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“La Tramacúa”: El Abu Ghraib de Colombia
Primera parte en la serie de la represión diseñada por los EEUU en el sistema penitenciario colombiano
James Jordan / Viernes 20 de agosto de 2010
 

El nombre comúnmente usado para referirse a la prisión de mediana y máxima seguridad de Valledupar es “La Tramacúa.” Nadie sabe con seguridad lo que el nombre significa. Pero es un nombre tristemente célebre en todo Colombia y se ha convertido en sínonimo de tortura, malos tratos y condiciones infernales. El lugar evoca imágenes similares a las que imaginamos al escuchar las palabras “Abu Ghraib” o “Guantánamo”. A diferencia de esas prisiones, La Tramacúa directamente no tiene personal del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, fue la primera de una serie de cárceles en Colombia diseñadas y supervisadas por la Oficina de Prisiones de los EEUU. El gobierno de los EEUU proporcionó al menos USD$4.5 millones para el desarrollo de La Tramacúa.

De hecho, todo el sistema penitenciario de mediana y máxima seguridad de Colombia ha sido reestructurado con la asociación y gestión del gobierno estadunidense. Esta asociación, referida como “La nueva cultura penitenciaria”, marca el comienzo de una “nueva cultura” de represión e intimidación al incrementar la capacidad de estas instituciones en un 40 por ciento, es decir, 24,000 nuevos presos. Los presos políticos colombianos son concentrados en las locaciones más severas y son forzados a habitar cárceles con altas poblaciones de presos paramilitares. Los paramilitares son miembros de “escuadrones de la muerte” privados que están aliados con los militares colombianos, la derecha política, empresarios privados y corporaciones trasnacionales como Chiquita, Drummond Coal y Coca-Cola. Junto con sus aliados militares, son responsables del 80% de la violencia política colombiana.

En el año 2000, el Embajador de los EEUU y el Ministro de Justicia de Colombia, firmaron un acuerdo llamado Programa para el Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano. Sobre la base de este documento, los Estados Unidos proporcionarían apoyo para crear nuevas cárceles en todo Colombia y para reestructurar el sistema penitenaciario tomando como modelo al estadunidense, el cual enfatiza la seguridad sobre cualquier otra cosa, incluyendo la educaión y la resocialización de los internos. La primera de estas cárceles estaría en la ciudad de Valledupar, departamento de César: La Tramacúa. Esta estaba considerada para ser el modelo de la “nueva cultura penitenciaria” y frecuentemente es referida como “la cárcel más segura en todo el país.”

La Tramacúa tiene modernas instalaciones operando desde noviembre de 2000. Con sus modernas instalaciones uno esperaría condiciones modernas. En vez de eso, el único momento en que a los reclusos se les permite el acceso al agua es a través de un chorrito por tan sólo por diez minutos al día. Las instalaciones sanitarias son sucias, están tapadas y no funcionan. A los presos frecuentemente se les da alimentos en mal estado y con heces fecales. En 2001, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, anunció el descubrimiento de contaminación fecal luego de una visita a Valledupar. En 2008, la situación fue corroborada por un análisis microbiano hecho por la Secretaría de Salud del departamento de César.

En febrero de este año una delegación del principado asturiano de España trató de visitar La Tramacúa, pero fueron rechazados—la primera vez que le pasa a dicha delegación. Pero basados en visitas pasadas, entrevistas con reclusos y el trabajo de delegaciones previas, dieron esta descripción:

“El lugar padece temperaturas extremas de 35-40 grados, sin ningun mecanismo de alivio.

“Además [la cárcel] padece de fallos estructurales muy graves, el principal la ausencia de agua, y el deficiente alcantarillado,donde las aguas fecales discurren al descubierto por la cocina..

“Conseguir agua, meterla en botellas de plastico y subirla al segundo, tercer, cuarto, quinto piso, se convierte en la prioridad de sobreviencia de los presos, en motivo de peleas, de coerción y corrupción de los funcionarios.”

