El 25 de noviembre de 2010, Juan Manuel Santos anunció ante el Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura, la venta de otro 10 por ciento de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol. El porcentaje se suma al 20 que autorizó la Ley 1156 de 2006, del cual ya se materializó el 10,1 por ciento. Como resultado del subsidio ofrecido a los concesionarios viales, los ministros de Hacienda y Minas radicaron en las postrimerías de las sesiones ordinarias del Congreso un proyecto de ley. Se aspiraba a un trámite relámpago, sin discusión y participación seria de todas las fuerzas políticas. Pero el 29 de diciembre, amparado en las potestades de la declaratoria del Estado de Excepción, el presidente y sus ministros firmaron el Decreto Ley 4820 de 2010, con lo que se le daba el pase a la oferta del 25 de noviembre. Se caía, entonces, el trámite iniciado ante el Congreso, pero, ¡oh sorpresa!, el lunes 31 de enero los doctores Echeverry y Rodado le piden al Senado y a la Cámara continuar la discusión de una ley que ellos mismo habían solicitado retirar días antes. ¿Qué se esconde detrás de este galimatías gubernamental?

Los Estados de Excepción como el decretado el 7 de diciembre de 2010, le permiten al presidente usurpar transitoriamente funciones propias del Congreso, poder que no es omnímodo. La Constitución y la ley imponen límites al ejercicio de esta facultad. El Artículo 215 de la Constitución señala que los decretos ley sancionados deben estar “destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.” Luego las medidas deben tener el único propósito, como lo ha expuesto en repetidas ocasiones la Corte Constitucional, de “atender con la prontitud y eficiencia requeridas el imperativo urgente e ineludible…de ofrecer solución inmediata y real a la circunstancia específica objeto de alarma, por lo cual [el gobierno] apenas puede asumir facultades restringidas, circunscritas a ese definido y delimitado propósito, preservándose en lo demás el principio constitucional que confiere al Congreso la potestad de expedir las leyes” (Sentencia C-136 de 1999).

A la fecha no se ha vendido una sola de las acciones de las que habla el Decreto 4280. El ministro de Hacienda acepta que el 10 por ciento se colocará entre el 2011 y el 2014 (El Colombiano, ene.13.11). Y Bruce Mac Master, viceministro de Hacienda, explica que la privatización “no saldría en este trimestre” (Portafolio, ene.24.11). Además, por cuenta de la modificación de las leyes de presupuesto de 2010 y 2011, el gobierno dispuso 4,6 billones para apoyar la atención humanitaria, dineros que se suman a lo consignado y a lo ya gastado a través del Fondo de Calamidades. Vender el 10 por ciento de Ecopetrol no ostenta el carácter de urgente, lo que hace al Decreto 4820 inconstitucional, cosa que olfatea el gobierno y por eso solicito al Congreso continuar el trámite de la ley presentada en diciembre. ¡Que falta de seriedad!

Con la venta serían recaudados 16,5 billones de pesos para la construcción de infraestructura vial. A finales de 2009, Andrés Uriel Gallego, planteó vender el 15 por ciento de la compañía con el objetivo de subsidiar a los propietarios de las concesiones viales de la Transversal de las Américas, la Autopista al Llano y las Autopistas de la Montaña. Antanas Mockus y Sergio Fajardo explicaron que, además de estar de acuerdo con la privatización, lo adecuado era gastar esa plata en educación. Jorge Humberto Botero, ex ministro de Comercio de Uribe y actualmente vocero de los exportadores privados de café, señaló que lo “óptimo” era que Ecopetrol pasará en su totalidad a manos privadas y expresó sus dudas sobre la necesidad de los proyectos propuestos por el ministro de Transporte de entonces. En la discusión existen, entonces, dos aristas que suman a la ilegalidad del proceso efectuado hasta ahora: la conveniencia económica y política de privatizar otro 10 por ciento de Ecopetrol y el destino de los dineros a recolectar. En otra oportunidad trataremos lo relacionado con el lugar a dónde irían a parar los recursos que se recolecten con la venta planteada por el gobierno.

Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia, está integrada en la cadena del petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales de Latinoamérica. En Colombia genera más del 60 por ciento de la producción nacional y tiene negocios en Brasil, Perú y Estados Unidos. Es propietaria de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena y de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país. Entre 2006 y 2009, sus ingresos pasaron de 18,3 a 27,6 billones de pesos. En 2008 ascendieron a 32,7 billones. Lapso en que también creció la producción petrolera nacional y la de Ecopetrol. En 2009 le giró al gobierno nacional, entre transferencias e impuestos, 18,7 billones de pesos y aporta cerca del 20 por ciento del impuesto al patrimonio. Es la gallina de los huevos de oro.

