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El Catatumbo: Riqueza en la frontera
Los intereses que se muestran, las amenazas que se esconden
Freddy Ordóñez / Viernes 7 de septiembre de 2007
 

La región del Catatumbo, al nororiente de Colombia, está conformada por nueve municipios en la parte norte del departamento Norte de Santander: Ocaña, Convención, El Tarra, Hacarí, Teorama, San Calixto, La Playa, El Carmen y Tibú, los cuales son bañados por las aguas del río Catatumbo y sus afluentes. El río que le da el nombre a la región, nace de la confluencia de los rios Oroque y Bagre en el cerro de Jurisdicciones, al sur de Ocaña y desemboca en el lago de Maracaibo en la República Bolivariana de Venezuela. Esto ha llevado a considerar la región como “transfronteriza”.

El Catatumbo posee diferentes características geográficas, pudiéndose encontrar en la región zonas con topografía y climas propio de la cordillera Oriental, hasta zonas con una superficie plana y con características selváticas (Tibú). Las alturas en la región van desde los 200 hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar (en lo que corresponde a la parte colombiana del Catatumbo). Además, en el Catatumbo se localiza el Parque Natural Catatumbo – Barí, creado en septiembre de 1989 mediante la resolución ejecutiva No. 121 del Ministerio de Agricultura, el cual cuenta con una extensión de 158.125 hectáreas e incluye parte de los municipios de Convención, El Carmen, San Calixto, Teorama y Tibú.

Es una zona que, debido a su variedad climática y sus suelos, es apta para la agricultura diversificada, presentándose diversos tipos de cultivos como café, cacao, maíz, fríjol, arroz, plátano y yuca. Sus tierras también –especialmente en la parte baja– se prestan para la ganadería [1], y sus ríos poseen una gran variedad de peces, que han servido de alimento durante mucho tiempo a los habitantes ribereños (principalmente a los indígenas motilón – barí). La riqueza en recursos naturales, forestales, faunísticos, hídricos y minerales (principalmente petróleo y carbón), su condición de frontera, de la que goza igualmente todo el departamento Norte de Santander y, especialmente su capital Cúcuta (considerada la frontera más dinámica del país), hacen del Catatumbo una región de gran importancia geopolítica y geoeconómica.

Los primeros habitantes del Catatumbo fueron los indígenas motilón – barí [2], quienes pertenecen a la familia arawak, y habitaron buena parte de la geografía nortesantandereana, a tal punto que se considera que han sido despojados de más del 90% de su territorio ancestral, teniendo que replegarse en la Serranía de la Motilona y en la zona fronteriza. Estos indígenas habitan en 23 comunidades ubicadas en los municipios de Tarra, Teorama, Tibú, Convención y el Carmen. Además, los Barí han sido diezmados en su población, quedando hoy en día apenas tres mil. Estos indígenas, así mismo, han sufrido embestidas históricas que han golpeado su cultura, sus costumbres, su integridad e identidad.

La fundación y surgimiento de los primeros municipios en la región obedecen a circunstancias y épocas diferentes. Por ejemplo la ciudad de Ocaña fue fundada en el siglo XVI, mientras que el municipio de Tibú fue creado en 1945. A éste llegaron colonos del interior del país, animados por la existencia de yacimientos de recursos naturales, principalmente el petróleo, del que en 1933 mediante la llamada “concesión Barco” se inició su explotación. Esta zona del bajo Catatumbo se fue colonizando a medida y de acuerdo con los avances hechos en exploración y explotación petrolera, así como a medida que avanzaba la construcción de oleoductos, teniendo por ejemplo en el caso de Tibú un origen obrero, en un proceso que algunos investigadores califican como de “colonización petrolera” [3].

Los habitantes de las cabeceras municipales, según el censo del 2005, se dedican en su mayoría al comercio y a la prestación de servicios, mientras que en las áreas rurales de los municipios se han dedicado a la agricultura (especialmente de hoja de coca), principalmente en los municipios de cordillera, y a la ganadería (sobre todo en la parte baja). Es desde 1990 que los pobladores de esta región, gracias a las políticas neoliberales y de apertura económica implementadas por el gobierno del entonces presidente César Gaviria, tienen que dedicarse a la producción de la hoja de coca como única alternativa para sobrevivir [4].

