Luego que se conociera en el país el resultado de los fuertes combates entre tropas de la Infantería de Marina y las guerrillas de las FARC, en área rural del municipio de Solano, Caquetá, arrojando un saldo de nueve militares muertos y un desaparecido, se produjo la sorpresiva dimisión del Comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, la que podría estar motivada por el descontento del Ejército con el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, quien presuntamente ha mantenida una postura ambigua sobre la responsabilidad de los militares en los casos de los “falsos positivos”, permitiendo con ello el enjuiciamiento de cientos de militares. El alto oficial hace dos semanas había transmitido a todos los generales del Ejército su intención de renunciar a su cargo, decisión que solo comunicó recientemente al presidente Álvaro Uribe, lo cual generó malestar en el mandatario. A esta situación se suma la carta que varios ex generales enviaron a los candidatos a la presidencia de la República, en la que expresaban “el sentir de los militares en activo”, en ella protestaron por el procesamiento de sus compañeros de armas por jueces civiles lo cual ha afectado la moral de las tropas. Esta desmoralización también ha estado asociada a la ausencia de éxitos militares en la lucha contra la guerrilla en los últimos meses. Los militares siempre se han considerado como “un poder fáctico” que debe ser respetado y reclaman que les sea devuelto el ejercicio de la Justicia Penal Militar, para juzgar a sus miembros. Por su parte el general Padilla de León ha asegurado que su renuncia solo está motivada en la necesidad de renovación de la cúpula militar, situación que deberá encarar el ganador de las elecciones presidenciales a partir del 7 de agosto. Entretanto, el Secretariado de las FARC, en comunicado público con motivo del 46º aniversario del surgimiento de esta organización, cuestiona a todos los candidatos a la presidencia por esquivar la paz como una política nacional y por prometer la prolongación de la guerra, a través de la política de seguridad democrática que ha impulsado el gobierno del presidente Uribe, la cual ha resultado en un total fracaso, por cuanto no logró el propósito de aniquilar a las guerrillas pero si sirvió para hacer mas agudo el conflicto, escenario donde las Fuerzas Armadas cometieron graves desafueros, crímenes y violaciones a los derechos humanos. La guerrilla de las FARC concluye invitando a los electores a no acudir a las mesas de votación el 30 de mayo, al tiempo que reiteran su compromiso con “la paz democrática como condición esencial para la reconstrucción y reconciliación de todos los colombianos”. CMI – Tv, El Tiempo, El Espectador, Público – España, Caracol – Radio, Anncol, 22 – 27/05/10

El ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, anunció que se están ultimando los detalles para enviar a Afganistán un contingente de 50 militares antes de agosto. Los militares colombianos serán desplegados como parte de la fuerza de la OTAN, pero bajo las órdenes de la fuerza militar que España tiene en Afganistán. El contingente estará integrado por militares de fuerzas especiales con gran experiencia en combates. De otra parte, movimientos sociales y partidos de oposición al Gobierno en Panamá, denunciaron la presencia de tropas de Estados Unidos en labores de patrullaje en la frontera con Colombia. La denuncia, que ha sido documentada con fotografías, obligó al Gobierno del presidente Ricardo Martinelli a aclarar públicamente que la presencia de militares estadounidenses está relacionada con un proyecto de asistencia cívica humanitaria, a cargo del Comando Sur. Semanas atrás los movimientos sociales han denunciado el emplazamiento en suelo panameño de hasta ocho bases militares de Estados Unidos, hecho que el Gobierno trata de restar importancia diciendo que son solo cuatro y que responden a un acuerdo de cooperación bilateral, en el que la soberanía no está cuestionada. Semana, Caracol – Radio, Telesur – Tv, La Prensa – Panamá, Crítica Libre – Panamá, 22 – 27/05/10

