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Recorte presupuestal y corrupción en Unidad Nacional de Protección
Entrevista con Juan Carlos Prieto Camacho, presidente de la subdirectiva Ibagué del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad en Colombia
Nelson Lombana Silva / Lunes 20 de noviembre de 2017
 
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Juan Carlos Prieto Camacho, entrevistado por Harold Bonillla de Caracol. Foto Nelosi.

Mientras crece la inseguridad en Colombia, el Estado colombiano incumple el acuerdo de La Habana con la guerrilla de las FARC-EP y arrecian los ataques desde dentro y fuera del Gobierno contra toda manifestación de paz y reconciliación nacional, crece la política antipopular contra la clase trabajadora, en este caso concreto, contra los 3.400 escoltas que hay en este país sudamericano.

Dicha arremetida contra este sector de trabajadores se expresa fundamentalmente en tres aspectos centrales y nodales: el recorte presupuestal para el año entrante en algo más de 34 mil millones de pesos, la cabalgante corrupción y la burocracia. Hay al parecer más burócratas en la Unidad Nacional de Protección, por ejemplo, que escoltas. No obstante, se anuncia el recorte presupuestal afectando a los escoltas y dejando intacta la burocracia.

La denuncia la hace Juan Carlos Prieto Camacho, presidente de la subdirectiva Ibagué del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad en Colombia (Sintrasecol).

El dirigente sindical señala sin ambages la política de tercerización que viene implementando el Gobierno nacional, a pesar de que hay estudios serios que señalan que le saldría más económico al Estado contratar directamente a los 3.400 escoltas que hay en el país actualmente y no hacerlo a través de uniones temporales, muchas de ellas duramente criticadas por hechos de corrupción y despilfarro del erario público.

Ante esta realidad concreta, el líder sindical hace un llamado fraternal a todos los sindicatos del ramo y del sindicalismo en general a cerrar filas de unidad para enfrentar este modelo neoliberal corrupto que hoy se pavonea en las alturas del poder, en contra de los intereses de los trabajadores.

“No hay voluntad política gubernamental que refleje voluntad de resolver los problemas a favor de los trabajadores”, señala Juan Carlos Prieto Camacho.

Agrega: “El decreto 583 es un crimen contra los trabajadores a nivel nacional, porque nos legaliza la tercerización”.

Dijo también que hay empresas llamadas uniones temporales que le vienen adeudando a sus trabajadores vacaciones, compensatorios, relevos, etc. Un caso concreto es Protección Colombia 416, que se acogió a la ley de insolvencia bajo el decreto 1116. Otras no han tenido escrúpulos en simplemente cambiar su razón social para seguir contratando con el Estado.

Ante este cuadro tan desolador que vive la clase trabajadora colombiana, el dirigente de Sintrasecol propone al sindicalismo superar sus dificultades y avanzar en el proceso unitario. “Creo que el sindicalismo debe superar sus debilidades, su propia crisis y colocarse a tono con el momento histórico que vive Colombia”.

Finalmente, el presidente de la subdirectiva sindical de esta organización ratifica su compromiso con la paz y el proceso de implementación de los acuerdos concebidos en La Habana (Cuba).

En exclusiva, Juan Carlos Prieto Camacho concedió este reportaje a la página web www.pacocol.org:

—¿Qué actividades viene desarrollando este sindicato a favor de los trabajadores que hacen parte de éste?

—La labor que estamos haciendo como organización sindical es defendiendo los derechos de los trabajadores de nuestra agremiación a nivel nacional.

Actualmente contamos con nueve subdirectivas con proyección a ser catorce en el ámbito nacional.

La tarea se enfila en defender y hacer valer los derechos de todo este sindicato, al cual el Estado, en cabeza del Ministerio del Interior, seguido de la Unidad Nacional de Protección y este a su vez contratando uniones temporales, ha venido violando nuestros derechos laborales.

Actualmente, notamos con mucha preocupación el “ahorro” que quiere hacer el Estado el año entrante a costa de los trabajadores, en algo así como 34 mil millones de pesos, los cuales van a ser ahorrados, no de la parte administrativa de la Unidad Nacional de Protección, sino de la parte operativa de los más de 3.400 escoltas a nivel nacional.

Desde este punto de vista, nuestra organización sindical Sintrasecol está pendiente, muy expectante sobre este tema, porque estamos muy preocupados por la reducción que van a hacer, reducción que caerá sobre las costillas de los trabajadores en nuestros bonos de dotación, bonos de alimentación, horas extras. Creemos que todo eso se va a reducir.

No entendemos por qué una política de protección en Colombia, donde se vende una imagen favorable ante el mundo, pero internamente en Colombia se refleja otra realidad bien diferente.

Acordémonos que el Estado colombiano está condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación, precisamente, a los derechos humanos. A raíz de eso fue que nació este programa de protección para brindarle protección a todos estos grupos de diferentes tipos de población. Notamos con mucha preocupación eso.

No hay una política gubernamental que refleje voluntad de resolver los problemas a favor de los trabajadores. Se le ha planteado al señor director Diego Mora que sale más fácil y económico nombrarnos a todos directamente por la Unidad Nacional de Protección, pero siempre han argumentado que es inviable.

Yo creo que los estudios que se han hecho, lo hizo el anterior director Andrés Villamizar, de este tema, daba un término favorable para nombrar a toda esta cantidad de compañeros escoltas.

Pero ahora, con esta reducción y ahorro de recursos, de verdad estamos preocupados porque ahí se van a ver afectadas nuestras familias, nuestra parte laboral.

