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Luchas agrarias, agronegocios y latifundios en los Montes de María
Verdad Abierta / Sábado 7 de mayo de 2011
 

El fuerte espíritu colectivo de los campesinos de los Montes de María viene de muy atrás, desde la herencia indígena de la gran familia Caribe, dice con certeza el histórico líder agrario de esa región, Alejo Suárez. El primer gran despojo, cuenta, fue cuando Antonio de la Torre reorganizó tierra y población en los tiempos coloniales y sacó a los indígenas de Pileta (hoy Corozal) y la repartió entre unas pocas familias: Martelo, Vergara, Tamara, Hernández, Gómez, Guerra, De la Osa, García y Badel, entre otras.

Eran en esencia las mismas que poseían la tierra entrado el siglo XX. A comienzos de los sesenta, luego de que los campesinos cultivadores de tabaco armaran sus sindicatos, el Instituto de Fomento Tabacalero les entregó tierra colectiva a los campesinos de Ovejas y de El Carmen de Bolívar. A los pocos años, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo sacó la Ley 1 de 1968 que ordenaba al recién creado Incora que titulara las tierras de los arrendatarios de las grandes haciendas sucreñas y bolivarenses. Estos arrendatarios pagaban a los latifundistas un arriendo y cambio podían producir comida o poner a pastar a su ganado.

Alarmados porque tenían que entregar parte de las tierras que habían sido suyas por generaciones, los grandes hacendados reaccionaron expulsando a esos aparceros a la calle. Cuenta el columnista de El Espectador, Alfredo Molano, que el cerebro detrás de esta revolución era el intelectual y mano derecha de Lleras en la Reforma Agraria, el sucreño Apolinar Díaz Callejas. Los grandes terratenientes, bien representados en el Congreso, presionaron a Lleras con grandes escándalos, tumbaron al ministro de Agricultura, Enrique Peñalosa padre, y dejaron sin fuerza política al Incora. “Razón por la cual –escribió Molano– Lleras y Apolinar optaron por organizar la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). La idea era que los campesinos tomaran en sus manos las banderas agraristas levantadas desde el gobierno López Pumarejo”.

Bajo el liderazgo de la Anuc que se fortaleció muy rápido, los campesinos combinaron la presión ante el Incora con las invasiones a las haciendas, según relata en su libro Guerreros y Campesinos, el investigador Alejandro Reyes.

En 1970 se hicieron las primeras tomas de tierras por el movimiento campesino, cuyo sentido colectivo había permanecido vivo durante centurias. Líderes y campesinos rasos, con música, acordeón, se les metieron a los más grandes latifundios de la región en forma pacífica. Después de cada invasión de cientos de campesinos, la policía intentaba desalojarlos sin éxito porque eran muchos. Luego entraba el Incora a negociar y finalmente adjudicaba terrenos colectivos.

En 1971 hicieron más de cien tomas, cuenta Ramiro Chamorro, quien fue presidente de la Anuc en Sucre por varios años en los ochenta. Los campesinos se metieron a los más grandes latifundios, a las fincas de José Badel, a las de Urbano Olmos.

Las cuentas varían según la fuente, pero varios coinciden en que entre 1970 y mediados de los ochenta los campesinos lograron que el Incora les titulara unas 546 fincas que juntas sumaban entre 118 y 122 mil hectáreas de tierra a unas 5.000 familias.

En los tiempos de Virgilio Barco, al finalizar los años ochenta, bajo el Plan Nacional de Rehabilitación hubo otro leve empujón a la titulación y formalización de la propiedad rural, como parte de su estrategia para impulsar el desarrollo campesino y la paz.

Desde comienzos de los años noventa, se dio otro fenómeno muy generalizado en los Montes de María. Ante la extorsión guerrillera y con el secuestro en crecimiento, muchos finqueros le vendieron sus tierras al Incora. Unos los hicieron desesperados; otros consiguieron hacer un buen negocio pues el Incora les pagó bien en momentos en que, por la violencia, sus tierras poco valías.

En El Carmen de Bolívar, por ejemplo, vendieron tierras al Incora, según cuenta un empresario de la zona, los Bustillo, Los Lascarro, los Frieri y los Barraza, entre otros.

