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Avanzó V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
 

Con un acto de memoria que fue liderado por las comunidades de la Perla Amazónica, San Isidro, pueblo Nasa Putumayo, Dabeiba, jiguamiandó, curvarado, la finca la Alemania, comunidades del Cauca, Naya, bajo Calima, zona humanitaria del alto Ariari, todas parte del Movice, se dio apertura, este 10 de marzo, al V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Campesinos, indígenas y comunidades afro descendientes de estas regiones expresaron el vivo sentido de la lucha por la memoria, la tierra y en contra de la impunidad. De esta manera, las comunidades allí presentes ofrecieron simbólicamente algunas velas y jarrones para simbolizar la permanencia de lucha de las víctimas en contra del olvido y la impunidad.

Luego, se dieron las intervenciones de Ingrid Vergara y Franklin Castañeda, vocer@s del Movice, quienes prestaron hincapié en la importancia de este V Encuentro Nacional, lo que se ha ganado en estos cinco años y las razones por las cuales se presenta, ante el Congreso de la Republica, la propuesta de modificación de varios artículos de la ley de víctimas, actualmente en curso y que no representa en muchos aspectos la voz de las víctimas de crímenes de Estado.

También participó Juan Carlos Monje, director adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien reconoció los avances en materia de derechos humanos, pero enfatizó que el gobierno nacional debería acoger las recomendaciones de las Naciones Unidas por los casos de amenazas y asesinatos en contra de campesinos que se han acogido a las políticas de retorno.

De otra parte, intervino Alejandro Reyes, asesor del Ministerio de Agricultura, quien dio un reconocimiento público en torno al papel del Estado colombiano en las políticas del despojo y ratificó su compromiso con las víctimas para avanzar en una restitución con todas las garantías administrativas y procedimentales que pueda brindar el gobierno nacional.

Sin embargo, el representante a la Cámara, Iván Cepeda y la senadora Gloria Inés Ramírez, quienes elevaron sus saludos al auditorio, le expresaron a Reyes su preocupación por las grandes falencias que tiene hoy esta ley de víctimas y restitución de tierras, enmarcada en una política global de intereses privados para la extracción de recursos minerales e hídricos y, por consiguiente, de reproducción del despojo. Cepeda expresó además su preocupación en torno a las interceptaciones ilegales, por organismos de inteligencia del Estado colombiano, a integrantes del Movice, que constan en la carpeta número 62 de las 104 del expediente por las denominadas ’chuzadas’.

De la misma manera, el Encuentro contó con la presencia del senador Hernando Hernández, Hernando Gómez Serrano, por Colombianos y Colombianas por la Paz, Hijos e hijas en contra de la impunidad y Carmelo Agámez, defensor de derechos humanos, preso político del Movice, quien envió un mensaje desde su lugar de reclusión, así como de Marcos Cienfuegos, director general de la Comisión de Derechos Humanos y Solidaridad del Gobierno del Principado de Asturias, de la delegada responsable de derechos humanos del gobierno Vasco, de integrantes del Cric y la Onic, y de la Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y Gran Coalición.

La jornada culminó ya en la tarde, cuando arribó al auditorio el senador Juan Fernando Cristo, luego de que se avanzara en la agenda de movilización del Movice en torno a la paz y salida negociada al conflicto, situación de derechos humanos en el país, ley de víctimas y restitución de tierras, y tierra y territorio, momento en el que el Movice entregó su propuesta de pliego modificatorio de la ley de víctimas y restitución de tierras actualmente en trámite en el Congreso de la República.

El Movice se movilizó para expresar su desacuerdo con la ley de justicia transicional

Aproximadamente 400 integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, salieron desde la plaza Eduardo Umaña Mendoza hasta la Corte Constitucional para expresar su desacuerdo con la ley de justicia transicional, al considerarla como una norma que legaliza el paramilitarismo y atenta contra los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

A las 2 de la tarde víctimas de todo el país salieron a las calles bogotanas que pronto fueron colmadas por consignas y cantos. Todo comenzó en la Cl. 28a- 16b-33, donde víctimas de todo el país han estado debatiendo sobre tierras, derechos humanos, salida negociada al conflicto político, social y armado y ley de víctimas.

De allí partieron a una movilización cuyo objeto consistía en elevar la voz de las víctimas para que ésta fuera escuchada en su rechazo a la actual ley de justicia transicional actualmente en trámite y que amplía la exoneración y beneficios a paramilitares, a través de una Comisión ante la cual éstos confiesan todos los crímenes de los que fueron autores materiales o testigo presenciales, sin que por ello puedan ser judicializados.

La movilización pasó por la calle séptima hacia la Corte Constitucional. Una vez allí las las víctimas, organizaciones sociales, indígenas y afrodescendientes, se concentraron. Entretanto, el representante a la cámara Iván Cepeda, en conjunto con otros delegados demandantes, le pidieron a la Corte que declare inconstitucional los artículos primero, cuarto y sexto de la Ley 1424 de 2010, pues éstos le dan le dan legitimidad a las actuaciones y crímenes cometidos por el paramilitarismo.

Las víctimas se manifestaron porque esta ley legitima la impunidad y permite la creación de una comisión de la verdad con la finalidad de cambiar confesión por pena, lo que a todas luces va en contra de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado.

Mañana continuará el V Encuentro Nacional y de éste saldrán las conclusiones finales y la declaración pública de las víctimas de crímenes de Estado del País de cara a a las políticas del gobierno Santos en materia de víctimas y tierras.

Otros aspectos de la movilización de las víctimas

En el marco del Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de estado en Colombia, representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos marcharon y radicaron el viernes 11 de marzo de 2011 ante los magistrados de la corte constitucional en Bogotá una solicitud para que se tumbe la ley de víctimas por presentar vicios de nulidad. Según los voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estados, Movice, encabezados por el representante Iván Cepeda, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, le pidieron a la Corte que declare inconstitucional los artículos primero, cuarto y sexto de la Ley 1424 de 2010, porque a su juicio termina dando legitimidad a las vejaciones que ha cometido el paramilitarismo en contra de la población civil.

" (...) Legaliza el paramilitarismo en Colombia; es una Ley contraria a los estándares internacionales y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana, es decir, violenta el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral", reflexionó el jurista Rafael Barrios del Colectivo de Abogados, frente al contenido de la norma.

Precisó que ya la Corte Constitucional le había dicho o no a las intensiones de la administración Uribe de que los desmovilizados de las Autodefensas fueran juzgados por sedición, es decir, un delito político que le confiere legitimidad a sus actuaciones; de ahí que el abogado considere que "lo que está haciendo el Gobierno es un reencauche de leyes anteriores que han sido declaradas inexequibles".

Según la reseña del Diario El Espectador, los voceros del Movice sostienen que en su artículo sexto, la norma señala que las autoridades deben cancelar las órdenes de captura vigentes en contra de los actores armados por los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armados o de defensa personal, cargos contemplados en el primero de los artículos.

El cuarto, a su turno establece la conformación de una Comisión de la Verdad a través de la cual el desmovilizado contará toda la verdad de su actuación delictiva, como consecuencia de su pertinencia al grupo, pero bajo la promesa de que sus revelaciones, en ningún caso, serán judicializadas.