Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Seguro, seguro… Gamonalismo del siglo XXI
Héctor Mondragón / Viernes 9 de octubre de 2009
 

"El término gamonalismo no designa sólo una categoría social y económica: la de los latifundistas o grandes propietarios. Designa todo un fenómeno", José Carlos Mariátegui, “El problema del indio”

Si se analiza a fondo lo ocurrido con el programa Agro Ingreso Seguro, nos encontramos con que no se trató solamente de la trampa de una familia para multiplicar un generoso regalo del Gobierno, sino que se trata de la punta de un iceberg, de una distorsión sistemática convertida en ley y además del resumen de lo más triste de la historia de Colombia y de una radiografía del carácter del gobierno actual del país.

No se trata de un caso aislado, sino de una repetición múltiple a través de la historia: tras cada una de las guerras civiles y Violencias que han asolado estos territorios, queda como resultado un nuevo despojo de tierras y una mayor concentración de la propiedad de la tierra en familias que a su vez concentran el poder político y acaparan sus favores económicos y territoriales.

Parte del campesinado hace un trabajo de Sísifo y luego de construir parcelas mediante la colonización y la lucha se ve de nuevo desplazado. Los indígenas refugiados en páramos, desiertos y lo que queda de las selvas.

Los personajes ganadores de cada uno de estos episodios han construido un sistema “perfecto”, económico, político, jurídico y social: el gamonalismo.

El dominio de la tierra logrado por la fuerza se convierte en poder territorial. Las comunidades despojadas, expuestas al hambre, dependen de quienes los han despojado, tienen que aceptar convertirse en mano de obra de los hacendados, así los terrazgueros de antaño como los jornaleros de hoy; deben depender del Estado que los gamonales controlan, de las beneficencias, familias en acción, sisbenes, pavimentaciones y de todo tipo de migajas en forma de cupos, becas, microcréditos, tejas o cemento.

La víctima se convierte en clientela del victimario y termina votando por él, cotizando su voto, de manera que el sistema se sostiene democráticamente, con campañas electorales pagadas por los gamonales, en medio del consenso que aplaude cada peso entregado a los gamonales, del cual su clientela espera que escurra algún centavo para mitigar la miseria.

Toda esta perfección sería impensable si no fuera porque se incubó, nació, se nutrió, se sostiene y se proyecta como parte y agente de la dominación del imperio de turno. La gran propiedad criolla de la tierra fue impuesta por España cuando nacía el mercado mundial y el capitalismo hacía sus primeros pasos como sistema internacional. Sin el poder de España, Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra no habría habido conquista de América ni se habría impuesto la esclavitud de africanos secuestrados para trabajar en las tierras robadas a los indios.

La identidad misma del gamonalismo se configura tras la sustitución del predominio español y portugués por el predominio mundial inglés: lejos de parecerse a los nobles feudales medievales, los gamonales son personajes típicos del capitalismo transnacional, pregoneros y manipuladores expertos de la democracia clientelista y la banana república, aliados y agentes del gran capital internacional y sus inversiones, acólitos del imperio de turno, a cuyas empresas ofrecen generosos los territorios apropiados, a la espera de embolsillarse jugosas rentas y de convertirse en accionistas en las bolsas metropolitanas, así como de vender cualquier quina, tabaco, caucho o agrocombustible que se pueda, en medio de los avatares de los precios internacionales.

Ofrecieron y colocaron el ferrocarril de Panamá, luego el canal, los pozos petroleros del Magdalena Medio y el Catatumbo, el oro y el platino del Chocó, así como ahora ofrecen el tapón del Darién, las tierras de la cuenca del río Meta, el petróleo de Los Llanos o el Putumayo, el gas y el carbón de La Guajira y Cesar y como siguen ofreciendo el oro.

La articulación con el capital va de la mano con el control del Estado y de su intervención económica. El mayor subsidio que a lo largo de la historia ha dado el Estado a los grandes terratenientes es permitirles apoderarse de la valorización generada por pozos petroleros, por la minería y por las obras públicas, especialmente por las carreteras y ferrocarriles, cuyos recorridos han sido unas veces definidos y otras alterados para acercarse a los latifundios, los que a su vez han sido ensanchados a sangre y fuego al lado de las vías.

Estamos ante la enésima edición de esa historia triste y Agro Ingreso Seguro es solamente un capítulo de esta edición.

