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Opinión
El lenguaje incluyente: cuestión que no es sólo de género
Adriana Fuentes / Lunes 1ro de enero de 2018
 

Queda en evidencia que la preocupación por el lenguaje no es de ninguna manera un asunto menor, y que darle prioridad al lenguaje no opaca ni desdibuja otros elementos de las políticas públicas. Al contrario, la discusión sobre el lenguaje aporta decididamente en esa lucha por avances en la inclusión social y muestra de eso es el debate que la decisión sobre el distrito capital ha generado. Hoy la ciudad está pensando no solo en el lema, sino en cómo es de importante evaluar las políticas sobre mujeres de la Alcaldía Mayor y cómo eso parte incluso de sus acciones comunicativas.

Bastante amplia ha sido la polémica desatada en redes sociales y algunos medios de comunicación por la decisión de un juez administrativo de Bogotá de ordenar al Alcalde Mayor de Bogotá y al Concejo de la ciudad cumplir con un Acuerdo Distrital aprobado desde el año 2009, en el cual se impone la obligación al distrito de utilizar en todas sus comunicaciones oficiales el lenguaje incluyente. Así lo dice el Acuerdo 381 que establece que “todas las entidades públicas de carácter Distrital, deberán hacer uso del lenguaje incluyente en los documentos oficiales que sean elaborados y difundidos” (art. 1) y más adelante señala que debe entenderse por lenguaje incluyente “el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino.” (artículo 3). Eso que está en una norma vigente y que es exigible, es lo que se pidió que el distrito cumpliera porque, como se demostró en la acción, hay diversos elementos (resoluciones, decretos, folletos, piezas comunicativas, etc.) en las que no se está cumpliendo. Lo que pocos han dicho es que la acción se interpuso para que se cumpliera el Acuerdo, que es una norma vigente, y que además el asunto era que se cumpliera con el lenguaje incluyente en todas las comunicaciones como lo ordena la norma y no sólo en el lema principal de la alcaldía, que es lo que más revuelo ha causado.

Conocida la noticia sobre la decisión, se han escuchado posturas como que la acción es inoficiosa, que hay cosas más importantes, que el juez no debió decidirlo, que se desgasta la rama judicial con estos asuntos, que la real academia de la lengua española dice que la palabra “todos” engloba también a “todas”, o que la lucha por el lenguaje incluyente no es un asunto importante. No voy a referirme a todo esto, ni a mucho más que se ha dicho, inclusive verdaderas falacias, como todo lo referido a los supuestos costos de la decisión, pues bastaría con saber un poquito de acciones de cumplimiento para entender que éstas no proceden para exigir ejecución de gasto y sería suficiente leer la sentencia en su numeral tercero para entender que el fallo no genera costos y está muy blindado en ese aspecto. [1]El uso del lenguaje incluyente en este caso no generará ninguna pérdida económica y los cambios en papelería y publicidad que se requieran se harían a futuro, lo cual es perfectamente factible, puesto que toda entidad pública tiene vigencias fiscales anuales. Es decir que todo, incluida la publicidad, se contrata cada año. En los documentos, folletos y en general, es un cambio en la digitación y para el logo símbolo, la alcaldía lo único que tenía que hacer para cumplir el fallo era llamar a su responsable de la página web y decirle que adicionara una palabra. Era así de simple, pero, en lugar de aceptarlo, la alcaldía interpuso recurso de apelación frente a la decisión, lo cual ahora deberá ser decidido por un tribunal mientras que se generaron las reacciones adversas que otros han respaldado.

No trataré de responder a lo que son improperios de esos que con todo el veneno posible se esparcen en las redes sociales y que tanto gusta a un sector de quienes las usan. No soy una de esas usuarias de Twitter, pero imagino que tendrá hasta un efecto catártico insultar anteponiendo un @ y que sin duda eso debe generar alguna especie de satisfacción, que quizás algún día experimentaré. Pero lo que sí espero no llegar a hacer, es ofrecer una opinión pública sobre algo que no he leído, como parece suceder con al menos un 90% de quienes han opinado que, sin temor a equivocarme, puedo decir ni se han leído el Acuerdo 381 del Concejo, ni mucho menos la sentencia del juez administrativo. Eso, en realidad, también me asombra, que ni siquiera se acuda al documento completo que genera la polémica para opinar y que prefiera quedarse en el trino, el titular o el encabezado de la nota del medio de comunicación. Aunque si de asombro se trata, podría manifestar también mi perplejidad porque a la ciudadanía en todo este debate lo que menos le indigna es que sus autoridades no cumplan con una norma. Y claro, es difícil pedirle al pueblo colombiano que se escandalice porque no se cumple la ley, cuando en este país aparece como lo natural que la ley se desconozca, que la gente haga trampa, soborne, robe, sea corrupta y, por el contrario, los seres extraños, los bichos raros y hasta polémicos son quienes como el accionante se atreven a pedir que las normas se apliquen, así su contenido desate tanto debate. Incluso se ha olvidado también el hecho de que desde la posesión del Alcalde, un montón de mujeres le dijeron que se sentían excluídas por su lema y éste simplemente las ignoró, pero claro, tampoco se puede pedir que nos escandalicemos porque un gobernante no escuche a la ciudadanía, cuando ese es el pan de cada día.

