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Los desplazados en Cúcuta: haciéndose visibles
Freddy Ordóñez / Jueves 19 de julio de 2007
 

A las nueve de la mañana del miércoles 18 de julio, mil personas se encontraron en el coliseo Toto Hernández, de la ciudad de Cúcuta, para empezar la llamada Gran Marcha de la Población Desplazada, convocada por la Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander en el marco de los 10 años de la Ley 387 de 1997. La marcha fue apoyada por organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos como el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, el Movimiento Regional de Victimas de Norte de Santander, Promopaz y Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

La posibilidad de una marcha de este tipo en la ciudad de Cúcuta hace un par de años era impensable. Esta ciudad continua aún bajo el poder de los grupos paramilitares (principales responsables del desplazamiento forzado en el departamento), ahora por medio de los grupos llamados “Águilas Negras”. Por eso, y no por la cantidad de marchantes, es que considero muy acertado su nombre: “gran marcha”. Esta gran marcha por la dignidad y visibilización del desplazamiento forzado contó con participación de asociaciones de desplazados de El Zulia, Cucutilla, El Tarra, Ocaña, Sardinata, Ábrego y Cúcuta; así mismo estuvo presente en la movilización la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), organización campesina cuyos orígenes están ligados con el desplazamiento forzado y cuyos integrantes han vivido el desplazamiento.

La Mesa de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander nació en el año 2003, como resultado de la falta de atención por parte de las autoridades del Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada en Norte de Santander, para propiciar y facilitar el proceso de interlocución con las autoridades y entidades locales, departamentales y nacionales, buscando el fortalecimiento organizativo y la incidencia política de la población desplazada. Inicialmente contó con organizaciones de población desplazada pertenecientes a 7 municipios, hoy cuenta con organizaciones pertenecientes a 11 municipios del departamento.

En Norte de Santander, según la Agencia Presidencial para la Acción Social, entre 1999 y el 2004, se presentó la expulsión por causa del conflicto de 48.566 personas1, pero como siempre las cifras del gobierno son menores, tal vez para invisibilizar y disminuir el fenómeno. En los mismos seis años la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), registra 95.655 personas2, casi el doble de las cifras oficiales, en su mayoría desplazadas de la región del Catatumbo y del área metropolitana de Cúcuta. La magnitud ha sido tal que en el año 2004 el municipio de El Tarra tuvo una tasa de desplazamiento de 651,7 por cada cien mil habitantes, ubicándose como el sexto municipio a nivel nacional entre los que más expulsaron ese año población civil a causa del conflicto3. A esto se le debe sumar el robo de tierras y propiedades inmobiliarias. Según el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (ong que trabaja con población desplazada del Catatumbo), los paramilitares expropiaron durante su permanencia en la zona entre 100 mil y 150 mil hectáreas. El Bloque Catatumbo durante su desmovilización en diciembre de 2004 entregó cerca de 6.500 hectáreas. Este robo de tierras, en el caso de la población campesina, se relaciona directamente con la violación del derecho fundamental a la vida.

Pero la negación del desplazamiento forzado es común en las administraciones locales y en la departamental. Según integrantes de la Mesa de Fortalecimiento, en más de una ocasión el alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, ha negado la existencia de personas desplazadas en la ciudad, y cuando reconoce el desplazamiento forzado señala: “eso es con Acción Social, no conmigo”.

Frases como: “inversión social para prevenir el desplazamiento”, “necesitamos retorno y reubicación”, “no más impunidad” “¿qué pasó con nuestras tierras?”, se repitieron a lo largo de la marcha que se detuvo unos minutos en la Avenida Cero con calle 10, frente a la sede de Acción Social, donde los marchantes se quejaron por la tramitomanía, especialmente para agilizar las ayudas humanitarias de emergencia. También en la sede de la Defensoría del Pueblo se hizo una pausa para recalcar, a grito abierto, el compromiso que tiene esta institución con los desplazados, aunque señalan algunos líderes que la Defensoría, en cabeza de Carmen Ligia Galvis, es más consciente de las dimensiones del fenómeno.

Al llegar a la Gobernación, los ánimos de quienes marchaban se calentaron, al ver que las puertas de la institución se encontraban cerradas y que el gobernador, Luis Miguel Morelli, no se encontraba y no podría escucharlos. “Para pedirnos votos sí hablaba con nosotros y nos escuchaba”, “dé la cara, perro” dijeron las desplazadas, con tal rabia y dolor que únicamente quienes hemos vivido el desplazamiento podemos entender, porque “grosería no son las palabras sino la forma como se trata al desplazado” indicó un marchante a alguien que abogaba por el buen uso del lenguaje. La policía que estaba en los alrededores mandó a desocupar la Avenida Quinta, pero antes se logró que una comisión de 12 personas entrara a la Gobernación y se reuniera con las autoridades departamentales, en cabeza del gobernador encargado Manuel Alberto Luna. Esta reunión finalizó con un acta de compromisos, que incluyó la revisión de los compromisos adquiridos a nivel departamental en el proceso de retorno de 165 familias en mayo de 2003; la participación de representantes de los desplazados en el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada; gestionar y promover la participación activa de autoridades municipales, entre otros.

A los desplazados de Norte de Santander les falta camino por recorrer, pero no son caminos que recorrerán de manera forzada, son recorridos que harán de manera voluntaria y organizada para exigir el cumplimiento de la Ley 387 y de la Sentencia T – 025 de 2004, caminos de unidad y de dignidad, de exigibilidad de derechos, haciéndose visibles ante el poder que ya no los puede invisibilizar más.