Cascada en Cantagallo, Bolívar. Foto: Bibiana Ramírez – APR.

Cuando el planeta se está deteriorando a gran velocidad, algunos países se ven en la necesidad de alargarle la vida y frenar el desastre. Del 6 al 17 de noviembre se realizó la versión 23 de la Conferencia de las Partes en Bonn (Alemania), sobre el cambio climático; 190 países acordaron disminuir el uso del carbón y duplicar la generación de energía limpia y así reducir la temperatura del planeta. Estados Unidos estuvo ausente en la conferencia.

La ganadería, por ejemplo, no aparece en los planes nacionales de protección del ambiente, por el contrario aporta el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero según la FAO.

“Ahora hay fenómenos naturales recurrentes e intensos en los últimos veinte años: huracanes, sequías, incendios, tormentas de polvo, tsunami, acidificación del agua, pérdida de cascos polares, muerte del mar Muerto”, dice Luis Álvaro Pardo, director del centro de estudios mineros Colombia Punto Medio.

Es evidente que las energías fósiles ya no son eficientes en este momento donde la tecnología ha avanzado y la humanidad ha aumentado, además que aportan en gran proporción al cambio climático.

Colombia está en una posición geográfica estratégica para generar energía limpia: hay sol, viento y dos mares. “Pero este es un Estado cooptado por empresarios a quienes no les interesa invertir en energías renovables”, dice Luis Álvaro Pardo. Algunos países ya son pioneros en transformar las energías fósiles como Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia, Chile o Argentina.

Colombia en contravía

“En 1949 el oro, en el Bajo Cauca antioqueño, parecía hierba. Miles de personas sacaron oro y no había quién comprara tanto. Los maestros, albañiles, vendedores de paletas, carpinteros, almacenistas, vaqueros, cantineros, negociantes y pescadores han dejado sus oficios en el Bajo Cauca para meterse a ‘miniar’. El aumento de los precios del oro, desatado a finales de 1979 han hecho crecer muchos caseríos que se han visto invadidos por una nueva oleada de mineros de todas partes. Los colonos que antes sembraban maíz, arroz, después de tantos años de abandono, resolvieron aprender a sacar oro”, escribía el periodista Juan José Hoyos en 1980

Hoy el periodista tendría que escribir sobre las nuevas dinámicas de la minería y volver al Bajo Cauca para ver la devastación, la descomposición social, la persecución que el Gobierno y las empresas multinacionales han emprendido contra ese minero que vio brotar oro y al que nunca le dieron la tierra porque ahí estaba la riqueza.

Y una de las principales banderas de este gobierno es que hay que darle paso a la locomotora minera porque las regalías servirán para el posconflicto. “Es un discurso extorsionista: si no nos compran carbón, no hay paz. Este es un país quebrado. El Gobierno distorsiona la realidad. Hay que meterle a la locomotora porque aporta a la economía: mentira. En el 2015 los hidrocarburos aportaron 80% en las regalías mientras la minería aportó 20%”, agrega Luis Álvaro Pardo.

Mientras otros países buscan estrategias para mejorar la vida en el planeta, Colombia continúa en su plan consumista y depredador de las reservas forestales. El Bajo Cauca antioqueño ya está casi todo explotado con minería a cielo abierto. Allí las empresas multinacionales ejercen control del territorio, no las instituciones y a los pequeños mineros ya no les pagan por producción, sino por salario, es decir, una nueva esclavitud.

El proyecto minero La Colosa, en el Tolima, “acabaría con la despensa agrícola que es Cajamarca, se traslapa con ecosistemas de alta montaña, genera conflictos socioambientales y hay descomposición del tejido social. El 85% de la cuenca del río Coello está concesionada. Después de sufrir desplazamientos y masacres por el conflicto, llegó la minería también a desplazar”, dice Robinson Mejía, líder de Cajamarca.

En Girardota (Antioquia), Enka de Colombia instaló hace un par de años una termoeléctrica a carbón, cuando la industria ya la califica como obsoleta. Esta ha aportado a la contaminación que prende las alarmas en Medellín. En el oriente antioqueño hay proyectadas 50 hidroeléctricas. En el 2018 inundan Hidroituango. Y así, en casi todo el país se implementa un desarrollo que va en contravía de la vida humana, animal y vegetal.

“Estamos siendo desplazados a nombre del desarrollo. Lo de la minería bien hecha es una ideología, no tiene ningún contexto”, dice Jairo Castrillón, líder del municipio de San Roque, en Antioquia.

San Roque

Rosa Elena Monsalve es coordinadora de la mesa municipal de la asociación de víctimas y comité de derechos humanos del corregimiento de Providencia, en San Roque. Llegó hace poco a este corregimiento con la intención de ayudar a organizar esa comunidad de dos mil habitantes que están en riesgo permanente por Gramalote, una filial de la Anglogold Ashanti.

“San Roque y sobre todo Providencia fueron muy aporreados por el conflicto armado y ahora nuevamente son víctimas, ahora por el Gobierno que los criminaliza por ser mineros”.

Cuenta Rosa Elena que Gramalote hace desplazar a la gente voluntariamente porque vivir allí se vuelve costoso con la llegada de foráneos a trabajar en la mina. “Fuera de eso están cerrando las minas y entables, y quedan las familias sin con qué alimentarse”.

Ella recuerda que en julio, cuando los niños entraron de vacaciones a la escuela, muchos fueron sin desayunar. “El Gobierno, por un acto administrativo, hizo levantar unos entables y no hubo donde lavar el oro. La gente no tenía con qué comer. ¿Eso es construir paz? Es algo complejo y absurdo”.

Recuperar el Estado

Robinson Mejía cuenta que en Cajamarca hacen el festival del carrao, “carros que adornamos con lo que produce la tierra, fomentando identidad”. En el 2011 realizaron la primera marcha carnaval con doce mil personas, a la segunda llegaron treinta mil, este año en la novena participaron 120 mil y para el 2018 esperan que 125 municipios completos asistan. “Resistir es una fiesta, defender la vida es una fiesta”.

Luis Álvaro Pardo dice que es necesario recuperar el Estado para los colombianos. “Unas políticas enfocadas al interés general, un nuevo código minero desde las comunidades. No subsidiemos más las empresas multinacionales”.

Rosa Elena, con el apoyo de organizaciones sociales, quiere crear una mesa minera en San Roque “En esa mesa queremos hacer la propuesta de la defensa del territorio. Providencia va a ser un epicentro de minería a cielo abierto y van a desaparecer las montañas. Es un pulmón que vamos a dejar desaparecer si no nos podemos las pilas”.