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Nicaragua
Policía Comunitaria en defensa de la Madre Tierra
Larry Montenegro Baena / Viernes 12 de enero de 2018
 

La depredación e invasión de los entornos ecosistémicos de la región Moskitia, tanto de las reservas como Indio Maíz en la RACS y Bosawas en la RACN, son producto de una crisis generalizada que ha aumentado con creces desde la última década del siglo XX pero se develó con el cambio de siglo a raíz de la ratificación de la Ley 445 del régimen de propiedad comunal. Esta crisis tiene implicaciones no solamente medioambientales y socioculturales, sino también políticas.

Con la Ley 445 promulgada en 2002 los conflictos territoriales y socioambientales en la región siguieron un curso poco acostumbrado tanto desde la mirada estatal como desde las instituciones autonómicas de gobierno porque fue precisamente a partir de este momento en que las denuncias territoriales de los comunitarios adquieren una suerte de matiz institucional que ha permitido un mayor dialogo tanto en el contexto nacional como internacional. Es decir, los instrumentos jurídicos a favor de los indígenas y comunidades interculturales de la región lograron fungir cual suerte de catalizador institucional para no nada más colocar sus demandas sobre la mesa de las cortes internacionales, sino también una mayor visibilización.

Sin embargo, esto no ha tenido los alcances esperados en el marco institucional por la ausencia de una articulación realmente vinculante entre los comunitarios afectados y los órganos competentes y, no obstante de la visibilidad de estos procesos, los derechos en materia de tierra y derechos humanos se han reciclado en un letargo legalista que, al parecer, sólo ha dado luz verde a los planes de desarrollo productivo del Estado y de los grupos económicos nacionales e internacionales.

Precisamente estos planes de desarrollo abanderados por el Estado y dirigidos por una imbricada red de grupos económicos han sido parte constitutiva – no aditiva - en el avance de los proyectos agropecuarios, agroindustriales y forestales que han propiciado una crisis tanto ecológica como social en la región Moskitia.

En esta cadena insostenible de depredación de los nichos biológicos de la Moskitia se encuentran, en primer lugar, un agente importante de la espiral depredadora que no nada más se limita a casos aislados de familias campesinas que huyen de las sequías de la zona central, pacífica y norte de Nicaragua y que se ven en la necesidad de migrar hacia las tierras comunales y reservas forestales de la Moskitia, sino también una auténtica masa de colonos contratados por grupos económicos que especulan con la tierra en las reservas protegidas de la Moskitia. Estos convenios entre trabajadores de diversos oficios y especializaciones, juegan un rol importante en el proyecto capitalista agropecuario y agroindustrial que auspicia el Estado de Nicaragua en la región.

Así lo han constatado implícitamente estudios realizados por organismos nacionales e internacionales que investigan sobre cuestiones relacionadas a la sostenibilidad.

En un panel para el programa Confidencial, un experto en desarrollo sostenible, Hans Krauter, de la Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) de la Cooperación Alemana en Nicaragua, expresó:

“El proceso que nosotros hemos observado fue que […] la primera entrada eran grupos de hasta 60 trabajadores que socolaron el bosque y posteriormente lo quemaron y, en diferentes límites de esas zonas descubrimos árboles donde fue marcado el número de hectáreas y los compradores previstos para tales lotes. Esos rumbos que hemos descubierto eran tomados con GPS y con Brújulas, es decir, eso fue dirigido no por alguien pobre, sino más bien fue un grupo económico poderoso que ha podido pagar 60 trabajadores por dos o tres meses en el campo. Entonces eso señala que hay grupos económicos que están atrás de todo este avance de la frontera agrícola y no necesariamente es la pobreza la que destruye Bosawás. Eso hemos descubierto a través de nuestros trabajos de campo y diagnósticos que antes se decía: corte ilegal de madera, es la pobreza, los pobres campesinos que avanzan pero descubrimos en el campo que no es así”.

Este avance de corte colonial, investido en proyectos agropecuarios y agroindustriales opera, en gran medida, sobre la ausencia de seguridad jurídica de los territorios indígenas y biodiversos de la región.

Aunque la región cuenta con leyes especiales sobre derechos colectivos, territoriales y convenios internacionales que salvaguardan los derechos de los pueblos de la Moskitia, las competencias de los gobiernos comunales y los gobiernos territoriales se ven diezmadas por las instituciones municipales y nacionales como el INAFOR en complicidad con el MARENA y SERENA que dan luz verde a (o en el peor de los casos, eluden) estos proyectos en los territorios indígenas. Tal es el caso, por ejemplo, de firmas de agroindustrias de palma africana [1] que operan desde hace años en territorios indígenas como Prinzu Awala en el municipio de Prinzapolka, pasando por encima no nada más de los permisos de impacto ambiental que exige la ley, sino también omitiendo la Ley 445 al no acordar convenios de arriendo de la propiedad comunal con las autoridades indígenas.

