El Nordeste Antioqueño, por ser un territorio productor aurífero, que cuenta con reservas maderables, y con grandes extensiones de tierras para el mantenimiento de ganadería o el cultivo, ha estado en los ojos de los grandes terratenientes y multinacionales para su apropiación, y con ella, la explotación de sus recursos y reservas.

Desde la década de 1950, en el marco de la violencia bipartidista, los campesinos que allí habitaban empezaron a vivir en constante desplazamiento. Posteriormente, en los años ochenta, la región fue marcada por las masacres perpetradas en Segovia, Cañaverales y Manila, a manos del estado a través de las fuerzas militares y los grupos paramilitares, quienes dejaron a su paso centenas de víctimas.

Al pasar los años la situación no ha cambiado mucho. Quienes lograron sobrevivir a estas oleadas de asesinatos y desplazamientos buscarían una manera de sobrevivir y llevar el sustento diario a su familia. Algunos desarrollaron el trabajo de extracción de oro en minas artesanales sin licencias ni seguros que cubrieran ningún tipo accidente laboral. Otros, con mucho esfuerzo trabajan la madera para venderla en los pueblos más cercanos.

En el año 2002, con la excusa de acabar con los grupos insurgentes que operan en este territorio, se incrementa la estigmatización, las persecuciones, las amenazas, el bloqueo económico y sanitario a la población civil, hasta llegar a fraguarse las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, que se dieron con más frecuencia entre el 2004 y el 2007.

Por tal motivo, en el 2004 más de 400 personas, entre campesinos y mineros, se organizan para defender sus derechos. En primer lugar, el respeto a la vida y la integridad personal (derechos civiles y políticos). Y del mismo modo, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que permitan una vida digna. Es así que nace la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana).

La Corporación ha venido desarrollando un trabajo orientado a la promoción y defensa de los derechos humanos teniendo como referente los 16 casos de campesinos asesinados en lo corrido de los últimos años y la sistemática violación de los mismos con la exagerada militarización.

Igualmente se han realizado cuatro acciones humanitarias y cinco campamentos de refugio humanitario interno.

Su labor ha contado con el auspicio de agencias de cooperación internacional como Misereor, quien financió el proyecto formación de Promotores de Derechos Humanos en el año 2008, y en la actualidad apoya el proyecto de diseño de un plan de ordenamiento territorial alternativo para las comunidades rurales en resistencia del municipio de Remedios, Antioquia.

Este año Cahucopana pretende, con base en investigaciones y análisis, sacar un diagnóstico del impacto que tiene la ejecución de megaproyectos, así mismo identificar las relaciones de posesión y uso de las tierras existentes en la zona y fortalecer la capacidad organizativa de las comunidades rurales así como la interlocución e incidencia frente a las políticas y proyectos que los afectan.

En esta región se encuentra la multinacional AngloGold Ashanti, empresa con sede principal en Sudáfrica que explota veintiún minas en diez países del mundo. En Colombia, sus concesiones están ubicadas sobre zonas con presencia de comunidades mineras y en territorios de reserva natural.

De igual forma, la empresa Frontino Gold Mine, que tiene concesiones en una de las minas más grandes del país en el municipio de Segovia (Antioquia), y que por encontrarse en liquidación desde hace seis años decidió vender activos a la firma canadiense Medoro Resources. Las directivas de ésta han previsto invertir en la Frontino alrededor de 100 millones de dólares para adecuar la producción que hoy es de 55.000 onzas al año. Tengamos en cuenta que poseen titulo minero por perpetuidad.

Todos estos hechos han llevado a que el Estado colombiano, con su maquinaria militar y paramilitar, usando toda clase de tácticas, desplacen a campesinos y mineros de sus tierras.

Las comunidades organizadas persisten y resisten, continúan su trabajo con la orientación de Cahucopana, tomando como primer paso la concientización, para luego identificar los factores que generan las problemáticas en violación de derechos humanos, y posibles soluciones a las mismas. Y reclaman por la población minera y campesina que sufre los estragos que traen consigo las multinacionales.