A pesar de que el Incora acumuló miles de hectáreas, no se ve que las haya repartido entre los campesinos, como decía su mandato, con la misma energía con que las compró.

En los siguientes cuarenta años se avanzó a paso de tortuga, y para 2007, según un estudio realizado por Daniel Marenco para la Anuc sobre la tierra en los Montes de María, sumando toda la tierra que el Estado colombiano les había entregado a los campesinos desde los sesenta, apenas llegaba a 134.230 hectáreas, es decir que en los últimos 25 años se repartieron 12.000 hectáreas a los sumo.

La historia es más triste aún. Lo poco que hizo el Estado en todo el siglo en materia equidad, se reversó de manera brutal y drástica en las últimas dos décadas. Después de la compra masiva de tierras realizada por narcotraficantes en los municipios costeros y del Golfo de Morrosquillo y en la región ribereña del Magdalena en los años ochentas, vino la barbarie paramilitar de los noventa que expulsó de sus tierras a más de 80 mil familias campesinas.

Los paramilitares castigaron con especial saña, con más masacres y terror, a los campesinos que más logros habían obtenido a través de sus valientes luchas, como en Ovejas. También en las zonas donde los narcos habían comprado más tierras como en San Onofre, María la Baja y Córdoba - Tetón, fue donde hubo las mayores expropiaciones de parcelas campesinas.

Y quienes lideraron las luchas agrarias, fueron perseguidos en forma sistemática durante los años que siguieron. “Fue una especie de revancha tardía, de los grandes terratenientes para castigar la lucha campesina veinte años después”, según dijo a VerdadAbierta.com, el profesor Alejandro Reyes, que ha realizado varias publicaciones sobre el conflicto agrario en el país.

Un líder de la Anuc, que fue detenido por cuatro meses en 1992, dijo a VerdadAbierta.com que lo capturaron en 1992 “para castigarle a uno la osadía de andar organizando a la gente. La clase pudiente de este departamento nunca le ha perdonado a los campesinos que les hayan arrebatado tierra”.

Al final la primera década del siglo XXI, algunos municipios tenían una altísima concentración de la tierra, según el citado estudio de Marenco. En Morroa, por ejemplo, los campesinos con menos de 20 hectáreas que sumaban el 69 por ciento de los tenedores de tierra, apenas tenían el 16 por ciento de la tierra disponible. Y en Maria la Baja, el 0,3 por ciento más rico, con fincas de más de 500 hectáreas, poseía el 27 por ciento de las tierras.

Muchas fincas fueron despojadas. Los mismos paramilitares las ocuparon y forzaron a los campesinos a escriturárselas a sus testaferros y amigos. En otros casos, grandes terratenientes corrieron sus cercas y metieron en los linderos de sus haciendas, tierras de campesinos que habían salido huyendo. En otros, las fincas quedaron abandonadas y olvidadas, y en muchas regiones, los campesinos dejaron de vivir en sus fincas por miedo a ser asesinados, pero encargaron a terceros su cuidado o, en algunos casos, como el de la mayoría de los desplazados de Mampuján, por ejemplo, siguieron yendo a diario a cultivarlas y de noche regresaban a sus improvisadas y paupérrimas viviendas en los pueblos.

En los últimos años, aprovechando que la región ha ganado seguridad y que miles de campesinos están arruinados después de que perdieron gran parte de su patrimonio durante la guerra, empresarios y finqueros de otras regiones, han venido comprando tierras baratas.

Según reportó El Tiempo, en marzo de 2009, la gobernación de Bolívar tenía solicitudes de compra de tierras en la zona rural de El Carmen de Bolívar por 2.500 hectáreas y la Alcaldía de San Juan Nepomuceno informó que la firma forestal Tierras de Promisión había adquirido en este municipio por lo menos 5.000 mil hectáreas.

Un reportaje posterior de LaSillaVacía.com dijo que Tierras de Promisión era de Alvaro Ignacio Echeverría y que a título personal o por intermedio de su sociedad ha comprado 4.405 hectáreas de tierra en los Montes de María. En un debate sobre el despojo de tierras ante el Congreso del 18 de agosto, el representante a la Cámara Iván Cepeda, denunció que hay denuncias sobre intimidaciones a los campesinos en estas compras de tierras de Echeverría que tendrían que ser investigadas.

