El 5 de marzo de 2010, después de cuatro días de juicio oral, el Juzgado Segundo de Barrancabermeja con funciones de conocimiento, en contundente fallo absolvió a siete campesinos del municipio de Sabana de Torres, quienes habían sido privados de la libertad señaladas falsamente de colaborar con la guerrilla.

JOSE VICENTE PARRA NOSA de 44 años de edad; LUCILA PARRA SANDAÑA hija del anterior, de 21 años de edad; MAURICIO MORA de 38 años de edad; LUDY MORALES PÉREZ de 38 años de edad, esposa de MAURICIO y padres de siete hijos menores; EULISES SÁNCHEZ, 37 años de edad, padre de cinco hijos menores; LUIS GUILLERMO LOBO CARDONA de 49 años, desplazado; y GONZALO CARRERO GUERRERO, presidente de la Junta de Acción Comunal y reconocido líder comunitario, fueron capturados el 22 de octubre de 2009, en horas de la madrugada, en sus respectivos lugares de residencia. En su poder no fueron hallados armas, uniformes, documentación, ni ningún elemento que permitiera deducir su posible vinculación con organizaciones rebeldes.

Las labores de investigación fueron realizadas por funcionarios de la SIJIN-Policía Nacional, más concretamente por el patrullero JUAN CARLOS CELIS TORRES, persona que ha coordinado la mayoría de las últimas capturas masivas ocurridas en el departamento de Santander; mismo funcionario que fue denunciado por el Detenido político CARLOS IVÁN PEÑA porque ha efectuado presiones indebidas y amenazas en su contra para que rinda declaraciones falsas que permitan la judicialización de terceros. En comunicado anterior, la FCSPP informó que el confeso rebelde teme por su vida y la de su hijo, más aún después del homicidio de su hermano y la captura de la familiar que se hacía cargo del cuidado del menor; dos únicas personas que lo visitaban en la cárcel de Palogordo.

La fiscalía sustentó el caso de estos campesinos de Sabana de Torres en la declaración de tres supuestos reinsertados de la guerrilla e informes elaborados por la Regional de Inteligencia de la Quinta Brigada del Ejército Nacional –con fundamento en los dichos de los mismos desertores. El ente acusador presentó al juicio a Ángel Pinzón, alias Jaison; Héctor Samuel Gutiérrez Salgado, alias Palomo; y Jaiver Hernández Esteban alias Pechuga; personas que fungen como desmovilizados del frente 20 de las FARC, quienes al ser interrogados por la defensa, incurrieron en graves contradicciones que permitieron evidenciar con facilidad que faltaban a la verdad, por cuanto nunca precisaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar; y cuando se atrevieron hacerlo, mencionaban lugares que no existen o fechas en las que los acusados se encontraban fuera de la región, como es el caso de los señalamientos que formularon contra el campesino LUIS GUILLERMO LOBO CARDONA, quien estaba desplazado en Barranquilla para la época en que los tres reinsertado aseveraron que formaba parte de una célula clandestina en la zona rural de Sabana de Torres.

Cuatro meses y once días soportaron estos siete campesinos privados de la libertad en la prisión de alta seguridad de Palogordo – Girón; alejados de sus familias y soportando el régimen del sistema carcelario que hace de la detención preventiva todo un estado de tortura permanente a personas cuya activada cotidiana es labrar la tierra.

El fallo absolutorio demuestra sin dubitación alguna, que las capturas masivas contra campesinos constituyen un procedimiento arbitrario que pretende mostrar resultados de la política de seguridad democrática del actual gobierno, presentando a humildes campesinos como colaboradores de la guerrilla. Esta injusta privación de la libertad se presentó ante los medios de comunicación como un golpe a las FARC-EP, lo cual suma un problema adicional a estos pobladores de Sabana de Torres, quien luego de haber sido públicamente señalados de auxiliar a esta organización rebelde, deben regresar a su lugar de origen, donde hacen presencia grupos paramilitares que actúan en complicidad con la fuerza pública.

Es necesario, demandar de los organismos que cumplen funciones de policía judicial y de la Fiscal general de la Nación, suspender este tipo de actuaciones por cuanto se vulnera el derecho internacional de los derecho humanos; advirtiendo desde ya, que en caso de suceder actos que afecten la integridad o la vida de los campesinos procesados es responsabilidad exclusiva del Estado colombiano.

La privación de la libertad, no puede seguir constituyendo la regla general en nuestro país; menos aún cuando ésta se basa exclusivamente en los testimonios de personas que reciben beneficios por su supuesta “colaboración” con el gobierno y la administración de justicia. Esta práctica restrictiva de los derechos fundamentales de los colombianos humildes tiene que frenarse; los jueces de la república deben poner fin a la imposición de la detención preventiva intramural y a la expedición de órdenes de captura cuando las solicitudes se basan únicamente en las entrevistas a desertores por cuanto está demostrado que el testimonio se ha convertido en una mercancía.

Hacemos de nuevo el llamado a LA SOLIDARIDAD DEL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS Y DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE TODO EL PAÍS, para que se pronuncien, rechazando las amenazas sistemáticas y las detenciones masivas contra los campesinos/as y líderes sociales que ocurren en Sabana de Torres, Landázuri, Sur de Bolívar, Catatumbo y en general, en el Nororiente Colombiano; requiriendo al Estado de Colombia para que detenga esta política indiscriminada contra la población campesina; exigiendo además, el respeto por las garantías constitucionales para la debida protección de sus derechos y libertades.

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos SECCIONAL SANTANDER-.

Bucaramanga marzo 8 de 2010.