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Resumen de noticias sobre el conflicto armado y la construcción de paz
Colombia semanal: 17 a 23 de Octubre de 2009
El último informe de la Fiscalía General de la Nación, establece que la práctica de “falsos positivos”, como se le conoce a la acción de los militares de asesinar personas civiles para presentarlas como guerrilleros muertos en combate, ha arrojado, hasta la fecha, una alarmante cifra de 2.077 colombianos asesinados, entre los que se encuentran 59 menores de edad y 122 mujeres
 

El Gobierno se ha visto envuelto en otro nuevo escándalo que ahonda la crisis institucional del Estado, por cuenta de la corrupción, los vínculos de políticos afines al Gobierno con el paramilitarismo y el enfrentamiento permanente entre los poderes públicos. Se trata esta vez, de la repartija de dineros del programa presidencial conocido como Agro Ingreso Seguro (AIS), a familias ricas y reconocidas por sus afinidades políticas con el presidente Álvaro Uribe Vélez y por sus apoyos a las campañas políticas para reelegirlo. El programa AIS, que consiste en una especie de subsidios no retornables, fue concebido inicialmente para promover el desarrollo de los pequeños y medianos agricultores, pero cerca de 35.000 millones de pesos han ido a parar a unas cuantas familias, e incluso a reinas de belleza sin ninguna tradición o actividad agrícola conocida. A pesar de que los dineros fueron repartidos durante la gestión del anterior ministro de Agricultura; Andrés Felipe Arias, el presidente Uribe ha hecho una intensa defensa del ex funcionario y del programa AIS, al tiempo que ha pedido a los favorecidos con estos dineros de manera irregular, que los devuelvan a las arcas públicas. De otra parte, la Procuraduría General de la Nación ha anunciado que ha abierto expediente investigador, a los funcionarios implicados en este acto de corrupción. Por otro lado, el Fiscal General de la Nación (E) reabrió el proceso de investigación contra el Vicepresidente de la República, Francisco Santos, por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. El proceso que había sido archivado, fue iniciado a raíz que jefes paramilitares incriminaran al Vicepresidente como uno de los instigadores para que ellos montaran el “Bloque Capital” en la ciudad de Bogotá y departamento de Cundinamarca. Uno de los principales jefes del paramilitarismo en Colombia, Salvatore Mancuso, en sus confesiones ante la Fiscalía, reveló haber estado presente en dos reuniones de Francisco Santos con el entonces primer comandante del paramilitarismo en Colombia, Carlos Castaño, y que en uno de esos encuentros elogió la labor que desarrollaban las AUC en defensa del Estado y le sugirió a Castaño, desarrollar esa misma actividad en la capital del país y en Cundinamarca. El Vicepresidente, ha declarado que la reapertura del caso es indignante y que se trata de un complot contra él, tramado por enemigos del Gobierno. El Presidente, Álvaro Uribe Vélez, ha salido en defensa del Vicepresidente y elogiado sus condiciones morales y su capacidad de servicio al país.

Entretanto, un verdadero “choque de trenes institucional” se registra en Colombia, después que la Corte Constitucional emitiera una sentencia que establece la necesidad de impartir en los colegios y universidades, una cátedra en la que se ilustre sobre el derecho al aborto, aceptado en Colombia con fines terapéuticos, con el propósito de educar para prevenir los embarazos indeseados, principalmente entre la juventud. La sentencia de la Alta Corte ha sido rechazada por la Iglesia católica, cuyos jerarcas aseguran que no la acatarán. A estas voces se suma la del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ha pedido a la Corte retirar la sentencia. Por su lado el Consejo de Estado también ha controvertido la sentencia, razón por la cual el presidente de la Corte constitucional ha tenido que recordarle que la Constitución Nacional es la “Ley de leyes” y que no puede ponerse por encima de la Corte Constitucional. CMI – Tv, Caracol – Radio, El Tiempo, El Espectador, Cambio, Radio Santa Fe, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 17 – 23/10/09