El comienzo de esta actividad empezó a generar atropellos y abusos de la fuerza pública contra la población civil, especialmente en el Bajo Catatumbo donde se venia implementando, hasta 1999, un proceso bastante interesante de organización comunitaria:

Una nueva concepción de poder local comenzaba a emerger y a materializarse por medio de la participación ciudadana en las decisiones que comprometiesen el destino de las comunidades, así como en la fiscalización, el control del bien público y el fortalecimiento del mismo por medio de las asambleas y las juntas populares. De igual forma surgieron nuevos mecanismos para la resolución de los conflictos y se adoptaron al comprobar su eficacia como: la guardia cívica, los juicios populares (en los que prevaleció un profundo respeto por los derechos fundamentales), los comités de derechos humanos, la oficina de trabajo y otros. Se habilitaron mecanismos para la adquisición del presupuesto local y ya existían programas para la financiación de obras autogestionadas por las mismas comunidades [5].

Pero este proceso se vio truncado con la llegada, como fuerza ocupacional [6], de los paramilitares el 29 de mayo de 1999. El terror sembrado en el departamento por éstos entre 1999 y 2004 incluyó 5.200 crímenes cometidos en el área metropolitana de Cúcuta y 11.200 en otras zonas de Norte de Santander (principalmente en la región del Catatumbo); la desaparición forzada de 200 personas; el desplazamiento forzoso de cerca de cien mil habitantes, y el robo de más de un millón de hectáreas a la población campesina.

Las riquezas que se muestran, las amenazas que se esconden

Los paramilitares en Norte de Santander no representaron una propuesta contrainsurgente de ganaderos, latifundistas y narcotraficantes “cansados de las vacunas subversivas” (lo que para algunos fue el origen del fenómeno paramilitar). No. Las AUC en Norte de Santander fue una apuesta del narcoparamilitarismo, las Fuerzas Militares y parte de los políticos tradicionales quienes buscaban quedarse con los negocios ilícitos en el área de frontera; expandir los cultivos de coca; exterminar al movimiento social y a la oposición política; tener un control fronterizo desde el cual poder golpear al proceso revolucionario venezolano; permitir la culminación del proyecto (paramilitar) de control territorial del corredor que une el noroccidente con el nororiente del país; expropiar al campesinado de las tierras; y asegurar la inversión de megaproyectos viales e inversiones petroleras, mineras y agroindustriales. Especialmente sobre estos dos últimos objetivos hoy en día, bajo otra estrategia, se continúa la guerra sucia en el Catatumbo.

Las riquezas que posee el Catatumbo hacen que en la región se proyecten planes e inversiones por parte de las empresas multinacionales, quienes en el marco de la globalización tienen sus intereses puestos en la región con el fin de explotar los bienes y recursos naturales existentes.

El Catatumbo también tiene una ventaja comparativa en los cálculos económicos dada su ubicación fronteriza con Venezuela y la cercanía al lago de Maracaibo, constituyéndose así un área geoestratégica ubicada en la mitad del continente americano. En este contexto el Catatumbo se convierte en un punto de interconexión de toda la infraestructura energética, de transporte, ambiental, social e industrial que requiere el comercio transnacional. El Catatumbo y el estado Zulia se relacionan especialmente en la explotación carbonífera, petrolera, gasífera, agroindustrial, forestal y ganadera.

La presencia del estado es casi inexistente, y prácticamente lo hace a través de la fuerza pública, más en términos de una política de control territorial y social que ofrezca estabilidad política a los grandes inversionistas y proyectos económicos, que con la intención de proteger y mejorar las condiciones de vida de la población civil. Es así como en el Catatumbo operan la 30a. Brigada y la Brigada Móvil No. 15, las cuales suman más de seis mil soldados operando en Norte de Santander. A estos habría que adicionar los agentes de la Policía Nacional y de los distintos organismos oficiales que operan en el departamento para sumar el grueso de la fuerza pública que actúa en la región (aproximadamente nueve mil hombres). Además se proyecta la implementación de nuevas brigadas móviles, las 20 y 21, las cuales entrarán en funcionamiento antes de finalizar el año.

