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Una mina amenaza el derecho al agua
Un proyecto minero de la compañía canadiense Greystar amenaza con contaminar el agua potable de dos millones de personas en Santurbán, al noroeste de Bogotá.
Miguel Ramos / Jueves 3 de marzo de 2011
 

El derecho al agua potable de dos millones de personas en Colombia está amenazado por un proyecto de minería a cielo abierto en el páramo de Santurbán. La empresa canadiense Greystar Resources está a la espera de obtener autorización gubernamental para emprender la extracción de oro, plata y otros minerales en esta localidad, capital del departamento de Santander, ubicada a poco más de 300 kilómetros de Bogotá. En Santurbán nace el principal afluente del acueducto de Bucaramanga que provee de agua a la zona. Si el Gobierno de Juan Manuel Santos autoriza la extracción, las consecuencias sociales y medioambientales del uso de 700 toneladas de explosivos y 1.200 de cianuro al mes serán inconmensurables. En un día de explotación minera se gasta la misma cantidad de agua que utiliza una ciudad de 600.000 habitantes. Alrededor de dos millones de personas se verán privadas de agua potable por la contaminación química de las cuencas de los ríos y la disminución del caudal de los mismos.


Grave impacto ambiental

Todo ello conlleva, además, un grave riesgo ecológico en una zona de lagunas que supone un valioso ecosistema donde habitan numerosas especies en peligro de extinción, como reptiles, anfibios o mamíferos. Dada su importancia, esta área amenazada fue protegida por la ley colombiana; el Código de Minas excluye expresamente a los páramos de cualquier tipo de actividad minera. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, es posible que el proyecto reciba la licencia ambiental ya que el presidente Santos ha incluido a la minería dentro de las llamadas “locomotoras del crecimiento”, y la decisión final se tomará en un despacho que recibe órdenes directas del ministerio de Medio Ambiente. Así lo denunciaba Manuel Rodríguez Becerra, ex ministro de Medio Ambiente, en el diario El Espectador. Para Rodríguez Becerra “la decadencia y pérdida de capacidad técnica de esa cartera (…) abre la puerta de las suspicacias pues, en lo que respecta a las licencias ambientales, tienen ocho funcionarios a tiempo completo y 180 contratistas, buena parte de los cuales lo único que aspiran en su vida es ir a trabajar a la Greystar”. El ex ministro también señala al ex presidente Uribe como impulsor de este modelo de desarrollo, ya que fue él quién recibió los estudios de impacto ambiental favorables, como el de la mina La Colosa, ubicada en una zona de reserva forestal del departamento del Tolima, en el oeste de Bogotá. Para comprender las causas de esta grave amenaza minera hay que recordar la crisis financiera internacional ya que la debilidad tanto del dólar como del euro han hecho que inversionistas y bancos centrales inviertan en oro. En los últimos meses, la onza de este metal ha rozado los 1.600 dólares. En enero, el diario Financial Times abrió el debate en torno a la vuelta al patrón oro.

Motor económico

Con el proyecto que afectará al Paramo de Santurbán, el Gobierno colombiano no respeta su propia ley y apuesta por la minería como motor económico. Esta amenaza a la vida de tantas personas ha provocado una reacción demoledora a nivel regional y nacional. Una mayoría del pueblo santandereano junto a la sociedad civil y las autoridades estatales se ha opuesto al proyecto minero. Para este fin se ha creado el Comité de Defensa del Páramo Santurbán y el Comité de Defensa del Agua de Santander, dos espacios que han dinamizado la oposición a la mina y que ofrecen información a la ciudadanía. La negativa al proyecto de Greystar también está avalada por instituciones como la Sociedad Santandereana de Ingenieros que confirmó “la inconveniencia de la aprobación de licencias ambientales para los proyectos de explotación minera a cielo abierto” . También la Federación Nacional de Comerciantes envió una carta al presidente Santos en los siguientes términos: “Apoyamos las locomotoras de su Administración como motores del progreso, crecimiento y, más que de éste, del desarrollo económico de nuestro país, en la medida que éstas se desplacen sobre el ‘riel del desarrollo sostenible’, es decir, satisfaciendo las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades y recursos de las generaciones futuras”. De momento, la decisión del ministerio de Medio Ambiente se hará pública el 4 de marzo, día en el que se celebra una audiencia pública en Bucamanga.