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Los intereses privados en la reforma a la salud
Gloria Inés Ramírez / Jueves 9 de diciembre de 2010
 

Unas declaraciones del Senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Moreno Rojas, en el sentido de que en la reforma a la salud que se tramitó en la Comisión Séptima del Senado la República intervinieron intereses privados, desataron la ira de la Presidenta de dicha Comisión, integrante de la bancada de gobierno, Senadora Dilian Francisca Toro, quien en una intervención en la Plenaria del Senado y en declaraciones a la prensa replicó en tono agresivo que “si él tiene sospecha es porque debe ser que comete ese tipo de acciones como legislador”, le pidió que diga quienes son los que se prestaron para permitir la influencia de las EPS en la elaboración del articulado de la reforma y le indicó que más bien debería ayudarle a su hermano, el Alcalde de Bogotá, a resolver los problemas de la ciudad. De paso, involucró a la Senadora Gloria Inés Ramírez, también integrante del Polo y de la Comisión, al afirmar que “nunca dijo en las semanas de trabajo en audiencias públicas y comisiones que las EPS hayan llevado a los legisladores a incurrir en algún tipo de delito.”

Lo que realidad ha hecho la Senadora Dilian Francisca Toro es aplicar la conocida táctica del fútbol de que “la mejor defensa es un buen ataque”. Desde que está en el Congreso de la República, no ha habido reforma a la salud en la que ella no haya participado activamente, siempre defendiendo la política del gobierno, y, por lo tanto, es corresponsable de la profunda crisis en que hoy se debate el sector, pero jamás se ha escuchado una sola autocrítica por sus discutibles procederes. En cambio, reacciona airadamente cuando alguien se atreve a criticarla.

El Senador Iván Moreno Rojas no ha revelado ningún secreto ni ha dicho nada que no sea de dominio público. La influencia de los negociantes privados en la salud es un tema que viene debatiéndose desde hace más de 17 años, cuando se tramitaba en el Congreso de la República el proyecto que después se convirtió en la Ley 100 de 1993, que despojó a la salud de su condición de derecho humano fundamental y la convirtió en una mercancía. Fue esa ley la que les dio vida a las EPS, las IPS, las ARS, las ARP y toda la maraña de entidades de las que hoy derivan inmensas ganancias los negociantes de la salud. De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República, en diciembre de 2008 cinco EPS (SUSALUD, SALUDCOOP, COOMEVA, SANITAS y SALUD TOTAL) estaban entre las 100 empresas más grandes del país, debido a su dinamismo en ventas de servicios, registrando ingresos operacionales superiores a los obtenidos en 2007.

Cada vez que la salud hace crisis, se impone una nueva reforma, siempre con el pretexto de garantizarle el derecho a la salud a la población, pero en verdad para asegurarles las ganancias a los negociantes. Tal fue el caso de la “Emergencia Social” decretada por el gobierno de Uribe en diciembre de 2009, que provocó una inmensa movilización social en su contra y que puso al descubierto turbias relaciones entre el Ministerio de la Protección Social y los intereses privados de la salud.

Acaso ya se olvidaron las denuncias del doctor Germán Vargas Lleras, hoy Ministro del Interior y de Justicia, sobre los multimillonarios contratos y subcontratos del Ministerio de la Protección Social con María Teresa Tono, integrante de la Junta Directiva de la Nueva EPS, Julio Portocarrero, Director Ejecutivo del Centro de Gestión Hospitalaria e integrante de la Junta Directiva de COLPATRIA, dueña de una EPS, y con Augusto Galán Sarmiento, Ex presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ACEMI, que agrupa a la mayoría de las EPS del régimen contributivo, entre otros asuntos, para elaborar los decretos de la Emergencia Social?.

Habrá que ver en qué paran las investigaciones que sobre estos asuntos adelanta la Procuraduría General de la Nación. Al respecto, el diario El Espectador, en su edición del 30 de junio de 2010, publicó: “El procurador sostuvo que los contratistas representantes de las EPS tenían un claro ánimo de lucro, y que sus recomendaciones al gobierno podrían favorecer la rentabilidad de esas empresas”.

Acaso no es de conocimiento público que los intermediarios se quedan con una parte importante de los recursos destinados a salud, que algunos estudios calculan en el 30%, o es posible ignorar los escándalos provocados por los recobros de medicamentos?.

En una ponencia presentada en el Congreso 2010 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, realizado en Toronto, Canadá, del 6 al 9 de octubre de este año, se dice que “El presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia, denunció por ejemplo que medicamentos antirretrovirales usados en pacientes con VIH-Sida (como el denominado Kaletra de laboratorios Abbot) se vendían en Colombia más caros que en cualquier otro país de América Latina. Además, reveló que aunque algunas ONG’s habían solicitado licencia para la producción de este medicamento con el fin de bajar los costos, el Ministerio de la Protección Social había rechazado esta posibilidad.”

Puede alguien poner en duda seriamente que la salud en Colombia se convirtió en un lucrativo negocio que les produce caudalosas ganancias a los capitalistas, y que ese negocio ha sido posible gracias a la política privatizadora del gobierno y a las leyes aprobadas en el Congreso de la República por las mayorías gobiernistas para favorecer los intereses privados?

En cuanto a los dardos disparados por la Senadora Dilian Francisca Toro contra la Administración de Bogotá, resultan pertinentes las palabras de la Presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, en las que afirma: “el gobierno de la ciudad destina hoy el 70% de su presupuesto a la inversión social con registro de avances notables en esta materia: 1. Acceso gratuito universal al sistema público desde el primero al último grado (grados 1 al 11), es decir para un millón cien mil estudiantes; 2. Alimentación complementaria a 750.000 estudiantes de los sectores menos pudientes de la ciudad que ha generado el aumento en el peso y la estatura promedio, según estudio de la Universidad de Harvard; 3. Para compensar la privatización de la salud mediante la ley nacional, acceso universal gratuito a todos los menores de 5 años, mayores de 65 y personas en discapacidad severa con vacunación gratuita contra neumococo y retrovirus que previene enfermedades respiratorias y gastrointestinales; 4. Comedores populares para eliminar el hambre que al asumir el Polo afectaba a cerca de un millón de bogotanos, entre otros logros”.

Lo que pasa es que la Senadora Dilian Francisca Toro es parte de la campaña que adelanta la derecha con miras a recuperar para la oligarquía la Alcaldía de Bogotá.

Para nadie es un secreto que la reforma a la salud que cursa en el Congreso es, con algunos retoques que no cambian lo fundamental, la reedición de la Emergencia Social de Uribe, es decir, la ratificación del carácter mercantilista al que siempre nos hemos opuesto los congresistas del Polo Democrático Alternativo, y que eso no sería posible si las grandes empresas de la salud no contaran en el Congreso de la República con un bancada mayoritaria que se encarga de legislar para protegerles sus negocios.

Respecto de la aseveración de la Senadora Dilian Francisca Toro de que los legisladores no han cometido ningún tipo de delito en el trámite de la reforma, el asunto no debe limitarse a esta consideración, porque si bien todo puede haber sido legal, eso no significa que se haya ajustado a los principios éticos. La ética está íntimamente ligada a la justicia, y es injusto que se favorezcan los intereses de una minoría, en detrimento del derecho a la salud del pueblo colombiano.