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en su informe trimestral sobre la misión de apoyo al proceso de desmovilización del paramilitarismo en Colombia, reconoce importantes avances logrados por el Estado, si se tiene en cuenta la magnitud y complejidad del proceso de desmovilización de las fuerzas paramilitares, lo cual no tiene antecedentes en el hemisferio, dada su magnitud. El informe elogia la ley de Justicia y Paz pero considera que aún son insuficientes sus resultados, sobretodo en materia de justicia y reparación. También recomienda al Gobierno, que cubra con una eficaz presencia del Estado las regiones que antes ocupaban las fuerzas paramilitares. Por otro lado, el último informe de la Fiscalía General de la Nación, establece que la práctica de “falsos positivos”, como se le conoce a la acción de los militares de asesinar
personas civiles para presentarlas como guerrilleros muertos en combate, ha arrojado, hasta la fecha, una alarmante cifra de 2.077 colombianos asesinados, entre los que se encuentran 59 menores de edad y 122 mujeres. Por estos hechos la Procuraduría ha abierto investigaciones contra 2.965 miembros del Ejército, los cuales hacen parte de 35 brigadas (10 de ellas móviles), 481 son oficiales (entre ellos 14 coroneles), 1.026 son suboficiales y 1.458 soldados. Por su parte, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo, determinando que también se deben investigar a los comandantes de las unidades militares involucradas en falsos positivos, “porque son ellos quienes imparten las órdenes operativas y los que deben velar por el cumplimiento de las leyes por parte de sus hombres”. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, CMI – Tv, El Colombiano, Semana, Caracol – Radio, 17 – 23/10/09

El Presupuesto General de la Nación, aprobado para el año 2010, establece por primera vez en la historia del país que el gasto militar y de defensa supera al de educación. El primero alcanzará el 14.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en tanto que el segundo será del 13.9% del PIB. Esta desproporción indica que en Colombia se aplicarán mas recursos y esfuerzos para la guerra y menos para la educación. Por su lado el Congreso de EEUU extendió por un año mas la vigencia del “Plan Colombia”. En el marco de este plan EEUU ha invertido mas de 6.000 millones de Dólares desde el año 2000 para la lucha contra el narcotráfico y contra la insurgencia colombiana. La determinación del Congreso también establece un límite para la presencia de tropas de EEUU en suelo de Colombia, fijándolas en 800 militares y 600 civiles. Entretanto, el Consejo de Estado de Colombia, ya emitió su concepto sobre el acuerdo de cooperación militar entre EEUU y Colombia, el cual establece la permanencia militar de EEUU siete bases militares y la presencia en las que sean necesarias con fines operacionales; concepto que se mantendrá en secreto “por razones de Seguridad Nacional”. Miembros del Consejo de Estado se lamentaron que su concepto haya sido filtrado parcialmente a la prensa, filtración que ha permitido a los colombianos enterarse que el Consejo de Estado considera que la presencia permanente de militares extranjeros en territorio colombiano, debe ser autorizada por el Congreso de la República. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, Cambio, 17 – 23/10/09

El presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Jorge Rojas, reveló que 23 pueblos indígenas colombianos están en peligro de extinción por causa del conflicto. Esta conclusión es el resultado de un estudio realizado durante los dos últimos años, el cual permite establecer que las comunidades indígenas que habitan en los departamentos de Guainía, Vaupéz, Guaviare, Vichada y Amazonas, son las mas afectadas y vulnerables. En estos departamentos habitan 56 pueblos aborígenes, de los cuales 20 están en vías de extinción como consecuencia de la guerra. Los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército, como también la presencia de estas fuerzas en los territorios indígenas, han generado desplazamiento, habida cuenta que los actores del conflicto se comportan como ejércitos de ocupación, que viola los derechos humanos de los indígenas e irrespeta sus culturas. Tanto CODHES como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), opinan que en el Gobierno Nacional no hay conciencia de este drama, ni voluntad política para que el Estado proteja a los pueblos indígenas que están siendo afectados por el conflicto armado. De otra parte, en una audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de EEUU, la Relatora para los Derechos Humanos de la ONU, denunció que en Colombia se continúa estigmatizando y hostigando a los defensores de los derechos humanos, los cuales son objeto de constantes amenazas y ataques. La Relatora dijo que el Gobierno de Colombia debería investigar y enjuiciar a los que hacen las amenazas, al tiempo que se lamentó por la impunidad sobre estas prácticas ilícitas. La funcionaria pidió al Gobierno colombiano que destruya los archivos de inteligencia que el DAS ha recopilado sobre los defensores de derechos humanos y puntualizó que “la supresión de los archivos tiene que hacerse, porque es un asunto internacional”. El Tiempo, Caracol – Radio, El Espectador, El Colombiano, El Nuevo Siglo, 17 – 23/10/09