El día 03 de diciembre se realizó una comisión de verificación de la situación de derechos humanos en la vereda San Lorenzo del Municipio de Cantagallo.

La comisión estuvo conformada por las siguientes organizaciones defensoras de los derechos Humanos:

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC

Asociación de desplazados asentados en el Municipio de Barrancabermeja -ASODESAMUBA

La comisión arribó al caserio El Caguí hacia las 3:00 pm y sereunió con 18 personas de la comunidad de San Lorenzo, entre ellos cuatro directivos de la Junta de Acción Comunal: el vicepresidente, la secretaria y dos vocales, así como con la madre de los últimos dos detenidos en esta vereda.

Los representantes de esta comunidad comunicaron que desde hace cuatro meses se vienen presentando capturas de campesinos, como fue el caso de Antonio Bernabé Paraguas, de 60 años; Luz Marina Ramírez Carvajal; y Ana Luz Campo García. Estas detenciones fueron realizadas bajo una orden judicial impartida por el señor Lizandro de Jesús Vega Álvarez, juez promiscuo municipal de Simití (Bolívar), en el marco de una operación conjunta de unidades militares del Batallón Nueva Granada, agentes del DAS, la Armada Nacional y unidades de la Sijín (policía judicial) de San Pablo (Bolívar), quienes en el momento de las capturas no presentaron ninguna orden judicial, los capturados fueron sindicados posteriormente de rebelión.

En repetidas ocasiones se presentan integrantes de la Sijín de San Pablo, acompañados de encapuchados que toman fotografías a los habitantes de los caseríos y son quienes señalan a quien se debe capturar o a quien no, sin presentar la respectiva órden de captura, convirtiéndose esta práctica en un acto ilegítimo violatorio de los derechos humanos.

De otro lado, las unidades militares del Batallón Nueva Granada, que patrullan esta zona se alojan en los caseríos, ingresando de manera ilegal a las viviendas y en ocasiones hurtando los alimentos que tienen las personas para su sustento, usando a la población civil como escudo humano ante eventuales ataques de las guerrillas que operan en la zona, lo que constituye claramente una infracción al derecho internacional humanitario.

El día 01 de diciembre de 2009 fueron capturados ABEL ZUMALABE SARABIA de 50 años de edad y ANÍBAL ZUMALABE SARABIA de 38 años de edad, agricultores de profesión, residentes en esta comunidad, a quienes mantuvieron presos en su propia casa desde el día 01 de diciembre hasta el día 02 de diciembre, fecha en que se los llevaron para Simití, Bolívar. Estas nuevas capturas las realizó el ejército nacional junto con 3 policías de Simití, entre ellos un encapuchado vestido de policía y un desertor que no portaba capucha pero si vestía prendas de uso privativo de la policía, con corte de pelo militar. En el momento de la captura presentaron supuestas órdenes, pues eran muchos documentos. Los uniformados manifestaron que Aníbal tenía una órden de captura desde hace dos años. Estas dos personas también fueron capturadas y sindicadas de rebelión.

La comunidad de San Lorenzo manifiesta que estas dos personas son dos campesinos que trabajan para sostener a su señora madre ANA MARÍA SARABIA de 70 años de edad.

En el momento de estas capturas también preguntaron por el presidente de la Junta de Acción Comunal, quien no se encontraba en el momento.

Cuando se realizaron las primeras capturas hace 4 meses se habló de 23 órdenes de captura, hoy ya se habla ya de 70 órdenes de captura, situación que es alarmante para esta comunidad, por cuanto los habitantes de este caserío no alcanzarían a cubrir la totalidad de las órdenes que pesan sobre ellos, situación que ha conllevado al desplazamiento de la comunidad campesina, ya que no están dispuestos a que sus hijos sean capturados bajo supuestos.

Como organizaciones defensoras de los derechos humanos en la región del Magdalena Medio rechazamos los constantes atropellos de que vienen siendo víctimas los campesinos de El Caguí, en el corregimiento de San Lorenzo del Municipio de Cantagallo, Bolívar.

Solicitamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos que realicen un seguimiento a estos casos para que se verifique la persecución contra esta comunidad campesina y se exija una investigación a las instituciones del Estado correspondientes.