Pero dicho lo anterior, pasaré al elemento central que quiero exponer en torno al tema y es plantear mi disenso frente a quienes han dicho que el lenguaje incluyente es poco importante o desvía la atención frente a lo verdaderamente esencial en las luchas por la inclusión social o la equidad. Quienes así lo han planteado, dicen que no les parece útil priorizar el uso del lenguaje porque esto no tiene un efecto inmediato sobre la inclusión, han afirmado que darle prioridad al lenguaje opaca o desdibuja otros elementos para lograr efectos más concretos.

En primer lugar, comparto la postura conforme a la cual ni la mayor ni la única prioridad deba ser el lenguaje incluyente. De hecho, creo que en eso hay un acuerdo generalizado, pues nadie ha dicho que la del lenguaje, sea la única o la primera pelea que hay que dar. No es así, ni siquiera para el congresista que interpuso la acción, y para saber eso no hay que conocerlo personalmente. Basta con haber visitado su página web, su canal de Youtube o haber visto sus debates de control político o sus múltiples audiencias y foros, para ver que ha presentado denuncias y acciones por los vendedores informales, por las batidas de reclutamientos ilegales, por las ejecuciones extrajudiciales, los abusos del ESMAD, las víctimas del conflicto armado, la problemática del botadero de basura “Doña Juana”, por los Cerros Orientales, por las víctimas de violencia sexual, por los pensionados, por los habitantes de calle, por las cuidadoras de personas con discapacidad, por los páramos, por las consultas populares, por las personas en situación de prostitución que en su mayoría son mujeres, entre muchos otros temas, que han hecho parte de su trabajo como congresista, ya que su agenda programática son los derechos humanos y ese es un tema muy amplio y variado. Pero por lo mismo nunca se ha afirmado que esto sea lo único o lo más importante y eso es parte de lo que se ha tergiversado maliciosamente.

Creo, en segundo lugar, que la discusión sobre el lenguaje aporta de manera decisiva en la construcción de equidad e inclusión, porque el lenguaje es parte de la cultura, la construye, la dinamiza y evoluciona con ella. Constituye parte de lo que somos y de lo que seremos. Con razón desde la filosofía del lenguaje se ha afirmado que: “el lenguaje no tiene nada de trivial. Somos esencialmente criaturas que usan el lenguaje. Nuestro lenguaje, y las formas de nuestro lenguaje, moldean nuestra naturaleza, dan forma a nuestro pensamiento, e impregnan nuestras vidas.” [2]

Por ello, también considero que la afirmación de que el lenguaje no tiene un efecto sobre la inclusión es bastante rebatible. Quizás nombrar algo no genera una transformación inmediata o de corto plazo, pero sí contribuye decididamente a los cambios culturales que son procesos largos y que también pasan por lo que decimos. Y quiero proponer que lo analicemos no volviendo sobre el tema de género o de la visibilidad de las mujeres ya tan ampliamente discutido, sino en otros escenarios como, por ejemplo, frente a las personas con discapacidad. Antes les decíamos minusválidos -que valen menos-, o locos a las personas con una enfermedad mental. Esto para la gramática no está mal, pues minusválido y loco o demente son palabras que están en el diccionario y que incluso estaban hasta hace pocos años en nuestro Código Civil. Pero con su uso en determinado contexto, estábamos favoreciendo los estigmas y la discriminación hacia esa población y, en buena medida, gracias al cambio en el uso de las palabras, hoy reconocemos que tienen una condición especial, que debemos evitar los prejuicios y que estas personas tienen derechos y un trato preferencial en el acceso a ellos. En eso el papel del lenguaje ha sido fundamental y también ha producido efectos jurídicos, al punto de llevar a que varias de esas expresiones hayan sido declaradas contrarias a la Constitución [3] y a que en las políticas públicas sean reemplazadas por los vocablos reconfigurados.

