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Bajo Cauca antioqueño: radiografía de una protesta poco comprendida
Campesinos de la región reclaman mayor apoyo y presencia del Estado
Agencia de Prensa IPC / Sábado 12 de marzo de 2011
 

Con la visita del Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, al municipio de Tarazá el pasado viernes 4 de marzo, la Administración Departamental dio por conjurada la segunda movilización campesina que se registraba en el departamento en menos de un mes. Ya el 28 de enero, el Gobierno departamental debió enfilar sus baterías para atender las protestas registradas en el casco urbano de Anorí, Nordeste antioqueño, hasta donde llagaron más de cinco mil labriegos para exigir el cese inmediato de las fumigaciones aéreas contra los cultivos de hoja de coca.
Lo que no esperaban las autoridades departamentales era que tres semanas después presenciarían una nueva concentración masiva, esta vez en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, hasta donde llegaron más de dos mil campesinos de toda la subregión para exigir, al igual que los labriegos del Nordeste del departamento, la suspensión de las aspersiones con glifosato.
A diferencia de lo ocurrido en Anorí, no era la primera vez que los pobladores del Bajo Cauca formulaban esta petición. En 2008, Tarazá fue epicentro de cuatro desplazamientos masivos en señal de rechazo por las fumigaciones aéreas. En 2009, habitantes de los corregimientos El 12 de esta localidad y Puerto Valdivia, de Valdivia, marcharon por la troncal que une a Antioquia con la Costa Norte empujados nuevamente por el “veneno” que expulsan las avionetas, como suelen llamar al fungicida en estas tierras.
Ahora que la historia volvió a repetirse en 2011 surge la pregunta sobre cual es el trasfondo de las protestas campesinas, la capacidad de respuesta de los gobiernos Nacional y Departamental y la efectividad de la erradicación de los cultivos ilícitos en una zona considerada históricamente como el “centro cocalero de Antioquia”.
Lo que sí ha quedado claro a lo largo de estos años es que las versiones entregadas por la oficialidad y el campesinado no parecen tener puntos de encuentro. Mientras para las autoridades civiles y policiales del Departamento se trata de una estrategia de los grupos armados ilegales, en especial de las Farc, para evitar la erradicación de cultivos ilícitos utilizando a los pobladores de zonas rurales como escudo, para los campesinos la movilización se ha convertido, por el contrario, en la única opción de solicitar opciones viables de sustitución, mejoramiento de los medios de producción agrícola y, principalmente, reparaciones efectivas frente a los daños producidos en los sembradíos de pancoger por la aspersión del glifosato.
Más allá de un choque de declaraciones, lo que dejan entrevar estas protestas son visiones opuestas sobre una problemática compleja constituida por una triada perversa: cultivos de hoja de coca, grupos armados ilegales y economías ilícitas.
Los problemas de la coca
Por sus características el Bajo Cauca antioqueño se ha convertido en territorio clave para la expansión de actividades ilegales como el narcotráfico. Durante la década de los 80, las guerrillas de las Farc y el ELN consolidaron corredores estratégicos a lo largo de la zona montañosa que comunica a Tarazá con Ituango así como en partes ribereñas de Zaragoza, Cáceres y Nechí. Con la llegada de los paramilitares, en la década del 90, no sólo lograron arrebatarles los dominios a la insurgencia sino que aprovecharon las potencialidades de la región para convertirla en el mayor productor de coca de Antioquia.

