Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
:: Antioquia, Colombia ::
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Informe especial
Nordeste Antioqueño: recursos naturales, derechos humanos y resistencia campesina
Cahucopana / Viernes 27 de abril de 2007
 

El Nordeste Antioqueño es una región del departamento de Antioquia, ubicada sobre la margen oriental de la cordillera central y al suroeste de la serranía de San Lucas. El Bajo Nordeste Antioqueño, que comprende los municipios de Remedios y Segovia, es una zona rica en producción minera y maderera, cuyo proceso de poblamiento por colonos tuvo origen a finales del siglo XVI, los cuales llegaron desde entonces, algunos a causa del conflicto que ha vivido el país, otros en busca de la riqueza minera. Más adelante, con la presencia de la Frontino Gold Mines, empresa estadounidense que llegó al municipio de Remedios en 1869, llegaron a la región algunos colonos provenientes del Bajo Cauca, Chocó, Córdoba, Sucre, Santander y Bolívar. Es así como surge una población asalariada de explotación artesanal minera y de pequeños propietarios de entables (lugares donde se extrae el oro).

Riquezas e intereses económicos en juego

El Nordeste Antioqueño cuenta con grandes extensiones de bosques naturales que albergan gran diversidad de especies silvestres, agua y una gran variedad de recursos que se han constituido por varias décadas como fuente económica de la población campesina de la región; la explotación artesanal del oro se ha convertido históricamente en la base económica de muchas familias, también ha sido el producto generador de muchos conflictos que le ha costado la vida o el desplazamiento a miles de campesinos.

Los intensos conflictos que se han desatado en la zona tienen su principal razón de ser en la lucha por el dominio de la explotación de estas riquezas por parte de agentes externos a los pobladores de la región (las grandes empresas nacionales y trasnacionales del oro), cuyos métodos se basan en el deterioro natural y la expropiación de tierras a campesinos, pues las minas del Nordeste Antioqueño producen un alto porcentaje del oro del país. A ello se suman las riquezas madereras, blanco de la explotación de los grandes empresarios y que se encuentran en su mayoría en zonas de reserva forestal.

A pesar de la enorme disponibilidad de recursos de la zona, no ha existido desde el gobierno una política clara que permita generar desarrollo equitativo para las poblaciones asentadas en la región. Por el contrario, quienes han llegado y gozado de los beneficios han sido los inversionistas extranjeros que desarrollan varias iniciativas de megaproyectos en la región, a través de la explotación mineral y forestal.

Hoy en día nuevas empresas hacen presencia en la zona como la Kedhada, filial de la Anglo Gold Ashanti Mines, segunda productora mundial de oro, a la cual el gobierno nacional le adjudicó 21.986 de hectáreas del territorio para el inicio de la prospección de minas de oro en el Nordeste Antioqueño, las cuales, además, en éstos momentos se encuentran en proceso de titulación, como si se trataran de terrenos baldíos, cuando en realidad están habitadas por comunidades que llevan varias décadas allí. Además, en la región se encuentran otras empresas nacionales como Mineros S.A. (antes llamada Mineros de Antioquia) las cuales se están beneficiando tanto del nuevo código minero como de la expropiación violenta de tierras. Por otro lado, la ejecución del proyecto energético-vial basado en la construcción del puente de Barrancabermeja-Yondo, que representa una plataforma de comunicación de Venezuela con el Pacifico y el resto de América Latina, también ha modificado las dinámicas sociales de la región.

Conflicto y derechos humanos

El Nordeste Antioqueño ha sido por décadas escenario de diversos sucesos de violencia que por su intensidad han dejado huella en esta zona y en sus comunidades, materializadas en masacres, bloqueos económicos, reinsersiones y desplazamientos forzados, señalamientos, intimidaciones, torturas, amenazas, pauperización de las condiciones de vida de los campesinos, entre otras formas de represión ejercida por las partes del conflicto armado, Ejército y paramilitares, principalmente. Con esto, se visibiliza así que con cada nuevo megaproyecto económico que llega a la región, aparecen nuevas manifestaciones de violencia.

