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Foro de derechos humanos y derecho internacional humanitario en San Isidro - Peneya, en Montañita (Caquetá)
“Primero nos llegó el garrote, la zanahoria todavía no nos ha llegado”
Agencia Prensa Rural / Jueves 4 de marzo de 2010
 

En la región de Unión Peneya - San Isidro, inspección del municipio de Montañita (Caquetá), se llevó a cabo el sábado 27 de febrero el primer foro regional por la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Contó con la participación de más de mil asistentes entre asociaciones campesinas, comunitarias y delegados de 26 organizaciones defensoras de derechos humanos y las siguientes personalidades: Álvaro Casteblanco (Defensoría del Pueblo seccional Caquetá), Octavio Collazos (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado), Alfonso de Colsa (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), Milosz Kusz (Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos), Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana (Asodemuc), Rosmery Londoño (Reiniciar, seccional Caquetá), Domingo Emilio Pérez (Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos “Caguán Vive”), Diego Martínez (Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos), Lorena Carrillo (Pastoral Social), entre otros. Asistieron delegados de 72 juntas de acción comunal.

El principal objetivo del Foro fue visibilizar a nivel regional, nacional e internacional la problemática económica, social y humanitaria por la que atraviesa este territorio y buscar alternativas para enfrentar esta crisis que a través de los años se agudiza.

Contexto histórico

Esta zona del sur del país azotada por la violencia y estigmatizada por la presencia de grupos armados ilegales sufre los estragos que dejó la ruptura de los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP en 1998, con los que se buscaba una salida negociada al conflicto armado.

Se creó entonces una zona de distensión que comprendía los municipios de La Macarena, Mesetas, Uribe y Vista Hermosa en el Meta y San Vicente del Caguán en el Caquetá. Al no poder llegar a ningún acuerdo pasados tres años, se rompen las conversaciones, en el marco del Plan Colombia.

A partir del año 2004, bajo el mandato de Uribe Vélez, se inicia la política de "seguridad democrática" y el Plan Patriota, se incrementan las acciones de la Fuerza Pública en contra de la población civil. Con el afán de retomar el control del aquella zona se movilizan 17 mil soldados acantonados en la Sexta División con unidades en los departamentos de Caquetá, Amazonas y Putumayo. Igualmente La Fuerza de Tarea Conjunta Omega cuenta con el puesto de mando en el fuerte militar Larandia.

En el Caquetá hacen parte de esta unidad las Brigadas Móviles 1, 2 y 3 con sede en La Macarena (Meta), la Brigada Móvil No. 9 con sede en San Vicente del Caguán, la Brigada Móvil No. 6 con sede en Cartagena del Chairá, la Brigada Móvil No. 22 con sede en Peñas Coloradas, en el Departamento del Caquetá; la Brigada Móvil No. 7 con sede en Calamar, y la Brigada Móvil No. 10 con sede en Miraflores, en el departamento del Guaviare. Además la unidad cuenta con un componente fluvial con sede en Tres Esquinas en el departamento de Caquetá y un componente aéreo con sede en Larandia.

El 4 de enero de 2004, en la inspección de la Unión Peneya, sus 2.500 habitantes tuvieron que huir para tratar de salvaguardar su vida ya que se enfrentaban a toda clase de vejámenes en medio de las operaciones militares contrainsurgentes. Las denuncias iban desde quema de sus viviendas, robo de ganado, detenciones masivas y amenazas de muerte. Luego de tres años y 23 días en enero de 2007 retornaron voluntariamente encontrando desolación y destrucción, y en noviembre de 2009 en Bogotá les fue otorgado el Premio Nacional de Paz, celebrando que a partir de su regreso sus habitantes iniciaron la reconstrucción de sus vidas y viviendas.

Este hecho es contradictorio. Mientras recibíamos en Bogotá el Premio Nacional de Paz los campesinos eran erradicados como cucarachas con la erradicación manual y las aspersiones con glifosato no sólo a cultivos ilícitos sino también a cultivos de pancoger. “Primero nos llegó el garrote, la zanahoria todavía no nos ha llegado”, expresa el presidente de desplazados de la Unión Peneya, Arlex Gómez.

En este municipio es esencial la presencia del Estado, no sólo con fuerza armada sino con inversión social. Sólo se cuenta con un puesto de salud, hay déficit en docentes, los centros educativos son construidos en madera, sólo hay una carretera central en pésimas condiciones, no hay acceso de luz ni a servicios públicos y no existen programas alternativos para la sustitución de los cultivos de coca.

Exceso de autoridad

En desarrollo de las operaciones militares se denuncian serias y nefastas consecuencias en contra de la población civil. Las extralimitaciones de la Fuerza Pública son evidentes al escuchar más de 90 denuncias hechas por campesinos donde describen la manera de maniobrar, pasando por robos de gallinas y ganado, arrasando con cultivos, ruptura de alambrado. De igual manera restringen el libre transporte de medicamentos esenciales para enfermedades endémicas, herramientas de trabajo y de construcción, grapas, cemento, puntillas, insumos agrícolas, motores fuera de borda y gasolina. Para poder pasar sus alimentos tienen que reportar cuántas personas integran la familia y cuántos trabajadores, actos que violan los derechos fundamentales de todo ciudadano y el derecho internacional humanitario.

Los militares, además, acantonan en escuelas y cerca de las viviendas, se transportan en carros de uso civil, hacen empadronamientos, allanamientos arbitrarios, registros fotográficos, detenciones masivas, desplazamientos forzosos, amenazas y ejecuciones extrajudiciales, como lo denuncian ante la opinión pública en su informe central.

El 5 de octubre, al señor Eduardo Flores, la Policía que custodiaba a los erradicadores le quemó 20 docenas de madera aserrada que tenía dentro de la casa.

En el mes de octubre de 2009 en la inspección del Danubio Peneya, fueron asesinados los señores José Fernando Carranza, Edilberto Rodríguez Alvarado y Andrés Duran García. Les colocaron prendas militares y los hicieron pasar por guerrilleros, cuando toda la comunidad los conoció como humildes labriegos.

Al señor Holvar Avendaño le tumbaron el bosque, le robaron herramientas de labor y excavaron trincheras en su finca.

Se calcula que 700 personas han sido víctimas de detenciones arbitrarias, en las que se cuentan también las que tienen orden de captura vigente entre campesinos y líderes comunales.

En este foro se logró la creación de la mesa local de derechos humanos y el comité de acompañamiento y seguimiento de este proceso. Las denuncias allí acopiadas fueron llevadas por las organizaciones encargadas para darles el trámite correspondiente.

"Exigimos que inmediatamente, tan pronto las autoridades competentes conozcan las denuncias hechas por las comunidades contra la Fuerza Pública por la violación de los derechos humanos, se adelanten las investigaciones de manera rigurosa y se castigue.

Igualmente manifestamos que, de continuar los operativos militares en el área y la erradicación manual sin programas alternativos, nos veremos obligados a adelantar una marcha a la capital del departamento o en su defecto a la capital de la república lo más pronto posible", finaliza el documento central.