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México: sentencian a líderes campesinos a 67 años de prisión
Agencia Prensa Rural / Miércoles 9 de mayo de 2007
 

Ignacio del Valle, Felipe Álvarez e Ignacio Galindo, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, fueron sentenciados el sábado 5 de mayo a 67 años y seis meses de prisión cada uno.

El juez primero penal en Toluca, José Blas Hernández, consideró que los labriegos fueron responsables del delito de secuestro equiparado y retención que les imputó la procuraduría del estado de México.

Además, los tres integrantes del FPDT, que se encuentran internados en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, tendrán que cubrir una multa equivalente de 2.476 días de salario mínimo, cada uno, por la reparación del daño.

Los líderes campesinos fueron detenidos junto a más de 200 personas entre el 3 y 4 de mayo de 2006, cuando cerca de tres mil oficiales de la policía estatal, federal y municipal condujeron un violento operativo para terminar con las protestas que llevaba a cabo la organización campesina.

Las reivindicaciones del FPDT tenían que ver con la defensa de la tierra, ya que intentaban que el gobierno del presidente Vicente Fox desistiera de construir un aeropuerto en San Salvador Atenco, en el estado de México. De llevarse a cabo la implementación de este proyecto, hubiera resultado en la expulsión de los campesinos de sus tierras.

Lo que se le imputa a los dirigentes campesinos es el haber participado en el secuestro de funcionarios estatales, a pesar de que sus abogados presentaron pruebas que indicaban que sus defendidos no se encontraban en el lugar de los hechos en el momento en que éstos se produjeron. A más de un año del brutal operativo policial, todavía queda vivo el recuerdo de los heridos, de los dos civiles asesinados durante los enfrentamientos, y de las denuncias por violación y abuso sexual bajo la detención presentadas por varias personas.

La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, que investigó el accionar policial durante el 3 y 4 de mayo, consideró muy grave la sentencia dictada contra los dirigentes campesinos, considerando que se trataba de “una clara advertencia desde el poder del estado al movimiento social para que ceje en su empeño de pedir la libertad de sus presos políticos y de mantener su lucha legítima para decidir sobre sus territorios”.

Desde la justicia mexicana ya se está señalando que dentro de tres meses será posible dictar sentencia contra los demás detenidos; por su parte Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, señaló que no decretará una ley de amnistía a favor de los tres dirigentes condenados, a la vez que el procurador de Justicia, Abel Villicaña Estrada, afirmó que apelará la sentencia, pues a su entender no es lo suficientemente severa, y “no corresponde con la peligrosidad de estas personas”.

Bárbara Zamora, abogada defensora de los tres integrantes del FPDT, calificó como una infamia la sentencia en contra de sus clientes. “Esta claro que por la cantidad de años se trata de una venganza, porque ni las presuntas víctimas los identificaron como los responsables de su retención, por lo cual no existen elementos para sostener una sentencia de este tipo”, puntualizó.