Fuerte impacto han causado las declaraciones de un ex mayor de la Policía Nacional ante un grupo de juristas internacionales, acusando a un hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez de montar y dirigir una banda paramilitar denominada “los Doce Apóstoles”. Juan Carlos Meneses Quintero, el ex oficial aseguró que Santiago Uribe Vélez, hermano menor del presidente, dirigió la organización paramilitar durante la década de los 90 en la región del municipio de Yarumal donde cometió numerosos crímenes con la complicidad de la Policía Nacional destacada en esa región. La denuncia de Meneses Quintero fue difundida por diarios de prensa como Página 12 de Argentina y The Washington Post de EEUU, lo que ha generado malestar en la Casa de Nariño (palacio presidencial) y en círculos familiares y cercanos al presidente Uribe, quienes defienden a la familia del presidente y aseguran que el denunciante ha sido pagado para desprestigiar al mandatario en medio de la actual coyuntura electoral. Por su parte el Nóbel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, uno de los receptores de la denuncia, dijo que pondrá en manos de las autoridades judiciales colombianas la denuncia, pero que acudirá a la Corte Penal Internacional en caso que la Justicia colombiana decida no investigar los hechos denunciados. Entretanto, un grupo de madres y esposas de 3.000 civiles que fueron asesinadas por el Ejército, para luego presentarlos como guerrilleros abatidos en combate entre los años 2002 y 2009, enviaron una carta al Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Prieto Ocampo, en la que denuncian la falta de garantías judiciales en los procesos que se llevan a cabo por los llamados “falsos positivos”. Piden a la CPI que intervenga en la investigación de los hechos, toda vez que no existe en Colombia la voluntad política necesaria para investigar y castigar a los criminales. Los familiares denuncian que cerca de 50 militares altamente involucrado en los crímenes han sido excarcelados por “vencimiento de términos”, lo que equivale a una garantía de impunidad. El Espectador, El Clarín – Argentina, Página 12 – Argentina, CMI – Tv, 22 – 27/05/10

Los desplazados del departamento de Córdoba, denunciarán al gobierno colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplimiento con las atenciones que la ley y las decisiones judiciales le ordenan. Oscar Emilio Zuluaga, uno de los líderes afirmó que tiene en su poder 575 sentencias a favor de los desarraigados, de las cuales ninguna ha sido cumplida por parte del gobierno. Zuluaga reclamó la devolución de las tierras usurpadas y oportunidades para trabajar. Entretanto, el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, en su último informe revela que durante el año 2009 fueron asesinados en Colombia 32 defensores de derechos humanos y 142 mas sufrieron otro tipo de agresiones entre los que destacan 99 amenazados, 17 víctimas de atentados, 15 detenciones arbitrarias, 1 torturado, 3 heridos y 10 procesados judicialmente sin fundamento. El estudio muestra que solo el 9% de los casos es atribuible a las guerrillas, mientras que el 18% es atribuible a instituciones estatales, el 47% al paramilitarismo y en el 26% no se ha podido establecer la autoría. Mientras tanto, en el curso de la semana fueron asesinados dos defensores de los derechos humanos. Se trata de Alexander Quintero, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya, quien fue asesinado por sicarios, en la población de Santander de Quilichao. Días antes el líder cívico había sido amenazado de muerte por la organización paramilitar de las “Águilas Negras”. El segundo caso es el de Rogelio Martínez, líder campesino y miembro activo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) quien fuera asesinado por desconocidos en el departamento de Sucre. El dirigente campesino también había sido amenazado por paramilitares. Por su lado Christian Salazar, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó que los líderes asesinados participaban en procesos de restitución de tierras para víctimas del desplazamiento forzado, y aseguró que el Estado colombiano está en la obligación de tomar medidas contundentes para proteger a los defensores y garantizar los procesos de verdad justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado. CMI – Tv, El Tiempo, Caracol – Radio, Radio Santa Fé, El Meridiano – Córdoba, El País – Cali, 22 – 27/05/10

Fuentes de la Procuraduría General de la Nación anunciaron que el Ministerio Público ha decidido citar al presidente Álvaro Uribe Vélez en calidad de testigo, por ahora, en el marco de la investigación por las interceptaciones y actos delictivos del DAS contra periodistas, opositores al Gobierno, sindicalistas, Magistrados y otras personalidades. El mandatario responderá por escrito un cuestionario. Finalmente, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, incluyó en la lista de grupos armados que violan los derechos de la infancia a las guerrillas colombianas de las FARC y del ELN. Estas organizaciones aparecen en los últimos cinco informes como violadores persistentes, condición para ser metidos en la lista la cual será enviada al Consejo de Seguridad de la ONU. Caracol – Radio, El Espectador, El Nuevo Siglo, 22 – 27/05/10