El mismo reportaje de LaSillaVacía.com, listó otras empresas que están comprando de manera masiva tierras en esta región. Entre éstas citó a Agropecuaria El Carmen de Bolívar, asociada al propietario del diario El Mundo de Medellín, Guillermo Gaviria, cuyo representante legal es Darío Cuartas que ha comprado 2.604 hectáreas; a Agropecuaria Genésis, y a Agropecuaria El Central S.A., cuyo represente legal es Otto Bula, quien fue segundo renglón al Senado del hoy ex senador Mario Uribe, juzgado por la Corte por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.

Según denunció Cepeda en el mencionado debate, se sospecha que muchas de estas compras de los empresarios asociados en la Fundación Amigos de los Montes de María se están haciendo con información privilegiada de empresas que tienen los registros de cartera de las deudas que originalmente habían contraído campesinos con la banca. De esta forma, los compradores contactan a los campesinos endeudados, con toda la información sobre su crédito vencido y les compran sus tierras a precios de ganga, dijo Cepeda.

No se sabe a ciencia cierta cuánta tierra se ha vendido masivamente a grandes empresas en los últimos años, pero se cree que pueden sobre pasar las 15.000 hectáreas. Y queda por investigar, como lo anotó Cepeda, de que algunos de estos compradores hayan tenido vínculos con la parapolítica.

Varias organizaciones de víctimas han estado en el proceso de recuperar sus tierras, pero éste ha resultado difícil, por decir lo menos. La experiencia de la finca La Alemania de San Onofre, en este sentido ha sido trágica. (Ver La vida por La Alemania, en este especial). Acción Social ha declarado la protección de miles de hectáreas que pudieron haber sido despojadas violentamente o estén en riesgo de serlo, para impedir que estas sean vendidas. Sin embargo, algunos compradores han conseguido que se levante la prohibición de algunas tierras. En otros casos, la protección sólo ha servido para que las tierras se vendan clandestinamente, sólo que no se registran las escrituras.

El siguiente es un vistazo a las dramáticas historias que rodean algunas de las fincas de los Montes de María, según lo relataron testigos directos.

Mula

Una de las luchas emblemáticas por la tierra sucreña de los años setenta fue la de la finca Mula. Literalmente centenares de campesinos (algunos hablan hasta de 500) se tomaron esta enorme hacienda entre Ovejas y Palmitos, de varias ramas de la familia García, primos de los políticos García Romero. Fue una de las pocas que se tornó violenta. Mataron a dos campesinos y en una de las tomas la policía se llevó a todos los que habían hecho la invasión y los detuvo. Le tocó usar de cárcel el Coliseo de Sincelejo porque eran unos 300 campesinos.

“Se amanecía haciendo asambleas y todo el que apoyaba la lucha campesina venía, como los maestros por ejemplo”, cuenta Jesús Pérez. Intervino el Incora y 902 hectáreas de la Mula se adjudicaron finalmente a 96 familias. “Todas pararon sus ranchos, y sembraron mango, plátano. El agua estaba ahí a manito”.

Los propietarios demandaron y el pleito duró 17 años. En su última apelación ante el Consejo de Estado, ellos pidieron que se les pagara el lucro cesante de tantos años. Los campesinos pidieron, a su vez, que se les avaluaran las mejoras. Y la justicia falló que las mejoras campesinas valían más que las pérdidas de los hacendados. Los propietarios finalmente aceptaron y entregaron la tierra.

Mataron a muchos de los beneficiarios. Entre ellos, pistoleros abalearon a Ramiro Jiménez, líder de las ocupaciones de la Mula, el 27 de septiembre de 1993. Él le contó a sus amigos que Álvaro Botero Maya, un hacendado de la región, le mandó a decir que no denunciara a las personas que vio asaltando su empresa, porque tendría problemas.

La ironía es que no sólo Botero Maya no fue investigado sino que, poco después le autorizaron crear una Convivir.

