Asociación Campesina de Arauca
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Comunicado presentado al Tribunal Permanente de los Pueblos
El petróleo para los araucanos es una maldición de guerra y muerte
Asociación Campesina de Arauca / Viernes 3 de agosto de 2007
 

En medio de la cortina de humo de la “parapolítica”, queremos contarle a Colombia y al mundo que hoy en Arauca la política de “seguridad democrática” continúa aplicando el terror indiscriminado contra sus comunidades, intensificándose desde el mes de octubre de 2006 con ametrallamientos y bombardeos indiscriminados contra algunas jurisdicciones de los municipios de Tame y Arauquita. También con detenciones masivas aplicadas de manera ilegal, y realizadas por la fuerza pública, brigadas 18a. y móvil 5 del Ejército, con el concurso de lo que ellos llaman la “estructura de apoyo” de la Fiscalía.

Hasta el desarrollo de los campos petroleros descubiertos en 1983 por la petrolera estadounidense Oxy, Arauca era un típico territorio de la Orinoquia, un territorio olvidado por el estado y sus gobiernos de turno donde no había más que pobreza, marginación y aislamiento del resto del país.

La Oxy destruyó y desecó más de diez mil hectáreas de humedales en la laguna de Lipa para la construcción del complejo Caño Limón, que ha sido el campo petrolero más productivo de Colombia durante las últimas décadas. El crudo llenó las arcas de las multinacionales, exacerbó la corrupción con los dineros de las regalías y se revirtió para los habitantes del departamento en violencia y pobreza. Puede decirse hoy con certeza que el petróleo para los araucanos es una verdadera maldición de guerra y muerte.

Las transnacionales petroleras y mineras de origen estadounidense y europeo controlan el negocio del sector, desde la producción hasta la comercialización. Para proteger sus intereses económicos intervienen directamente en el conflicto colombiano a través del financiamiento de la guerra contra la población.

En Arauca, el estado y gobierno colombiano, así como las transnacionales petroleras, son responsables por los crímenes, atropellos, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos contra los humildes habitantes del departamento. Igualmente por los graves e irreparables daños cometidos contra todo el valioso ecosistema que ha sido destruido casi en su totalidad por la exploración y explotación indiscriminada y acelerada del crudo sin el menor respeto a las normas ambientales.

Durante el gobierno del presidente Uribe, los activistas sociales y de derechos humanos siguen siendo víctimas de homicidio, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, amenazas y acoso.

A la fecha continúan los señalamientos, la estigmatización de los habitantes de la región, catalogados de miembros auxiliadores de la guerrilla, los bloqueos alimentarios por parte de militares y paramilitares, el desplazamiento forzado como método de guerra, el destierro de los campesinos de las áreas municipales, las detenciones masivas, ilegales y arbitrarias, las masacres colectivas y el asesinato selectivo principalmente de lideres de la región o de comunidades que se han organizado y han ejercido sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, movilización y protesta pacifica. Esta práctica viola gravemente un principio fundamental del derecho internacional humanitario: las partes implicadas en un conflicto armado deben distinguir en todo momento entre civiles y combatientes, y entre objetivos civiles y militares.

En desarrollo de dicha estrategia, en Arauca se busca por todos los medios y procedimientos legales e ilegales, la destrucción total del tejido social, el aniquilamiento de las organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas y de derechos humanos que trabajan en la región, para de esta manera garantizar la exploración, explotación y transporte del petróleo crudo a cualquier precio, en el marco del libre comercio con Estados Unidos, uno de cuyos fundamentos es la construcción de megaproyectos de infraestructura, donde se financian carreteras que enriquecen a contratistas militares, mientras el pueblo sigue sin vías adecuadas para su desarrollo social y económico.

En nombre del campesinado araucano, exigimos que cese de una vez por todas la estigmatización, la persecución y el exterminio desatado contra las organizaciones regionales para desarticular el tejido social.

Solicitamos la solidaridad internacional, el acompañamiento y la visualización de nuestra situación, para seguir resistiendo y luchando por el desarrollo integral y autosostenible de nuestras comunidades.