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Victoria Sandino:“En Colombia se asesina a la gente por pensar distinto”
Entrevista a Victoria Sandino, excomandante de las FARC-EP y candidata al Senado.
Enric Llopis / Martes 26 de diciembre de 2017
 

En el contexto de la violencia política contra la Unión Patriótica (5.000 asesinados en la década de los 80 y 90 del siglo XX), Victoria Sandino Simanca (Tierralta, Córdoba, 1965) se unió a la lucha de las FARC-EP. Fue en diciembre de 1992.

Mucho antes, en 1964, unos 50 campesinos de la región de la Marquetalia fundaron el movimiento guerrillero que dirigieron Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Victoria Sandino había militado en el Partido Comunista de Colombia y en la Unión Patriótica. En las FARC-EP, la guerrilla más antigua de América Latina, desarrolló múltiples actividades: trabajo político de relación con las comunidades, organizaciones sociales de los territorios y mujeres; tareas de educación, alfabetización y comunicación con los compañeros, entre otras. Ya en una etapa posterior –las negociaciones de paz con el gobierno de Santos- la excomandante guerrillera coordinó la Subcomisión de Género por parte de las FARC-EP y fue plenipotenciaria de la Mesa de Negociaciones de La Habana. Actualmente Victoria Sandino forma parte del Consejo Político Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (la antigua guerrilla marxista-leninista de las FARC), en cuyas listas se presenta como candidata al Senado en las elecciones presidenciales del 27 de mayo. La entrevista tuvo lugar el pasado cinco de diciembre, día siguiente a la presentación en Valencia del documental “Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia”, obra del periodista Sergi Tarín y producido por la ONG Atelier.

- A finales de noviembre 142 organizaciones de víctimas y derechos humanos denunciaron ante la Corte Penal Internacional que el Estado colombiano ha modificado, en el último año, el Acuerdo de Paz de La Habana de acuerdo con los intereses de los sectores políticos, económicos y militares “de alto rango”. El documento critica el “manto de impunidad” para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, entre otras razones por las modificaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Acordado por el Gobierno y las FARC en septiembre de 2015, este mecanismo incluye un Tribunal para la Paz, Salas de Justicia y establece como principio “una paz sin impunidad”.

Lo que se buscaba con la JEP era la Justicia, Verdad, Reparación y no Repetición para las víctimas. A la JEP tenían que comparecer en principio todas las personas que, de una u otra manera, habían causado grave daño en el contexto del conflicto armado. Hablamos de la insurgencia, los militares, el Estado en su conjunto y los particulares o “terceros”. Establecer esta Jurisdicción era obligatorio, porque la Justicia en Colombia no funciona: es muy corrupta y está muy politizada. Por esta razón se buscó un mecanismo especial para elegir a los magistrados del Tribunal para la Paz y de las Salas. Pero la Ley de Reglamentación de la JEP aprobada por el Congreso el 28 de noviembre se crea sólo para los militares y, articularmente, la insurgencia. Fuera de la Jurisdicción quedan el Estado en su conjunto y los “terceros” –como paramilitares o grupos terratenientes que han financiado el paramilitarismo-, que sólo comparecerán de manera voluntaria.

- A primeros de noviembre fue detenido por orden de la Fiscalía General de la Nación el hacendado Jaime Alberto de Jesús Angulo Osorio en Santa Rosa de Osos (norte de Antioquía). El motivo, su presunta participación en la masacre del Aro, perpetrada en el municipio antioqueño de Ituango por paramilitares de las ACCU; ocurrió en octubre de 1997: fueron asesinados 17 campesinos y 1.200 personas resultaron desplazadas. ¿Es un ejemplo de la impunidad paramilitar?

Las grandes masacres que se produjeron en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, por ejemplo contra las comunidades rurales, con 20, 30 y más de 50 muertos en una sola acción no han sido judicializadas. Obra de fuerzas paramilitares, las matanzas estuvieron ordenadas, financiadas y promovidas prinicipalmente por terratenientes. No están en la cárcel ni se ha hecho justicia, que es lo que se buscaba precisamente con la Jurisdiscción Especial para la Paz.

-La Revista Semana se hace eco de una lista global sobre la concentración de riqueza en relación con el PIB, publicada por el periódico alemán Die Welt con datos de Bloomberg. En Colombia la fortuna de las cinco personas más ricas equivale al 12,5% del PIB, lo que sitúa a este país en el quinto del mundo respecto a la acaparación de la riqueza. Además, según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo a escala mundial. ¿Es un contexto poco propicio para que se imparta justicia?

Pero es que además hay una realidad en Colombia. Los congresistas son los mismos terratenientes y gamonales de los territorios, quienes se han beneficiado de todos los despojos de las tierras a las comunidades campesinas. Algunos se han ido a la cárcel ahora por la “parapolítica”, pero porque es evidente su participación, la forma de asesinar a la gente y a los líderes en particular. Ellos están legislando en beneficio propio.

