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La primera condena por la toma del Palacio de Justicia no aclara dónde están los desaparecidos
El coronel Alfonso Plazas Vega se convirtió el 9 de junio en el primer militar colombiano en ser condenado por la desaparición de 11 personas en noviembre de 1985, durante la toma del Palacio de Justicia
Andrés Monroy Gómez / Jueves 1ro de julio de 2010
 
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Carteles ubicados al frente del juzgado donde se dictó sentencia contra el coronel Plazas

“Las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia desde que ocurrieron los hechos, han tocado puertas, escrito cartas a todas las autoridades nacionales e internacionales y apelado a la solidaridad de la sociedad que, indiferente, mira de lejos la tragedia de sus compatriotas. La respuesta, durante años, fue la estigmatización y la incredulidad frente a sus reclamos“.

Así lo señaló el Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, publicado en diciembre de 2009.

Respondiendo al clamor de verdad y justicia, el 9 de junio de 2010, luego de 24 años y 7 meses de ocurrida la toma del Palacio, la justicia penal especializada condenó al Coronel (r) Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada de 11 personas en noviembre de 1985. Plazas se desempeñaba como comandante de la Escuela de Caballería en ese entonces.

Mientras tanto, avanza la justicia internacional. Con el caso 10.738, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció la denuncia por estas desapariciones.

Determinar este primer nivel de responsabilidades es el comienzo. Falta aún conocer toda la verdad de los hechos, para que los familiares recuperen los restos mortales de los desparecidos y se complete el duelo por su ausencia.

Los hechos

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Miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) esperan la sentencia contra Plazas. Al fondo, simpatizantes del militar acusado

El 6 y 7 de noviembre de 1985, durante el Gobierno de Belisario Betancur, un grupo de 35 guerrilleros integrantes del Movimiento 19 de Abril (M-19) se tomó por asalto el Palacio de Justicia, sede del poder judicial de Colombia. Con la ‘Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre‘, los guerrilleros buscaban que el presidente Betancur compareciera a un juicio público por lo que consideraban, la traición a los acuerdos de paz.

Una de las premisas con las que actuaron los integrantes del M-19 era que la reacción de los militares no iba a poner en riesgo a los magistrados de las altas cortes que habían sido tomados como rehenes. Sin embargo, el ejército y otros organismos de seguridad reaccionaron con una fuerza desproporcionada, actuando como una rueda suelta del engranaje estatal, en lo que podría calificarse como la cuenta de cobro por las restricciones operacionales a que fueron sometidos por el poder ejecutivo, con el fin de adelantar negociaciones con los grupos subversivos. Dentro de las imágenes que nunca olvidarán los colombianos están las de los tanques de guerra ingresando de día al Palacio de Justicia y en la noche disparando artillería pesada contra el mismo.

El desenlace en cuanto a víctimas mortales no pudo ser más trágico: 11 magistrados de la Corte Suprema, seis magistrados auxiliares, 12 auxiliares judiciales de la Corte, 13 auxiliares judiciales del Consejo de Estado, tres abogados asistentes, un oficinista del Consejo de Estado, el administrador, tres conductores, un ascensorista, seis miembros de la fuerza pública, cuatro agentes de organismos de inteligencia, dos particulares, un transeúnte y los 35 guerrilleros que participaron en la toma.

Once personas (diez civiles y una guerrillera) que estuvieron ese 6 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia permanecen desaparecidas.

Descalificaciones al fallo judicial

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Simpatizantes del coronel Plazas lanzan arengas contra la prensa y familiares de los desaparecidos. Luego de conocerse la sentencia, agredieron físicamente a quienes celebraban por la decisión judicial

Esta es la primera condena contra un oficial del ejército por los hechos del Palacio de Justicia. Una de las victorias conseguidas con esta sentencia es el fortalecimiento de la competencia de justicia ordinaria para casos de delitos de lesa humanidad cometidos por agentes estatales. Así, se evita que estas investigaciones sean adelantadas por la justicia penal militar, situación que no garantizaba los principios de imparcialidad e investigación integral. Al mismo tiempo, es una luz de esperanza para los familiares de toda clase de víctimas de crímenes de Estado, quienes han temido que nunca se haga justicia en cada uno de sus casos.

