141 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. Transmisión en directo desde Washington
Situación de derechos humanos en Colombia
La responsabilidad del ex presidente Álvaro Uribe en el caso de las interceptaciones ilegales del DAS es cada día más clara, dijeron hoy ONG durante la audiencia ante la CIDH, en Washington. "Las pruebas de la autoría intelectual del ex presidente Uribe son cada día más contundentes!", dijo Antoine Bernard, director de la Federación Internacional de Derechos Humanos- FIDH
/ Lunes 28 de marzo de 2011
|
ONG responsabilizan a ex presidente Álvaro Uribe por las ’chuzadas’
Por: Sergio Gómez Maseri, Corresponsal de El Tiempo en Washington
Así lo expresaron en una audiciencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La responsabilidad del ex presidente Álvaro Uribe en el caso de las interceptaciones ilegales del DAS es cada día más clara, dijeron hoy ONG durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Washington.
"Las pruebas de la autoría intelectual del ex presidente Uribe son cada día más contundentes!", dijo Antoine Bernard.
De acuerdo con las ONG, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y el Colectivos de Abogados José Alvear Restrepo, en general existe "ausencia de voluntad" por parte del Estado para llegar al fondo de este escándalo que sacudió al país en el 2008.
En la audiencia, los grupos denunciaron, a su vez, el "conocimiento cierto" de que las actividades ilegales del DAS "continúan" a la fecha y cuestionaron la permanencia en su cargo de su director Felipe Muñoz, de quien dijeron constituye un obstáculo para la tarea de transformar el DAS y no ofrece garantías.
Criticaron también la falta de participación de las víctimas en los procesos. Los representantes del Gobierno rechazaron la mayoría de las acusaciones y sostuvieron, por ejemplo, que los procesos avanzan, que se han dictado sentencias y que las víctimas si han tenido acceso a los procesos.
’Situación grave’
Las ONG también calificaron como "grave" la situación de los derechos humanos en el país.
El "desarme de la palabra" evidenciado durante el gobierno de Juan Manuel Santos no se ha traducido en mejoras a la situación de los Derechos Humanos en Colombia, que sigue siendo "muy grave", dijeron en la audiencia.
Según éstas, persisten las violaciones de la Fuerza Pública, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, y la persecución contra defensores de DD.HH. y sindicalistas en el país.
Las ONG documentaron más de 10 ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos" durante el año pasado, al igual que 19 asesinatos de defensores, 51 de sindicalistas y 11 activistas muertos por trabajar en el tema de reclamación de tierras.
De acuerdo a las ONG muchos de estos casos, se han dado desde el 7 de agosto, cuando asumió el presidente Juan Manuel Santos al que le sacaron en cara haber prometido una política de "cero tolerancia" frente a las ejecuciones extrajudiciales.
Los grupos mencionaron con especial atención el asesinato y violación de la menor Jenny Torres y sus dos hermanos en Arauca a manos de un miembro de la fuerza pública. Así mismo, el asesinato hace algunos días de Gloria Constanza Gaona, la juez que adelantaba el proceso.
Las ONG que participaron en la audiencia fueron Casa De la Mujer, Comisión de Justicia y Paz, Colombianos y Colombianas por la Paz, y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Los grupos pidieron una visita "in situ" de la CIDH para verificar la situación. Así mismo, las ONG destacaron el "retroceso" que se está viendo en la transferencia de casos de la justicia militar a la ordinaria lo cual, dijeron, contribuye a la impunidad.
También cuestionaron la falta de contundencia frente a las Bacrim (Bandas Criminales) que dijeron son paramilitares pero llamadas así para evadir responsabilidad.
El gobierno, a través de Francisco Echeverry, director de Derechos Humanos y DIH en la Cancillería, rechazó los últimos atentados que se han cometido en el país y destacó una serie de iniciativas y leyes promovidas por el gobierno Santos, entre ellos el aumento de las penas para los infractores de los DD.HH.
Así mismo, la Ley de Tierras, que avanza en el Congreso y que busca reparar a las víctimas de la violencia al igual que la disposición total del presidente Santos en que la protección de los DD.HH. sea una política de Estado.