¿Qué hay de nuevo, viejo?

No es posible decir que el papel del paramilitarismo sea algo original de la nueva edición, puesto que la existencia de bandas armadas o ejércitos partidistas al servicio de los latifundistas se ha repetido en las ediciones.

Las denuncias sobre violación de derechos humanos siempre han recibido como respuesta la militarización, a la manera de los caucheros de La Vorágine: “Le hemos pedido a la autoridad que nos militarice las cuadrillas, mediante la dirección de oficiales y sargentos, a quienes pagaremos con mano pródiga su permanencia en estos confines, con tal que sirvan al mismo tiempo de fiscales para la empresa y de vigilantes en las entradas. De esta suerte el Gobierno tendrá soldados, los trabajadores garantías innegables y los empresarios estímulos, protección y paz”.

Tampoco el Plan Colombia es del todo nuevo. Las intervenciones militares de Estados Unidos fueron autorizadas en el departamento de Panamá a partir del tratado de 1846 y hasta que costaron su secesión. Los convenios de 1952 involucraron a Colombia en la guerra de Corea a la par de la intervención norteamericana en el conflicto interno.

Ni siquiera el cambio tecnológico, porque cada década ha instaurado ciertas innovaciones, máquinas de arar, venenos por montón, revolución verde, cosechadoras, nuevas variedades de plantas, a pesar de lo cual la mayoría de la tierra apta para la agricultura quedó desperdiciada, como ahora pasa con cinco millones de hectáreas de primera calidad, con todo y biotecnología, transgénicos o agrocombustibles.

Verdaderamente original sí ha sido el papel del narcotráfico que resultó del propio sistema y sirvió para catalizar la violencia y especialmente como intermediario de la más grande centralización de la propiedad territorial en áreas con perspectivas de gran valorización.

El ahora muy conocido caso de la familia que consiguió captar múltiples subsidios de Agro Ingreso Seguro para riego de sus propiedades en el Magdalena mientras le compraba a un sucesor de Pablo Escobar en el sur de Bolívar una tierra que desde hace 13 años los campesinos trabajaban, sirve como modelo ilustrativo para mostrar cómo el narcolatifundio operó apenas como un escalón intermediario para permitir una nueva concentración de tierra. El narcotráfico hizo parte del trabajo sucio y ahora el latifundio de alcurnia recoge los frutos, evitando la extinción de dominio y burlando las esperanzas campesinas.

Por lo demás, el narcotráfico sirvió y sirve para justificar el Plan Colombia y las bases militares extranjeras y encubre el drama del despojo de los campesinos, afros e indígenas y las condiciones miserables de la mano de obra que trabaja para los gamonales bajo la forma de las mal llamadas cooperativas de trabajo asociado o los supuestos contratos de servicios, que niegan cualquier derecho laboral.

Y la gran novedad: la pérdida de la soberanía alimentaria del país. Porque a pesar de todo, antes podíamos contar con el maíz para las arepas y la mazamorra. Colombia por lo menos se autoabastecía de alimentos. Pero ahora Colombia importó en 2008 un total de 9’800.000 toneladas de productos de origen agropecuario al año. Todo comenzó con el incremento paulatino de las importaciones de trigo hasta que se cercó la producción nacional del grano y luego el proceso se generalizó a los cereales, de manera que ahora se importa casi toda la cebada, la mitad del maíz y parte del arroz.

Durante esta década se ha llegado al extremo de importar café para el consumo interno para poder cumplir los compromisos de exportación. Las exportaciones agropecuarias alcanzaron en 2008 apenas 4’400.000 toneladas. En 2008 apenas fueron sembradas 3,5 millones de hectáreas cuando hace 20 años se sobrepasaban las cuatro millones, que sin embargo eran y son menos de la tercera parte del área cultivable del país.

La prioridad para los agrocombustibles significó una carestía en 2008. En 2009 fueron los campesinos quienes respondieron con el aumento de la producción de fríjol y otros granos, panela y leche, pero la crisis de la industria y el conjunto de la economía los atrapó en la telaraña de la recesión y la deflación y su eficiencia fue premiada con precios ruinosos al productor que agobian también a los arroceros tras la autorización de más importaciones.

