El relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philp Alston, estuvo el pasado domingo en la ciudad de Bucaramanga, donde se reunió con organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales [1] cometidas por la Fuerza Pública de Colombia, en
la región nororiental del país, que comprende los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar y el Magdalena Medio.

Al evento que se desarrolló en las instalaciones de la Corporación Compromiso, se hicieron presentes organizaciones y familiares, quienes por más de cuatro horas le expusieron al relator especial el contexto regional y le presentaron el testimonio de algunos casos de ejecuciones extrajudiciales.

Como conclusión del evento fueron planteadas por cuenta de las organizaciones presentes una serie de recomendaciones cuyo fin es el de evitar que continúe la práctica de ejecuciones extrajudiciales y sean reparadas las víctimas de estos hechos. Se espera que estas conclusiones hagan parte del informe final que elaborará el relator especial.

En el encuentro y frente a su labor el relator especial expresó: “La comunidad diplomática ha mostrado un gran interés por mi visita. Durante mi visita voy a reunirme con funcionarios gubernamentales de gran alto nivel sobre todo. Pero lo más importante es reunirme con las víctimas y los testigos, y con los representantes de la sociedad civil que representan los intereses de las personas que han sido matadas. Tengo muchas ganas de escuchar lo que me tienen que decir y responderé cualquier pregunta”.

El Observatorio de Paz Integral (OPI), del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (Pdpmm), participó de la jornada con la presentación de un documento donde se exponían los 47 casos que tiene registrados en sus bases de datos en el periodo comprendido entre enero 2006 hasta diciembre de 2008. En este sentido un aporte del documento señala: “En la región del Magdalena
Medio, el OPI, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han venido denunciando estos casos por más de diez años, observando un importante incremento entre enero de 2006 a
diciembre de 2008. En este periodo se desarrollaron operaciones militares en las que el Gobierno buscaba la “retoma del territorio” ocupado por los grupos paramilitares en proceso de desmovilización”.

Frente al tema, el OPI plantea una serie de recomendaciones al relator especial, entre ellas la derogación de las normas legales que premian y dan bonificación por resultados positivos en operaciones militares y el aumento de recursos humanos y logísticos para las defensorías regionales del pueblo que les permita lograr mayor cobertura en temas de protección y prevención de violaciones a los derechos humanos; al final como recomendación y reflexión plantea: “El OPI considera: que hoy en Colombia antes que el fortalecimiento de batallones militares se debe avanzar en la creación de políticas nacionales que tengan como objetivo el fortalecimiento de procesos sociales de desarrollo en el territorio regional y nacional”.

Durante el desarrollo del encuentro cada una de las organizaciones y familiares de las víctimas que llegaron procedentes de los departamentos de Arauca, Norte de Santander, y Santander; al igual de regiones muy golpeadas por este tipo casos como lo son el Magdalena Medio y Sur de Bolívar, le expresaron al relator su interés para que las recomendaciones planteadas desde la zona nororiental de Colombia sean tenidas en cuenta y los casos fueran incluidos en la investigación,
con la idea que sean esclarecidos y conozca la verdad.