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Crisis humanitaria en el nordeste antioqueño: 361 campesinos desplazados de sus tierras
Florencia Mujica / Lunes 14 de mayo de 2007
 

Desde el 1 de abril 120 familias permanecen en un campamento humanitario producto de los asesinatos selectivos que viene cometiendo el Batallón Calibío de la XIV Brigada del Ejército. Las comunidades campesinas denuncian que su desplazamiento ha sido provocado por los intereses que tiene la multinacional minera AngloGold Ashanti en la región. Eran horas de la mañana del 25 de marzo del 2007, en el municipio Remedios, del departamento de Antioquia. Por las aguas del río Tamar, en su balsa cargada de maderas, viajaban Peter (13 años) y Carlos Mario García (21) en un día más de trabajo. Pero ese no sería un día más. En las orillas del río se presentó un grupo de soldados pertenecientes al Batallón Calibío, de la 14 brigada del Ejército, quienes pidieron ayuda a los dos muchachos para cruzar el río.

Más temprano en la mañana, Zaida, la madre de familia donde Carlos Mario trabajaba y vivía, le había dicho que no saliera a bajar las maderas porque el Ejército andaba por allí. Carlos Mario le contestó: “no te preocupes, el Ejército ya me conoce y sabe que soy un muchacho de la comunidad que trabaja para sobrevivir y mantener a mis papás, entonces no me va a hacer daño”.

Los militares aguardaban y los muchachos, aunque desconfiados, no podían negarse ante el llamado del Ejército Nacional de Colombia. Luego de pasar, los oficiales cortaron las ataduras de la balsa para que se desarmara. A fuerza de fusil obligaron a Peter y a Carlos Mario a caminar por el monte. Luego de andar un largo tiempo, los muchachos fueron separados y dos soldados llevaron al menor junto al río. Peter tenía la certeza de que iban a fusilarlo, cuando escuchó que uno de los soldados le decía al otro: “espera un momento”. En ese instante se dejó caer por un barranco y logró escapar. Carlos Mario no corrió la misma suerte. El muchacho de 21 años fue asesinado. La radio del Ejército anunciaba ese día la caída de un guerrillero en combate. Al escuchar las noticias, los familiares y amigos supieron que se trataba, una vez mas, de la perversa estrategia que los militares vienen desarrollando contra los campesinos: vestirlos de guerrilleros, en fusilarlos y asesinarlos, simulando un escenario de combate. Con la muerte de Carlos Mario ya suman 12 las muertes de campesinos, desde septiembre del año pasado, perpetradas a manos del Ejército Nacional de Colombia en el Nordeste Antioqueño. Los asesinatos selectivos en la zona se han vuelto moneda corriente. Según denuncian las comunidades campesinas, el Ejército porta una lista de 27 personas -en la que se encontraba Carlos Mario- que deben ser dadas de baja por ser, según ellos, colaboradores de la guerrilla. Luego del asesinato de Carlos Mario, el 30 de marzo de 2007, el Ejército se dirigió a la casa de Albeiro Guerra. Albeiro no estaba, pero se encontraba su mujer, Francia Duque y sus cinco hijos. El Ejército preguntó por Albeiro, y Francia les respondió que no se encontraba. “Volveremos más tarde”, dijeron “si no lo encontramos, usted y sus hijos responderán por él”. Esta fue la gota que rebasó el vaso. Las comunidades alertadas tomaron la decisión de desplazarse.

