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Querella contra el ex presidente Uribe por espiar a activistas españoles
Un juzgado español pide a la Fiscalía colombiana que informe si se investiga el seguimiento de defensores de derechos humanos
Dos refugiados políticos colombianos respaldados por plataformas de solidaridad con Colombia han denunciado las actividades ilegales de los servicios secretos
Paco Simón / Viernes 28 de enero de 2011
 

El juzgado de instrucción número 46 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, por el espionaje que durante su gobierno realizó en España el servicio secreto colombiano, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), contra activistas y organizaciones sociales españoles que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

En un informe de la Fiscalía de Colombia hecho público en 2010 consta que el DAS, central de inteligencia dependiente de la presidencia de la República, ejecutó durante el mandato de Uribe la denominada Operación Europa, cuyo objetivo fue desacreditar la labor de solidaridad internacional con las víctimas del conflicto colombiano. Con este fin, agentes del DAS se desplazaron desde Colombia y se instalaron en Europa para grabar conversaciones telefónicas, interceptar correos, vigilar las actividades de las organizaciones de solidaridad, diseñar planes para intentar neutralizarlas y, en algunos casos, tratar de vincular a activistas y ONG con la guerrilla.

Tras conocerse el contenido de este informe, dos refugiados colombianos denunciaron al ex presidente colombiano, a Jorge Noguera, ex director del DAS y uno de los gerentes de la campaña presidencial de Uribe, y a Germán Villalba, agente del DAS destinado en Europa. En la querella se explica que los objetivos del DAS fueron tres defensores de derechos humanos colombianos refugiados en España; dos plataformas de organizaciones e instituciones (Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia); una entidad formada por grupos de Europa y el Estado español (Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia); la periodista española que trabaja en Colombia, Alèxia Guilera; y el abogado José Luis Galán. Después, se supo que la ex diputada de Izquierda Unida Isaura Navarro también fue espiada en 2004 cuando participó en Bogotá en un encuentro de solidaridad con Colombia. El pasado 13 de diciembre, la jueza María Inmaculada Iglesias pidió que se solicite a la Fiscalía General de Colombia, mediante una comisión rogatoria, que informe si los hechos denunciados se están investigando en ese país y, en caso contrario, se requiera toda la documentación incautada en los archivos del DAS en la que se detalla las labores de inteligencia de las que fueron víctimas “ciudadanos españoles o residentes en nuestro país”.

También solicita que se le envíen las declaraciones efectuadas ante la misma Fiscalía colombiana por dos ex funcionarios del DAS en las que éstos afirman que estas actividades de espionaje las ordenó el entonces presidente Uribe.

Bajo las órdenes de Uribe

El 6 de enero, el ex agente Germán Villalba reconoció ante la Fiscalía colombiana que vivió en Europa, donde realizó seguimientos ilegales a defensores de derechos humanos, políticos y miembros de ONG. También confesó que, por orden de Jorge Noguera, creó una red de espionaje en Europa y pagó altas sumas de dinero a personas para que recopilaran información de las labores que llevaban a cabo defensores colombianos y extranjeros de derechos humanos.

Por su parte, la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, que incluye a la mayoría de los activistas y organizaciones espiadas, presentó el pasado 23 de diciembre escritos en la Embajada de Colombia y en los consulados en los que se exige explicaciones sobre la actividad ilegal del DAS en España y se pregunta sobre las medidas adoptadas para que no se vuelva a repetir. En los últimos meses las actuaciones administrativas y judiciales en Colombia por el caso del DAS han implicado al propio Uribe y a personas de su máxima confianza. Dos ex altos cargos del DAS han sido condenados a penas de cárcel y la Procuraduría General de la Nación, cuya función es vigilar el correcto funcionamiento de la función pública y garantizar la protección de los derechos humanos, ha destituido e inhabilitado a nueve funcionarios del Gobierno de Uribe, entre los que figuran el ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno (18 años de inhabilitación) y tres ex directores del DAS (Jorge Noguera fue inhabilitado por 20 años).

El ex director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, confesó en julio de 2010 que Bernardo Moreno y la también inhabilitada ex directora del DAS, Pilar Hurtado, ordenaron espiar a líderes de la oposición política –como los senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba–, magistrados y periodistas por “el especial interés del presidente Álvaro Uribe”. La ex subdirectora de Operaciones del DAS, Martha Leal, corroboró en octubre ante el fiscal que sus superiores también le ordenaron los mismos objetivos porque “esta información, según palabras del doctor Peñate [ex director del DAS], era requerida por el entonces presidente Álvaro Uribe”. El ex presidente ha desmentido estas declaraciones, pero reconoce que aconsejó a algunos de sus antiguos colaboradores que pidan asilo político en otros países –Pilar Hurtado ya se ha refugiado en Panamá– porque en Colombia “no tienen garantías”.