De las 96 familias originarias de la adjudicación de la Mula, sólo quedan unas 20. Últimamente ha comprado allí un señor que ha puesto cercas eléctricas y ha llevado gente armada. La gente está vendiendo muy barato, a 700 u 800 mil pesos hectárea, cuando, según los testigos consultados por VerdadAbierta.com, esa es de las mejores y mejor irrigadas tierras de la región y debería costar mucho más.

En marzo de 2009 el Incoder (la entidad que reemplazó al Incora) de Montería impuso medidas cautelares sobre algunas parcelas de la finca Mula, por riesgo de que fueran enajenadas con violencia o que pertenecieran a desplazados.

La Europa

Esta es una hacienda de miles de hectáreas en el municipio de Los Palmitos que originalmente pertenecía a la familia Olmos, una de las originarias de esta región, desde los tiempos de la colonia. Según dicen los más memoriosos, sus tierras no sólo provenían de las titulaciones coloniales, sino que en los años 40, en plena violencia liberal-conservadora, aprovecharon para ampliar sus dominios. Era de Aníbal Olmos, hijo único de Urbano Olmos.

Después los conflictos con los cultivadores de tabaco, el Instituto de Fomento Tabacalero les adjudicó tierras a los campesinos, pero no en forma gratuita, sino que tuvieron que pagar en los años 60, según recuerda don Ismael, 50 pesos al año. “Demoramos años en pagarle a Intabaco”, dijo.

Más tarde, en los años 70, el Incora legalizó la propiedad de La Europa y les entregó 1.300 hectáreas a 114 familias con títulos de propiedad común y proindiviso por sectores; cada sector se lo tituló a un grupo de familias.

El gobierno de Lleras Restrepo les adjudicó esa tierra a paz y salvo con el catastro. El abuelo de don Ismael fue uno de los originales adjudicatarios.

Durante los tiempos de la guerra, la gente estaba muy asustada y dejaron sus parcelas. Muchos no abandonaron la tierra del todo, cuenta José Macareno, dirigente de la Anuc, sino que se fueron a vivir a los cascos urbanos pero venían de día a trabajar en sus parcelas. Sólo hasta que amainó la guerra hace unos tres años, la gente volvió a parar sus ranchos y a vivir allí.

En 2008, una empresa de arepas empezó a comprarles las fincas a los propietarios de La Europa. Según información del municipio, la empresa compró 1.200 hectáreas a 130 familias y pagó a cada hectárea a unos 800 mil pesos. Cuando los empresarios llegaron con sus bulldozer a tumbar ranchos y cercas, la gente se levantó y no los dejó entrar.

No es claro cómo se llama la empresa compradora porque unos se refieren a esta como Arepas Don Pancho (según el estudio realizado por Daniel Marenco citado arriba) o Doña Arepa, según el dirigente Macareno. Arepas Don Pancho no aparece registrada en la Cámara de Comercio por lo que ese debe ser el nombre comercial de un producto. En cambio Doña Arepa es una marca de Harinera del Valle S.A., dueña del ingenio María Luisa, una empresa líder de su sector en Colombia.

Lo curioso es que la empresa tenía la información detallada de quiénes eran los propietarios de esa finca, algo bien difícil de conseguir. Era necesario que supieran de la historia de la hacienda, que consiguieran la vieja escritura de adjudicación original del Incora y siguieran a sus descendientes, a donde quiera que estuvieran.

A don Ismael lo encontraron. “Era unos cachacos de Medellín. Ellos pensaron que esto estaba solo, pero aquí estaba la gente trabajando, herederos, amigos, mucha gente. Iban llamando a cada uno y le llevaban un papel para que firmara”, cuenta mientras se seca el sudor de la frente, pues es mediodía y ha venido caminando como media hora desde su parcela donde está preparando la tierra para la próxima siembra. Que él sepa, compraron 90 parcelas muy barato.

Le ofrecieron tres millones por sus 12 hectáreas, a 250 mil la hectárea. Él, con cortesía, les dijo que no. Le doblaron la oferta. “No lo dejo ni por 20 millones”, les dijo don Ismael y luego explicó que no se va ir. “Con lo que nos ha dado esta tierra hemos vivido tres generaciones y mi me dará de comer siempre. Tres o seis millones se me van en un año”.

