Bogotá.

Llegó septiembre y con él un desolador panorama en materia de derechos humanos en el Nordeste Antioqueño. Los continuos hostigamientos que vienen realizando las unidades militares adscritas a las Brigadas V y XIV del Ejército Nacional que patrullan la zona, han generado en los pobladores de la región una zozobra manifiesta.

El 4 de septiembre de 2006, siendo las 8:30 de la mañana, en la vereda Dosquebradas, del municipio de Remedios, Antioquia, cuatro miembros del Batallón Calibío llegaron a la vivienda de Jonathan Alexánder Duarte, quien se encontraba reparando el techo de su casa, y le solicitaron que les mostrara un camino. Los soldados tenían sus nombres e insignias cubiertas. Finalmente se llevaron al joven, amenazaron de muerte a su suegra y a su compañera permanente y tres horas después sonó una balacera. Al día siguiente, en la emisora del Ejército "Colombia Esteréo", el Batallón Calibío da parte de un guerrillero dado de baja en combate en la vereda de Dosquebradas.

Es importante resaltar que en el momento en que la familia empieza a realizar las denuncias pertinentes, la madre del joven confirma que Jonathan Alexánder, como se le conocía en la región, en realidad se llamaba Pablo Emilio Agudelo Sánchez, quien tenía 32 años de edad. Luego de varias indagaciones, se confirmó que el cuerpo sin vida del labriego Agudelo Sánchez se encontraba en el municipio de Remedios, hecho confirmado por el inspector de policía de dicha municipalidad.

Actualmente, la familia de Pablo Emilio Agudelo Sánchez se encuentra desplazada de su parcela padeciendo el dolor que genera la pérdida de su ser querido y con el temor de que sus vidas corran con la misma suerte que tuvo Pablo Emilio.

Igualmente, el día 5 de septiembre, en inmediaciones de la quebrada Caño Dorada, zona limítrofe entre el Nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar, la junta de acción comunal de la vereda Tamar, del municipio de Remedios, realizó el levantamiento de José Manuel Girón, quien murió aproximadamente a la 1:00 pm de ese día por un impacto generado por arma de fuego, al parecer de una escopeta calibre 16. Según manifiesta la comunidad, en esa parte de la región se ha acrecentado la presencia de efectivos de las Brigadas XIV y V, pues es camino obligado para comunicar las zonas del Sur de Bolívar con el Nordeste Antioqueño y viceversa.

Así mismo, en la vereda de Caño Tigre, del municipio de Remedios, el lunes 11 de septiembre siendo las 9:00 de la mañana, cuatro hombres encapuchados, vestidos con prendas de uso privativo de las fuerzas militares y portando fusiles Galil, hostigaron a un familia completa que se movilizaba por el camino de la vereda, tomándoles fotos a cada uno de los integrantes de dicha familia. Minutos más tarde, los 17 niños integrantes de la escuela de la vereda que también se desplazaban por el camino fueron fotografiados por los encapuchados.

Cuentan los pobladores de Caño Tigre que los hombres armados llegaron indagando por varios dirigentes campesinos de la región, al parecer para repetir la historia de Sigifredo Castaño, integrante de la junta de acción comunal de la vereda y miembro activo de Cahucopana, quien fue asesinado al frente de su familia por efectivos del Batallón Calibío el 7 de agosto de 2005 y luego presentado como un guerrillero dado de baja en combate.

La comunidad del Nordeste Antioqueño expresa su preocupación y temor por los desmanes en la conducta de los miembros del Ejército, quienes intimidan con amenazas y agresiones verbales a la población civil, recurriendo con frecuencia a la retención arbitraria de ciudadanos. Estas actuaciones de la fuerza pública se constituyen, sin lugar a dudas, como violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la región e infracciones al derecho internacional humanitario.

Ante estos hechos demandamos:

· A la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación, investigar de manera eficaz e inmediata los hechos anteriormente denunciados.

· Al gobierno nacional, adoptar las medidas necesarias para que los militares que actúan en el Nordeste Antioqueño se abstengan de violentar los derechos humanos de los pobladores de esa zona, respeten el principio de distinción entre combatientes y no combatientes y apliquen a cabalidad las normas consagradas en el derecho internacional humanitario.

Así mismo, solicitamos a la comunidad nacional e internacional estar alertas ante cualquier hecho violatorio a los derechos humanos y al DIH, que se pueda presentar en la región del Nordeste Antioqueño, así como también dirigirse al gobierno nacional para instarle a que se brinden las garantías necesarias para que la comunidad campesina del Nordeste Antioqueño permanezca en su territorio en condiciones dignas, tal como lo enmarca el estado social de derecho.