-¿Es el presidente Santos un integrante más de las clases dominantes o, por el contrario, consideras que hay poderes que le trascienden?

Santos es parte de la oligarquía nacional. Y esos “otros” poderes a los que me refiero son regionales y de los departamentos. En la Cámara son muchos los representantes que vienen de los territorios, donde se les ha elegido, y por supuesto no van a legislar contra lo que ha sido su práctica. Por esta razón han decidido que sea voluntaria la declaración en la JEP, ya que de lo contrario tendrían que comparecer muchos de los que están sentados en el Congreso. No digo que todos, pero sí muchos de ellos. Además la Reforma Política, que era fundamental para la participación de sectores democráticos, no salió adelante. [1]

-La Defensoría del Pueblo de Colombia ha informado que entre enero de 2016 y marzo de 2017 se produjeron 156 homicidios, cinco desapariciones forzadas y 33 casos de atentado contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Atribuye en parte el fenómeno a la presencia de grupos armados que intentan implantarse en las zonas abandonadas por las FARC. También Naciones Unidas ha reportado durante 2017 un total de 105 homicidios de defensores y líderes de movimientos sociales en Colombia, en un 59% de los casos ejecutados por sicarios.

Ocurre que la política no ha cambiado. El Estado y el Gobierno, empezando por el presidente Santos, tienen que elaborar unos planes específicos –a partir de los acuerdos de La Habana para el ataque y desmantelamiento del paramilitarismo y esto no se ha hecho. Por ejemplo, desde principios de año había que designar a la directora de la Unidad Especial de Investigación constituida en la Fiscalía para desmantelar las organizaciones responsables de masacres y el paramilitarismo; y fue a finales de noviembre cuando el Fiscal General nombró a la nueva directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, Martha Jeaneth Mancera. Además la Fiscalía dispone de documentación sobre 15.000 casos relacionados con la acción de civiles durante el conflicto armado, pero judicialmente no se ha avanzado. ¿Qué ocurre? El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha sido abogado de multinacionales y ha estado vinculado a empresas que financiaron el paramilitarismo; sería como atacar a sus amigos.

-En tu cuenta de Twitter te defines como fariana, feminista y luchadora por la paz con justicia social para Colombia. ¿Qué peso tiene el feminismo en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido que desde el pasado mes de septiembre sustituye a la guerrilla de las FARC?

En la dirección nacional del partido –el Consejo Nacional de los Comunes- participamos 111 personas, de las que 26 somos mujeres. Y entre los 15 miembros del Comité Ejecutivo de la FARC, estamos presentes cuatro mujeres. Esto no es realmente tan grave, ya que formamos parte de un partido político en transición de la vida guerrillera a la vida civil. La presencia de la mujer en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común es mayor que en los partidos tradicionales. Por otro lado nosotros venimos de una estructura jerárquica político-militar –que en la práctica fue muy militar-, y hemos venido realizando un trabajo muy duro desde el inicio de las negociaciones de paz, en septiembre de 2012, para abrir espacios a la participación de las mujeres y por el reconocimiento de nuestro papel en el conflicto. Obviamente nosotras continuamos luchando por lograr una mayor representación, y eso significa también formación política así como ganar confianza en la vida pública. Todavía el ejercicio público y político no lo hemos tenido como una práctica. Estamos en ese proceso.

-El próximo 27 de mayo se celebrarán elecciones presidenciales en Colombia, en las que participas como candidata al Senado por la FARC junto a Iván Márquez, Pablo Catatumbo o Griselda Lobo. ¿Cómo se afrontan?

Con la esperanza de la participación y con una gran preocupación. Aspirábamos a que no sólo nosotros, sino también los demás partidos y movimientos sociales con aspiraciones a participar en la vida política lo hicieran. Pero no va a ser posible, porque no se aprobó la Reforma Política. Además tenemos que competir el voto con unas prácticas muy complicadas, el sufragio en Colombia no es obligatorio y a la gente le ofrecen cualquier cosa: un almuerzo, materiales de construcción, zinc, cemento, un rollo de alambre para la parcela. Mucha gente da su voto a cambio de esto, no se trata de una elección consciente.

-El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia recuerda que altos funcionarios del Estado han declarado, ante los medios informativos, que asesinatos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos “son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas”. Según Naciones Unidas, “esto es muy peligroso ya que se parece querer justificar los asesinatos”. Por otra parte, las mujeres de la FARC denunciaron en un comunicado “No jueguen con el honor de las farianas” la utilización mediática de la violencia sexual “como arma contra nuestros compañeros”.

