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Ley agraria alterna desde las organizaciones campesinas
El Proyecto popular de Reforma Agraria y Desarrollo Rural: Una iniciativa desde la base social agraria, para lograr la recuperación socioeconómica, cultural, territorial y ambiental de las comunidades rurales y que contribuirá eficazmente a la consolidación de la paz en Colombia.
Agencia Prensa Rural / Jueves 18 de agosto de 2011
 

CONTEXTO:

• En el marco internacional aspectos como el acaparamiento de tierras, por países y multinacionales genera un lucha mundial de gran connotación en defensa de las tierras, territorios y territorialidad (CAMPO/CIUDAD).

• La crisis humanitaria y alimentaria, ha generado grandes desigualdades, muertes, desprotección, lo cual requiere un acciónar conjunto, como el conformado por el Comité de interlocusion campesina y comunal CICC-Mercados campesinos, que posibilita la articulación entre productores/as y las alianzas entre campo-ciudad.

• La Mesa Nacional de unidad Agraria, está compuesta por diversas organizaciones campesinas, étnicas, comunales y de mujeres, de carácter nacional y regional; como su nombre lo indica, busca unificar criterios, enfoques, metodología y una propuesta común, en torno a la lucha rural-social.

• A nivel nacional las diversas expresiones políticas y sociales, convergen en espacios como COMOSOCOL, para construir un esfuerzo colectivo de la unidad de lucha social y la movilización.

• Pensarnos la construcción de un nuevo país, poder popular y un paz duradera significa nuevos enfoques, metodologías, unidad pluricultural incluyente, saberla manejar conducir y gobernar.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ALTERNO

Las comunidades rurales en Colombia y sus organizaciones, con el apoyo de sectores populares y democráticos de nuestro país, han venido elaborando un proyecto de Ley alternativo de reforma agraria integral, democrática y desarrollo rural, que contrasta en lo fundamental con el proyecto de Ley que presentará el Gobierno Nacional al Congreso en los próximos días.

El movimiento agrario y social clasista colombiano, conformado por las organizaciones de los campesinos, indígenas, negras, mujeres, desplazados, trabajadores agrarios y con el apoyo de organizaciones sindicales, comunales y populares conscientes de la gravedad rural que se vive en Colombia han elaborado un proyecto popular de Ley, desde hace dos años y medio, a través del análisis participativo, el debate juicioso y ordenado y el aporte creativo de su experiencia y practica social, desde todas las regiones y territorios del país, como expresión de su vocación y voluntad política y la decisión inequívoca de la necesidad de contribuir a la construcción de mejores condiciones para el campo y los hogares rurales y ofrecer a la sociedad colombiana una propuesta alternativa que contribuya a restablecer la soberanía autonomía y seguridad, alimentaria, la actividad multidiversa de la agricultura y el desarrollo sustentable de los recursos naturales de la agricultura, la biodiversidad y del medio rural y la sostenibilidad de la economía familiar rural.
Este esfuerzo colectivo retoma iniciativas como la del proyecto de ley presentado por el Consejo Nacional de Organizaciones Agrarias e Indígenas CONAIC en el año 1993, el cual constituyó una propuesta alterna al proyecto número 114 del Gobierno de la época y que posteriormente la bancada de Gobierno lo convirtió como la Ley 160 de 1994; Por aquel entonces sólo se logró, mediante la lucha y las marchas, la inclusión de la figura de zonas de reserva campesina.

El Proyecto de Ley popular de reforma agraria y desarrollo rural, que ahora se retoma, acoge también las iniciativas plasmadas en el Mandato Nacional Agrario aprobado en el Congreso Nacional Agrario celebrado en abril del año 2003, cuyos ejes temáticos apuntan a la solución de situaciones y problemas estructurales de la población y su medio rural, como son los altos niveles de pobreza rural, el desarraigo económico del campo, la crisis agropecuaria y la violencia contra las Comunidades y el destierro de las familias campesinas.

El Mandato Campesino como propuesta integral de las comunidades rurales, fue ratificado por múltiples organizaciones y continúa siendo un referente político y una bandera de lucha por la democracia popular.
Otro de los momentos cruciales fue la Cumbre social y política realizada en Agosto de 2009, más de 45 organizaciones agrarias, ambientalistas, diversos sectores y regiones reunidos, re-direccionaron esta tarea de gran importancia para el país, sector y la sociedad colombiana. Igualmente las diversas Asambleas, reuniones talleres de organizaciones campesinas, mujeres, desplazados, trabajadores agrícolas, regiones, con otros sectores la fueron fortaleciendo en su contenido, considerándola como una bandera de lucha política inclaudicable.

ALCANCE DE NUESTRA PROPUESTA

De lograrse la aprobación del proyecto de ley social popular agraria, mediante la consecución de los apoyos necesarios , a través de la lucha unificada y masiva del movimiento agrario y popular, se contaría con un marco normativo e institucional que posibilitaría, la obtención de reivindicaciones en aspectos como:

• El fortalecimiento de las organizaciones rurales y su capacidad de gestión ante las entidades gubernamentales.