En lo que tiene que ver con la implementación de megaproyectos viales e inversiones petroleras, mineras y agroindustriales, ayer la ocupación del Catatumbo por las AUC, y hoy, la fuerte militarización tienen en común ser el elemento que garantice el control territorial para:

Uno. La exploración y explotación de carbón y petróleo. Recientemente ha sido anunciada la continuación de exploraciones petroleras en el municipio de Tibú, para lo cual tendría que realizarse una primera inversión de 40 millones de dólares [7], por parte de la firma brasilera Petrobrás. Estas explotaciones implican en primer lugar, la recuperación de los pozos del campo de Tibú mediante la explotación secundaria a través de la inyección de agua. En segundo lugar, explotaciones en la cuenca del Catatumbo mediante convenio suscrito entre Ecopetrol y la multinacional Occidental Petroleum (Oxy). Y, en tercer lugar, exploración y explotación por parte de la multinacional Oxy y Ecopetrol quienes ya han empezado las labores correspondientes de exploración sísmica [8]. Los nuevos pozos establecidos se encuentran en territorio ancestral barí, como ocurre con los pozos Álamo I, II, III, IV y Ventanas. Además la empresa Petrotesting quiere adelantar explotaciones petroleras en los campos de Puerto Barco y Río de Oro.

Respecto al carbón, el gobernador de Norte de Santander, Luis Miguel Morelli, viajó recientemente a Toronto (Canadá) donde presentó el portafolio de inversiones minero energético del departamento, con el fin de promover el Norte de Santander como destino de las inversiones mineras [9]. Actualmente la explotación de carbón representa uno de los mayores intereses en el Catatumbo, ya que se pretende en la zona la explotación del mineral a cielo abierto, pues las reservas son superiores a las del Cerrejón (Guajira). Las empresas que se encuentran tras este megaproyecto en el Catatumbo son dos empresas canadienses, una mexicana y cinco aparentemente colombianas [10]: compañía minera Río de Oro, compañía minera La Esmeralda, Promexco, Sopromin, Carbo fuels and minerals, Geofisin UE, Prominorte, y Mora y Mora multiinversiones mineras. Las empresas impactarían una zona superior a 25 mil hectáreas, en los municipios de Convención, Teorama, Tibú y El Tarra. Únicamente en 1.531 hectáreas ubicadas en la vereda Caño Mariela [11], se pretende la explotación durante el primer año de 60 mil toneladas, proyectando llegar el quinto año a 790 mil toneladas. Además, a la par de la explotación, se pretende la implementación de líneas férreas [12] y tres termos para generar 18 Mw/h donde se consuman aproximadamente 35 mil toneladas de carbón no exportable. La explotación a cielo abierto de carbón ocurrirá en zonas de resguardo y ancestrales del pueblo barí.

Dos. Igualmente la militarización está encaminada a promover la implementación de monocultivos extensivos agroindustriales de cacao y palma aceitera. En el caso de la palma aceitera se proyecta llegar a cubrir 20 mil hectáreas (actualmente existen alrededor de cinco mil hectáreas sembradas) y construir, en el corregimiento de Campo Dos (Tibú), una planta extractora de aceite. Esta planta tendrá un costo de ocho mil millones de pesos, de los cuales la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (Usaid), pondría 1.200 millones. La planta procesará 15 toneladas por hora, aunque con la extensión del monocultivo se propone que para el 2010 esta extractora procese 60 toneladas por hora. Las obligaciones adquiridas por medio de créditos y endeudamientos para poder adelantar los procesos de explotación hacen que los campesinos de la región corran el enorme riesgo de perder sus tierras. El interés en la implementación de estos cultivos se remonta al gobierno de Andrés Pastrana, cuyo ministro de Agricultura, Carlos Murgas Guerrero, fue el promotor de la palma aceitera en el Catatumbo, y hoy aparece como socio mayoritario de la promotora Hacienda Las Flores Ltda. y de la planta extractora Catatumbo. Además del ex ministro, la palma aceitera tiene entre sus promotores al grupo paramilitar Águilas Negras. Los habitantes han afirmado estar siendo amenazados por integrantes de estos grupos para que implementen cultivos de palma en sus predios, los cuales después son obligados a vender.

Tres. La construcción de la vía Tibú – La Mata [13], conocida como “la troncal del carbón”, la cual está recibiendo el impulso de las autoridades departamentales y del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien está interesado en que el departamento tenga una salida al mar propia, para la movilización de los productos mineros y agrícolas.

