostenemos nuestros hogares, teniendo como agravante la desigualdad salarial, que hace que las mujeres ganemos 27 por ciento menos que los hombres. La variable de ajuste siempre recae en las mujeres.

Para revertir esta realidad injusta, es que necesitamos seguir organizadas y en la calle. Esa calle que muchas veces nos violenta, nos ultraja y nos denigra, pues los acosadores callejeros tienen vía libre para ejercer su dominación y hacernos sentir su opresión. En respuesta a eso salimos juntas en manada, apropiándonos del espacio público que también nos pertenece.

Todas las batallas de nuestra patria grande latinoamericana nos tuvieron a las mujeres encabezando la lucha, a pesar de que el discurso de la historia oficial nos invisibilice. Por eso es que hoy invocamos a Juana Azurduy, Micaela Bastidas, Bartolina Sisa, Macacha Güemes, Melitona Enrique, Berta Cáceres, María Remedios del Valle, Juana Ramírez y Virginia Volten, entre otras.

La justicia patriarcal avala la impunidad de violentos y femicidas. El Estado no destina recursos ni propone respuestas integrales para abordar la problemática. La falta de voluntad política de los distintos gobiernos, anteriores y actuales, impidieron la implementación de la Ley de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Por lo que exigimos desde aquí la declaración de la ley de emergencia en violencia de género a nivel nacional y provincial que implique presupuestos con perspectiva de género. También exigimos la declaración de emergencia por transfemicidios.

El Consejo Nacional de Mujeres fue sufriendo recortes que alcanzaron los 67 millones de pesos, fue disuelto por decreto y transformado en un Instituto bajo la esfera del Ministerio de Desarrollo Social, con lo que esto implica en términos de pérdida de autonomía y federalismo.

Mientras que ya en el 2016 el Plan Nacional de Acción de Prevención, Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres destinaba un presupuesto de menos de cinco pesos por mujer, el proyecto de Ley presupuestaria para el 2018 omite toda mención explícita de la asignación para el próximo año. La falta de transparencia delata la intención de incumplir compromisos asumidos, en un presupuesto sin ningún programa que se plantee cerrar las brechas de género.

Cada día perdemos una hermana por el sólo hecho de ser mujer. La brutalidad de las violaciones, abusos y acosos sexuales dan cuenta de las conductas que fomentan los medios de comunicación presentando un estereotipo de mujer transformado en objeto, perpetuando la cultura de la violación.

En lo que va del año, se cometieron cinco femicidios en Chaco: En febrero, Araceli González de 18 años; en mayo, Isabel Sánchez, de 50 años; en junio, Mariela Fernández, de 25 años; en julio, Elizabeth Giuliana Solís Álvarez de 13 años, fue asesinada a manos de un policía de 30 años en el hotel Alfil, en pleno centro de Resistencia, el cual continúa funcionando con total normalidad e impunidad. Y a menos de un mes de este Encuentro, nos golpeó el femicidio de Andrea Vera, mujer originaria de 25 años.

La violencia machista, patriarcal y racista se recrudece aún más contra las jóvenes mujeres originarias. Un ejemplo de esto es la violación y el femicidio de Juana Gómez de 15 años en Quitiñipi en 2013. Otros casos como los de Liliana Ramírez de 17 años y Valeria Anriquez de 25 años en Castelli en 2015, y Natalia Flores de 15 años en Fontana en el 2007. También recordamos el transfemicidio de Aldana Palacios, en Resistencia en 2014.

Frente a este contexto de impunidad, no podemos dejar de recordar el emblemático caso LNP en 2003 en Chaco, que sentó precedente por haber sido elevado al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Tal como lo describió el Ministerio de Seguridad en 2008 “se trata de un caso paradigmáticamente aberrante, con una no menos aberrante conducta de funcionarios provinciales -policiales y judiciales- quienes en vez de proteger y reparar la violación de los derechos de la víctima mujer, indígena, menor de edad y pobre, la revictimizaron en un proceso escandaloso y canallesco”. Denunciamos que el Estado chaqueño sigue incumpliendo con la sanción impuesta por organismos internacionales.

