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Exitoso encuentro de víctimas pertenecientes a organizaciones sociales
Agencia Prensa Rural / Lunes 30 de julio de 2007
 
Delegados de la Asociación Campesina del Catatumbo en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto Prensa Rural.

Entre el jueves 26 y el sábado 28 de julio de 2007, en Bogotá, con la asistencia de al menos 2.200 personas de todas las regiones del país y 300 organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales, se llevó a cabo el encuentro de víctimas pertenecientes a organizaciones sociales.

Algunos de los objetivos principales de este evento fueron los de promover espacios sociales para la caracterización de la responsabilidad del Estado por la violencia política perpetrada por él mismo y a través de grupos paramilitares, y propiciar espacios de interlocución con los organismos de control del Estado y con la Fiscalia General de la Nación para exigir responsabilidades de tales organismos en la impunidad pasada, presente y futura en relación con la violencia política en Colombia.

El Estado colombiano, a través de los años, ha sido el directo responsable por acción y omisión de hechos contra pobladores de diferentes regiones y organizaciones, cometiendo violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, desapariciones, desplazamiento, tortura, homicidio y genocidio, entre muchas otras. La estadística tomada de los estudios de organizaciones defensoras de derechos humanos tienen como base inicial que entre 1965 y 2006 fueron desplazadas y refugiadas al menos cuatro millones de personas, se cometieron como mínimo 65 mil homicidios, fueron detenidos, desaparecidos y sepultados en fosas comunes unos diez mil colombianos y seis millones de hectáreas fueron robadas a las víctimas.

En el contexto de este evento, algunas víctimas hicieron unos cortos relatos de casos tan representativos como el exterminio de la Unión Patriótica, la masacre del Naya, Mapiripán, San José de Apartadó, Montes de María, San Onofre, La Gabarra, entre otras. Al igual se contó con la participación de representantes de la comunidad indígena kankuama y del Cauca, mujeres wayú, embera catíos, y una indígena chilena que abogaba por la liberación de todos los presos políticos mapuches.

Con la ley 975 de 2005, denominada "de justicia y paz", se desconocen las garantías que tienen las víctimas como los de la verdad histórica, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición, lo que favorece a los victimarios con penas irrisorias y desproporcionadas respecto a la gravedad de los crímenes sin exigirles verdad total, ni la entrega de los bienes obtenidos durante su carrera criminal. Del mismo modo en el marco de la primera audiencia pública de víctimas de crímenes de Estado, algunos de los puntos que se promulgaron fueron que los entes de control como la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía no han cumplido con sus funciones. Por el contrario discriminan, censuran y violan el derecho de igualdad de las víctimas. El Estado no distingue entre población civil y combatientes, al igual que estigmatiza a los indígenas, afrodescendientes, población LGBT, etc.

Son exigencias de la población: la protección de la vida, seguridad personal y colectiva; el investigar y castigar a los violadores de derechos humanos; la protección a las minorías étnicas culturales; encontrar y esclarecer los hechos de desapariciones.

Fotografías de los desaparecidos en la Galería de la Memoria. Foto Prensa Rural.

Las organizaciones realizaron un trabajo donde se concluyó en formular objetivos tan importantes como respaldar a la Corte Constitucional y a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por las acciones y decisiones que se han tomado para defender y promover los derechos de las víctimas al declarar que el paramilitarismo no puede ser considerado un delito político y que por lo tanto quienes lo han promovido y practicado no pueden desempeñar cargos públicos de elección popular; divulgación a través de los medios de comunicación de la información que generan esta clase de encuentros; que se cuente con las garantías de seguridad para hacer denuncias; fortalecer el programa de protección a líderes; rechazo a la firma del tratado de libre comercio, el cual no garantiza los derechos de la población colombiana; trabajar con las galerías de la memoria; y que el Estado colombiano brinde las garantías necesarias para un acuerdo humanitario con la insurgencia.