[e]l potencial económico que ofrece la región de El Catatumbo para el desarrollo de Norte de Santander es uno de los propósitos que animan al gobierno del presidente Uribe Vélez de ofrecer ayuda a esa zona. Allí hay riqueza petrolera, cacaotera, de palma de aceite y eso la convierte en una de las regiones más importantes del país y la redención para el departamento [14].

La inversión en la adecuación y pavimentación de la vía la calcularon en $220 mil millones y el presidente Uribe en el consejo comunal del 29 de enero de 2006, en Tibú, anunció el aporte de $50 mil millones para iniciar las obras. Se trata de que el carbón que se explota en la zona del Catatumbo tenga una salida a los mercados internacionales por territorio colombiano. Hoy los industriales del carbón están utilizando la vía del lago de Maracaibo, en territorio venezolano. Se pretende por medio de esta vía exportar dos millones de toneladas de carbón al año, con un promedio diario de 7.575 toneladas, en vehículos con capacidad de 32 toneladas.

Los “para” intereses en la frontera

Aunado a lo ya dicho se presenta el traslado del conflicto interno colombiano a territorio venezolano. El gobierno colombiano y los grupos paramilitares han afirmado en reiteradas ocasiones que existe presencia de mandos y combatientes de las FARC – EP y del ELN en el territorio venezolano, con el visto bueno del gobierno del vecino país [15]. Pero lo cierto es que los Estados Táchira y Zulia han visto incrementados los niveles de violencia, principalmente por la presencia de reductos o estructuras recompuestas del paramilitarismo (léase Águilas Negras), quienes buscan mantener el control en los negocios ilícitos que se dan en la frontera como son el contrabando de gasolina, armas, drogas y partes o repuestos de automóviles. También se sabe que [los paramilitares] realizan exportaciones ficticias de ganado para lograr así lavar dólares en el país vecino, y que han incursionado de manera progresiva en algunas ramas de las economías locales de ambos lados de la frontera como el transporte público (colectivo y mototaxis), vigilancia privada, arroz, construcción, juegos de azar (chance y casinos), y negocios de confecciones textiles [16].

Entre los años 2000 y 2005, las cifras de crímenes en el Táchira aumentaron de forma alarmante, esto como un reflejo de la situación que por esos mismos años se presentó en el departamento Norte de Santander, aunque durante el “2006 [los homicidios] descendieron en más del 25%, registrándose 466 […] durante ese año” [17] . Este significativo descenso relacionado directamente con la desmovilización de las AUC, quienes tenían una base de operaciones en la vereda Juan Frío, en el municipio fronterizo de Villa del Rosario, desde allí controlaban y direccionaban el accionar hacia los municipios frontera del estado Táchira (San Antonio, Ureña) y hacia la capital del estado, San Cristóbal.

El diario local La Opinión, en su edición electrónica, señalaba en el mes de enero del año pasado: “La ola criminal que está azotando el estado Táchira en gran parte se debe a la guerra desatada entre paramilitares y desertores o desmovilizados de estos grupos irregulares que operan en Colombia y que han trasladado su batalla a esta región fronteriza” [18], así mismo el diario reseñó durante el 2006, en diferentes ocasiones, la captura de hombres presuntamente integrantes de grupos ilegales [19]. Los informes publicados por el diario venezolano La Nación indican que los asesinatos en el estado Táchira han aumentado con relación a años anteriores (salvo el descenso presentado en el 2006), y la cantidad de homicidios cometidos se han mantenido estables y sin mayores variaciones a lo largo del 2007: en febrero se presentaron 32 asesinatos [20], en julio 38, y en agosto 30. Como particularidad común se presenta la modalidad de homicidio tipo “sicariato". En el mes de agosto "[s]ólo dos de los 30 crímenes fueron perpetrados con armas blancas, en los demás los asesinos emplearon armas de fuego. La mayoría de los homicidas eran motorizados" [21].

Por otra parte en el estado Zulia se observa el control territorial ejercido por los paramilitares en las ciudades de Maracaibo, El Guayabo, Casigua, El Cubo y Machiques [22]. La presencia de paramilitares colombianos en territorio venezolano quedó evidenciada en conversaciones interceptadas por la Fiscalía a comandantes de las AUC y se ha dado a conocer en diferentes informes y estudios [23].