“El Bajo Cauca fue siempre un territorio minero. De eso vivía la gente. Pero llegó la coca y la gente se dedicó masivamente a esa actividad”, recuerda Nury Escobar, actual secretaria de Gobierno de Cáceres. Las cifras comprueban su afirmación. Para el año 2007, el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de Naciones contra la Droga y el Delito (Undoc), registró un total de 9.925 hectáreas sembradas con hoja de coca de las cuales, unas 8.804 se concentraban en los seis municipios del Bajo Cauca.
Localidades como El Bagre, Tarazá y el propio Cáceres llegaron a registrar los niveles más altos de siembra y producción de la hoja (1.750 Ha, 1.663 Ha. y 562 Ha respectivamente), instaurando, de paso, una falsa economía afincada en la coca y dominada por jefes paramilitares como Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.
En el 2004, el Gobierno departamental de entonces inició un ambicioso plan de erradicación de cultivos ilícitos en la región vía aspersión aérea, las cuales se intensificaron con procesos de erradicación manual luego de la desmovilización de los Bloques Minero y Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en el 2006.
Si bien las fumigaciones han permitido que las hectáreas sembradas con hoja de coca se hayan reducido en un 64%, pues actualmente la Gobernación de Antioquia tiene registros de 3.306 Ha cultivadas en la región, no han sido pocos los problemas que el glifosato ha generado en las comunidades campesinas.
Las quejas sobre daños producidos por el fungicida en cultivos de plátano, yuca, cacao, caucho, maíz y frijol constituyen una constante entre la población así las quejas recibidas por parte de las entidades oficiales sobre el particular sean pocas. Para los labriegos, lo anterior tiene una sencilla explicación: la desconfianza en el Estado producto de exigencias, a veces imposibles de cumplir, así como incumplimientos en las reclamaciones realizadas.
Para reafirmar lo anterior, campesinos (y aún autoridades municipales) citan frecuentemente el caso de Carlos Ciro, quien en el año 2007 decidió sustituir, por su propia cuenta, los cultivos de coca por plátano. En la vereda Santa Clara, en límites con la localidad de Uré, departamento de Córdoba, el labriego invirtió cerca de 20 millones de pesos en una platanera de 20 Ha que, pocos meses después, fue quemada, casi en su totalidad, por el glifosato en momentos en que la Policía Antinarcóticos realizaba fumigaciones en la zona.
“A nosotros como municipio simplemente se nos informa que va a haber fumigaciones. No nos dicen ni dónde ni cuándo. Pero a nosotros sí nos toca recibir las quejas de la comunidad sobre los daños y hacer todas las gestiones respectivas. Y aunque siempre hay quejas de daños en cultivos lícitos, son escasas las denuncias oficiales que nos llegan. Todos se acuerden del señor Ciro, el caso tan conocido en la región, y la gente prefiere no quejarse”, asevera la Secretaria de Gobierno de Cáceres.
El veneno que cae del cielo
“Si ese señor puso la queja a los pocos días que le hicieron los daños y esta es la hora en que no ha recibido un solo peso ni nada como reparación, que ha gastado como 40 millones en abogados y tiene el caso en Bogotá, dígame qué puede hacer uno que es pobre. ¿Qué me voy animar a denunciar?”, cuenta don Ovidio Conde Salgado, un cordobés que llegó hace dos años a Tarazá dispuesto a ganarse honestamente su sustento en estas tierras, pero que hoy siente una gran frustración por el trato que, según él, le de el Gobierno nacional al campesino.

Luego de adquirir un terreno en la vereda Las Acacias, sector del Cañón de Iglesias, don Ovidio invirtió cerca de dos millones de pesos en un cultivo de yuca. En diciembre de 2010, la Policía antinarcóticos realizó fumigaciones en la zona. Paradójicamente, los propios pobladores afirman que, luego de las aspersiones realizadas en 2008, el sector se encuentra libre de hoja de coca, por lo que el fungicida resultó afectando sembradíos de pancoger, como el de don Ovidio.

“Me quemaron más de tres mil palos de yuca que tenía para comercializar. Y con ese veneno, la tierra ya no queda sirviendo. Hay que esperar varios años para que vuelva a producir. Me dejaron aguantando hambre prácticamente”, relata don Ovidio.

A varios kilómetros de allí, en el corregimiento La Caucana, otro campesino que también tomó la decisión de sustituir voluntariamente vive un drama similar. Con la intención de brindar nuevas fuentes de empleo a los antiguos cocaleros del corregimiento, Jorge Lara decidió conformar en mayo de 2010 una asociación dedicada a la explotación de yuca. Con una inversión superior a los 14 millones de pesos, Jorge y otro cinco campesinos sembraron 60 mil palos del tubérculo en seis Ha que, para su infortunio, fueron fumigadas en su totalidad el 4 de febrero de esta año con glifosato.

Lo paradójico de su caso es que él mismo había llevado a la Policía del corregimiento para que tomaran las coordenadas de su proyecto y le fueron enviadas a los responsables de las aspersiones. “Pero vea, es como si les hubiera dado las coordenadas para que me fumigaran. Ahí donde teníamos el cultivo hubo coca, pero hace muchos años. Ahora ahí hay caucho y cacao. Ni siquiera alrededor hay coca, como para decir que se equivocaron. Ya esa yuca se perdió toda”, agrega Jorge.

Lo que se pregunta el labriego, al igual que decenas de pobladores de La Caucana como Miguel Restrepo, a quién también le quemaron un sembradío de cacao, es por qué fumigaron en zonas donde ya se habían realizado procesos de asperción aérea y erradicación manual. En 2008, cientos de erradicadores acompañados de efectivos de Policía y Ejército, llegaron hasta este corregimiento donde, según las autoridades, se concentró la mayor cantidad de cultivos de hoja de coca en el pasado.

Los procesos de erradicación adelantados desde entonces, sumado a las fumigaciones aéreas, han tenido tal impacto en la región que la gran mayoría de los pobladores han decidido apostarle al cambio de actividad agrícola, pues la hoja de coca nos les ha dejado más que problemas.