En este acto de proclamación queremos nombrar a la misionera Victoria Aguirre quien es víctima de la Justicia patriarcal, víctima de violencia de género y estigmatizada por ser madre. Exigimos su inmediata libertad y absolución. También demandamos una ley nacional que ampare a los hijos e hijas de víctimas de femicidios. Entre el 2016 y lo que va del 2017, solo en nuestra provincia se denunció la desaparición de 22 mujeres. No están. Se las llevaron. Las arrancaron de su existencia. La mayoría jóvenes y del interior.

Al finalizar este Encuentro se cumplirán diez meses de la desaparición de Maira Benítez, madre adolescente de Villa Ángela. La violencia institucional de una justicia sexista que promueve la impunidad de los agresores ha evitado que se encuentren pruebas que aporten a la causa. La policía obstruyó el acceso a la justicia, incumpliendo el protocolo en casos de desaparición de personas, más aún si se trata de mujeres de bajos recursos. Exigimos su aparición con vida. En Maira Benítez, queremos visibilizar a todas las mujeres desaparecidas del Chaco y del país, este encuentro también es de Maira.

Repudiamos la agudización que se vive en términos de lesbotransbiodio, muchos de los últimos protagonizados por las fuerzas policiales, como ser el caso reciente de Dayana, increpada abusivamente por agentes de la Policía del Chaco en plena plaza 25 de mayo por darse un beso con su compañera; así como el de Mariana y Rocío, detenidas por siete horas y maltratadas por agentes policiales, por la misma causa, en la estación de Constitución. En este contexto, nos parece un posicionamiento político de gran importancia la inclusión del Festival y la Marcha Orgullosamente Torta en la grilla oficial del Encuentro, por primera vez en 32 años.

A pesar de que contamos con algunos marcos legales que reconocen nuestros derechos y nuestras existencias como mujeres trans, lesbianas o bisexuales, esto aún no implica que socialmente se hayan producido los cambios necesarios para lograr la igualdad por la que luchamos.

La opresión y discriminación se ve avalada por las diferentes instituciones como el sistema de salud que no garantiza la plena aplicación de la Ley de Identidad de Género, educativo y laboral, así como por una parte de la sociedad heteronormada que sostiene y prolonga dicha discriminación. Un caso emblemático es el de Higui, presa por mujer y lesbiana, luego de defenderse de una violación correctiva ¡exigimos su absolución!

Otra situación bochornosa es la no reglamentación del cupo laboral trans en la Municipalidad de Resistencia, ordenanza que fue aprobada hace más de un año pero nunca se allanó el camino para su aplicación. A nivel provincial, el proyecto ni siquiera fue tratado.

Tampoco fue reclamado por los sindicatos, constituidos como estructuras patriarcales y verticalistas, espacios discriminadores para las mujeres. En Chaco, alrededor del 90 por ciento de los sindicatos tienen conducciones masculinas. Por esto, exigimos el tratamiento y la aprobación de la ley de paridad de cargos electivos en todos los niveles.

Pedimos que el sistema de salud sea accesible y equitativo para todas. La educación y anticoncepción considerados derechos básicos e indelegables, sin distinción de condición socioeconómica.

No queremos más ni una mujer muerta por abortos ilegales, nuestros cuerpos son sometidos a la impunidad de una sala clandestina en condiciones de precariedad. Aún cuando Chaco está adherido al protocolo ILE según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las niñas y mujeres son obligadas a parir poniendo en riesgo su integridad física y psíquica. En la provincia, el caso de una docente de 42 años muerta en Charata este año por un aborto clandestino es la punta del iceberg de una problemática que todas conocemos y que se sigue invisibilizando. Y recordamos que este año se concretó el primer juicio realizado a una médica de El Maitén por haber garantizado una interrupción legal del embarazo. A través de la lucha de las mujeres feminista en conjunto logró la efectiva liberación de Belén en Tucumán.