Es evidente una ausencia total del Estado en temas cruciales para la comunidad, como obras públicas, salud, educación, crédito agrario y pecuario, administración de justicia, notariado y registro, en fin una ausencia civil institucional a la par de una militarización de la vida campesina.

Contrasta la riqueza en recursos naturales con la situación de pobreza y marginalidad de sus comunidades, las cuales carecen de los servicios básicos de agua potable y luz eléctrica, así como de la atención en salud y educación digna para sus hijos. La región está intercomunicada por caminos de herradura lo que dificulta el comercio (ya de por sí, restringido por el bloqueo), al encarecer los precios de los pocos productos que circulan en la región y dificultando la salida de los que se producen allí.

En educación, la zona carece de la infraestructura necesaria para atender las necesidades de los centenares de niños y niñas que la habita. Las escuelas suelen ser construidas con recursos de los mismos campesinos y los profesores, poco capacitados para la actividad, como bachilleres, a los que sin ninguna preparación pedagógica se les ofrece el cargo de docentes. Por otro lado, las condiciones de seguridad, tanto laboral como física, imposibilitan que se construya un verdadero proyecto educativo en la región.

Actualmente, no existe en todo el nordeste un centro de salud adecuado para atender las necesidades sanitarias de los habitantes de la región, que por sus características climáticas y la ausencia de medios sanitarios, expone a su población a todo tipo de enfermedades, principalmente de origen bacterial (amibiasis) o vírales, enfermedades que en otras condiciones podrían ser controladas, pero que dado el aislamiento de la región, agravado por el bloqueo económico y sanitario, en repetidas ocasiones se convierten en mortales.

En el nordeste se ha visto recrudecer el conflicto a partir de la implementación de estrategias de control que pretenden romper el tejido social, amedrentando a las comunidades, desarticulando así cualquier iniciativa campesina de organización en pro de la defensa y exigencia del respeto de los derechos humanos.

Muestra de ello ha sido la puesta en marcha por parte de las Brigadas V, XI y XIV del Ejército Nacional de operativos militares como la Operación Bolívar, implementada en el 2001 como estrategia en el marco del Plan Colombia, y la Operación Sol de Oriente III, realizada en el mes de junio de 2004 en las zonas rurales de los municipios de Yondó, Cantagallo, San Pablo y Remedios. Desde mediados del 2005 y hasta el mes de julio de 2006 el Ejército desarrolló operativos como el Centella y ahora, desde agosto 1 de 2006 ha venido efectuando la Operación Atenea (diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa) cuyo objetivo es la entrega de miles de hectáreas para la puesta en marcha de los megaproyectos viales, energéticos y de explotación de recursos.

Para hablar de la situación de los derechos humanos en el Nordeste Antioqueño se hace indispensable mencionar un antecedente importante que sin lugar a dudas generó la reconfiguración del conflicto en la región. El 12 de diciembre de 2005, 1922 hombres pertenecientes al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, de los frentes Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio, se desmovilizaron en la vereda San Cristóbal, corregimiento de Santa Helena del municipio de Remedios. Sin embargo, hoy en día en el Nordeste Antioqueño se ha dado el resurgimiento de los grupos paramilitares hoy conocidos como las “Águilas Negras", quienes actúan en asocio con la Fuerza Pública y se reinsertaron en las tropas del Ejército Nacional.