Paradójicamente la situación tiene al corregimiento al borde de una crisis alimentaria. “Aquí cuando hubo coca circuló mucha plata. Ahora que nadie quiere sembrar se sienten las dificultades, muchos locales han cerrado porque no se ve la plata. La gente estaba animada sembrando caucho, plátano, arroz, yuca, cacao pero si llegan y la fumigan, pues prácticamente nos están matando de hambre”, añade Sandra, líder campesina de la zona.

Nadie sabe qué pasó
Con el fin de incentivar la cultura de cero ilícitos en el Bajo Cauca, la Undoc comenzó desde mediados de 2008 un proceso de certificación de veredas libres de hoja de coca, centros de procesamiento y laboratorios para la producción de cocaína, para luego apoyarlas con proyectos agrícolas de sustitución, principalmente caucho, cacao, maíz, frijol y arroz.

En el marco de esta política, municipios como Tarazá cuenta con 20 veredas certificadas de un total de 49 mientras que Cáceres cuenta con el 70% del territorio certificado. De ahí que nadie entienda ni sepa explicar por qué entre diciembre de 2010 y enero de 2011 se hayan fumigado con glifosato veredas donde incluso se estaban ejecutando proyectos apoyados por diversas agencias del sistema de Naciones Unidas.

“En la vereda El Pescado, de Valdivia, la Gobernación de Antioquia, con el apoyo de Naciones Unidas, entregó de a tres hectáreas de cacao para más de 30 familias. Pero llegó la avioneta y acabó con todo eso”, expresa José Herrera, habitante de la localidad quien no sólo ha participado en las protestas registradas en Tarazá desde 2008, incluida la más reciente del mes de febrero, sino que las considero “más que justas”.

“A nosotros nadie nos presionó ni estamos influenciados por las Farc, como ha dicho el señor Gobernador y el comandante de la Policía de Antioquia. Nosotros salimos por nuestra cuenta y voluntad. Si quieren fumigar para acabar con la coca, que lo hagan que nosotros les desocupamos todas las veredas pero eso sí: que nos den de comer después que nos desplacemos porque lo que están haciendo es dañar todos los cultivos lícitos, hasta los que nos dio el Gobierno para erradicar la coca”, sostiene de manera vehemente.
Al parecer, ni las autoridades departamentales tienen respuestas sobre el particular. Para Carlos Vallejo, director de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, la política de fumigaciones aéreas es del resorte nacional. “Además, hemos tenido unos problemas muy delicados con los erradicadores que han sido atacados por las Farc y como ellos han sembrado minas antipersona para cuidar los cultivos que todavía quedan, entonces la opción es fumigar”, acota.
El secretario de Agricultura de Tarazá, Henry Arieza, confirma las aseveraciones del director de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia: “No es mi campo hablar de la seguridad porque lo mío es lo agropecuario, pero lo que he conocido en mi trabajo es que los erradicadores han tenido muchos problemas para trabajar en la zona del (corregimiento) Guaimaro y en sector comprendido entre Valdivia y Anorí”.
Pero aún así, el funcionario tampoco encuentra explicaciones sobre por qué se fumigó en veredas certificadas de su municipio: “Esta situación no es de ahora, siempre ha habido afectaciones, entre otras cosas, porque el glifosato está causando una serio daño ambiental. Pero cuando hablamos con las autoridades del departamento nos dicen que la fumigación es una política estatal y frente a eso no se puede hacer nada”.
De hecho, el Gobernador de Antioquia ha manifestado públicamente que las fumigaciones aéreas continuarán ya que constituyen parte vital en la lucha contra la guerrilla de las Farc y las bandas criminales, que actualmente sostienen una guerra a muerte por el control de los corredores del narcotráfico que dejaron los ex jefes paramilitares en el Bajo Cauca antioqueño.
¿Qué les queda por hacer entonces a los campesinos que salieron a protestar el pasado 18 de febrero? Por lo pronto confiar en que los compromisos adquiridos por el Gobierno departamental, entre los que sobresalen reemplazar las aspersiones aéreas por erradicaciones manuales, indemnizar a quienes resultaron afectados por el fungicida e impulsar proyectos productivos para la región, se cumplan en los plazos estipulados.
Aunque Álvaro Ballesteros, habitante de la vereda Las Acacias, Tarazá, no oculta su pesimismo, no tanto por la desconfianza que aún le tiene al Estado, sino por su conocimiento que tiene de la tierra que ha labrado por más de cincuenta años: “Ese glifosato es como una epidemia que nos ha llovido desde hace 10 años y que mata la tierra. Aquí, que era tierra bendita para el plátano, la yuca, el maíz, el frijol, difícilmente volverá a crecer algo. No nos queda más que aguantar hambre”.