La Procuraduría Agraria, después del conflicto que hubo cuando la empresa de arepas llegó a tumbar monte en la Europa, dictó medidas de protección para impedir su venta. El asunto está en pleito.

Una organización de víctimas de Sincelejo asegura que a otro dueño de La Europa que no quiso vender lo presionaron con violencia. Eso fue en abril de 2009.

En la vecina hacienda de La Catalina, originalmente de otra integrante de la familia Olmos, Ana, a donde también los campesinos se habían hecho a tierras en los setentas, llegaron unos antioqueños a comprarles. Les ofrecieron a 300 mil pesos por hectárea. “Los que vendieron no lucharon por esto”, dijo orgulloso don Eric, otro campesino que se niega a vender.

La otra Alemania

Desde muy temprano en los noventa, en San Marcos, el sur de San Benito Abad, y Guaranda en Sucre, había paramilitares. Los llamaban ‘Pájaros’, como le decían a los conservadores en la época de la Violencia liberal-conservadora. También a algunas partes de esos municipios, que conforman la región de la La Mojana sucreña, de gran riqueza agraria, llegaron los narcotraficantes con sus pistas de aterrizaje y su droga y sus armas, dijo un líder agrario que conoce bien la historia de la región.

Sobre esas estructuras incipientes, se formó luego el frente La Mojana, que comandó Éder Pedraza, alias ‘Ramón Mojana’.

Allí queda la hacienda La Alemania. Originalmente, cuando primero se registró en 1955, se llamaba La Victoria, y era inmensa, pues se extendía en tres municipios, dos de Sucre y uno en Achí, Córdoba. Ahora esta finca, de 921 hectáreas, queda en Guaranda.

Desde sus comienzos tuvo dueños ilustres. A comienzos de los 60, figura en el registro que de la partición de una sociedad entre el entonces alcalde de Bogotá, Jorge Gaitán Cortés y Luis Guillermo Echeverri Abad, padre de Fabio Echeverri Correa, quien es conocido en el país por haber sido durante más de 15 años presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y consejero del presidente Álvaro Uribe en su primer gobierno.

Echeverri Abad les heredó la hacienda a sus hijos, entre ellos a Fabio en 1966, y estos le vendieron a una familia Correa en 1975. A los Correa les compró la hacienda Ramiro Calle, que se la vendió en 1986 a los hermanos Carlos, Enrique y Francisco Julio Mejía. Ellos se endeudaron y en 1992 hipotecaron la finca y en 1994, la DIAN la embargó por deudas de impuestos. En mayo de 1997, Rafael Zuleta Zuleta, quien les había prestado dinero a los hermanos Julio, se quedó con la finca.

Muy al tanto de lo que pasaba con esta finca pareció estar Javier Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, testigo importante en varios procesos de la parapolítica. Este hombre empezó como escolta del grupo armado del prestamista y ganadero de Córdoba Joaquín García (hoy desaparecido).

Según ‘Pitirri’ le contó a la justicia desde un principio, después de ganarse la confianza de Joaquín García, éste lo introdujo a los paramilitares, y le encargaron de “las finanzas” en La Mojana, en 1997.

Por esos días, según juró ante la Corte Suprema de Justicia, ‘Pitirri’ tuvo una reunión en una hacienda en Sahagún, Córdoba, invitado por Olegario Otero, que según él, colaboró con los paramilitares. Allí —aseguró— le presentaron al entonces senador Mario Uribe. Dijo ‘Pitirri’ que Uribe le dijo: “Hombre estoy interesado en las tierras en que están metidos. Me interesa una en especial que se llama La Alemania”.

‘Pitirri’ dijo que él iba a averiguar sobre la finca. Según dijo a la justicia averiguó que era de los hermanos Julio y se las había rematado Rafael Zuleta, a quien él conocía porque les colaboraba a los paramilitares. Al revisar lo que consta en instrumentos públicos prueba que ‘Pitirri’ sabía mucho sobre los pormenores de esta finca, porque allí figura que apenas seis días después de que los Julio le vendieron a Zuleta, éste canceló la hipoteca y el embargo de la Dian.

