COLOMBIA: La Cumbre de UNASUR en la ciudad argentina de Bariloche no solo será un escenario para analizar la crisis de la región, por cuenta de la decisión del Gobierno de Álvaro Uribe de permitir la instalación de al menos siete bases militares de EEUU en territorio colombiano, sino también escenario de confrontación ideológica a raíz de las declaraciones que hiciera el presidente de Venezuela Hugo Chávez calificando a Colombia como un narcoestado y ordenando a su ministra de comunicaciones a realizar las acciones necesarias para que los puntos de vista de Venezuela frente a la crisis sean conocidos por los colombianos, contando para ello con la cooperación de movimientos políticos de Colombia afines a la revolución en Venezuela. Estas declaraciones del mandatario venezolano fueron respondidas de inmediato por el nuevo ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, y por el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, quienes dijeron que cualquier actuación en ese sentido será repelida por el Gobierno de Colombia, por que es una clara intervención en los asuntos internos del país. Por su lado, voceros de los distintos partidos políticos se pronunciaron rechazando las declaraciones del presidente Chávez, destacándose las declaraciones del presidente del Polo Democrático, Jaime Dussán Calderón, quien dijo que su partido no es promotor del chavismo y que no recibe ninguna orientación de gobiernos extranjeros. Entretanto, voceros del empresariado colombiano han expresado su preocupación por la orden del presidente Hugo Chávez al canciller Nicolás Maduro, de ir preparando la ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Colombia, porque ello tendría un impacto inmediato en las exportaciones colombianas hacia ese país, las que el año pasado ascendieron a 8.000 millones de Dólares. Por cuenta de las hondas diferencias y relaciones diplomáticas críticas entre los dos países, este año Venezuela canceló la compra de al menos 15.000 automóviles ensamblados en Colombia y canceló un convenio de venta de 360.000 barriles diarios de gasolina y diesel a precios preferenciales; los empresarios colombianos prevén un futuro pesimista para la economía nacional. El Tiempo, El Espectador, Semana, Telesur – Tv, Aporrea, El Colombiano, 22 – 28/08/09

El ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, informó que las Fuerzas Armadas implementarán en las fronteras el “Plan Patria”, que consiste en que en los territorios que sean recuperados a las guerrillas, las fuerzas militares del Estado realicen las labores de inversión social y gestión pública que el componente civil del Estado no puede realizar, para consolidar de manera permanente el territorio y ganarlo para el Estado de Derecho. Además el ministro Silva reveló, tras su primer encuentro con su homólogo de Brasil, Nelson Jobim, que la cooperación militar entre los dos países se profundizará mediante la ampliación de los convenios bilaterales, de tal modo que permitan operaciones conjuntas mas amplias contra el narcotráfico, el tráfico de armas y contra las guerrillas a lo largo de los 1.645 kilómetros de la frontera común. De otra parte, el ex presidente Ernesto Samper Pizano declaró que Colombia está en “estado de preguerra” con Venezuela y que aún la sociedad colombiana no es conciente de tal situación. El ex presidente cuestionó la instalación de bases militares de EEUU en Colombia, por el riesgo que supone su uso hacia terceros países y porque para combatir a las FARC no se necesita el armamento ni el equipamiento estratégico que tendrían esas bases. En su lugar, propuso un acuerdo marco de seguridad y defensa hemisférica en el que también participen los países integrantes de UNASUR, estableciendo un sistema de vigilancia electrónica para combatir el narcotráfico y el terrorismo pero esclareciendo previamente que se entiende por terrorismo, porque “puede ser cualquier cosa en una interpretación laxa”. CMI - Tv, El Tiempo, El Espectador, Caracol – Radio, Semana, Mi Punto, 22 – 28/08/09

El investigador y profesor italiano de ciencias políticas Darío Azzellini, afirma que el propósito de usar ejércitos mercenarios en los conflictos de los últimos años, es el de privatizar las guerras y evadir el control democrático sobre las operaciones militares. En este contexto, el autor del libro “El negocio de la guerra”, asegura que la inmunidad para los mercenarios significa impunidad y que en la actualidad ya existen 20 empresas militares de mercenarios actuando en Colombia, las cuales gozan de inmunidad frente a la justicia colombiana. Aseguró, el académico, que como mínimo ya están en Colombia más de 2.000 mercenarios, a pesar que el convenio de cooperación militar vigente entre EEUU y Colombia solo permite la presencia de 600 mercenarios, llamados en el convenio “contratistas civiles”, pero ese límite solo concierne a los mercenarios con pasaporte de EEUU y los demás son de origen de otros países latinoamericanos. Entretanto, la Procuraduría General de la Nación, declaró que el Ministerio Público es respetuoso de la autonomía del Gobierno para suscribir acuerdos militares como el que ha suscrito con EEUU, que permitirá el establecimiento de siete bases militares de ese país en suelo colombiano, pero que no debe incluirse ningún tipo de inmunidad para el personal militar estadounidense, frente a posibles delitos que cometieran durante su estancia en Colombia. Voceros de la Procuraduría dijeron que en este caso su papel es el de ser garante de la soberanía y de los derechos humanos. Telesur – Tv, El Tiempo, Semana, Caracol – Radio, 22 – 28/08/09

Luego que el presidente Álvaro Uribe ordenara a la Fuerza Pública mantener su presencia en las universidades donde se presenten desórdenes, se desató una fuerte polémica por cuanto el Gobierno distrital no comparte la decisión presidencial, porque las instituciones educativas son centros para el conocimiento y el ejercicio de la crítico, que en la mayoría de los casos la Fuerza Pública no entiende el derecho a la crítica ni el sentido crítico del estudiantado. El presidente Uribe queriendo poner punto final a la polémica dijo que “mientras él sea Presidente, donde haya violencia allí llegará la Fuerza Pública y eso no está en discusión”. Desde otros sectores políticos y sociales la medida ha sido calificada como otro acto más de la militarización de la vida, de la sociedad y del Estado en Colombia. Por su lado movimientos estudiantiles de distintas universidades públicas, anunciaron que defenderán la educación pública, la autonomía universitaria y la militarización de la educación. De otra parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció la masacre de 12 de sus miembros, entre ellos cinco niños y un recién nacido, ocurrida en el Resguardo Indígena El Rosario del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, la cual habría sido cometida por paramilitares y miembros del Ejército. A esta denuncia se suma el pedido de Human Rights Watch, al Gobierno colombiano que investigue la masacre y la aplicación de medidas concretas para proteger a esta comunidad de la etnia Awá. El presidente Uribe pidió el acompañamiento de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos de la ONU y ofreció una recompensa por información que permita determinar la autoría de la masacre. El Espectador, Caracol – Radio, El Nuevo Siglo, Radio Santa Fé, Vanguardia Liberal, 22 – 28/08/09

Finalmente, el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Departamento Nacional de Planeación, instituciones gubernamentales, revela que del total de la población colombiana, mas de 20 millones viven en la pobreza y entre estos 8 millones viven en la miseria. Las cifras han causado preocupación en círculos de las centrales sindicales por cuanto reflejan que la población en situación de miseria cada vez es mayor, lo cual puede significar una tendencia difícil de parar si se tiene en cuanta que el desempleo crece y la precarización del trabajo avanza. El estudio revela que la desigualdad (medida por el coeficiente de Gini), se mantiene muy alta, en el 0.58 cuando cero es igualdad total y uno es desigualdad absoluta. Funcionarios de estos organismos atribuyen el aumento de la miseria a los elevados costos de los alimentos principalmente. Caracol – Radio, El Tiempo, 22 – 28/08/09