Así mismo, no es extraño que grupos económicos en la región de Makantaka, donde se han despalado grandes reservas de coníferas y contaminado importantes ríos, cuenten con un reclutamiento generoso de trabajadores para realizar actividades desde el carrileo, socolación y hasta delimitación especializada de las tierras con tecnologías más sofisticadas para vender cientos de miles de acres de tierra destinados a economías de plantación como palma africana [2] y una gama amplia de producción de rubros agrícolas, pecuarios y forestales destinados a proyectos de mayor envergadura que superan cientos de miles de manzanas de tierras. [3]

En este sentido, ¿Quiénes son los operarios primarios de toda esta cadena en las reservas forestales que en muchos casos niegan a los comunitarios indígenas – legítimos dueños de esos recursos - beneficiarse con la madera abandonada por la deforestación que producen? ¿Que no son estos mismos peones parte del engranaje de familias campesinas que los partidos políticos nacionales envían desde el centro, pacífico y norte para colonizar tierras de la biósfera a cambio de votos?

En las reservas de Indio Maíz y Bosawas esta práctica contractual clandestina opera con total impunidad acentuando una crisis ambiental que ha repercutido gravemente en la flora y fauna de sus núcleos, provocando, en consecuencia, la extinción de una amplia variedad de animales endémicos que históricamente han sido parte de la dieta sostenible de las comunidades indígenas que viven de la caza, recolección y pesca.

Estas consecuencias negativas en los nichos ambientales de la región provocan desplazamientos de comunidades indígenas hacia otros espacios ambientales más densos de las reservas ya que las áreas de amortiguamiento, donde coexisten comunidades indígenas e interculturales, se ven afectadas en sus prácticas de subsistencia y por ende en sus formas de organización sociocultural.

Como podemos ver, esta crisis tiene una espiral de afectaciones territoriales, ambientales, socioculturales y humanas que ha desembocado en violentos conflictos que han provocado decenas de muertos y refugiados tanto en el sur, norte y en la zona especial.

Ante la ausencia de apoyo estatal para sanear las tierras comunales y tomar medidas contundentes para frenar el avance de la frontera agrícola, los cantos de sirena de los esbirros del colonialismo anuncian la cohabitación como salida al encarnizado conflicto territorial.

Contrario a esto, la propuesta de la Policía Comunitaria que asume un ideario de seguridad integral para la región Moskitia comienza a tener resonancia frente a una crisis que no es únicamente territorial, sino también ecológica y alimentaria.

Detrás del velo de la colonización

No es extraño que en los últimos años, agencias internacionales coordinadas con instituciones del Estado, sostengan una mirada "alternativa" frente al avance de la frontera agrícola y lo que este fenómeno de marcado impacto económico representa para el país.

Como bien sabemos, antes de la agroindustria, uno de los brazos representativos de la colonización, por su dimensión expansiva y de impacto inmediato en la economía nacional es la industria ganadera.

La falta de políticas más integrales en el campo nicaragüense aunado a las sequías en el centro, pacífico y norte de Nicaragua, el fenómeno de la recampesinización en la Moskitia ha provocado en los últimos años un repunte económico en la producción de productos lácteos en la RACN, sobre todo en el municipio de Siuna. A raíz de estos logros productivos que engrosan los bolsillos de una amplia red de grandes y medianos empresarios ganaderos provenientes del centro, pacífico y norte de Nicaragua, la fiebre pecuaria ha incrementado generosamente en esta zona de la región incitando la introducción masiva de ganado en la reserva de Bosawas.

Paradójicamente, frente a este insostenible movimiento productivo, desde hace muchos años, algunas organizaciones internacionales e instituciones del Estado promueven lo que denominan como “La Ganadería Sostenible” en la biosfera de Bosawas. Esta propuesta, lejos de ser una panacea racional que mitigue el impacto ambiental, es el reflejo estructural de una contradicción de criterios económicos de corte colonial sobre la genuina sustentabilidad comunitaria indígena que habita en las zonas de amortiguamiento y en el núcleo de la reserva biológica más grande de la región.

Esta situación provoca que la inmigración masiva de trabajadores del centro, pacífico y norte de Nicaragua para laborar en las emergentes industrias pecuarias sea una constante. Incluso, la aventura ganadera es una apuesta en rápido crecimiento en la que muchos pequeños ganaderos invierten recursos en el lucrativo engranaje de la industria láctea bajo las premisas de un emergente mercado internacional que prioriza los intereses macroeconómicos de la producción nacional en detrimento de otras formas de desarrollo sustentable.

No sorprende, además, que los peones de este emergente proyecto capitalista agropecuario de corte colonial juegue un imbricado rol diversificado al servicio de los intereses de otros grupos económicos como las madereras, agroindustrias, traficantes de tierras e incluso cultivadores de psicotrópicos.

Sino, basta preguntarnos, ¿Los comunitarios autóctonos participan de este engranaje de depredación y producción insostenible que sólo beneficia a los grupos económicos en cuestión y al Estado?

