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¿Por qué no aceptar la delimitación del páramo del Almorzadero?
Exigen la instalación de una mesa de negociación entre campesinos del páramo; garantías para permanecer, producir y vivir dignamente en el territorio; hacer efectiva y pública la prohibición de la actividad minera; y la derogación de las 32 concesiones mineras en el territorio.
Colombia Informa / Miércoles 7 de marzo de 2018
 
Laguna El Salado, vereda Presidente, municipio de Chitagá, Paramo del Almorzadero. Foto: Corponor.

El miércoles 21 de febrero, campesinos de más de 12 municipios de la provincia García Rovira en Santander salieron a marchar pacíficamente contra la decisión del Gobierno nacional de delimitar el páramo del Almorzadero sin tener en cuenta la participación de los municipios afectados.

Llegaron a un encuentro masivo de campesinos en la plaza institucional de Málaga, en donde harían escuchar su inconformidad ante la decisión tomada por el Gobierno nacional el 20 de enero de 2018 de delimitar 157.705 hectáreas del páramo del Almorzadero sin antes escuchar a las familias campesinas trabajadoras que serían desplazadas ante esta decisión.

“Por la defensa de nuestros campesinos, por la permanencia de nuestros territorios, por la dignidad agropecuaria para nuestros campesinos, por la seguridad y la soberanía alimentaria, ¡presente!”, se escuchó en las principales vías de Málaga.

En camiones, carros y busetas llegaron las diferentes comunidades campesinas de Santander y Norte de Santander. Desde municipios como El Cerrito, Concepción, Carcasí, Chitagá, Guaca y San Andrés fueron con sus ponchos y sombreros, pancartas y arengas.

Las voces se unieron contra la ley 1753 y el artículo 173 del Plan de Desarrollo 2014-2018, en el cual las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, instalación de refinerías y las actividades agropecuarias quedan totalmente prohibidas a partir de la delimitación de un páramo.

Sin embargo, el Gobierno no ha propuesto un plan de manejo ambiental y social que incluya a las comunidades campesinas del Almorzadero que se dedican al sector agropecuario, y las pone al mismo nivel de las multinacionales mineras.

Históricamente estas comunidades han sido las que han protegido el hábitat paramero del Almorzadero. Aun sin supervisión ni incentivos gubernamentales, quienes tienen un arraigo sociocultural y de los cuales serían despojados forzosamente al verse impedidos de producir para su familia y para el pueblo.

Va a ser gravemente afectada la actividad económica mayoritaria de la región: la agricultura. Su producción abarca el surtimiento de alimentos a Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona y provincias aledañas, entre otros sectores del país.

Ante esto, la respuesta del gabinete de Juan Manuel Santos es que sí se consultó antes de la decisión de la delimitación pero fue solamente con las comunidades indígenas que era con quienes, supuestamente, tenían la obligación de dialogar.

Los pobladores de la región levantan su voz porque se sienten invisibilizados y vulnerados en sus derechos fundamentales como la garantía de permanecer en su territorio en condiciones de vida dignas.

“No tenemos a qué salir al pueblo, pero hoy nos vemos en la obligación de salir a decirle a la provincia, al departamento y a la nación que no hay páramos sin gente. También existimos personas, y personas de bien”, explicaba Ceráfico Calderón, delegado de la Comisión para la Protección del Páramo del Almorzadero.

Los campesinos exigen la revocatoria de la resolución que delimita el páramo del Almorzadero desde el 20 de enero. Exigen la instalación de una mesa de negociación entre campesinos del páramo; garantías para permanecer, producir y vivir dignamente en el territorio; hacer efectiva y pública la prohibición de la actividad minera; y la derogación de las 32 concesiones mineras en el territorio.