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Familias de El Guayabo, en el Magdalena Medio denuncian desalojo ilegal
/ Viernes 15 de diciembre de 2017
 

Cerca de 150 familias campesinas viven en la comunidad del Guayabo. Desde el año 1986, 22 de estas familias ocupan los predios Altamira y San Felipe, de aproximadamente 400 hectáreas, para la producción de alimentos y medios de vida. Sobre estos predios, las familias campesinas ejercen el derecho de posesión [1], por realizar una ocupación y uso de las tierras de forma pacífica por más de 20 años, aunque no cuentan aún con títulos de propiedad. En este marco adelantan un proceso de defensa de derechos (derecho a la tierra, vivienda, trabajo, condiciones dignas de vida) que los expone a un riesgo inminente, al oponerse a los intereses de un terrateniente de la región y a los proyectos de desarrollo impulsados por la administración departamental y nacional, que continúa impulsando megaproyectos agroindustriales, minero energéticos y de infraestructura, a costa de la pequeña propiedad y la economía campesina.

En el año 2011, miembros de la comunidad del Guayabo adelantaron un proceso jurídico de prescripción adquisitiva del dominio para que les fuera reconocido su derecho de posesión y titulados los predios. En primera instancia [2], les fue reconocido este derecho, sin embargo en el año 2012 se presenta un supuesto propietario de las tierras, quien ante el inminente hecho de la prescripción y la entrega a los poseedores, señaló a los miembros de la comunidad del Guayabo de haber sido los causantes del desplazamiento y posterior abandono de los predios por parte de su familia, al ser amenazados por grupos insurgentes, señalando “(…) que los actos ejercidos por los demandantes, están viciados con ilicitud del derecho adquirido por medio de grupos armados, no se puede hablar de posesión, sino actos de despojo (…)”

El supuesto propietario de los predios, Rodrigo López Henao, a quien la comunidad nunca ha visto viviendo por estas tierras, ha señalado a los miembros de la comunidad de ser miembros de la exguerrilla de las FARC y del ELN, a la vez que está adelantando todo tipo de acciones jurídicas para despojar a la comunidad de sus tierras. Ya en el año 2002, el Sr. López había ingresado a la zona con un grupo paramilitar, quienes agredieron y amenazaron algunos miembros comunidad, instándolos a abandonar la zona.

Sin que a la fecha se conozca denuncia directa, apertura de investigación o sanción contra ninguno de los miembros de la comunidad, tampoco decisiones judiciales que reconozcan la propiedad del Sr. López, las autoridades locales, en una clara complicidad, han emprendido diferentes acciones ilegales de desalojo, que vulneran los derechos a la defensa, al debido proceso y al buen nombre de las familias campesinas que hoy reclaman su derecho sobre los predios que han ocupado y trabajado, a través de la producción de comida, por más de 20 años.

La comunidad sufrió un primer desalojo de una finca del predio identificado como San Felipe, el 29 de octubre de 2014.

Los miembros de la comunidad se enfrentan, además, a una evidente criminalización de su proceso de organización popular y de sus líderes y lideresas, quienes son objeto de procesos penales a través de falsas acusaciones. Desde el 26 de octubre de 2016, cuatro líderes de la comunidad afrontan un proceso penal injusto y uno de ellos, Álvaro García, estuvo detenido durante un año, luego de su excarcelación, los líderes permanecen vinculados al proceso judicial activo. [3]

Durante 2017 la comunidad ha afrontado cuatro intentos de desalojo y finalmente, el pasado 13 de diciembre, la comunidad fue despojada de 9 fincas del predio San Felipe, perdiendo 147 hectáreas cultivadas, parte de ellas, baldíos de la Nación.

Con esta orden judicial de desalojo se materializa un desplazamiento forzado que revictimiza a familias campesinas, históricamente afectadas por la violencia, el conflicto armado y el abandono estatal.

[1] De acuerdo con el artículo 762 Código Civil Colombiano, la posesión es “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él”. por sus consecuencias jurídicas se convierte en un derecho legítimo y legal.

[2] Juzgado Primero Civil del Circuito Adjunto de Barrancabermeja. Demanda ordinaria de pertenencia, 12 de diciembre de 2012.

[3] En El Guayabo, 120 familias le temen a desalojos y a amenazas. http://www.verdadabierta.com/lucha-...