El objetivo del presente escrito es analizar algunas dinámicas históricas que hacen que el conflicto por el control de la tierra en Colombia y las expresiones de pugna por el ejercicio de poder territorial explique los condicionantes del destierro (desplazamiento forzado), los megaproyectos de infraestructura, la proyección de los agro-negocios y/o el conflicto armado que envuelven a la sociedad colombiana.

Problema: La Estructura Agraria:

Cuando hablamos de estructura agraria hacemos referencia a las formas en que está distribuida la tierra y a las interacciones sociales propias de esa distribución. En el marco del sistema capitalista va a ser la propiedad privada la variable que explique el conflicto por la tierra dado el origen de poseedores-propietarios y desposeídos. Para Antonio García[1], en América Latina las formas de ejercicio de poder sobre la tierra, van a estar caracterizadas por elementos heredados de la colonia con carácter señorial que condicionan el poder político y que sumadas al continuo despojo y destierro de un parte importante de la población ha configurado el “Latifundio como constelación social”. Esta forma de la estructura agraria hace que alrededor de la gran propiedad, el minifundio sustente los valores de la propiedad privada y se vea inmerso en una ruralidad aislada y focalizada en las relacione de dominación que imprime el terrateniente.

Esta “constelación” implica que el latifundista determina la distribución y usos de la tierra, controla el acceso a créditos y la inversión de capitales, determina la forma y participación en los mercados y su infraestructura y asocia su poder a la institucionalidad estatal y paraestatal, mientras los desposeídos alimentan la estructura agraria latifundista, como siervos, arrendatarios, campesinos sin tierra, mano de obra nómada o propietarios de tierras marginales a los centros de consumo. Para Absalón Machado[2], la estructura agraria en el país hasta los años 30 del siglo XX, en el período que el autor llama de “pre-modernidad”, se conformó a partir de la política de feria de baldíos en una estructura bipolar (latifundio-minifundio) que enfrento a antagónicos: los terratenientes y los desposeídos (campesinos, indígenas y negros). De los años 30 a los 70, en lo que denomina “período de transición”, el conflicto por la tierra se va a caracterizar por la violencia política, propia del conflicto partidista Liberal-Conservador, basado en el despojo de tierras y el destierro, elementos constitutivos de las guerrillas armadas, especialmente de las FARC EP. La estructura Agraria Bipolar se mantiene y se fortalece, mientras desde la política pública se recogen intentos reformistas (ley 200 de 1936, ley 131 de 1961), centrados en una apuesta por la modernización productiva del país y en atenuar el movimiento popular campesino, lo que significó ampliar la frontera agrícola, a partir de una política de reparto de tierras en zonas de frontera, lejanas de los centros urbanos en crecimiento. Este proceso se concentró especialmente hacia la región de los llanos orientales, las selvas de la Orinoquía y las zonas de ladera de la cordillera.

Mientras tanto los valles entre estos sistemas montañosos y cercanos a las riveras de los ríos más importantes del país, el Magdalena y el Cauca, concentran la propiedad de la tierra, las aguas y el acceso a mercados locales e internacionales. Así, esta distribución de la tierra no tocó el gran latifundio y se caracterizó por la parcelación, el mercado de tierras fuera de los valles productivos interandinos y por la adjudicación de baldíos, en el marco de una alta fragmentación de la tierra entre los desposeídos. En un tercer período -siguiendo con Machado-, denominado “modernización trunca sin modernidad”, la política pública con el Pacto de Chicoral en 1972, cierra la opción de solución al conflicto por la tierra por vía “legislativa”, y se manifiesta una clara política de contrarreforma agraria, que se refleja de los 80 en adelante y se caracteriza por el despojo violento y el desplazamiento forzado[3]. Esta periodo se evidencia con el accionar del paramilitarismo como fenómeno político, en una estrategia centrada en el control territorial, asociado al narcotráfico y a la proyección de proyectos productivos agroindustriales, como la palma aceitera, más que a una estrategia contrainsurgente[4]. En este escenario, Machado destaca que se acelera un proceso de disputa y codicia por la tierra, se consolida el testaferrato y con la violencia y poder político existe una involución en la estructura agraria, ya no bipolar dado se eliminó físicamente o a través del destierro a uno de los actores: los desposeídos. Hoy, la nueva política pública se orienta hacia el mercado subsidiado de tierras, dónde al desposeído se le otorgan créditos impagables para que compre sus propiedades o se vea inmerso en los proyectos productivos del monocultivo, pero ya no se piensa en la redistribución vía expropiación y así mismo no se reconoce el reparto de las zonas históricas que originaron el conflicto, que además son las más productivas. Mientras se agudiza el conflicto por la tierra[5], se desarrollan grandes programas de modernización y se apoya y obliga al sector agropecuario a entrar en los estándares de competitividad internacional (compitiendo en los escenarios del “libre comercio”), con formas de producción basadas en el monocultivo o la ganadería extensiva y la focalización en la agro exportación, mientras el mercado interno se ve hundido en la miseria[6].

Desde 2010 con el nuevo gobierno, la apuesta del gabinete del presidente Juan Manuel Santos, desde el discurso oficial habla de la necesidad de reparar a las víctimas del conflicto armado y del destierro en marco de una política de modernización del país que apuesta por la empresarización y asalarización del campo y por explotación intensa de recursos minero energéticos a gran escala. La gran revolución agraria que está en el debate público en el país se limita a ratificar los derechos de propiedad de las grandes extensiones y a justificar el destierro, en un escenario de violencia política generalizada a los líderes de propuestas alternativas. En este escenario la respuesta de las comunidades organizadas rechaza, los alcances de la apuesta gubernamental[7] en marco de otro capítulo del conflicto por la tierra en Colombia.