El campesinado del nordeste ha padecido en carne propia el recrudecimiento del conflicto, pues durante los últimos meses (entre septiembre de 2006 y abril de 2007), seis pobladores civiles han sido ejecutados por el Ejército Nacional, que generalmente van acompañados en sus filas por reconocidos paramilitares o reinsertados. Estos, cumpliendo con los requisitos de la reinserción, señalan al campesinado de ser auxiliar de la subversión. Luego, las unidades militares fingen un combate, ejecutan a los civiles, los visten con prendas militares y luego los presentan como “guerrilleros muertos en combate”. Casos como Sigifredo Castaño, Pablo Emilio Agudelo, Guillermo León Benítez, Heriberto Correa, William Sánchez y Carlos Mario García son ejemplos palpables de las ejecuciones extrajudiciales que han cometido contra la población campesina los batallones Calibío y Palagua, adscritos a la Brigada XIV del Ejército, con sede en Puerto Berrío, Antioquia.

En materia de DIH, el confinamiento, la implementación de bloqueos económicos, sanitarios y alimentarios, la no aplicación del principio de distinción y la utilización de civiles como escudos humanos son tácticas de guerra recurrentes realizadas por parte de las Fuerzas Militares, so pretexto de una lucha contrainsurgente cuyo único resultado es la violación de los derechos fundamentales del campesinado y su desplazamiento forzado, con el fin de beneficiar al gran capital extranjero y nacional, pues garantiza una rentable inversión al no tener campesinos que puedan entorpecer los procesos de adjudicación de tierras y repartición de regalías.

El refugio de Puerto Nuevo Ité

En este momento, y desde el pasado primero de abril, 400 personas se encuentran concentradas en un “campamento humanitario de refugio interno” ubicado en la vereda Puerto Nuevo Ité, como respuesta al cerco y a las presiones que la Fuerza Pública ha realizado en contra de la población civil campesina. El refugio surge como una alternativa del campesinado que lucha contra el desplazamiento forzado y el desarraigo ante las fuertes amenazas y el estado de zozobra ocasionado por los señalamientos de ser auxiliares de la subversión por parte de los miembros de la Brigada XIV del Ejército.

La población campesina refugiada en el campamento humanitario ha denunciado el acoso de soldados del Batallón Calibío del Ejército Nacional y de integrantes de la Sijín, quienes los días 10 y 11 de abril intentaron entrar al caserío pidiendo supuestamente verificar que todo estuviera bien. La presión se mantiene y los pobladores temen nuevas arremetidas.

Así mismo, desde los estamentos oficiales se ha generado una campaña de desinformación por medio de los siguientes hechos: un helicóptero de la gobernación de Antioquia arribó el 9 de abril a Puerto Nuevo Ité. En él venían la alcaldesa y el personero de Remedios y un asesor de la gobernación. Los funcionarios públicos visitaron el campamento humanitario y constataron la situación de los campesinos allí desplazados. A su regreso, el asesor de la gobernación manifestó la noche del 9 de abril en Caracol Radio de Medellín que la gente estaba refugiada por amenazas de la guerrilla y que se sentía desprotegida por la ausencia de las Autodefensas, en un nuevo intento por causar confusión en torno a la problemática de estas comunidades y desvirtuar la responsabilidad estatal en la violación a los derechos humanos.

Por otro lado, mediante comunicado público, el comando de la Decimacuarta Brigada ha afirmado que las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones ocurridas en la zona corresponden a "falsas denuncias" que distorsionan la realidad de los "resultados positivos obtenidos por las tropas" y se comprometen a investigar todas las muertes en combate y los posibles casos aislados para que toda irregularidad sea sancionada.

Al refugio llegó una comisión de verificación (del 12 al 15 abril) integrada por varias organizaciones sociales que constataron la situación del refugio, observando los graves problemas sanitarios que han generado enfermedades, la escasez de alimentos, el abandono de algunas veredas, además de las presiones del Ejército.

En medio de este panorama es que nosotros los campesinos del Nordeste Antioqueño hemos decidido resistir y trabajar por la búsqueda de un mejor futuro para nuestros hijos. Nos declaramos en pie de lucha por el derecho al territorio, la vida digna y el reconocimiento del campesino como actor social y político.