Hemos dicho que cambiar este tipo de contratos es nefasto, este contrato hora-labor no ha sido posible a pesar de que varias empresas de estas uniones temporales que contratan con la Unidad Nacional de Protección han sido cuestionadas, han sido sancionadas, pero notamos con preocupación que no ha habido Contraloría, no ha habido Procuraduría para frenar este tipo de empresas y que no sigan licitando y sigan violando los derechos de los trabajadores.

—Es decir, ¿siguen los escoltas siendo víctimas de la tercerización en Colombia?

—Es correcto. Este decreto 583 es verdaderamente un crimen contra los trabajadores a nivel nacional, porque nos legaliza la tercerización; es como si le dieran un tipo de legalización a esto y poder seguir tercerizados y no haber sido nombrados por la misma Unidad Nacional de Protección.

Estamos preocupados por esta tercerización y no solamente en la Unidad Nacional de Protección, es dramático ver la cantidad de trabajadores en Colombia a los que el Estado los ha sometido a este tipo de contratación, estos contratos hora-labor. Estamos muy preocupados con esta tercerización que sigue y se ha fortalecido en contra de los trabajadores.

—Decía usted que era más económico para el mismo Estado ser nombrados en propiedad que en tercerización. ¿Por qué cree usted que el Gobierno nacional se empecina en la tercerización?

—Lamentablemente, todas estas empresas cuestionadas han sido investigadas; actualmente algunas de estas empresas le deben a los trabajadores vacaciones, compensatorios, relevos, etc.

A pesar de eso, notamos con suma preocupación que el Estado siga contratando estas empresas, a pesar de tantos cuestionamientos que han tenido y nos sorprende más aun que para una contratación la misma empresa cambia de razón social.

Registramos con gran preocupación la empresa Protección Colombia 416, la que se acogió a la ley de insolvencia bajo el decreto 1116, mediante la cual los que se ven supremamente afectados son los trabajadores que hacen parte de las empresas Cobasec y Guardianes. Es motivo de preocupación la situación que se viene presentando.

—¿Se podría decir también que ronda la corrupción por estos lares?

—Claro. El programa de protección a partir de 2011 manejaba alrededor de 45 mil millones de pesos, hoy en día está manejando casi 500 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa ha crecido, se ha fortalecido, pero, como lo decía inicialmente, se ha fortalecido más administrativamente que operativamente.

Vemos que la Unidad Nacional de Protección tiene más personal administrativo que los mismos escoltas y la base de la creación de este programa fue para proteger a los diferentes grupos de personas que son vulnerables en Colombia.

—Es decir, hay más burocracia o, como se dice coloquialmente: Hay más cacique que indio. ¿Es así?

—Sí. Desafortunadamente sí, hay más cacique que indio, pero el que viene a pagar los platos rotos son los trabajadores, los escoltas, el que permanece en las calles, el que arriesga su vida de domingo a domingo, el que no tiene horario, el que realmente está en disponibilidad permanente para cumplir el deber, el cual hacemos con agrado, con compromiso, con respeto. Pero vemos que no hay una política que tenga voluntad a favor de nosotros.

—Ante este oscuro panorama nacional, ¿Qué viene planteando el sindicato?

—Básicamente, lo que le hemos venido planteando y durante las reuniones que se han venido haciendo con el Ministerio del Trabajo, con la viceministra del Trabajo, es cambiar el tipo de contrato.

Vemos que sí se puede, sí se podría nombrar todo este personal ya que el Estado ahorraría plata, porque ahí se acabarían de una u otra manera las coimas, se acabaría todo esto que ha conllevado a que el programa no haya surgido y no haya dado sus resultados pertinentes.

Notamos en verdad que ahora con esta reducción que quiere hacer la Unidad Nacional de Protección a costilla de los trabajadores, eso que quieren ahorrar se lo ahorrarían donde nosotros estuviéramos directamente por la Unidad Nacional de Protección.

Habría una estabilidad laboral para los trabajadores, porque ahora con este tipo de contrato hora-labor el que queda más vulnerable a cualquier situación es el propio trabajador para quedar despedido en cualquier momento.

—Estamos en un proceso de paz, se supone que ya no hay necesidad de escolta. ¿Cómo analiza usted el momento que vive Colombia?

—Nosotros como organización sindical somos muy respetuosos y apoyamos la implementación de los acuerdos de La Habana. Sabemos que al haber abierto una subdirección de protección especial sí cabríamos los más de 3.400 tercerizados que la Unidad Nacional de Protección los pudiera nombrar.

Vemos y notamos que no ha disminuido la criminalidad en Colombia. Al contrario. Yo creo que esta situación del proceso de paz va a dejar abierta muchas puertas para la delincuencia en Colombia, para la expansión y creación de grupos paramilitares. Esto inclusive, le daría puertas más para que el programa de protección surja, crezca y avance.

—¿Qué llamado le haría usted a los demás sindicatos de protección y al sindicalismo en general en Colombia con base en la situación concreta que está viviendo el trabajador colombiano?

—El llamado fraterno para cada una de las diferentes organizaciones sindicales de rama, el sindicalismo en su conjunto y el pueblo colombiano en general es sin lugar a dudas a fortalecer la unidad por la base, asumiendo una postura crítica pero a su vez propositiva, encaminada a cambiar el modelo de gobierno que tenemos por uno más democrático y humano que garantice de alguna manera el bienestar para todos.

Creo que el sindicalismo debe superar sus debilidades, su propia crisis y colocarse a tono con el momento histórico que vive Colombia. Asumir el proceso de paz como suyo y contribuir a la materialización. No podemos seguir separados cada uno por su lado, ni asumiendo posturas patronalistas. Debemos ser consecuentes con los intereses de clase, con los intereses de los trabajadores. Por eso insisto, en la fraternidad, la unidad y la movilización en conjunto.