Pero los buenos resultados no provienen, en parte significativa, del desarrollo de una política petrolera acorde con el interés nacional o de la buena gestión en su administración, que desde su nacimiento, en 1951, se ha movido, salvo algunas excepciones, entre los intentos sucesivos por liquidarla, estrangularla o moverla inercialmente en favor de las trasnacionales y, recientemente, ponerla al servicio de los intereses de la especulación bursátil. Después de que en 1974 se implementara el contrato de asociación, que obligaba a las empresas extranjeras a asociarse con la estatal una vez gastaran por su cuenta y riesgo los costos exploratorios, y de que en los ochenta se diera la mayor actividad exploratoria, llegaron los “felices” noventa. En 1994 se le quita la autonomía financiera; aunque se crea Ecogas esta no fue parte de Ecopetrol, quien cargaba con las deudas de la construcción de la red de gasoductos por parte de terceros, además la estatal perdió 600 mil millones de pesos en su venta; la decisión de desarrollar el plan maestro de la Refinería de Cartagena y el plan de modernización de la de Barrancabermeja tardó más de una década; fueron vendidos los Terpeles, sacando a la empresa del negocio de la distribución minorista de combustibles, que reporta ingresos por más de 3 mil millones de dólares anuales; los contratos de asociación Cravo Norte y Chuchupa, que le revertirían en su totalidad a principios de la presente década, fueron extendidos hasta el final de su vida económica, con pérdidas de miles de millones de dólares; se regresó, en contra de Ecopetrol, al colonialista contrato de concesión, que rememora las malhadadas concesiones Barco y de Mares y; se inicio su privatización, la cual Santos, hoy pretende continuar.

El proceso de marchitamiento, lo explica Margarita Mena de Quevedo, ex ministra de Minas y Energía, en su libro Jaque mate a Ecopetrol (3R Editores, 2006). Dice la ministra del gobierno Barco: “...en los primeros años de la década de los noventa...la toma de decisiones comienza a resquebrajar su estructura organizacional, estrechar su radio de acción, disminuir su actividad propia en exploración y producción de hidrocarburos, y, en general, a someterla a un proceso de marchitamiento y de ruptura de su aparente posición dominante en el transporte, refinación y distribución de combustibles, hasta la pérdida de la administración de los petróleos nacionales desde el primero de enero de 2004.”

En relación con el comportamiento reciente de sus ingresos, estos se explican fundamentalmente por el del precio internacional del petróleo y porque el gobierno, desde 1998, decidió paulatinamente atar el precio interno de los combustibles al del petróleo WTI (que se extrae en el Golfo de México) y no a la economía de Ecopetrol, que sumado a los altos impuestos, hacen que los colombianos paguen una de las gasolinas más caras del mundo.

El shock petrolero de 2008, que llevó el precio del crudo a cerca de 150 dólares por barril, no fue producto de líos económicos o geopolíticos, como en 1971, 1979 y 1986, sino por la especulación, producto de convertir el oro negro en un commoditie. El volumen de capital especulativo invertido en 2008 en los mercados internacionales de futuros, comparado con 2003, se multiplicó casi por 20, llegando a 260 mil millones de dólares y “cerca del 50% de este capital” se utilizó en los negocios de futuros de petróleo. Actualmente, según cifras de la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), el “volumen total de los contratos de futuros de petróleo ha sobrepasado los 1,000 millones de barriles...El alto precio del petróleo impulsado por la excesiva especulación constituye una seria amenaza para la seguridad energética, el crecimiento económico y la estabilidad social del mundo.” (La cadena del petróleo 2009, UPME, pp. 31) Desde 2008, la Reserva Federal Norteamericana ha emitido más de dos billones de dólares, causa de las burbujas en distintas bolsas del mundo, de la revaluación de muchas monedas, entre ellas la colombiana, y del aumento del precio del petróleo, que crece no solo por la mayor demanda China y de otras potencias en ascenso.

La venta de acciones de Ecopetrol iniciada en 2007 se justificó en la necesidad de unos recursos que la empresa habría conseguido en otro lugar, sin que se diera paso a que la Nación saliera de parte de su participación accionaria. Fueron colocadas 4 mil millones de acciones a 1.400 pesos y se recaudaron 5,7 billones. A la fecha, a los dueños de las acciones, estas le han reportado una ganancia por valorización de 12 billones de pesos. Y la empresa les ha entregado por distribución de utilidades 1,8 billones de pesos. Las ganancias por valorización de las acciones son 6,7 veces las percibidas por la operación de la empresa. Es en la especulación bursátil donde se halla el real negocio de la privatización de Ecopetrol, ingresos en los que la nación no participa y que, por transferencia de utilidades, le significarán al gobierno, de llegar a privatizarse el 30 por ciento de la empresa, una pérdida de 43 billones de pesos en diez años. Para favorecer los intereses del capital financiero, se mata la gallina de los huevos de oro.