“Campamento Humanitario: no se permite el ingreso de actores armados”

El Campamento Humanitario se instaló el 1 de abril del 2007, en Puerto Nuevo Ité, (“La Cooperativa”), como una medida de seguridad extrema para evitar que sigan los asesinatos selectivos. Al campamento llegaron 361 personas provenientes de las veredas Ojos Claros, Dosquebradas, Camelias, Caño Tigre y Puerto Nuevo Ité. El objetivo urgente del campamento es salvaguardar la vida de las comunidades campesinas y hacer presión para que el Gobierno Nacional les garantice seguridad a los campesinos para retornar a sus tierras. La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz en el Nordeste Antioqueño (Cahucopana) son las organizaciones que se han encargado de organizar toda la logística y dar apoyo a las comunidades campesinas para poder instalar el campamento. Por la violencia del ejército, los campesinos tuvieron que dejar todo, sus cultivos, sus animales y para el próximo año aseguran que tendrán una crisis alimenticia ya que el desplazamiento no les permitirá sembrar para la próxima cosecha. Actualmente para poder alimentarse deben volver periódicamente a sus tierras a buscar la yuca, y otros cultivos, a riesgo de que el Ejército los intercepte. La situación en el campamento es de una grave crisis humanitaria debido al hacinamiento, a la falta de alimentos y de servicios básicos.

Intereses en la región

El día 9 de abril la Alcaldesa de Remedios y un asesor de la gobernación arribaron al Campamento Humanitario. Recogieron varios testimonios donde los campesinos explicaron las razones del desplazamiento y se retiraron comprometiéndose a resolver la situación. Por la noche el asesor de la gobernación declaró, en Caracol Radio, que el desplazamiento era producto de las amenazas de la guerrilla, y por la ausencia de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero eso no es lo que los campesinos manifiestan.

Según las comunidades del Nordeste Antioqueño y algunos grupos mineros, la causa del desplazamiento responde a los intereses que la AngloGold Ashanti, multinacional canadiense, tiene en la región. Según las informaciones que ellos manejan, el Gobierno Nacional ha entregado en concesión más de 1.000.000 de hectáreas a la filial de la AngloGold Ashanti, denominada Kedhada en Colombia, para la explotación de oro en esa zona. En este sentido, según los campesinos, la multinacional habría solicitado al gobierno que le entregue las tierras “sin guerrillas ni campesinos”. Además de haber oro en esa zona también se encuentran grandes reservas de agua, de platino y de uranio, lo que la hace realmente deseable a los grandes intereses internacionales.

La resistencia sigue

Las comunidades ya tienen mes y medio en el campamento y aún el Gobierno no ha generado una solución para el conflicto. La última presentación de un ente oficial en el campamento fue el 27 de abril cuando arribaron en un helicóptero un juez militar y un procurador, acompañados por el Ejército. Los funcionarios solicitaron tomar declaraciones de los padres de Carlos Mario y del testigo Peter. Pero la comunidad se negó a que la justicia iniciara las investigaciones ya que exigen que este asesinato, como los anteriores, sean tratados por la justicia ordinaria, ya que se trataba de la muerte de un civil. Hasta el momento la justicia ordinaria no se ha presentado. Por otra parte, según denuncian los campesinos, el procurador afirmó, en esa ocasión, que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y Cahucopana eran quienes estaban obligando a las comunidades a desplazarse. El lunes 7 de mayo se realizó en el campamento una Asamblea Agraria donde los campesinos y campesinas debatieron sobre cómo seguir adelante. En esa asamblea decidieron seguir resistiendo y realizar en el próximo mes una gran movilización en la ciudad de Barrancabermeja para visibilizar la grave crisis humanitaria en la región.

Últimas informaciones

Denuncia pública realizada por Cahucopana y la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, en Agencia Prensa Rural: “Informamos a la opinión publica nacional e internacional que el día de hoy, 9 de mayo de 2007, en la vereda Puerto Nuevo Ité, municipio de Remedios, Antioquia, en el lugar conocido como La Troja, dos hombres armados vestidos de negro, quienes se identificaron como miembros del grupo paramilitar “águilas negras”, llegaron a la casa de Henry Hoyos, presidente de la junta de acción comunal de esta vereda, amenazándolo para que desalojara el lugar en cinco minutos”. A raíz de esta amenaza esta familia debió desplazarse al Campamento Humanitario en busca de seguridad.