Pero contrario a lo que se esperaría en un Estado Social de Derecho, altos funcionarios y personalidades de la vida pública se han manifestado en contra de este histórico fallo que reivindica el derecho de las víctimas a obtener justicia por los crímenes de Estado.

El presidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que se siente adolorido y con tristeza luego de conocer la condena contra Plazas, de quien considera que “simplemente buscó cumplir con su deber“, mientras que ninguno de los actores de la toma del Palacio está en la cárcel. Estas declaraciones están precedidas del enfrentamiento entre Uribe y la rama judicial, por las investigaciones contra miembros del Gobierno por actos de corrupción, espionaje ilegal y vínculos con grupos paramilitares. Por su parte, el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, calificó el fallo contra Plazas Vega como un caso de “justicia espectáculo”.

El general (r) Harold Bedoya, ex comandante de las Fuerzas Armadas, calificó la sentencia como una “monstruosidad jurídica” que desmoralizará a las tropas. Bedoya anunció que se reunirán las organizaciones de militares en retiro para analizar la sentencia y dar un comunicado a la opinión pública.

El abogado defensor del militar apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Las víctimas de la búsqueda de la verdad

Durante la notificación de la condena contra el militar, Jorge Molano, uno de los abogados de las víctimas, recordó la labor de José Eduardo Umaña Mendoza, quien durante 13 años acompañó a los familiares de los desaparecidos, y bajo circunstancias que aún permanecen en la impunidad, fue asesinado el 18 de abril de 1998.

En octubre de 2008 se conoció que el suboficial (r) Edgar Villamizar, uno de los principales testigos contra el coronel Plazas Vega, fue amenazado. Luego, por diferentes medios se ha buscado desvirtuar su testimonio sobre el papel del ejército durante la retoma del Palacio de Justicia. También, la jueza tercera penal especializada, María Stella Jara, ha sido víctima de amenazas y seguimientos, por lo que su esquema de seguridad tuvo que ser reforzado. No en vano Amnistía Internacional instó a las autoridades colombianas a garantizar que se haga justicia en todos los casos de las desapariciones del Palacio, recordando que el juez instructor y un abogado de las víctimas recibieron amenazas de muerte.

A los ojos del mundo

A diferencia de los países del Cono Sur, Colombia no estuvo bajo el gobierno de dictaduras militares durante las décadas de los 70 y 80 del siglo XX. Sin embargo, la división de tareas entre políticos y militares dio paso a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, con el objetivo de ‘eliminar al enemigo interior’.

Por esa concepción de ‘orden’ infundida en los militares, no es gratuito que existan cientos de denuncias contra el Estado por violaciones a los derechos humanos. En esta ‘guerra fría’ al estilo colombiano surgieron los grupos paramilitares y se fomentó la estigmatización de organizaciones sociales y las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’, cuyo precio aún se paga con creces en este país.

Por ello, así como se han adelantado procesos de búsqueda de la verdad en Chile, Argentina y Perú, es momento de que el Estado colombiano, comience a examinar sin arrogancia las equivocaciones en el manejo del orden público y pida perdón a las víctimas por los excesos cometidos.

Ojalá no se tengan en cuenta desafortunados ejemplos de otros países, en que los funcionarios que se arriesgan a investigar los crímenes atribuibles al Estado resultan involucrados en procesos penales. Probablemente no sea tarde para tomar conciencia de esto, aún a pesar de los constantes ataques del presidente Uribe contra la Corte Suprema de Justicia y algunos jueces que actualmente procesan a miembros de su Gobierno o de los partidos políticos oficialistas.

Responsabilidades pendientes

Políticos y militares

La juez que dictó la sentencia contra el coronel Alfonso Plazas Vega ordenó iniciar la investigación contra Belisario Betancur, Presidente de Colombia en 1985 y la cúpula militar.

