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Colombia, conflicto armado y derechos humanos en las regiones campesinas
“Los pobres van a la guerra a combatir y a morir por los caprichos, las riquezas y el superfluo de otros” : Plutarco
International Action for Peace / Martes 26 de octubre de 2010
 

El conflicto político, social y armado de los últimos cincuenta años en Colombia ha modelado la fisonomía de las relaciones políticas y de la situación de la economía interna, produciendo fuertes restricciones a la participación democrática, la vigencia de los derechos humanos y la calidad de vida de la población, además de convertirse en la excusa perfecta para la imposición de políticas militaristas, por parte de sus sucesivos gobiernos.  

Durante los últimos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y el actual de Juan Manuel Santos, se ha fundamentado su actuación precisamente bajo la premisa de que es posible acabar con el conflicto colombiano mediante una estrategia de profundización de la guerra, sin necesidad de buscar salidas negociadas, ofrecer soluciones a las causas que han provocado y mantenido tan doloroso conflicto, y sin actuar sobre los enormes efectos económicos, sociales y psicológicos que cinco décadas de guerra de baja intensidad han producido en la población colombiana.  

Esta política, llamada de “Seguridad Democrática” ha incentivado el involucramiento de la población civil en la guerra y se ha concretado en una estrategia militar conocida con el nombre de “Plan Colombia”.  Éste viene siendo ejecutado de forma conjunta entre el gobierno colombiano y el de los Estados Unidos, convirtiendo a Colombia en una pieza clave de las dinámicas geoestratégicas norteamericanas para la región de América Latina.  

Dicha política de “Seguridad Democrática”, iniciada en el 2002, ha permitido un mayor control de los grandes centros de producción y de las vías de comunicación por parte de la fuerza pública.  Gracias a ello y al destacado papel de los medios de comunicación, que realizan campañas mediáticas a favor del gobierno y las fuerzas militares, la percepción de seguridad en los centros urbanos ha crecido considerablemente. Sin embargo, el conflicto no ha desaparecido, éste se mantiene activo en la mayoría de las zonas rurales del país, hecho que facilita su invisibilización y que provoca el aislamiento y estigmatización de los habitantes de la mitad del territorio colombiano.  

Las promesas gubernamentales de acabar rápidamente el conflicto a través de las armas han producido una fuerte presión sobre la fuerza pública que, en la búsqueda desesperada por conseguir resultados, ha acudido a la delegación del monopolio del uso de la fuerza dando apoyo a estructuras paramilitares en la lucha contrainsurgente, y ha realizado miles de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia con el nombre de “falsos positivos”.     

Se ha documentado por parte de ONGs de derechos humanos colombianas e internacionales y ha sido verificado por observadores y responsables de Naciones Unidas, que los “falsos positivos” han sido una práctica sistemática realizada por la fuerza pública colombiana, que consiste en el asesinato de civiles indefensos, principalmente campesinos, quienes posteriormente son disfrazados con uniformes militares y presentados como presuntos guerrilleros dados de baja en combate.  Se desconoce el número exacto de ejecuciones extrajudiciales realizadas, ya que existe mucho temor a denunciar por parte de los familiares de las víctimas, pero se calcula que han ocurrido entre 2000 y 5000 casos como estos desde el año 2002.

Por otro lado, también los grupos insurgentes continúan cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario en zonas rurales.  Especialmente alarmante, es el uso de minas antipersonal, que ha provocado numerosas víctimas y el aislamiento de muchas comunidades campesinas.   En este contexto, los sectores agrarios están pagado un precio muy alto por la guerra,  tanto como afectados directos de la violencia armada, como por la exclusión social en la que viven. Por ello, y desde la decisión de rechazar la violencia como vía de solución a sus problemas, el principal instrumento de protección utilizado por la población campesina colombiana es el de la organización social y popular, que les permite defender su tierra y sus territorios, exigir el pleno respeto a sus derechos humanos, y en definitiva construir su propio desarrollo a pesar de la posición de vulnerabilidad en la que se encuentran.