Las condiciones sombrías son corroboradas por Tatiana Cárdenas, en un artículo del 13 de agosto de 2009 en el diario colombiano El Mundo:

“Los internos carecen de las condiciones sanitarias mínimas, no hay agua, el lugar está constantemente rodeado de excrementos de los mismos presos que, al no tener cómo evacuar los servicios sanitarios, los arrojan en bolsas hacia afuera de la prisión y los pisos inferiores.

“’El olor se siente desde antes de llegar, es una fetidez que lo hace a uno sentir enfermo, las moscas abundan y el calor es insoportable’ recuerda Catalina [de las visitas a su esposo preso en el lugar].”

Un reporte de Radio Guatapurí ilustra el grado al que las condiciones en La Tramacúa pueden llegar:

“Han pasado cinco días desde que el agua no llega a las diferentes torres [de la cárcel], hasta el punto en que los reclusos pueden llegar al colapso, y a que el centro de reclusión llegue a una inminente emergencia sanitaria debido a la acumulación de materia fecal, y por la poca oportunidad que tienen de bañarse y lavar sus ropas. A lo mucho habrá algo para tomar, dijo un recluso desesperado que llamó a la Tribuna del César.

“Un voluntario del cuerpo de bomberos dijo que el agua está llegando a ‘La Tramacúa’, pero no lo suficiente para sus necesidades.

“El director de los servicios públicos de Valledupar reconoció que hay poca presión y dijo que se debe a que las granjas están rompiendo las líneas del agua del sistema que pasa por el agua con el fin de llevar agua a sus campos de cultivo.”

La desviación del agua a estos campos de cultivo se ha visto exacerbada por el hecho que Valledupar es un gran centro paramilitar. La delegación de Asturias describe “...el robo de agua destinada a la cárcel en las fincas de alrededor, y cuando un funcionario quiso acabar con ese robo, fue destituido. ¿Por qué? por que en Valledupar hay presencia y dominio paramilitar, y esas fincas son de asesinos paramilitares como ‘jorge40’, detentadores del poder politico y económico en la región.”

Debido a las condiciones, Valledupar sufre de una alta tasa de suicidios. Tan solo un mes después de la situación descrita en Radio Guatapurí, un recluso se ahorcó bajo custodia de los guardias. Sin embargo, hay algunos que afirman que no fue suicidio, sino una ejecución.

¿Cuál es la actitud de las autoridades en torno a tantos suicidios? En 2009 en la Torre Nueve, Alexandra Correa, se ahorcó. Cuando la representante de derechos humanos de las mujeres presas, Esmeralda Echeverry, informó previamente que Correa y su pareja, Tatiana Pinzón, amenazaban con suicidarse, la entonces directora del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia), Dra. Teresa Moya Suta, respondió, “Deja que se maten—yo asumiré la responsabilidad.” Una semana después, el segundo al mando del INPEC, Coronel Carlos Alberto Barragán, visitó la cárcel, y se rió en la cara de Pinzón cuando le rogó que fuera transferida de Valledupar. Cuando Moya Suta salió de su cargo, Barragán fue ascendido a director.

Sin embargo, se obtuvo una importante victoria con la clausura de la Torre Nueve y el traslado de las mujeres presas de La Tramacúa. Las presas no han recibido consideración o trato específico por ser mujeres. La torre nueve era también hogar de una de las más grandes concentraciones de presas políticas.

Luego de una campaña de varios años iniciada por las presas y apoyada por la Federación Comité en Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) la torre se cerró el 26 de marzo. Los esfuerzos de la delegación asturiana y las declaraciones de la ONU y de grupos internacionales fueron catalizadores importantes para esta victoria, junto con la lucha de las mujeres y de los que las apoyaban en Colombia. Pero no fue una victoria sin sacrificio. Luciano Romero era un sindicalista y miembro activo de la campaña de FCSPP. Fue asesinado luego de que volvió de una visita de 6 meses a Asturias.