Están sacando todo esto y más cosas. Algunos delitos han quedado fuera de la JEP, por ejemplo los de carácter sexual cometidos durante el conflicto armado. Nosotros pedíamos que estos delitos no fueran indultables ni amnistiables, y no sólo para los nuestros que hayan podidos cometerlos, sino para cualquiera. Queríamos, por tanto, que estos delitos se mantuvieran en la JEP, ya que nunca fueron juzgados por la justicia ordinaria; De hecho, en Colombia a las mujeres se las viola diariamente, cada tres días una mujer es asesinada en el país y diariamente se producen 55 abusos sexuales. Ahora que el Congreso aprobó que las violaciones salgan de la Jurisdicción Especial y vayan por la justicia ordinaria, se ha empezado a decir que algunas personas nuestras están implicadas en delitos sexuales.

-Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 15.076 personas –en más de un 90% de los casos, mujeres adultas, niñas y adolescentes- sufrieron la violencia sexual durante 60 años de conflicto armado. ¿Se utilizó el cuerpo de la mujer como arma de guerra?

Yo creo que sí, fundamentalmente por los paramilitares y también por la fuerza pública. En los territorios donde llegaba el paramilitarismo se perpetraban masacres y también se violaba a las mujeres, es lo que hoy en día queremos que salga en la Comisión de la Verdad, ya que nunca se investigó. Simplemente se dijo que se produjeron masacres, pero no se indagó en lo que ocurrió antes y durante los crímenes. Actualmente partidos como el Centro Democrático y la ultraderecha pretenden “empapelar” a todo nuestro personal, sobre todo a los hombres, afirmando que están implicados en delitos sexuales o de narcotráfico.

-¿Qué define a las farianas?

Las mujeres de la FARC somos un colectivo que ganamos cuotas importantes de igualdad al interior de la organización, nuestra práctica de lucha no ha sido sólo por los derechos de la mujer, sino del pueblo colombiano. Y ello en un país tan conservador como el nuestro, donde las mujeres han sido relegadas al mundo exclusivamente privado. De manera colectiva las mujeres de la FARC hemos construido unas propuestas o lineamientos –no digo teoría, no soy tan pretenciosa- en torno a un feminismo que llamamos “insurgente”, en el que planteamos la emancipación de las mujeres y del conjunto de la sociedad. Recogemos para ello elementos de nuestra práctica insurgente, cuando éramos iguales mujeres y hombres, y en la práctica revolucionaria se rompieron los roles establecidos.

-¿Y cómo caracterizaría al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común? ¿Sirven las tradicionales etiquetas de “marxista-leninista” o “socialdemócrata”?

Creo que en la parte teórica hemos aprendido muchas lecciones del contexto internacional. Aquí no se trata de que nuestra línea político-ideológica tenga que ser el socialismo marxista-leninista, socialdemócrata, trotskista o maoísta, no. Primero defendemos la autodeterminación de los pueblos. Entre todos los colombianos nos hemos de poner de acuerdo en qué tipo de país queremos. Promovemos además algunos principios como el “buen vivir” y garantías sociales para la población. Es decir, una sociedad más justa, se llame socialismo o del modo que se quiera. Pero que sea más justa y “a la colombiana”, por eso trabajamos.

-Desde que las FARC-EP nacieran en 1964 en las montañas del sur del departamento del Tolima, hasta la rúbrica de los Acuerdos de La Habana en 2016, ¿cuál fue el principal logro del movimiento guerrillero?

El Acuerdo de Paz, porque sienta las bases para una sociedad distinta y los elementos del “buen vivir”. En los Acuerdos se aborda la cuestión de las víctimas, la tierra, la democracia y la participación. Colombia es un país donde a la gente se la asesina por pensar distinto.

-Por último, ¿qué recuerdos te marcaron especialmente durante la guerra como dirigente de las FARC, organización en la que te enrolaste en diciembre de 1992?

Hay experiencias muy duras, por ejemplo la pérdida de las vidas humanas. Compañeros que se perdieron en la guerra. Gente como Alfonso Cano, yo estuve en su unidad y fue mi jefe durante muchos años, era una relación muy de confianza, cercana, muy humanista. Su pérdida me dolió mucho. También la muerte de muchos compañeros y compañeras que estuvieron conmigo, bajo mi mando. Recuerdo a Laura González, que me marcó mucho. Pero también hubo cosas muy bonitas, como la colectividad, la manera colectiva como vivíamos y nos relacionábamos. Era no tener nada, pero saber que lo poco que teníamos lo compartíamos. Ahora estamos más dispersos, cada cual tiene su casita en los territorios y comunidades. Y hay más privacidad.

[1] El pasado 29 de noviembre el Senado votó a favor de archivar el proyecto de Reforma Política; tres días antes la FARC calificó en un comunicado la reforma como “frankenstein irreconocible que no refleja el espíritu del acuerdo de paz; han desaparecido contenidos como el control del dinero privado en las campañas, los recursos judiciales para la celeridad en las decisiones electorales, las medidas de democratización interna de los partidos y las listas cerradas”. Nota del entrevistador.