Agencia Prensa Rural

Loading
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Denuncia pública
Ejército asesina a estudiante de la Universidad del Valle en Buenaventura
 

En la Costa Pacífica colombiana, zona de importancia geoestratégica para la imposición de grandes megaproyectos del sistema de acumulación capitalista, el estado colombiano a través del incremento desmedido de las fuerzas de represión estatales y paraestatales, desarrolla operaciones conjuntas de fuerzas regulares e irregulares (paramilitares), elimina las condiciones materiales de subsistencia de las comunidades asentadas en la zona, copa y se posiciona militarmente en el área, aterroriza y desplaza a la población, y arroja a humildes ciudadanos asentados en la zona a condiciones sociales y económicas de miseria.

El puerto de Buenaventura y Bahía Málaga se constituyen en un enclave estratégico del sistema de explotación. Por esta zona transita cerca del 70% del comercio exterior colombiano. Por allí entran las importaciones provenientes de Asia y sale una buena parte de las exportaciones nacionales con destino a la costa oeste de Estados Unidos y Centroamérica.

Al suroccidente de Colombia, departamento del Valle, municipio de Buenaventura, corregimiento de San Cipriano, zona turística colombiana, militares colombianos integrantes de la Tercera División y la Tercera Brigada del Ejército, pertenecientes a la fuerza de tarea Cisneros, sin ningún tipo de advertencia o solicitud de identificación, dispararon indiscriminadamente ráfagas de fusil en contra de dos indefensos ciudadanos colombianos, resultando como saldo trágico de este hecho de agresión estatal el asesinato extrajudicial a sangre fría de Katherine Soto Ospina, estudiante de la Universidad del Valle en el programa de licenciatura en ciencias sociales con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental y agresión extrajudicial a través de múltiples heridas con proyectil de dotación de las Fuerzas Militares de Rolando Quintero Ramírez, técnico electricista.

Para atenuar el impacto de este crimen de estado, el jefe de estado mayor de la Tercera Brigada, coronel Óscar López, señaló frente al caso que "información de inteligencia señalaba la presencia de insurgentes", que presuntamente pertenecían al 30 frente de las FARC-EP.

El viernes 3 de agosto de 2007, cerca de las 3:30 am, dos ciudadanos colombianos que se encontraban en un área turística colombiana, fueron atacados indiscriminadamente con ráfagas de fusil por miembros del ejército colombiano. La estudiante de la Universidad del Valle Katherine Soto Ospina, muere en el lugar de los hechos. El ciudadano Rolando Quintero Ramírez, gravemente herido (con tres impactos de arma de fuego de largo alcance) se lanza a un río para proteger su vida. Luego de permanecer oculto por cerca de cinco horas, y de avanzar en medio de la zona se encuentra a un grupo de militares quienes lo llevan al destacamento militar. El estado colombiano dilató la atención médico - quirúrgica por más de 13 horas.

Los puertos y corredores intermodales del megaproyecto de Intercomunicación de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), especificados en el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo conocido como "Arquímedes", los proyectos contenidos en los documentos Compes y la apropiación de los recursos naturales, genéticos y de la biodiversidad existente en el corredor biológico del Pacífico son las causas de tanta muerte, despojo y desarraigo en nuestro pueblo.

A través del terrorismo de estado, el estado colombiano cumple sus objetivos de controlar el territorio para la adecuación del mismo a los intereses del capital y ejercer un férreo control social.

Quedan de esa forma dispuestas las condiciones para implementar las políticas del capital, mediante los llamados hoy megaproyectos de infraestructura, de producción agroindustrial de biocombustibles, de servicios medioambientales, de comunicaciones, de generación eléctrica, de servicios turísticos, entre otros.

En estos hechos que a diario se presentan a lo largo y ancho de la geografía colombiana, en contra de ciudadanos colombianos indefensos, se ven involucrados miembros de las fuerzas regulares del estado, porque son ejecutadas en aplicación de la política de “seguridad democrática” del régimen representado por Álvaro Uribe Vélez y agenciado por diferentes planes de intervención del capital mundial.

Responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez, al gobernador del departamento del Valle y a las fuerzas militares y de policía por las violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, que se cometan contra las comunidades asentadas en el suroccidente colombiano, los visitantes nacionales e internacionales y por el hecho de agresión estatal en contra de los ciudadanos Katherine Soto Ospina y Rolando Quintero Ramírez .

Hechos

Martes 31 de julio de 2007

En el suroccidente de Colombia en el departamento del Valle, municipio de Santiago de Cali, la estudiante de la Universidad del Valle en el programa de licenciatura en ciencias sociales con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental Katherine Soto Ospina, de 23 años de edad, y el técnico electricista Rolando Quintero Ramírez, de 32 años de edad, parten de la ciudad con motivo de tener unos días de esparcimiento en la zona antigua del ferrocarril sobre el río Dagua, en el sitio turístico conocido como San Cipriano, ubicado a 30 minutos del área urbana del municipio de Buenaventura en el corregimiento de San Cipriano.