Mientras tanto, las condiciones severas continúan para los hombres en La Tramacúa. El 13 de julio de 2010, la Campaña Permanente de Solidaridad con las Detenidas y Detenidos Políticos/Traspaso los Muros distribuýo una alerta concerniente a los prisoneros de la cuarta torre de La Tramcúa:

“Hoy hemos recibido la información sobre la grave situación de salud que desde hace aproximadamente 3 meses padecen los 40 prisioneros políticos de la Torre 4 en Valledupar. Los alarmantes síntomas que padecen son: Caída de cabello y de uñas, así como sangrado por la boca y al defecar. En repetidas ocasiones han pedido atención médica y la misma ha sido negada por parte del INPEC, así como el suministro de medicamentos que ayuden a disminuir sus dolencias. Hechos negligentes por parte del INPEC que han favorecido la propagación de estos síntomas causados por condiciones de detención insalubres.”

Para los presos políticos y prisioneros de guerra, los problemas se multiplican. Ubicados en el mismo lugar en que se concentran los criminales paramilitares, el peligro de la violencia es una preocupación constante. Los reclusos paramilitares tienen privilegios que no están disponibles para los demás y se sabe que llevan armas, algunas veces proporcionadas por los mismos custodios. Las golpizas, tortura y castigos colectivos son comúnes a manos de los guardias y de las bandas paramilitares.

En un artículo titulado “La vida como un preso político en Colombia”, Vincenzo González escribe, “... las cárceles colombianas se han convertido en ‘teatros de la operación militar’ en donde la autoridad civil está subordinada a la autoridad militar y policial y en donde los derechos humanos universales y constitucionales son violados constantemente…”

De acuerdo con el Colectivo de Presos Políticos “Adán Izquierdo”, fundado por presos pertenecientes a las FARC-EP en La Tramacúa, sus miembros son severamente torturados y gravemente maltrados por los guardias de la prisión del INPEC:

“Cada vez que las FARC hacen alguna acción en contra de paramlitares afuera, los guardias de la prisión castigan a los presos dentro con golpizas y otras formas de tortura. Es su forma de demostrar su lealtad a la estrategia del paramilitarismo de Estado. A los presos se les niega el derecho a mantenerse al tanto de los acontecimientos fuera de las paredes de la cárcel y se les prohíbe recibir periódicos o revistas. No se les permite tener radio o televisión. El obtener tratamiento médico requiere medidas extremas como cortarse las venas de las muñecas para llamar la atención. Esto es a lo que fue obligado el preso Enrique Horta Valle cuando desesperadamente necesitaba ver a un doctor. Frecuentemente se les mantiene en sus celdas las 24 horas del día. A los familiares y amigos que llegan a visitarlos, los paramilitares que patrullan la prisión les advierten que serán asesinados si vuelven a ir. Los guardias del INPEC llegan hasta el punto de señalar que visitantes llegan a ver presos políticos.”

Un estudio británico llevado a cabo a fines de los ‘70 listó algunas de las formas de tortura que sucedían en las cárceles colombianas, incluyendo el ahogamiento simulado, ejecuciones simuladas (usualmente referidas como “disparar” una pistola sin balas a la cabeza), y golpizas con objetos contundentes mientras se encuentran atados de manos. Con la “nueva cultura penitenciaria”, estas viejas prácticas no han desaparecido. En los primeros seis meses de 2008, la oficina de INPEC para el control de la disciplina interna documentó 79 casos de abuso físico y/ó verbal en contra de presos. Esto incluyó huesos rotos, golpizas, ataduras de pies y manos, acoso sexual, amenazas y la negación de cuidados médicos.

Entre abril y junio de 2008, el FCSPP llevó a cabo una encuesta entre 230 presos. Cuando se les preguntó si habían sido torturados al menos una vez durante su estancia en la cárcel, 54% dijeron que sí—46% no respondieron. 86% dijo que habían experimentado tortura psicológica, incluyendo amenazas a familiares o ejecuciones simuladas. Al menos un director de estas cárceles de la “nueva cultura penitenciaria” ha sido entrenado en la Escuela de las Américas en operaciones psicológicas—el coronel José Alfonso Bautista Parra. La Escuela de las Américas es famosa por su entrenamiento en técnicas de tortura, tanto físicas como psicológicas.

