Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó
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Crisis humanitaria en el Guamocó y Bajo Cauca
Aheramigua / Martes 13 de febrero de 2018
 
Serranía de San Lucas. Foto. Bibiana Ramírez - APR.

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras del Guamocó, AHERAMIGUA, denuncia públicamente la grave crisis humanitaria que se presenta en los municipios de El Bagre, Nechí, Montecristo y Santa Rosa, debido a las acciones que vienen realizando los grupos paramilitares, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Estado colombiano.

El martes 6 de febrero a las 11:00 pm el Frente Guillermo Ariza del ELN, asesinó al ex combatiente de las FARC Kevin Andrés Lugo Jaramillo, quien se encontraba en proceso de reincorporación en la vereda Puerto Guamo en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar, desempeñándose en trabajos de minería artesanal desde hace 4 meses aproximadamente.

El 7 de febrero, el ELN a través de sus medios de comunicación difundió un panfleto, donde informaron que realizarían un paro armado a partir de las 6:00 am del 10 de febrero hasta las 6:00 am del 13 de febrero. Desde esa fecha, las comunidades de la región de Guamocó se han mantenido atemorizadas, y bajo zozobra a causa del posible confinamiento del que sería víctima.

El 10 de febrero en horas de la mañana, en el corregimiento de Puerto Claver, del municipio de El Bagre, Antioquia, los paramilitares de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas asesinaron a Víctor Alfonzo Sánchez Manjarrez, excombatiente de las FARC-EP en proceso de reincorporación, quien desde hace varios meses se había reubicado en la zona con el fin de reincorporarse a la sociedad como trabajador del campo.

Adicionalmente, la comunidad de la vereda Mina Walter, del municipio de Montecristo, está ad portas de una grave crisis humanitaria como resultado del inminente desalojo al que obliga un Amparo Administrativo aprobado por la Agencia Nacional Minera (Auto 354 del 10 de julio de 2017) y tramitado por la Alcaldía Municipal.

Esta comunidad de más de 1500 personas, entre las que se encuentran sujetos de protección especial, como víctimas, afrodescendientes, menores de edad, entre otros, desde hace varios años sostiene una ardua lucha en contra de la empresa minera Copcaribona. Esta empresa, a través de distintas maniobras se hizo al título minero de este territorio y ha querido en varias ocasiones expulsar, acudiendo al Estado, a todas estas personas que con anterioridad lo habitaban.

Si bien, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos hemos acompañado este proceso, en la actualidad hay un temor generalizado a causa de que, para el pasado 5 de febrero estuvo programada la diligencia de desalojo, y aunque esta no se realizó, no hay claridad acerca de si las autoridades darán prioridad a los intereses económicos de la empresa Copcaribona expulsando a la gente o a los derechos fundamentales de estos pobladores a quienes, en teoría, la constitución protege.

Estas acciones se suman a la escalada violenta que los grupos armados presentes en la zona, la cual comprende atentados terroristas, homicidios y amenazas de los grupos paramilitares en el Bajo Cauca y la acción realizada por el ELN el 28 de enero en el corregimiento de Buenavista, jurisdicción del municipio de Santa Rosa sur de Bolívar, donde destruyeron la subestación de policía, causando la muerte dos policías y la afectación a las viviendas de la población civil, así como las amenazas y homicidios que este grupo ha realizado en el sur de Bolívar en los últimos meses.

Todos estos hechos los hemos denunciado desde Aheramigua, y habíamos también advertido acerca de la escalada violenta sin haberse concretado labores certeras por parte del Gobierno Nacional para evitarlas.

Hacemos un llamado al ELN y al Gobierno Nacional de la necesidad de continuar con los diálogos de Quito, retomando un nuevo cese bilateral, acción que durante su ejecución salvo vidas y les permitió a las comunidades que viven en esta zona de gozar un poco de paz y tranquilidad.

Así mismo instamos al Gobierno a que tome las acciones y medidas pertinentes que garanticen la vida de los excombatientes y de los líderes y lideresas, defensores de derechos humanos que habitan en el territorio, así como a la comunidad en general, quienes vienen siendo hostigados y asesinados por la insurgencia y los grupos paramilitares que controlan la región.

También exigimos a todas las autoridades del Estado que se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos que habitan Mina Walter y que fomente espacios para que este conflicto por la tierra sea gestionado de manera pacífica respetando a los sujetos de protección especial.

Finalmente llamamos a la comunidad nacional e internacional a que exijan la garantía de los derechos de las comunidades de la región y a ser garantes y verificadores de la implementación de los acuerdos de paz de La Habana.