Un segundo ejemplo que quiero proponer tiene que ver con la expresión “habitante de calle”. Hoy les decimos así porque se consideró que nombrarlos como ñeros, indigentes, vagabundos o desechables no era adecuado frente a su condición de personas vulnerables pero con dignidad y derechos. Podrán ver que, de hecho, indigente, vagabundo y desechable están en el diccionario y, sin embargo, no son las palabras que en un marco de respeto por los derechos debamos usar para referirnos a estas poblaciones.

En las sentencias en las que la Corte Constitucional ha abordado estos temas ha indicado que “si bien podría haber alusiones que no tenían antes carga peyorativa o excluyente, es necesario ponerlas a tono con los avances y la sensibilidad política y moral de la época” [4] y que bajo el Estado social de derecho y de la mano de la democracia pluralista, hay una nueva visión del ser humano que “debe ser tratado como tal y no como un espécimen más de la naturaleza o como una cosa susceptible de definirse con cualquier tipo de lenguaje.” [5]

Por tanto, queda en evidencia que la preocupación por el lenguaje no es de ninguna manera un asunto menor, y que darle prioridad al lenguaje no opaca ni desdibuja otros elementos de las políticas públicas. Al contrario, la discusión sobre el lenguaje aporta decididamente en esa lucha por avances en la inclusión social y muestra de eso es el debate que la decisión sobre el distrito capital ha generado. Hoy la ciudad está pensando no sólo en el lema, sino en cómo es de importante evaluar las políticas sobre mujeres de la Alcaldía Mayor y cómo eso parte incluso de sus acciones comunicativas. Podemos preguntamos qué fue lo que suscitó esa reflexión y la respuesta es que justamente fue el tema del lenguaje, así que no es un elemento distractor, al contrario, es algo que permite abrir e introducir las otras discusiones igualmente relevantes y esto lo está demostrando.

Lastimosamente el debate ha sido muy polarizado e irrespetuoso y nunca sabremos si habría sido igual si la acción de cumplimiento no la hubiera interpuesto un congresista de un partido de izquierda, y si el que no quiere cumplir con lo que dice el acuerdo sobre el lenguaje incluyente no fuera el alcalde Peñalosa sino otro tipo de persona. Pero seguramente esta acción se recordará en el futuro como una muy importante, que aunque generó mucha polémica, llevó a los gobernantes a tener más cuidado con el uso de lenguaje incluyente, quizás a preocuparse más por cumplir las normas que así lo imponen y probablemente a generar que la ciudadanía haga una reflexión que la lleve a pensar en lo que las palabras pueden aportar para hacer una sociedad más digna, incluyente e igualitaria.

Publicado en: Palabras al margen

Muestra muy mala fe de la administración distrital que después de la acción de cumplimiento y el debate público hayan cambiado el lema oficial de la Secretaria de la Mujer que era “Bogotá para todas” por el de “Bogotá para todos”. Por fortuna en el expediente quedó la prueba de que en la página de la Secretaría de la Mujer hasta hace unos días decía “Bogotá para todas”, lo que es un muy buen argumento en favor de la acción, pues da cuenta de que el “todos” no es incluyente, tanto así que la Secretaría de la Mujer sí usaba la palabra “todas”. ¿De verdad los de la Alcaldía creyeron que nadie se iba a dar cuenta del súbito y tramposo cambio del lema de la Secretaría de la Mujer en su página web?

[1] Se lee en el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo: “Tercero: es pertinente señalar que la repercusión económica que se puede derivar del cumplimiento de la orden judicial aquí impartida ha de comprometer las apropiaciones presupuestales futuras, en congruencia con las previsiones constitucionales y legales que regulan la ejecución presupuestal analizada.”

[2] P.M.S. Hacker. Wittgenstein. La naturaleza humana. Traducción de Raúl Meléndez Acuña. Bogotá: Editorial Norma, 1998. pág.18. Citado en: Corte Constitucional, sentencia C- 1088 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

[3] Ver entre otras sentencias C-478 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas, C-1008 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

[4] Corte Constitucional, sentencia C-1008 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

[5] Ibidem