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Opinión
Hacen trizas la paz
Alfonso Conde Cotes / Domingo 26 de noviembre de 2017
 
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Caricatura: "Cizaña", Matador.

Hace unos meses, el troglodita Fernando Londoño afirmaba su interés de “hacer trizas el acuerdo de paz” como objetivo central de su partido, el Centro Democrático. Hoy, por la acción combinada del Congreso y la Corte, parece estar quedándose huérfano de programa. El senado, en medio de un largo saboteo a la aprobación de la ley reglamentaria de la JEP, decidió en segundo debate inhabilitar como magistrado de ese tribunal a todo aquel que haya actuado o pretendido actuar o querido pronunciarse como defensor de los derechos humanos acogidos universalmente y contemplados en la Constitución Política de Colombia. Son quince de los treinta y ocho elegidos los eventuales recusados. Tal parece que, según el senado, la credencial para juzgar los actos de la guerra interna sólo es otorgable a quién no haya sido defensor, aunque haya sido violador de la constitución. Aún no es la ley aprobada pero es hasta ahora el resultado del debate de quienes sienten en peligro su cómoda impunidad.

De otro lado la Corte Constitucional excluyó a los verdaderos responsables de la guerra de la posibilidad real de ser juzgados por la justicia especial para la paz, limitando la competencia del tribunal a las acciones cometidas por el movimiento guerrillero. Es decir, en la supuesta construcción de la paz sólo se juzgan los actos de uno de los contendores de la guerra mientras quedan en la impunidad, o sujetos a participación voluntaria, los llamados “terceros” quienes fueron los determinadores y conductores reales del exterminio de muy amplios sectores populares.

Para completar el cuadro se presentan con virulencia descalificaciones a los integrantes de la comisión de la verdad acordada, presidida por el jesuita Francisco de Roux, acusándolos de parciales auxiliadores de la guerrilla. A pesar de la falta de dientes jurídicos de la comisión, los usufructuarios de la guerra sienten gran temor de sus conclusiones que puedan exponerlos a la sanción moral de la sociedad.

A lo anterior se suma que el avance de la implementación de los acuerdos es casi inexistente. Por ejemplo los puntos relacionados con la ley de tierras y el catastro rural no se han movido aún; ellos son asuntos que perturban profundamente a sectores del nuevo y del viejo latifundismo, actores principales de la guerra de más de cien años (y no de los cincuenta y tres de la existencia de las FARC como guerrilla) de esos que ahora se excluyen de la justicia especial para la paz.

Así las cosas las “instituciones democráticas” de la actualidad ya vienen desarrollando el programa de Londoño. Y en medio de esas circunstancias todavía aspiran a la desmovilización de las otras guerrillas.