Ninguna agricultura racionalmente planificada, ninguna seguridad alimentaria y mucho menos la soberanía alimentaria es posible bajo el gamonalato, ahora dedicado a firmar tratados de “libre comercio” que de ponerse en práctica llevarían a término la ruina total de la producción de alimentos en Colombia.

Capitalismo burocrático

La evolución y el despliegue del gamonalismo en medio del capitalismo globalizado han generado un capitalismo burocrático en el agro. Los subsidios a los ricos se convierten en la garantía de acumulación de capital otorgada por el Estado, tanto a los grandes propietarios de tierra cuya renta se garantiza por esta vía, como al capital financiero que accede trasladar sus inversiones al sector rural a cambio de leyes que imponen comprar su producción, establecen exenciones de impuestos, créditos especiales y otros subsidios combinados con ayudas de la “comunidad internacional”.

Los grandes capitales terminan de socios y sostenedores del gamonalismo porque ligan su suerte con la de los subsidios del Estado a la gran producción agraria en las tierras de los grandes. Es lo que ha pasado con la producción de caña de azúcar para etanol en Colombia, que muy lejos de ser competitiva en el mercado internacional, ha sido decretada como negocio nacional mediante normas del Estado.

Los subsidios de Agro Ingreso Seguro son del mismo género. Premian no solamente a una familia que disputa las tierras a los campesinos sino tratan de atraer al gran capital con la promesa de ganancias fáciles. Se establece un tipo de capitalismo sin el riesgo del inversionista.

Los mismos dueños de los ingenios azucareros del Valle establecen plantaciones de palma aceitera en el Meta. Centenares de afrovallunos son trasplantados y convertidos en afrometenses, desarraigados de la región donde se levantaban en huelgas contra las “cooperativas de trabajo asociado” y se aliaban con los indígenas nasa, e incomunicados con la nueva región donde la historia de las violencias desarraigó generaciones de campesinos que colonizaron y prepararon las haciendas del capitalismo burocrático.

Como dice el ex ministro Arias, es un modelo que produce “seguridad al inversionista”, estabilidad del régimen, sin campesinos ni indios ni sindicatos que amenacen “seguridad democrática”.

¿Alternativas?

¿Acaso no hay alternativas para el país? Claro que sí. Nuestros campesinos en las tierras que aún tienen siguen sosteniendo la producción de alimentos y las exportaciones de café. Los campesinos de Carmen de Bolívar que producen el 40% de los aguacates del país recordaban en estos días que no recibieron ni un peso de Agro Ingreso Seguro. Los pueblos indígenas han sido capaces de dar ejemplo al país de resistencia civil. Los trabajadores de la palma aceitera y el azúcar han realizado huelgas que cuestionan la nueva esclavitud rural.

Si se quieren encontrar alternativas, no basta cortarle la punta al iceberg y creer que con que “una familia tramposa” devuelva el dinero de Agro Ingreso Seguro basta para solucionar el problema.

Además de que las familias “tramposas” devuelvan los subsidios mal habidos, podrían devolver las tierras mal habidas. El país necesita devolver la tierra a los desplazados por las violencias. El Gobierno afirmó que no alcanza el presupuesto para la reparación. Después del episodio de Agro Ingreso Seguro parece que sí hay dinero para lo que se quiere que haya.

Los presupuestos podrían ser reorientados hacia la producción de alimentos. La soberanía alimentaria podría ser la prioridad hacia la cual se orienten los subsidios del Estado para la producción agropecuaria, el procesamiento de productos alimenticios, el almacenamiento y la comercialización. Las tierras aptas para agricultura que están desperdiciadas pueden ser entregadas a quienes sí las hagan producir.

El gamonalismo ha sido edificado sobre el latifundio y se ha sostenido con el clientelismo y la violencia. Superarlo abriría el paso a una economía y a una política diferente. Hace 150 años Estados Unidos tuvo que decidir si mantenía la esclavitud y el “libre comercio” con Inglaterra, que beneficiaban a las familias esclavistas, especialmente de las haciendas del Sur que con mano de obra esclavizada producían algodón para la industria textil británica. Estados Unidos optó por eliminar la esclavitud y por proteger su producción nacional y así se convirtió en un país propio.

En vez de los tratados de libre comercio que quieren los esclavistas de hoy, Colombia podría aprender de la historia de Estados Unidos y eliminar la esclavitud del latifundio y el capitalismo burocrático; proteger su producción nacional de alimentos.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 179
http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0179/index.htm