• Su real incidencia en los programas y proyectos de reforma agraria y desarrollo rural en el ámbito de las entidades públicas y territoriales.

• la reversión de la extrema concentración de la propiedad de la tierra.

• El reconocimiento del papel e importancia de la economía campesina.

• La defensa de la diversidad étnica y cultural.

• La recuperación económica de la producción agropecuaria,

• La protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el ambiente.

• La recuperación de la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.

• En término generales contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores rurales.

• La recuperación de la dignidad como ciudadanas y ciudadanos colombianos.

El Proyecto de Ley popular agraria que se presenta a las comunidades rurales y los sectores populares, busca concretizar postulados de la Constitución Política de Colombia como los artículos 64, 65 y 66 que en su orden establece el deber del Estado colombiano de garantizar el acceso a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios; la especial protección de la producción de alimentos como un ejercicio pleno poder soberano del pueblo rural y las condiciones especiales de crédito que debe tener la producción agropecuaria.

Para la cabal realización del objeto general, objetivos, principios y mecanismos de desarrollo y ejecución de la Ley popular agraria se propone, entre otros, la creación del Consejo Nacional de Política Económica y Social para la Agricultura y el Medio Rural –CONPES RURAL- como instrumento que permitirá la formulación, coordinación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas y que permitirá la representación de las organizaciones campesinas, indígenas y negras, así como de las mujeres del sector rural, del sector cooperativo, desplazados y de las organizaciones ambientalistas y ecologistas con representatividad nacional y regional.

De otra parte la creación y constitución del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y la conformación a su interior de diez (10) Subsistemas, debidamente articulados en el ámbito nacional, departamental y municipal dará fuerza de acción y coherencia a los distintos aspectos que se acuerden implementar, con base en un modelo de amplia participación y decisión democrática, en el que las propuestas y decisiones se tomarán desde las instancias locales, pasando por lo regional hasta llegar a lo nacional, y no como tradicional e históricamente ha sucedido, es decir las estrategia y programas impuestos desde la cúpula gubernamental.

PRINCIPIOS FUNDACIONALES.

La situación de precariedad social y económica de los pobladores rurales y sus comunidades, la violencia que desarraiga a muchos hogares rurales, el no reconocimiento de su rol en el medio rural y la crisis del sector agropecuario amerita cambios estructurales y urgentes en la política publica social, agraria y económica y naturalmente en la Ley.

El fracaso de las políticas agropecuarias y agrarias gubernamentales de los últimos gobiernos, se expresa, entre otros aspectos, en que Colombia está completamente rezagada con respecto al desarrollo sectorial de otros países latinoamericanos: Colombia viene depende cada vez más de la importación de alimentos.

Para revertir la lamentable situación y condiciones anotadas anteriormente y lograr un mejoramiento sustancial de los pobladores rurales más desfavorecidos y empobrecidos, el proyecto de Ley popular agraria parte de los siguientes criterios fundamentales:

1. El restablecimiento de la soberanía autonomía y seguridad alimentaria del país y la producción nacional de alimentos, según lo establece el artículo 65 de la constitución nacional,

2. El respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas,

3. El reconocimiento del rol social, económico y cultural de la economía campesina y de las variadas formas de la producción.

4. Prelación a las mujeres rurales, jefas de hogar, jóvenes rurales, víctimas de la violencia o en estado de desprotección social para acceder a los beneficios de la política rural.

5. El establecimiento de una ley, una política y una institucionalidad que apoye la economía campesina y al resto de las comunidades rurales en la producción, procesamiento y distribución de productos y alimentos agropecuarios,

6. La necesidad de establecer un ordenamiento en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de los suelos agrícolas.

7. El fortalecimiento y mejoramiento del Incoder como entidad encargada de realizar el ordenamiento social y productivo de la propiedad rural.

8. La necesidad de revertir la alta concentración de la propiedad de la tierra rural; el carácter especulativo del mercado de tierras.

9. Hacer realidad el cumplimiento de la función social y ecológica de la tierra,

10. La participación decisoria de las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas y de los trabajadores rurales, y otros sectores agrarios, en las decisiones y los organismos e instancias de decisión,

11. Crear las condiciones para que toda la población rural participe integral y equitativamente en la distribución de los beneficios de la sociedad.

12. Garantizar el cumplimiento pleno de la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993, la ley 731 de 2002, así como su reglamentación.

LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DEL MEDIO RURAL PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE LEY POPULAR AGRARIO.

Para dar cumplimiento a la planeación, coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de los programas de reforma agraria y desarrollo rural que se establezcan, el proyecto de Ley prevé la siguiente organización:

Crea un Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria como organismo público de mayor jerarquía, en el cual se realizará la planeación hasta la evaluación de los programas bajo la dirección de su propio Consejo con representación de los diversos sectores de las comunidades rurales.

