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La salud en Colombia es un jugoso negocio para el sector económico privado
La salud en Colombia es un jugoso negocio para el sector económico privado, facilitado por el propio estado mediante la constitución de 1.991 y la ley 100 de .1993 proyectada por Álvaro Uribe Vélez y ejecutada en pleno proceso de institucionalización del modelo económico “neoliberal” durante sus dos gobiernos
 

La corrupción Administrativa Pública, Privada y en Asocio ocupa el principal problema en la estructura de la sociedad Colombiana con especial relieve en la salud, seguida por los demás servicios que el Estado obligadamente debe prestar a la población y que de manera continua se ha venido desobligando al crear un sistema de salud parcelado entre “CONTRIBUTIVO” y “SUBSIDIADO” que ambos manejan a sus anchas operacionales el sector privado, llámese E.P.S. – I.P.S. – A.R.S. – LABORATORIOS FARMACÉUTICOS MULTINACIONALES – Y TODA CLASE DE INTERMEDIARIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, pero siendo en esencia el ESTADO como principal responsable jurídico, social y económico por la dilapidación de los recursos públicos y la mala prestación del servicio y control de la salud para los Colombianos.

Tal corrupción, robos, desfalcos, facilitando los demás delitos con el negocio de la salud es generada de forma y contenido por el mismo tipo de sistema apuntalado por los diversos gobiernos de turno y que se encuentra fundamentado en la privatización absoluta y el modelo económico “neoliberal” del País. Así mismo la creación de un P.O.S. (Plan Obligatorio de Salud) restringido conforme a la capacidad de pago, que no toma en consideración, ante todo, salvar al ser humano y cuyo P.O.S. debe estar constantemente actualizado con el avance científico y tecnológico mundial de la medicina, como de la producción de los medicamentos e instrumentos complementarios que todo usuario necesita para su recuperación.

Sistema oficial de salud que sin el más mínimo control y veracidad facilita los “RECOBROS” AL “FOSYGA” por las instituciones privadas de los servicios no contemplados en el P.O.S. creando una vena rota al Tesoro Público con los superprecios que se les antoja y que los funcionarios oficiales “LEGALIZAN” lógicamente por una buena tajada.

Pero a las E.P.S. como mayores y principales negociantes, no les basta para sus apetito voraz los billonarios recursos anuales que reciben por el Estado como U.P.C. (Unidad de Pago por Capitación) por cada afiliado que tenga conforme al P.O.S., recurriendo constantemente cada vez más a espaciar las citas médicas y servicios hospitalarios por meses, sin importarles transgredir las fechas de los controles científicos y validez oportuna de los resultados de los exámenes con el ya cuento jarto de “NO HAY AGENDA”, “VUELVA EL OTRO MES”, “NO HAY SISTEMA”, etc., llevando al paciente a la incertidumbre de a cuantas citas al año va a tener derecho ya que no les importa su tipo de enfermedad terminal o grave.
La salud como el fundamental derecho a la vida de los Colombianos, no puede seguir regida por el criterio privatizador y el modelo económico “neoliberal”, y menos a una medicación limitada y atención recortada contrario al avance de los conocimientos científicos para el servicio del ser humano. LA SALUD DEBE SER SOCIALIZADA ESTRUCTURALMENTE CON RESPONSABILIDAD ÚNICA DEL ESTADO.