Después, aseguró ‘Pitirri’ tuvo una segunda reunión con Mario Uribe en el Hotel Piscis de Caucasia, Antioquia. Así la describió: “Cuando yo llego está Mario Uribe, con Fabio y Gustavo Mejía, con Éder Pedraza, alias ‘Ramón Mojana’. Yo le dije que la finca La Alemania ya la había rematado Zuleta, que el cuidandero se llamaba Joaquín. ‘Si hay que hay matar al cuidandero o a Zuleta, hay que hacerlo’, me dijo Mario Uribe. Esa finca es como de mil hectáreas. Déjeme y yo averiguo. Yo voy de sapo donde Zuleta. Quien me había ayudado a mí. ‘Don Rafa, quieren su finca’, le dije. Él dijo: ‘Yo le consigo otras tierras’. Eso fue en noviembre de 1998”.

Según ‘Pitirri’, Zuleta se fue a donde el ex congresista Álvaro García, hoy condenado a 40 años de cárcel por su concierto para delinquir con los paramilitares y su participación en la autoría intelectual de una masacre, y le dijo lo que estaba pasando. Eso hizo que lo vieran a ‘Pitirri’ como un riesgo de seguridad y, dijo que supo que García ordenó que lo mataran, como lo intentaron.

En el proceso ante la Corte, que está en etapa de juicio, la defensa de Mario Uribe negó rotundamente la veracidad de lo que dicho por ‘Pitirri’. Dijo que se contradijo en todo, “pero para solventar sus contradicciones, inventa que Olegario Otero y Mario Uribe Escobar le tendieron una trampa para que lo capturaran cuando extorsionaba por orden de ellos a Luz Marina Zapa, todo porque había alertado a Rafael Zuleta de los propósitos que se tejían en su contra, algo que éste último niega. En fin, sea lo que fuere, lo cierto e incuestionable es que Mario Uribe no tiene propiedades en la zona de San Marcos, región en donde según Pitirri se concentraron los esfuerzos para “expropiar” tierras productivas”.

‘Ramón Mojana’, quien podría dar fe si la reunión del Hotel Piscis sucedió o no, está pedido en extradición, y hasta ahora ha negado lo dicho por ‘Pitirri’.

Según la última anotación del registro público de La Alemania, Rafael Zuleta Zuleta le vendió su finca a José Manuel Escudero Jiménez el 31 de marzo de 2004, según consta en escritura registrada en la Notaría de Cáceres (municipio del bajo Cauca antioqueño, vecino de Caucasia) por 224 millones de pesos.

El mismo Escudero Jiménez figura registrando ante la Cámara de Comercio una empresa llamada Agropecuaria La Alemania en Montería (Córdoba) con matrícula 71565, el 17 de marzo de 2004, con capital de 1.200 millones. Esto es 14 días antes de firmar la escritura de compra de la hacienda La Alemania de Guaranda Sucre. Hasta 2009, la matrícula de Agropecuaria La Alemania está al día.

No se conocen vínculos de este empresario de Montería con el ex senador.

Finca Guasimal

Era la enorme finca de ‘Miki Ramírez’ que fue incautada por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Según los registros de la DNE esa finca tenía sólo 533 hectáreas, pero en realidad, según sabían los habitantes de Zambrano y Córdoba-Tetón donde se extiende sus territorios, tiene entre 1500 y 1600 hectáreas.

Muchos campesinos habían hecho allí sus fincas desde hacía años, cuando Ramírez la dejó.

El DNE la entregó en custodia a una persona, que a su vez se la dio en arriendo a un señor de Cartagena. Según testigos de la zona, ese arrendatario le sacó el ganado a la gente, puso alambre que les impedía el paso, picó con machete las casas de la gente. Después puso una demanda ante un juez para que la gente fuera desalojada.

DNE le transfirió la finca al Incoder, pero aún sin sanear. El juez de Zambrano falló a favor de Salas Badrán a comienzos de 2010. Intervinieron todas la autoridades para impedir el desa