Según el gobierno, se está investigando y procesando todos los casos sobre ejecuciones extrajudiciales pero pidió que se reconociera la dramática reducción de estos casos en los últimos años.
En el caso de las Bacrim, la Fiscalía dijo que se adelantan 361 investigaciones, reportó más de 400 capturas y unas 200 condenas.
Varios comisionados de la CIDH, entre ellos María Silvia Guillen, le pidieron al Estado cuentas por el avance de las investigaciones en el caso de las interceptaciones del DAS.
La CIDH ya condenó esas prácticas en su momento, pues miembros de la propia Comisión se vieron afectados por las escuchas y seguimientos ilegales. En una audiencia que la CIDH celebró sobre el escándalo en 2008, el Gobierno colombiano se retiró de la sesión.
De acuerdo con Guillen, su impresión era que durante el gobierno anterior no se quiso investigar a los responsables.
El gobierno contestó que las investigaciones del DAS llevaban varios años y no se habían detenido.
ONG dicen que "cero tolerancia" de Santos con ejecuciones extrajudiciales no se aplica estrictamente
Por: Efe – Washington
Advierten que persiste la violencia contra defensores de los derechos humanos y sindicalistas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron este lunes ante la CIDH que la política de "cero tolerancia" con las ejecuciones extrajudiciales del presidente Juan Manuel Santos no se ha aplicado estrictamente.
"El Gobierno nacional y precisamente el actual mandatario, cuando fue ministro de Defensa, se comprometió con una política de cero tolerancia a las ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública que no se ha aplicado estrictamente", denunció Liliana Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad.
Además de las víctimas de las ejecuciones sumarias por fuerzas gubernamentales en Colombia en 2010, que cifró en 17 -6 adultos y 11 menores-, Uribe habló también de que persiste la violencia contra defensores de los derechos humanos y sindicalistas.
Según Uribe, cuatro adultos y dos menores fueron presentados por militares como guerrilleros abatidos en combate para que los autores de sus muertes fueran premiados o ascendidos, lo que se conoce como "falsos positivos".
Otros dos adultos murieron a manos de policías en retenes instalados en carreteras, agregó Uribe.
La situación de los niños y de las niñas "se ha deteriorado dramáticamente durante el 2010", sostuvo Liliana Uribe.
Entre los casos presentados por la defensora de derechos humanos destacan el de un bebé indígena de 20 días que murió a consecuencia de un "bombardeo indiscriminado" por parte de la Fuerza Aérea, el de un menor que cayó víctima de un fuego cruzado entre el Ejército y la guerrilla y el de una niña que fue violada y asesinada.
También mencionó a seis menores que murieron en un ataque del "Ejército y en acciones de limpieza social de la Policía".
La representante de la organización no gubernamental afirmó además que se ha registrado un retroceso en el envío de las investigaciones de la jurisdicción penal militar a la jurisdicción ordinaria. La fiscalía ha devuelto 995 procesos a la jurisdicción penal militar, dijo Uribe.
La situación de los defensores de los derechos humanos "sigue siendo crítica" y ha habido "un ambiente hostil y criminal" para el ejercicio de su labor, afirmó.
"Hemos documentado 96 agresiones desde agosto de 2010 al 15 marzo de 2011. Ha habido 19 asesinatos, 3 desapariciones forzadas, 18 judicializaciones, amenazas individuales y colectivas, robo de información, y también preocupa la falta de protección efectiva del programa del ministerio del Interior", indicó.
Las organizaciones han documentado además los asesinatos de 11 líderes sociales en su acción por reclamar tierras.
Por otra parte, "la situación de los sindicalistas igualmente es grave", recalcó. Se registraron 51 asesinatos el año pasado y cuatro en lo que va de este año, además de 7 desapariciones.
Por parte del Gobierno colombiano, Francisco Echeverry, director de Derechos Humanos de la Cancillería, reitero el mensaje de Santos sobre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su firme decisión de seguir adelante con la histórica ley de víctimas y restitución de tierras.
También rechazó los últimos atentados contra funcionarios judiciales y líderes sociales que han tenido lugar en su país, y destacó una serie de medidas y leyes promovidas por el Gobierno de Santos, entre las que destaca el aumento de las penas para quienes cometen delitos como el homicidio de defensores de derechos humanos.