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Opinión
La preocupación de Cano de defender al pueblo de la violencia oligárquica sigue vigente
Tony López Rodríguez / Martes 7 de noviembre de 2017
 

El pasado 4 de noviembre se cumplieron seis años del asesinato de Guillermo León Sáenz Vargas, conocido como ’Alfonso Cano’, quien fuera hasta el día de su captura y asesinato, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). En desigual combate y víctima de una delación el comandante Cano, también conocido como el “arquitecto de la paz”, fue perseguido, emboscado y bombardeado con su pequeña escolta en los montes cercanos al municipio Súarez, departamento del Cauca. Herido y sin visión, en la escapada perdió sus gruesos lentes, cayó herido en un brazo y una pierna a manos del Ejército Colombiano, así lo contó un miembro de su escolta que logró romper el cerco y escapar.

Las primeras noticias de que Cano había sido asesinado, la divulgó el obispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve y responsabilizó a las más altas autoridades del país de ordenar la muerte del jefe guerrillero.

De universitario a guerrillero, Alfonso Cano, fue uno de los más destacados líderes y un brillante comandante, cuya aguda pluma y pensamiento era temido por la oligarquía colombiana.

Fue Cano quien comenzó en el 2011, a solicitud del presidente Juan Manuel Santos, el intercambio con el Gobierno, cuyo objetivo era establecer una mesa de diálogo en búsqueda de una solución política al conflicto social y armado. Según comentó uno de sus escoltas, Cano en algún momento expresó que la “intención del Gobierno era arrojar su cadáver sobre la Mesa antes de iniciar los diálogos” y esa premonición se cumplió, tres meses después de su asesinato, se abrió la mesa de diálogo en La Habana, en febrero del 2012.

Era deseable por parte de la oligarquía que Alfonso Cano desapareciera físicamente, sabían que en las montañas era un adversario al cual con sus campañas podían descalificar, pero prisionero y ante un tribunal de justicia en Bogotá y con todos los medios cubriendo el juicio, Cano de acusado podía convertirse en el más peligroso enemigo y sentar en el banquillo de los acusados a los que han saqueado al país, empobrecido al pueblo, a los corruptos y a los representantes de una oligarquía cuyo sistema combatían.

En una entrevista en mayo del 2011 al diario español Público dejaba claro por qué combatían:

“Las FARC nacimos resistiendo la violencia oligárquica, que utiliza sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista que inundó de sangre los campos colombianos, usurpando las tierras de campesinos y colonos, y nacimos también, como actitud digna y beligerantes de rechazo a la injerencia del gobierno de Estado Unidos en la confrontación militar y en la política interna de nuestra patria”.

Esa firme conducta que presidía su pensamiento, era la que el Gobierno no podía aceptar en una Mesa de Diálogos.

En el sexto aniversario de la muerte de Alfonso Cano, pareciera que su gran preocupación y sus convicciones de defender de la violencia oligárquica a los campesinos, indígenas y afrodescendientes siguen vigentes. Desde hace siete días en 26 departamentos el movimiento campesino e indígena inició una protesta nacional contra el Gobierno por los incumplimientos de los Acuerdos con las FARC-EP y los movimientos sociales.

La “Minga Nacional Indigena” mantiene junto a campesinos y labriegos 19 puntos de concentración en varios departamentos, entre ellos el Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda y Norte de Santander. La protesta y fuertes enfrentamientos han ocasionado 36 heridos y varios detenidos. Se calcula que solamente el movimiento indígena ha movilizado más de 100.000 personas indignadas por la falta de garantías, las violaciones y de exterminio de los pueblos aún en “tiempo de paz”.

Asimismo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que desde 1996 se han suscrito 1.392 acuerdos con el Gobierno Nacional, la mayoría de los cuales se han incumplido.

Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado a las partes para evitar las tensiones y no haya más confrontaciones que puedan generar violaciones a los derechos humanos.

Una de las alertas de organizaciones de derechos humanos tiene que ver con que en algunas zonas de la protesta hay presencia del Ejército con tanquetas, hecho que, según Howland, no debería darse. “No es que no estén. Es que hay necesidad de tratar la protesta social como protesta social de civiles. Esto es bien distinto a cuando estamos en área de conflicto armado. Estamos hablando de gente que no tiene armas, que son civiles, y que la policía tiene la jurisdicción para tratar protestas sociales en Colombia”, enfatizó el representante de la ONU.

Los indígenas están exigiendo “la instalación de la mesa de negociación, en cabeza del presidente colombiano, Juan Manuel Santos; los ministros y todas las entidades e instituciones del Estado”. Al tiempo, solicitaron al Ministerio de Defensa “controlar el accionar desproporcionado e ilegal” de la fuerza pública en los puntos de concentración de la protesta, según la prensa local.