El domingo 6 de marzo de 2011, siendo las 22:00 horas, un grupo de hombres armados al parecer paramilitares asesinaron en su vivienda a la anciana indígena LEOPOLDINA VALENCIA GÜEGÜE, de 70 años de edad.
La mujer se encontraba en su casa de habitación en la Vereda Vallecito del municipio de Pradera-Valle del Cauca, en compañía de su nieto de 17 años, su yerno y su hermano discapacitado CARLOS GALINDO VALENCIA GÜEGÜE.

Los presuntos paramilitares tocaron la puerta y llamaron por su nombre a la anciana indígena que estaba durmiendo en la primera habitación de la casa. Cuando la anciana abrió la puerta le propinaron 3 impactos de fusil en su cara que la dejaron desfigurada. El resto de ocupantes de la vivienda se escondieron debajo de la cama, en tanto que los agresores con arma blanca destruían las mamas, los brazos y las manos de la anciana. Solo hasta el día siguiente los familiares de la víctima pudieron dar aviso a la Fiscalía y a la Policía para que procedieran a hacer el levantamiento del cuerpo, solicitud que fue negada, por lo que la diligencia tuvo que ser practicada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda.
Según familiares, quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado, la Fiscalía General de la Nación, les había informado que el crimen fue cometido con armas sofisticadas.

Este crimen ocurre en el contexto de zozobra que padecen la comunidad indígena del resguardo KWET WALA, quienes han venido denunciando desde el año anterior ante las autoridades civiles y militares la presencia de hombres armados en el territorio las amenazas, señalamientos y judicializaciones por parte de la Fiscalía a varios de sus dirigentes y miembros del Cabildo Indígena.

En el año, 2000 el accionar del Bloque Calima de las AUC, causó numerosos asesinatos con la práctica de descuartizamiento que sembraron terror en su momento y generaron decenas de familias indígenas y campesinas desplazadas, las que luego de más de diez años no han podido retornar.

La comunidad indígena del Resguardo de KWET WALA y sectores aledaños se encuentra muy atemorizada y en riesgo de desplazamiento masivo, pues temen que esta sea un mensaje claro de la confirmación de la presencia paramilitar en el sector y la reedición atroces crímenes que aún no se han borrado de la memoria colectiva de las comunidades.
Instamos a la Dra. VIVIAN MORALES, para que Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario avoque el conocimiento de la presente investigación en apoyo técnico de la Unidad Especial de Análisis Criminal y se garanticen la cadena de custodia de las evidencias y elementos materiales hallados en la escena del crimen. Asimismo, exigimos que se aplique los rigurosamente los protocolos pertinentes de Medicina Legal para este tipo de crímenes y en consonancia con los Protocolos de Minnesota y Estambul sobre ejecuciones Extrajudiciales y Tortura.

Exigimos al Estado de Colombia el cumplimiento estricto de la Convención Belen Do para a fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de las mujeres indígenas que habitan sus territorios ancestrales y una efectiva y pronta justicia frente a este atroz crimen
A las organizaciones sociales, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones de mujeres divulgar la presente información y respaldar políticamente las exigencias de las Comunidades Indígenas.