A su vez y bajo su articulación se establecerán diez subsistemas conformados con una alta representatividad y legitimidad por los sectores representativos de las comunidades rurales, como los Consejos de Desarrollo Rural y Reforma Agraria a nivel departamental y municipal.

LOS SUBSISTEMAS:

Los subsistemas atenderán lo relacionado con:

a) La programación y coordinación de los programas y proyectos de las entidades gubernamentales en articulación con las entidades territoriales;

b) La dotación de tierras y su adecuación e infraestructura para la producción.

c) La asistencia técnica, la transferencia de tecnología apropiada, la capacitación y formación de los beneficiarios.

d) El fomento y estimulo al mercadeo y comercialización agropecuario, la transformación de las materias primas y la asociatividad con emprendimientos.

e) Brindar real acceso al financiamiento con crédito subsidiado y líneas especiales para atender las actividades propias del sector así como vivienda, educación, capacitación y el fortalecimiento del fondo agropecuario de garantías;

f) Brindar una seguridad social y desarrollo integral en salud, riesgos por las actividades, pensión, recreación.

g) Garantizar la participación comunitaria como actores socio-políticos, como sujetos de derechos en la toma de decisiones que los afecten y en el diseño de políticas y programas sectoriales.

h) Contar con un mecanismo nacional accesible sobre información para la agricultura y el medio rural de manera que las comunidades conozcan permanentemente el avance de los programas;

i) Contar con un mecanismo para dinamizar la pesca y la acuicultura de los pequeños y medianos productores y su inserción a la economía local y regional.

j) Hacer viable la consecución de la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria.

PRESUPUESTO.

Se plantea destinar el 5 por ciento del presupuesto nacional, empréstitos externos e internos, los bonos agrarios, el 10 por ciento del fondo nacional de regalías, el 5 por ciento de las importaciones de alimentos y materias primas agropecuarias, el 10 por ciento de los recaudos del 4 por mil, entre otros para garantizar el objeto y las estrategias y mecanismos contemplados en el proyecto del Ley.

DEFENSA E IMPULSO DEL PROYECTO DE LEY POPULAR AGRARIA

Las organizaciones agrarias, populares, de desplazados, de mujeres, sindicales, comunales, cooperativas, ambientales y políticas que creen firmemente en los elementos y aspectos fundacionales contenidos en el texto original elaborado con cerca de 18 capítulos y 242 artículos y que buscan concretizar importantes mandatos constitucionales relacionados con el sector agropecuario y los pobladores rurales, hacemos un llamado a todas las organizaciones y las personas presentes en este Encuentro Nacional, para que acompañen la divulgación del proyecto popular de Ley y a defender e impulsar en todos los niveles, espacios y ámbitos de actuación, como alternativa al proyecto que presentará el Gobierno Nacional - Ministerio de Agricultura-, con el total convencimiento de que nuestra propuesta es una alternativa construida desde la discusión fraterna y el aporte de las organizaciones populares y que atiende a las principales necesidades y expectativas de la población rural.

En esta línea de acción, para la viabilización y eventual concreción como ley, de este proyecto en el congreso de la república, no será suficiente el reconocimiento y apoyo de los sectores democráticos y populares del país, por lo cual es indispensable acompañar su presentación y tramite con la movilización agraria y popular, dada la actual composición parlamentaria, adversa a nuestras pretensiones, particularmente en materia de reforma agraria.

Pretendemos generar un debate nacional y político, que construya y haga transformación reales en el ámbito social, económico y político, que distribuya realmente la tierra y los medios de producción , las riquezas acumuladas en pocas manos y se disminuya la pobreza y hambre que padece nuestro país.

¡POR TERRITORIOS, ALIMENTOS Y VIDA¡

¡NO MAS TIERRAS EN POCAS MANOS, NI MUCHAS MANOS SIN TIERRA!
¡LA UNIDAD NOS HARA FUERTES Y PERSEVERANTES EN LA LUCHA ¡
MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA.

ACCION CAMPESINA COLOMBIANA, ANMUCIC, ASOGRAS, ANUC_UR, ADUC CUNDINAMARCA, ADUC CALDAS, ADUC QUINDIO, ANDAS, APEMECAFE, ASOCIACION CAMPESINA VALLE DEL CIMITARRA, CAHUCOPANA, CORDINACIÓN NACIONAL DE DESPLAZADOS, CORDINADOR NACIONAL AGRARIO, FUNDACION SAN ISIDRO, SINTRAINCODER, FENSUAGRO, FENACOA, FANAL, CONFEDERACION NACIONAL COMUNAL, MESA DE INCIDENCIA POLITICA MUJERES RURALES, COMITÉ DE INTERLOCUSION CAMPESINA Y COMUNAL.-CICC, CONAP.