Ningún derecho nos fue otorgado sin una lucha previa, ninguna lucha es posible sin debate. Exigimos la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por sexta vez en el Congreso Nacional, reafirmando el carácter laico que debe tener el Estado.

A una semana de las elecciones, exigimos a los futuros legisladores y legisladoras dejar de mirar para otro lado y que salden esta deuda de la democracia. Conquistar la soberanía de nuestros cuerpos es un acto plenamente revolucionario. ¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir!

El Programa de Educación Sexual Integral, clave para la educación y prevención de violencias, sufrió una reducción de un tercio del personal. Al igual que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley de Salud Mental, que son progresivamente desarticulados. Tampoco tiene cumplimiento efectivo la Ley de Parto Humanizado, que pone de relieve los derechos de toda madre a la información, al trato digno, respetuoso e individual, propugnando su libertad de elección.

Los organismos dedicados a la atención y prevención de casos de violencia tanto a nivel nacional como provincial fueron vaciados y sus trabajadoras se encuentran enfrentando procesos de lucha en defensa de sus puestos de trabajo. Tal es el caso de la línea 137 y el Centro de Atención a Víctimas de Violencias, que no cuentan con presupuesto y tienen a gran parte de sus trabajadoras de manera precarizada.

A la par del vaciamiento de programas específicos, el gobierno actual se propone una restructuración del sistema de salud que equivale a una privatización encubierta. El resultado implicaría transformar el derecho a la salud en un conjunto de prestaciones mínimas, ajustables, reduciendo la responsabilidad estatal. Esta reforma generaría un sistema de salud fuertemente diferenciado para ricas y pobres. No sólo reduce el acceso de la población en su conjunto a un derecho, sino que precariza a las trabajadoras del área. Y nuevamente serán las mujeres quienes sufran más el embate de esta reforma.

Sea en la atención y prevención de casos de violencia, la brecha salarial y su impacto en las economías familiares o el acceso a derechos como la salud, el panorama se repite: vaciamiento de programas, partidas presupuestarias reducidas, precarización de las trabajadoras, amenazas al acceso a derechos básicos, un Estado cómplice y responsable. Mientras el presidente declara para los medios que “todos nos unimos en el grito ‘Ni una menos’”, las decisiones tomadas durante su gobierno han significado retroceso y postergación para las demandas de las mujeres.

Nosotras las mujeres chaqueñas no podemos permitir que el sistema patriarcal siga sometiéndonos de todas las maneras posibles: física, psicológica, simbólica, sexual, económica y patrimonial, encerrándonos en estereotipos que cercenan nuestras libertades e imponen un único destino tanto en nuestros roles como en nuestros cuerpos. En este marco, rechazamos el proyecto de “ley de libertad religiosa” que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional para que las religiones tengan aún mayor injerencia en el ejercicio de los derechos ciudadanos y lo público.

Que Chaco sea sede en este contexto proyecta una multiplicidad de oportunidades de frentes de lucha y visibilización de nuestras problemáticas. Un Encuentro Nacional que comenzó con mil mujeres, hoy nos reúne a setenta mil, que llegan de todas partes del país trascendiendo las fronteras de Latinoamérica.

Somos protagonistas del mayor espacio de encuentro contrahegemónico actual: el movimiento de mujeres, donde podemos sentirnos hermanadas, unidas en este contexto de profundización de la violencia machista y el avasallamiento de los derechos de las mujeres e identidades femeninas.

Así como decimos que algo cambia en cada mujer que participa, sostenemos también que la provincia donde vivimos no puede volver a ser la misma a partir de ahora, en Resistencia continuarán todas nuestras luchas. ¡Mujeres, bienvenidas, este Encuentro es de todas!

Publicado en: Resumen Latinoamericano