Desde sus orígenes, la Unión Sindical Obrera ha luchado por la nacionalización de la industria petrolera, porque revirtieran a la Nación las concesiones De Mares y Barco, y por que el estado diera vida a una empresa nacional petrolera. Fue así como producto de la huelga del 48 se aprobó la ley 165 que ordenó la creación de una empresa que recibiera los campos a revertir y se cristalizó mediante el decreto 2130 de 1951. Desde ese momento, Ecopetrol se convirtió en la primera empresa de los colombianos, encargada de explorar, explotar, transformar y distribuir los combustibles en el país, transfiriéndole a la Nación aproximadamente ocho billones de pesos anuales y 34 millones de pesos en inversiones sociales. Lo paradójico es que desde su creación, los diferentes gobiernos no han cesado en su intención de privatizarla. Por esta razón, nuestra organización sindical y los sectores democráticos hemos mantenido una lucha constante para evitar tal despropósito. Por el contrario se debe aprobar una ley que regule la inversión extranjera y mantenga la integridad de la empresa que le dé autonomía económica, financiera, presupuestal y administrativa, posibilitando estabilidad laboral y técnica dentro de un plan estratégico, desarrollando los macroproyectos de la cadena de los hidrocarburos y biocombustibles, fortaleciendo la implementación del conocimiento y la importación de tecnologías a través de las universidades públicas y el Instituto Colombiano de Petróleos (ICP). Esta lucha se ha enmarcado en la exigencia de expedir una ley marco de hidrocarburos que regule en favor de la Nación la explotación de los hidrocarburos, así mismo hemos tenido que acudir a la huelga como instrumento legitimo de los obreros para defender este importante patrimonio. Por esta lucha hemos tenido que pagar altos costos, más de 110 dirigentes y activistas asesinados, 2 desaparecidos, 10 exiliados, 400 desplazados, procesos penales, despidos y la tercerización de la mayoría de las actividades de la industria.

Álvaro Uribe Vélez, cabalgó en su discurso preelectoral afirmando que en su gobierno no se privatizaría a Ecopetrol. Pues bien, en el año 2003 emitió el decreto 1760 que la escindió y la convirtió en empresa pública por acciones, crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos para quitarle el monopolio de la explotación petrolera a Ecopetrol, y crea la Promotora de Energía. Luego en el 2005 anuncia la venta del 51% de la refinería de Cartagena, decisión esta que se cristaliza en el 2006 vendiéndole este porcentaje a la multinacional Glencore, la cual a su vez le vendió un porcentaje a Petrobrás, transacción en que recuperó con creces su inversión inicial, pero esto para el gobierno tampoco es privatización. En el 2006 tramitó ante el Congreso una Ley con el fin de “democratizar a Ecopetrol” y aprobó vender el 20% de las acciones de la empresa. Este proyecto se convirtió en Ley de la República en diciembre de 2006 (Ley 1118 de 2006). Una vez aprobada esta ley se contrata a la banca de inversión para darle valor a estas acciones, se anuncia que a más tardar en agosto del presente año se hará la primera oferta de las mismas al público, pero el gobierno insiste en que esto no es privatización, es capitalización. Ha salido a invitar a los colombianos a que inviertan en este gran negocio, omitiendo que el tamaño del mismo implica que está reservado sólo a los grandes capitales y que el grueso de estas transacciones se llevará a cabo en la bolsa de Nueva York, es decir, que quedará en manos de las transnacionales, las cuales seguirán presionando por nuevas capitalizaciones hasta quedarse con el control de la industria petrolera colombiana y las relaciones laborales se regirán por el derecho privado del trabajo. Los escasos ahorros de las entidades de los trabajadores no alcanzan ni para completar un dígito del porcentaje accionario de la empresa, su invitación a participar es demagógica. Las grandes transferencias hechas por la estatal petrolera irán a las arcas de las transnacionales, acabando de igual forma con los subsidios a los combustibles y elevándolos a precios internacionales.

La USO hoy está convencida de que la actual composición del Congreso de la República no garantiza medidas nacionalistas a favor de una política que favorezca nuestras propuestas de soberanía y seguridad energética para nuestro país, sino que poco a poco van a seguir siendo entregados nuestros recursos a las empresas transnacionales. Por lo tanto consideramos que una de nuestras tareas principales será promover el cambio de la composición del Congreso de la República con la presencia de parlamentarios demócratas y nacionalistas para el impulso de una ley de hidrocarburos y la definición de una política energética que responda a un modelo de desarrollo que favorezca los intereses de los colombianos y colombianas

Instamos a las fuerzas democráticas y progresistas a mantener nuestro reclamo por defender el patrimonio público más importante, a seguir exigiendo la no privatización de Ecopetrol. La descalificación de lo estatal no se puede soportar en la privatización de la empresa como salida a evitar los despropósitos y la corrupción. Participar en la compra de acciones, además de quedar en ínfima minoría con respecto a los accionistas mayoritarios, es cohonestar con el gobierno en su despropósito de entregar la industria petrolera colombiana a las multinacionales.

Los vientos de nacionalización de América Latina muestran la lucha que se debe desarrollar en defensa de los recursos naturales y en contra de las transnacionales, por eso se requiere la integración, donde se exprese la unidad, la cooperación en la protección de los patrimonios soberanos, fortaleciendo un modelo económico social diferente al imperialismo. La hora nos exige elevar nuestras denuncias, movilizarnos junto al resto de la población y persistir en la unidad con todas las fuerzas democráticas de la oposición, único camino que nos conducirá a la recuperación de la soberanía, el respeto a la vida, el rescate de los derechos de los trabajadores y la dignidad de nuestro pueblo.