Martes 31 de julio de 2007, miércoles 1 y jueves 2 de agosto de 2007

En el suroccidente de Colombia en el departamento del Valle, municipio de Buenaventura, corregimiento de San Cipriano, zona turística, los ciudadanos Katherine Soto Ospina y Rolando Quintero Ramírez, realizan actividades de esparcimiento en la zona, acampan y establecen relación con la comunidad asentada en el lugar.

Viernes 3 de agosto de 2007

En el suroccidente de Colombia en el departamento del Valle, municipio de Buenaventura, corregimiento de San Cipriano, zona turística, cerca de las 3:00 am, Katherine Soto Ospina y Rolando Quintero Ramírez, con motivo de su retorno a su ciudad de origen, inician una caminata sobre la línea férrea.

Cerca de las 3:30 am, a un costado del puente colgante sobre el río Dagua y apoyados en la luz artificial que iluminaba el costado del puente, observan el grado de deterioro del mismo. Por lo cual luego de tomar medidas de protección para cruzar el puente, proceden a continuar su caminata.

Segundos más tarde, escuchan ráfagas (sin ningún tipo de advertencia o señal previa). Katherine Soto Ospina, cae sobre el puente sin vida, con motivo de varios impactos de proyectil de arma de fuego de largo alcance que perforaron su cráneo. Rolando Quintero Ramírez, gravemente herido con tres impactos de proyectil de arma de fuego de largo alcance y esquirlas en su pierna derecha, decide lanzarse al río para preservar su vida.

Rolando Quintero Ramírez, gravemente herido, es arrastrado cerca de 150 metros por la corriente del río. Posteriormente logra salir de la corriente y observa a varias personas vestidas con camuflado, por lo cual decide ocultarse.

Rolando Quintero Ramírez, gravemente herido y desangrándose, por sus propios medios sale de la orilla del río y se dirige a un camino.

Cerca de las 8:30 am, Rolando Quintero Ramírez es encontrado por uno de sus verdugos (un militar), quien lo traslada hasta el campamento del ejército colombiano, para posteriormente ponerlo a disposición de un teniente, quien se encontraba a cargo. Frente a Rolando, el teniente reconoce la responsabilidad de los hechos, pero inculpa de los hechos a los dos ciudadanos con el argumento de "caminar en una zona en donde se está llevando un conflicto".

Posteriormente, Rolando Quintero Ramírez y el cuerpo sin vida de Katherine Soto Ospina son trasladados por los militares al municipio de Buenaventura.

El cuerpo sin vida de Katherine Soto Ospina es llevado a la morgue, y cerca de las 9:30 am, Rolando Quintero Ramírez es ingresado al Hospital de Buenaventura, en donde es valorado y le prestan los primeros auxilios.

Horas más tarde hace presencia en el Hospital el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, y frente al ciudadano Rolando Quintero Ramírez acepta la equivocación, se compromete a tomar las acciones necesarias, a brindarle el apoyo que él requiera, a indemnizar a las familias y a realizar el traslado de él a la Clínica Valle de Lili en la ciudad de Cali, utilizando como medio de transporte aéreo un helicóptero.

Posteriormente le informan a Rolando Quintero Ramírez que va a ser trasladado a desde el Hospital del municipio de Buenaventura con destino a la Clínica Rey David en la Ciudad de Cali, utilizando como medio de transporte terrestre una ambulancia.

Cerca de las 6:30 pm, y luego de ser trasladado vía terrestre en ambulancia, Rolando Quintero Ramírez es llevado al dispensario de la sede de la Tercera Brigada del Ejército ubicada en la Ciudad de Cali, en donde nuevamente es valorado.

Cerca de las ocho de la noche, y sin ningún tipo de intervención quirúrgica, Rolando Quintero Ramírez es trasladado nuevamente al Hospital Departamental del Valle, en donde un capitán del ejército encargado se compromete a cubrir los gastos médicos a cargo de la Tercera Brigada de las Fuerzas Militares colombianas. Rolando Quintero Ramírez es nuevamente valorado por un ortopedista, quien procede a solicitar insumos quirúrgicos para desarrollar un procedimiento, los cuales son proporcionados por los amigos y familiares que acompañaban a Orlando.

El resultado de la valoración arrojó que Rolando Quintero Ramírez presentaba tres impactos de proyectil de arma de fuego de largo alcance sin orificio de salida, varias esquirlas y una fractura en su pierna derecha.

Entre las 8:30 y 9:30 pm hace presencia en la habitación en donde se encontraba Rolando Quintero Ramírez, un individuo, quien se presentó como auxiliar de enfermería y portaba un distintivo con el nombre de Gustavo A. Montes, quien procedió a interrogar en repetidas ocasiones a Rolando Quintero Ramírez sobre los hechos, el lugar de residencia, su familia y el porqué estaba en la zona. Es de resaltar que el presunto auxiliar de enfermería vestía botas militares, pantalón y camiseta negra.

