El escándalo que han producido en la opinión pública nacional los mal llamados subsidios del programa gubernamental Agro Ingreso Seguro (AIS) permite ilustrar nuevamente el carácter de clase de la política económica que se ha implantado durante el gobierno de Uribe Vélez. En esta ocasión, se trata de cuantiosos regalos a un puñado de familias de políticos y de terratenientes, principalmente de algunos departamentos de la Costa Atlántica.

Un número importante de las familias beneficiadas poseen un rasgo en común: fueron aportantes a las campañas electorales del actual presidente y, en algunos casos, han tenido vínculos con el proyecto paramilitar.

Agro Ingreso Seguro fue concebido hace dos años como parte de las compensaciones que el gobierno de Uribe pensaba otorgar a latifundistas, terratenientes y grandes empresarios capitalistas del agro, en contraprestación por su irrestricto apoyo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y por los eventuales efectos negativos que la entrada en vigencia de dicho tratado tuviera sobre su tasa de ganancia. Se trataba de un fondo de 500 mil millones de pesos en la forma de “cheque en blanco”.

Esa decisión política representaba la intención de financiar, con los impuestos que pagamos todos los colombianos, a una de las facciones de clase que carga en sus espaldas la responsabilidad histórica de haber propiciado la avanzada mafiosa y paramilitar en nuestro país. Y eso no debe sorprender, dado el carácter del actual gobierno.

El episodio, más que agregar nuevos ingredientes, reitera lo conocido: Es una falacia que la prosperidad capitalista y de un buen número de empresarios proviene de su ingenio empresarial y de su inacabada disposición para la innovación en las difíciles condiciones de la competencia, como se nos quiso aleccionar con la zona franca de los hijos del Presidente.

La cultura política del hacendatario se ha entronizado en la estructura del Estado. Aprendiendo del hacendado mayor, los imitadores de medio pelo distribuyen los recursos públicos como si fueran su caja menor: reparten a diestra y siniestra tales recursos para comprar y devolver lealtades. La generosidad con que se trata a los ricos contrasta con la mano dura a los pobres y a las víctimas de algunos de los ahora beneficiados.

Para presionar una mejor atención a los desplazados forzosamente, han sido necesarias innumerables tutelas, sentencias y autos de la Corte Constitucional; la Ley de Víctimas fue objetada por el Gobierno aduciendo razones fiscales; a los campesinos pobres y medios no se les conceden los regalos del Agro Ingreso Seguro, se les otorgan créditos.

Pero debe reiterarse, esa es la política general. En 2008, los diferentes subsidios al capital alcanzaron un monto cercano a los ocho billones de pesos. En ese salón de la fama están los otros soportes de este gobierno. El sector financiero, el capital transnacional y la generación de nuevos ricos que ahora invierten en cultivos de larga duración, en hotelería y turismo y, desde luego, en zonas francas. Por ellos se hace “seguridad democrática” y el Presidente sufre sus encrucijadas del alma.

También por estas formas cotidianas (y vulgares) de acumulación de capital, como la del AIS, es que el país demanda cambios políticos democráticos.