La Coalición Colombiana en Contra de la Tortura explica que entre julio de 2003 y junio de 2008, “al menos 899 fueron víctimas de la tortura… De todos los casos en que el supuesto autor es conocido (666 víctimas), en el 92.6% el Estado está involucrado… Durante el mismo periodo, el número de víctimas de la tortura cayó un 43.56% comparado con los casos registrados entre julio de 1998 y junio de 2003. Sin embargo, el aumento por 80.2% en el número de casos registrados directamente atribuídos al Ejército y a la fuerza pública es preocupante.”

En el estudio no se incluyen los casos de cárcel de tortura. Sin embargo, el disparado aumento de incidentes de tortura por la Fuerza Pública puede indicar algo. Muchas de las instituciones colombianas de mediana y máxima seguridad están bajo el comando de oficiales retirados y activos de la Fuerza Pública. Esta es una prueba más de la afirmación de González de que estas cárceles se han convertido en “teatros de operación militar.” Uno también se pregunta si el aumento general de tortura no es tanto una disminución sino una concentración de dichas prácticas en las prisiones.

Los ciudadanos estadunidenses se pueden preguntar porque los EEUU han invertido tiempo, dinero y supervisión en el sistema penitenciario colombiano y, especialmente, en La Tramacúa. El antiguo preso político Gustavo Mendoza explica:

“...el Ministro del Interior recientemente dijo que el sobrepoblamiento [de la prisión] es la causa principal de las violaciones a los derechos de los presos. Como solución, el Ministro anunció la construcción de 11 nuevas cárceles con capacidad para 24,000 presos, un incremento del 40% de la capacidad total a nivel nacional… Por tanto el Ministro da a conocer planes [de acuerdo a los objetivos de] la Fase 2 del Plan Colombia, cuyo tema básico es el control social del territorio… La Fase 2 del plan se realiza a través de la persecución de activistas del movimiento social. Al socavar la llamada ‘confianza del inversor’, estos movimientos sociales son ahora el principal obstáculo para la apropiación de los recursos naturales por parte corporaciones trasnacionales… El incremento en el número de detenidos es ligado también al incremento de conflictos sociales causados por la crisis económica que se asoma en el horizonte, reflejando la dependencia de la economía colombiana con el mercado norteamericano…”

La idea que Colombia debe prepararse para la agitación económica y social, y sus resultados, es entendible. La alternativa a la inversión social y el desarrollo es la “seguridad de Estado.” Después de—el mucho más grande país—Brasil, Colombia tiene el segundo mayor ejército en Sudamérica, con más porcentaje de su presupuesto federal invertido en la guerra (14.2%) que en la educación (13.9%). A pesar de ser el hogar de la mayor población en el mundo desplazada internamente, sólo el 1.7% del presupuesto va a la construcción de viviendas y al desarrollo. Más pobre que sus vecinos, Colombia tiene una tasa de pobreza del 45% de su población, y un 16% de extrema pobreza. La combinación de desplazados + pobreza + falta de oportunidadades e inversión social puede sumar fácilmente descontento.

Pero no puede haber duda que esta “nueva cultura penitenciaria” está siendo desarrollada con presos políticos y con presos con la guerra en mente. Dado que el acuerdo original fue firmado en 2000, los EEUU aceptaron ofrecer el financiamiento, el diseño, y la asesoría para la construcción de al menos nueve cárceles. La construcción de estas cárceles debe verse también en el contexto de la expansión estadunidense de las siete nuevas bases militares en Colombia. Las bases y las prisiones son la mano izquierda y derecha de una infraestructura creada para someter el descontento y la disidencia. Detrás de estas están las corporaciones trasnacionales tratando de abrirse paso y controlar los recursos naturales colombianos y las ganancias que esperan arrebatarle al pueblo colombiano. La disidencia y la resistencia no caben en el panorama.

En la actualidad hay un estimado de 7,500 a 8,000 presos políticos en Colombia. Traspaso Los Muros dice que hay tres tipos de presos políticos: presos de conciencia, detenidos por su oposición a las políticas colombianas, que en la mayoría de los casos tienen acusaciones vagas por “rebelión”; las víctimas de montajes, presos que han sido arrestados sobre la base de montajes e informantes pagados; y prisioneros de guerra, guerrilleros capturados en combate.