Notas.

[1] GARCÍA, Antonio, Sociología de la Reforma Agraria en América Latina, Bogotá, Cruz del Sur, 1973.

[2] MACHADO, Absalón. “Diagnóstico de la problemática de tierras en Colombia”. Memorias, Foro tierra, prosperidad y paz. CNRR – Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá. 2010. http://www.cnrr.org.co/contenido/09e/spip.php?article3008&var_mode=calcul. 08/10/2010

[3] “En el período comprendido entre 1985 y 2008 (24 años), el desplazamiento forzado afectó a un total aproximado de 4´628.882 personas que integran en promedio 925.776 familias” (CODHES, 2009) “Si tomáramos solamente las cifras de los años de la puesta en marcha del Plan Colombia (2000 - 2009), tendríamos 2´785.417 desplazados, o sea, que durante la ejecución del Plan Colombia se ha producido el 60 % del desplazamiento forzado desde 1985 hasta hoy”. LA PAZ, Allende: “Plan Colombia y desplazamiento forzoso”, La Pluma. Net. 24 de Abril de 2009. http://lapluma.wae-energy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2156&Itemid=98, 08/10/2010.

[4] PEÑA, Diana María: Megaproyectos, desagrarización y soberanía alimentaria, El caso de los desplazados del Bajo Atrato, Monografía para optar por el grado de economista, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2010.

[5]“En 1984 las fincas menores de 5 ha correspondían al 65.7% de los propietarios y controlaban el 5% de la superficie (…) en 2001, las fincas menores de 3 ha, pertenecían al 57.3% de los propietarios y controlaban el 1.7% de la superficie. Igualmente, para 1984 las fincas con más de 500 ha correspondían al 0.5% de los propietarios y controlaban el 32.7% de la superficie; (…) en 2001 estas fincas aún correspondían al 0.4% de los propietarios y controlaban el 61.2% de la superficie” FAJARDO, Darío: Informe sobre tierras, justicia y paz, Bogotá, 2010 “Ahora, el uso potencial de cosechas agrícolas es de 21,5 millones de hectáreas (18.9%), mientras el uso real es de 4.2 millones de Ha (3.6%); en pasturas ganaderas el uso potencial es de 14.2 millones de Ha (12.5%) y se utilizan 41.7 millones de Ha, el 36.5% de la territorio colombiano”. FAJARDO, Darío, Informe de consultoría para el Centro Internacional de Toledo para la Paz, Bogotá, 2009.

[6] Para Colombia “la producción agropecuaria tuvo un crecimiento negativo del 0,6% en el último trimestre de 2008 y, en todo el año, el rendimiento fue decreciente con relación a 2007; las importaciones de alimentos y géneros agrícolas pasaron de cinco millones de toneladas en 2003 a más de ocho y media en 2008”. SUÁREZ, Aurelio: “El desplome del modelo Carimagua”, MOIR- Movimiento Obrero Independiente Revolucionario. 31 de marzo de 2009 http://www.moir.org.co/EL-DESPLOME-DEL-MODELO-CARIMAGUA.html. 08/10/2010.

[7] En este contexto se destaca como la apuesta por “saldar la deuda histórica del Estado colombiano con las víctimas del conflicto armado” que se proclama desde el gobierno nacional contrasta en materias tan importantes, como la definición de las víctimas o la cantidad de tierras a intervenir en marco de la Ley de Tierras. Ver el debate en la CNRR – Comisión Nacional de Reconcialiación y Reparación http://www.cnrrr.org/

Bibliografía Recomendada.

CODHES: “Boletín informativo de la Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento, No 75”, http://www.cambio.com.co/media/produccion/Crisis-Humanitaria/pdf/l2.pdf, 07/10/2010. ·

FAJARDO, Darío: Informe de consultoría para el Centro Internacional de Toledo para la Paz, Bogotá, 2009. FAJARDO, Darío: Informe sobre tierras, justicia y paz, Bogotá, 2010. ·

GARCÍA Antonio, La crisis de la universidad. La universidad en el proceso de la sociedad colombiana, Bogotá. Plaza & Janes, Editores – Colombia Ltda. 1985.

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HARVEY, David, “El nuevo imperialismo: Sobre reajustes espacio-temporales y acumulación por desposesión”, Revista Viento Sur, Traducción de Enrique Rodríguez, Uruguay 2006 pp. 1-26 http://www.correntroig.org/IMG/pdf/El_nuevo_imperialismo.pdf%2008/10/2010

IGAC-CORPOICA: Zonificación de los conflictos de uso de tierras en Colombia, Bogotá, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2002. · LA PAZ, Allende: “Plan Colombia y desplazamiento forzoso”, La Pluma. Net. 24 de Abril de 2009. http://lapluma.wae-energy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2156&Itemid=98, 08/10/2010.

LUCIO, Ricard y SERRANO, Mariana LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Tendencias y políticas estatales, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1992, p. 28. ·

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MORGAN, Luis E, La sociedad primitiva. Investigación de las líneas del progreso humano desde el salvajismo hasta la civilización a través de la barbarie, Buenos Aires, Lautaro, 1946 · PONCE, Aníbal, Educación y lucha de clases, Tegucigalpa, Baktun, 1988. ·

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VASCONI, Tomás: Contra la escuela. Borradores para una crítica marxista de la educación, Medellín, Editorial La Pulga, 1976.