Cerca de las diez de la noche, el oficial del ejército "encargado del caso" se retira del centro de salud, comprometiéndose previamente a que se comuniquen vía telefónica por si se necesita algo o hay complicaciones.

Minutos más tarde, el médico que está atendiendo a Rolando Quintero Ramírez solicita a los familiares elementos para el cuidado del paciente. Los presentes en el hospital se disponen a comunicarse con el "encargado del caso" por parte del Ejército pero este no contesta el llamado.

Ante la critica situación humanitaria que atraviesa el suroccidente de Colombia, el departamento del Valle y principalmente el municipio de Buenaventura, y frente al fundado temor de las comunidades y en rechazo a la política de desarraigo y expropiación ejecutada por las fuerzas regulares e irregulares del estado colombiano, que hoy hacen gala de arbitrariedades sin fin en esta region.

Exigimos

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Derechos Humanos

- El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos.

Al estado colombiano

- El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del derecho internacional de los derechos humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

- Detener las medidas represivas y el amedrantamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del municipio de Buenaventura en el departamento del Valle, por parte de las Fuerzas Militares.

- Garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos del municipio de Buenaventura en el departamento del Valle.

- Adelantar las acciones necesarias y sin dilaciones para el establecimiento de las responsabilidades a cargo del estado, a raíz del hecho desarrollado en contra de los ciudadanos Katherine Soto Ospina y Rolando Quintero Ramírez

- Adelantar las acciones necesarias y sin dilaciones en contra del grupo de militares que por acción u omisión perpetraron el hecho desarrollado en contra de los ciudadanos Katherine Soto Ospina y Rolando Quintero Ramírez.

- Adelantar las acciones necesarias y sin dilaciones en contra del grupo de militares que por acción u omisión dilataron el derecho a una atención inmediata e idónea en materia de salud del ciudadano Rolando Quintero Ramírez.

- Detener las medidas represivas y el amedrantamiento a las que está siendo sometido el ciudadano Rolando Quintero Ramírez.

A la Gobernación del Valle

- Detener las medidas represivas y el amedrantamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del municipio de Buenaventura en el departamento del Valle, por parte de las Fuerzas Militares.

- Garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos del municipio de Buenaventura en el departamento del Valle.

- Adelantar las acciones necesarias y sin dilaciones para el establecimiento de las responsabilidades a cargo del estado a raíz del hecho desarrollado en contra de los ciudadanos Katherine Soto Ospina y Rolando Quintero Ramírez

- Adelantar las acciones necesarias y sin dilaciones en contra del grupo de militares que por acción u omisión perpetraron el hecho desarrollado en contra de los ciudadanos Katherine Soto Ospina y Rolando Quintero Ramírez.

- Adelantar las acciones necesarias y sin dilaciones en contra del grupo de militares que por acción u omisión dilataron el derecho a una atención inmediata e idónea en materia de salud del ciudadano Rolando Quintero Ramírez.

- Detener las medidas represivas y el amedrantamiento a las que está siendo sometido el ciudadano Rolando Quintero Ramírez.

A la Defensoría del Pueblo

- Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos constitucionales de la vida de las comunidades asentadas en el municipio de Buenaventura en el departamento del Valle.

- Velar por las garantías constitucionales del ciudadano Rolando Quintero Ramírez.

Solicitamos:

A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Derechos Humanos

- En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del estado colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

A la comunidad nacional e internacional

- Exigir al Gobierno Nacional el inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que al respecto se han hecho y el acatamiento del derecho internacional de los derechos humanos, formulado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.

- Exigir al Gobierno Nacional garantice el derecho a la vida, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos del departamento del Valle, y en especial en el municipio de Buenaventura.

- Exigir al gobierno departamental en cabeza del gobernador que garantice el derecho a la vida, la integridad física y psicológica de las comunidades.

Instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta ante la crítica situación de derechos humanos que está afrontando el suroccidente de Colombia.


Instituciones a donde se deben dirigir:

Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá, Fax. 5662071, auribe@presidencia.gov.co

Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C., fsantos@presidencia.gov.co

Juan Manuel Santos, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C., siden@mindefensa.gov.co, infprotocol@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co

Carlos Holguín Sardi, Ministro del Interior y de Justicia, Avenida El Dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C., Fax. 2221874, ministro@minjusticia.gov.co

Mario iguarán, Fiscal General de la Nación, Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C., Fax. 570 20 00, contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co

Wolmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 No. 10 - 32 Bogotá D.C., Fax. 640 04 91, defensoria@defensoria.org.co, secretaria_privada@hotmail.com

Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación, Cra. 5 No.15 - 80F Bogotá D.C., anticorrupción@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co

Carlos Franco, Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, Clle 7 N° 5 - 54 Bogotá D.C., Fax. 337 46 67, cefranco@presidencia.gov.co, fibarra@presidencia.gov.co

Nota: Favor remitir al correo redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es los oficios y gestiones que adelanten a partir de esta información.