Aunque bien es cierto que en este entramado de actores muchas figuras indígenas se han visto enroladas en actos deshonestos contra la propiedad comunal y contra las mismas reservas protegidas, el número no es un referente.

Por la lógica depredadora del colono, la participación de éste en los diversos ámbitos extractivos su relación con la crisis socioambiental es contundente e innegable y representa una amenaza orgánica que debe frenarse no solamente con políticas públicas de seguridad socioambiental más integrales, sino también con un alto total del avance agrícola por la vía defensiva.

Policía Comunitaria en Defensa de la Madre Tierra: una propuesta política integral de seguridad

En otros artículos he mencionado la importancia de la consolidación de un cuerpo de seguridad regional con cuadros y reclutamiento autóctono para configurar una Policía Comunitaria en Defensa de la Madre Tierra.

En esta propuesta he abordado la importancia de la cuestión de la seguridad partiendo de tres ejes configuradores que integran la seguridad regional como un concepto biosférico e integrador. La seguridad comunitaria, la seguridad ambiental y la seguridad alimentaria.

Frente a esta crisis regional de gran calado ecológico y humanitario, el tema de la autoprotección comunitaria está estrechamente relacionada al resguardo y preservación de las formas de vida comunitarias ligadas a los ecosistemas ya que estos son, en la misma medida, nichos biológicos, epistémicos y simbólicos estructuradores de la vida comunitaria.

La conservación del medio ambiente requiere un estatus jurídico en el que la madre tierra se inserte como una figura legal sujeta de derechos en la que el régimen de seguridad comunitaria, a través de la Policía Comunitaria de la Moskitia (PCM), preservará con todas sus responsabilidades y obligaciones: una homeóstasis intercomunitaria que le permita a la región conservar, proteger y defender la comunalidad con un sentido biosférico e integrador frente a la amenaza colonial, depredadora y capitalista del Estado.

En este sentido, nuestro concepto de seguridad desde la PCM operará de manera dinámica y sinérgica desde, para y con las comunidades con un cuerpo comunitario reclutado con la amplia experiencia y conocimiento que los mismos comunarios tienen de los territorios ambientales de la región, las técnicas de los guardabosques indígenas promovidos por organismos internacionales a través del MARENA, los tradicionales vigilantes (kuatmas) y con el soporte de los cuadros de las viejas estructuras militares indígenas.

La crisis regional no es una crisis que se podrá enfrentar desde las herramientas tradicionales de control ni desde los instrumentos jurídicos vigentes, pues, esta crisis es profundamente estructural y requiere de un cambio de paradigma en la concepción de la seguridad. Es decir, necesitamos descolonizar el sentido de seguridad tradicional para apostar a una episteme estructuradora propia que descolonice esa visión instrumental de la vida (en su amplio sentido) que preconiza la figura del Estado en sus planes de desarrollo al servicio del capital.

Para esta misión será necesaria la reorganización comunitaria y la transferencia de competencias técnicas, atribuciones jurídicas y capacitación logística para la formación de la PCM.

En este sentido, los recursos y competencias que goza el Batallón Ecológico pueden ser transferidos a los cuerpos de seguridad de la región (PCM) con las mismas facultades que gozan los Guardabosques indígenas. Sería un genuino complemento de atribuciones de dos cuerpos con concepciones y prácticas del ejercicio de la seguridad ambiental que fungirán al servicio integral de las comunidades de la región.

Por otro lado, vale aclarar que aunque los Guardabosques son indígenas provenientes de las mismas comunidades de la región, no pasa lo mismo con los soldados del Batallón Ecológico.

Los Guardabosques indígenas están desprotegidos tanto técnica, jurídica como logísticamente mientras que los soldados del Batallón Ecológico provenientes del pacífico de Nicaragua gozan de seguridad jurídica, competencias logísticas y tienen facultades defensivas que les permiten enfrentar, perseguir y capturar con amplias garantías logísticas a las mafias madereras y de tierras que operan en las reservas mientras que los Guardabosques indígenas apenas cuentan con impermeables y un machete para socolar la maleza en busca de carrileos para colocar letreros y limpiar mojones.

La crisis socioambiental de la región Moskitia requiere de una política pública que refunde un concepto integral de seguridad ligado a las epistemes locales entorno a la conservación ecológica, la soberanía alimentaria, la autoprotección comunitaria y la sustentabilidad de las prácticas de la economía doméstica indígena.

La Policía Comunitaria en Defensa de la Madre Tierra (Policía Comunitaria de la Moskitia) es una apuesta que comienza a tejerse desde la base de las comunidades como un horizonte deconstructor del paradigma de seguridad estatal.

Este horizonte de la PCM se impone cada día más frente a una crisis que terminará por desdibujar la frontera agrícola y nos orillará a asumir la ominosa cohabitación colonial si no exigimos al unísono estos recursos y competencias desde Indio Maíz, hasta Makantaka, desde Bosawas hasta el Wangki sin más premisa que la defensa y preservación de la vida.