Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
:: Magdalena Medio, Colombia ::
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Mientras tanto, Andrés permanece en prisión
La defensa de Andrés Gil ha denunciado su caso ante el grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas
"La ACVC sostiene que la manera más fácil para el gobierno de impedirles proseguir su trabajo es acusarles de guerrilleros"
Eva Lewis / International Peace Observatory / Sábado 15 de agosto de 2009
 

El día 29 de Julio en Barrancabermeja se realizó una audiencia pública más del juicio de Andrés Elías Gil, el líder comunitario de la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra (ACVC). Andrés Gil fue uno de los primeros de un total de 6 dirigentes de la ACVC que fueron arrestados y acusados de rebelión. Hoy en día, 2 años después de su detención, él es el único que sigue privado de su libertad.

La audiencia estaba programada para el 28 y 29 de julio pero fue suspendida por varios motivos. A pesar de su situación, Andrés llegó al Palacio de Justicia el 28 por la mañana con una sonrisa, caminando entre 2 guardias de la INPEC. Afuera de la sala donde tendría lugar la audiencia, se congregaron un gran grupo de campesinos, miembros de la ACVC, amigos y familiares para apoyarle. Era la primera audiencia que se iba a realizar tras un cambio de juez pero la nueva jueza nunca llegó: estaba enferma y la audiencia se suspendió para el día siguiente. A pesar de este hecho inesperado, Andrés no dejó de sonreír. Pasó la mañana rodeado de sus amigos y familiares, pudiendo estar con ellos mucho más que las 3 horas de visita permitidas, apenas cada 15 días, en la prisión de máxima seguridad de Palo Gordo en Girón (Santander), donde actualmente se encuentra encarcelado.

La madre de Andrés comentó con lagrimas en los ojos, que es muy difícil para ella ir a visitarlo regularmente ya que la prisión queda muy lejos y hay que hacer fila por muchas horas para entrar, por lo cual ella se enferma. Por lo menos el día 28 pudieron pasar un poco de tiempo juntos.

Cuando la jueza no llegó Andrés salió del palacio con una sonrisa, ya no rodeado por sus seres queridos sino por los mismos guardias de la INPEC, pistolas en mano.

Al día siguiente, la jueza llegó a tiempo pero, aún así, la audiencia demoró en iniciarse. La mayor parte de la mañana del día 29 se la pasaron decidiendo si el fiscal de Medellín, que había hecho la investigación del caso, podría concurrir al juicio. El abogado de Andrés, Luis Alfonso Ruiz Alegría del colectivo de abogados Humanidad Vigente, asegura que esta discusión fue algo que “va en contra de la libertad de Andrés… solucionar este problema le correspondía directamente a la Señora jueza fuera de la audiencia. Sin embargo, ella asumió el debate de ese tema en la audiencia pública contrarrestando el buen curso de la audiencia.”A causa de esta discusión, la propia audiencia no empezó hasta las dos de la tarde.

Esta audiencia forma parte de la etapa del juicio de recolección y presentación de pruebas y, en tan poco tiempo, no fue posible terminar con el testimonio programado para estos dos días. Por esta razón, la audiencia fue suspendida para continuarse el 19 de Agosto. Quedó pendiente que el fiscal, la defensa y posiblemente el procurador interrogasen al testigo.

Después del 19 de agosto todavía faltarán por lo menos unas 2 audiencias más para que la jueza falle en el caso. Pero según el señor Alegría, después de que escuchen los testimonios de los demás testigos de la fiscal, faltarían cinco más para la defensa. Mientras tanto, Andrés permanecerá encarcelado.

La ley Colombiana dice que después de que una persona esté convocada a juicio, la Corte tiene 6 meses para dictar una sentencia o la persona debe recuperar su libertad, a menos que haya una causa “justa y razonable” por la cual se extiendan los términos o en el caso de que la defensa o el acusado hayan realizado maniobras dilatorias para que se venza el plazo. Andrés ya lleva 2 años en prisión ya que el proceso ha sido suspendido dos veces. Según el licenciado Alegría, esto es una violación del debido proceso ya que “las veces que se ha suspendido la audiencia ha sido por causas absolutamente injustas y irrazonables. Y en ningún momento ni Andrés ni la defensa han dado el más mínimo asomo de querer dilatar el proceso. Al contrario.”

Las veces que se ha suspendido las audiencias en el pasado ha sido porque los testigos para el fiscal, supuestos reinsertados, no han llegado. En la audiencia del 29 el testigo que se presentó era un campesino que antes había sido integrante de la ACVC a través de una Junta de Acción Comunal, el cual posteriormente se presentó como reinsertado, según la asociación campesina, sin haber sido guerrillero.

Dice Alegría que los cargos que apunta este testigo, así como los demás testigos de la fiscalía, “básicamente son cargos generales y son cargos abstractos en los cuales se indica que la asociación ha estado al servicio de la guerrilla pero sin especificar cómo, cuándo suceden estos hechos que ellos atribuyen como ilícitos.” De hecho, las mismas evidencias fueron dadas en el caso de Miguel Huepa, otro integrante de la asociación que pasó por el mismo juicio para apenas ser dejado en libertad en junio de este año y en los casos de Oscar Duque, Ramiro Ortega, Mario Martinez y Evaristo Mena, ya puestos en libertad. Éstas son las mismas evidencias utilizadas como razón para 12 órdenes de captura contra otros miembros de la ACVC, las cuales han sido recientemente suspendidas. La defensa de Andrés insiste en que estas órdenes de captura, el juicio del señor Huepa y el proceso que se realizó en contra de otros cuatro miembros de la asociación, son todas parte del mismo proceso y que, aunque legalmente han sido tratados de forma separada, todos son el mismo caso.

Alegría reiteró este punto, diciendo que “el otro juez ha determinado que efectivamente los miembros de la asociación no han cometido ningún delito. Nosotros tenemos absolutamente claro desde un comienzo que esto es una persecución política y jurídica contra todos los campesinos de Colombia y particularmente en este caso en contra de la asociación campesina.” Los miembros de la ACVC dicen que esta persecución viene siendo la consecuencia de haber trabajado por más de 10 años en la región del Magdalena Medio, velando por los Derechos Humanos de los campesinos y luchando por proyectos como la Zona de Reserva Campesina, un proyecto de redistribución de tierras legalmente constituido en el 2000 y luego suspendido por el presidente Uribe porque iba en contra de los fuertes intereses socio-económicos de terratenientes y la clase poderosa de la región. La asociación sostiene que la manera más fácil para el gobierno de impedirles proseguir este trabajo es acusarles de guerrilleros.

La defensa de Andrés ha denunciado su caso ante el grupo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas y esperan un fallo dentro de poco. Tienen la esperanza que dicha comisión se pronunciará diciendo que la detención de Andrés por parte del estado colombiano ha sido ilegal y arbitraria. Mientras esperan esta decisión, toca seguir adelante con el proceso del juicio y retomar la audiencia pública el 19 de agosto. Mientras tanto, Andrés Gil permanece en prisión.