“La mayoría de los presos políticos no son guerrilleros. Hay un número estimado de 500 miembros de las FARC-EP encarcelados, de acuerdo a reportajes periodísticos, y un menor número de presos asociados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros insurgentes armados.” Cuando se les pregunta el porque incluyen a los prisioneros de guerra como presos políticos, el grupo explica que la guerrilla existe debido a un conflicto político y económico y, por tanto, necesitan tratarse a través de un proceso político para la paz, basado en el diálogo entre todas las partes. De hecho, el movimiento por la solidaridad de los presos políticos en Colombia está ligado completamente a la lucha por el diálogo y la paz. Los grupos colombianos más progresistas están de acuerdo en que un intercambio humanitario de prisioneros de guerra entre las guerrillas y el gobierno será el primer paso hacia dicho proceso. Pero en los últimos diez años esas liberaciones sólo han sucedido unilateralmente de parte de las guerrillas.

También ha habido de declaraciones tanto del gobierno del nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que han llevado a especulaciones de que el intercambio y el diálogo pueden ser posibilidades reales. El ritmo constante de construcción de prisiones y ocupación de bases militares por parte de los EEUU, junto con el deplorable historial en derechos humanos de estas prisiones, es la evidencia para otra posibilidad: que las detenciones arbitrarias a la oposición política continuará y estas nuevas cárceles serán usadas para remover a la disidencia del ojo público.

Entre 1992 y 2002, hubo al menos 2 mil detenciones arbitrarias que luego fueron desechadas por falta de pruebas. Entre 2002 y 2006, hubo 8 mil de esas detenciones. De hecho, de acuerdo con el Ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, Colombia tiene 2.2 millones de “civiles cooperantes” y 3 mil informantes pagados, haciendo que Colombia sea el país del hemisferio con la red de espionaje más grande—uno de cada veinte colombianos. La mayoría de los que fueron detenidos arbitrariamente pasaron de dos a tres años en prisión antes de que sus casos fueran desechados. La coincidencia en el periódo de construcción de cárceles con el aumento a las detenciones arbitrarias no puede ser coincidencia.

Nota del autor: Hay algunas acciones que la gente puede hacer para mostrar su solidaridad con los presos de La Tramacúa y con todas las víctimas de la llamada “Nueva cultura penitenciaria”, especialmente a los presos políticos. La Alianza para la Justicia Global ha iniciado una campaña llamando a la inmediata mejora de las condiciones en La Tramacúa y para que el Congreso de los EEUU investigue la responsabilidad de la Oficina de Prisiones al permitir que estas condiciones tengan lugar. Aquellos que quieran firmar y/ó circular la petición para la campaña pueden hacerlo en: http://www.ipetitions.com/petition/....

Yesid Arteta, ex guerrillero y antiguo preso en La Tramacúa, ahora escritor viviendo en el exilio en España, ha iniciado un esfuerzo por recolectar libros para una biblioteca en La Tramacúa. Para saber más acerca de esta iniciativa, vaya a: http://librosparalatramacua.blogspo....

La Alianza para la Justicia Globar y Traspaso los Muros están entre los miembros de la Red Internacional con los Presos Políticos de Colombia—la INSPP. La INSPP ha iniciado una lista en inglés y español en la que se invita a activistas a que se unan para mantenerse al tanto de la información concerniente a los presos. La gente se puede unir a la lista enviando su correo a james@afgj.org. La INSPP está estrenando sitio en internet, en donde incluye un saludo de la presa política Lilany Obando en: http://www.inspp.org/.

Los reclusos de La Tramacúa están animados por la reciente victoria de las mujeres en la antigua torre nueve. A pesar de que las terribles condiciones continúan, hay esperanza para ganar las batallas cuando los presos y sus aliados nacionales e internacionales se unen en la lucha. Cuando a los presos políticos y sus simpatizantes se jles pregunta que tipo de solidaridad se necesita de la gente de los EEUU, lo que se repite es que presionemos por un cambio en las políticas del gobierno de patrocinio de la guerra y represión para apoyar un intercambio humanitario de presos y la libertad de todos los presos políticos como un primer paso en el proceso de paz basado en la inclusión y en el diálogo.

Traducción del inglés por Fernando León