En el caso del Palacio de Justicia, actualmente están siendo procesados los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13 e Iván Ramírez, del comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia. También está vinculado a la investigación el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, para ese entonces comandante del B2, oficina de inteligencia militar.

Aún falta establecer la responsabilidad moral del gabinete de entonces. Algunos de los ministros de la época siguen participando activamente en la política, como Noemí Sanín, quien se desempeñaba como ministra de comunicaciones y ordenó la censura de los medios de comunicación durante la toma del Palacio, situación estudiada por la Comisión de la Verdad, al señalar que:

“Una de las grandes paradojas de la actitud del Gobierno del Presidente Betancur y particularmente, de su Ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, durante el desarrollo de la toma y retoma del Palacio de Justicia, es el relacionado con los medios de comunicación: al tiempo que la escasa información con la que contaban el Presidente y su gabinete sobre lo que ocurría en el Palacio de Justicia provenía casi exclusivamente de las noticias transmitidas por la radio y la televisión, la Ministra tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero el 6 de noviembre de 1985 y ordenar la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas”.

M-19

Luego de un proceso de paz, durante el Gobierno de Virgilio Barco el M-19 recibió el indulto. Todos los miembros del comando armado que participaron en la toma del Palacio de Justicia murieron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 y los máximos líderes del M-19 para esa época ya murieron. Uno de ellos, Carlos Pizarro, fue asesinado luego de desmovilizarse, y actualmente se investiga la participación de agentes estatales en este homicidio.

Los miembros indultados del M-19 participaron en la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la Constitución Política de 1991, hoy vigente en Colombia. También fueron elegidos por votación popular como congresistas o gobernadores departamentales y uno de ellos participó en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales. A pesar de los cuestionamientos de Uribe sobre el M-19, algunos hacen parte del Gobierno, como Rosenmberg Pabón, quien en su época de guerrillero dirigió la toma a la embajada de la República Dominicana en 1980.

Sin embargo, existen cuestionamientos sobre la responsabilidad de esta organización a la luz del derecho internacional humanitario y la participación de capos del narcotráfico en la financiación de esta operación militar.

Los desaparecidos

1. Carlos Augusto Rodríguez Vera: Administrador de la Cafetería

2. Bernardo Beltrán Hernández: Mesero de la Cafetería

3. Gloria Anzola de Lanao: Visitante ocasional del Palacio de Justicia

4. Cristina del Pilar Guarín Cortés: Cajera de la Cafetería

5. David Suspes Celis: Chef de la Cafetería

6. Gloria Stella Lisarazo Figueroa: Autoservicio Cafetería

7. Lucy Amparo Oviedo de Arias: Visitante ocasional del Palacio de Justicia

8. Luz Mary Portela León: Reemplazaba a su madre en el platero en la Cafetería

9. Norma Constanza Esguerra: Proveedora de Pastelería

10. Héctor Jaime Beltrán Fuentes: Mesero de la Cafetería

11. Irma Franco Pineda: Guerrillera M-19

El Informe Final de la Comisión de la Verdad publicado en diciembre de 2009 menciona además a Ana Rosa Castiblanco, auxiliar de cocina, quien estuvo desaparecida por 16 años, hasta que sus restos fueron entregados a su hijo, Raúl Oswaldo Lozano Castiblanco, el 2 de noviembre de 2001.

Enlaces de interés:

Video de declaraciones del coronel Alfonso Plazas durante la toma al Palacio de Justicia – Noviembre de 1985

Reportaje periodístico sobre la tortura y asesinato de la guerrillera Irma Franco, por parte de miembros del ejército

Video de agresiones del coronel Alfonso Plazas a familiares de desaparecidos en mayo de 2009

Video del momento en que los familiares de los desaparecidos conocen la condena contra el coronel Plazas

Informe final de la Comisión de la Verdad – diciembre de 2009

Carta del hijo de Eduardo Umaña, abogado defensor de los familiares de los desparecidos del Palacio de Justicia, asesinado en 1998