Aparte del control en los estados venezolanos, los paramilitares todavía mantienen presencia activa en el lado colombiano de la frontera especialmente en los municipios de La Esperanza, Cáchira, Ocaña, Convención, El Carmen, Ábrego, Sardinata, El Zulia, Puerto Santander, Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta, y Tibú, lo cual da a entender que estas estructuras no tuvieron una voluntad real de desarme y paz, y que por el contrario no han dejado de ejercer influencia política, control en la frontera y en los centros urbanos, y “seguridad” para los megaproyectos que se avecinan para el Catatumbo. El mayor temor ahora es que se repitan las terribles crímenes cometidos contra el campesinado habitante del Catatumbo, y contra los sectores sociales más vulnerables del departamento, ya no por las AUC, sino por parte de las Águilas Negras.

Los fuertes intereses que se proyectan en el Catatumbo hacen creer que se recurrirá al terror como mecanismo que permita la implementación de los megaproyectos, la fuerte militarización y los altos niveles de crecimiento de los grupos paramilitares en la zona son un síntoma de lo que se puede presentar y que ya en épocas anteriores vivieron los catatumberos. Las masacres, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, los bombardeos indiscriminados son tomados por la administración departamental y el gobierno central como ejercicio de autoridad [24] , como elementos propios de la seguridad estatal [25] y vigencia de la democracia, como elementos que permiten generar progreso y traer los beneficios del gran capital trasnacional.

Sólo la unidad de acción del pueblo nortesantandereano en los diferentes escenarios que se planteen (sociales, políticos, jurídicos, etc.) podrá impedir que el departamento se convierta en un socavón bordeado uniformemente de palma, custodiado por militares y paramilitares, donde todos los recursos y riquezas marchen sobre rieles hacia el extranjero en la repetición sin fin de la historia de nuestro continente: tener la riqueza y no disfrutar de ella, porque así funcionan las estructuras contemporáneas del despojo, ese es el destino que el capitalismo tiene para el campesino y el indígena barí: el desaparecer en un hueco, salvo claro está que éstos se reconozcan como sujetos capaces de cambiar el curso de la historia.

[1] La ganadería en la zona del Catatumbo, al igual que en otras partes del país, era una actividad lucrativa y el tener ganado representaba estabilidad económica. Pero en 1999, los paramilitares despojaron a los pobladores de las reses que éstos poseían. “Cuando los "paras" de Castaño y Mancuso llegaron, en El Tarra, municipio de El Catatumbo, había diez mil cabezas de ganado. Cuando se fueron, no habían quedado 500” declaración de Wilfredo Cañizares (director de la Fundación Progresar) en: Tiene que responder por más de 16 mil crímenes. http://www.laopinion.com.co/miercol... revisada el día 17 de enero de 2007.

[2] [Estas] comunidades indígenas […] recibieron el nombre genérico e impreciso de motilones, una denominación impuesta por los colonizadores, que fue usada por primera vez por Fray Pedro Simón en sus Noticias historiales de las conquistas de tierras firme en las Indias Occidentales. En esta obra, impresa en 1627, se usó el término cuando se relataban sucesos acaecidos en 1548, momento en que por primera vez fue explorado el río Zulia por algunos españoles. En realidad, como han demostrado numerosos estudios antropológicos, el nombre utilizado por las mismas comunidades indígenas para denominarse a sí mismos es el de barí, lo que literalmente significa «gente»” Vega Cantor, Renan. “Explotación petrolera y etnocidio en el Catatumbo: Los barí y la concesión Barco” en revista Espacio Crítico, Nº 6, enero a junio de 2007, http://www.espaciocritico.com/Revista.asp?numero=7&articulo=291

[3] Al respecto ver Vega Cantor, Renán, “Explotación petrolera y etnocidio en el Catatumbo: Los barí y la concesión Barco” en revista Espacio Crítico, Nº 6, enero a junio de 2007, http://www.espaciocritico.com/Revista.asp?numero=7&articulo=291.

[4] Nos vemos obligados a sembrar la coca como salida desesperada a nuestra caótica situación; estos cultivos mejoraron un poco el nivel de vida de las gentes, pero los problemas sociales permanecieron intactos” Un año de terror oficial. Sigue la guerra contra las gentes del Catatumbo (denuncia), Campesinos del Catatumbo, 20 de mayo de 2000.

[5] Yépez, Freddy, Catatumbo: Drama de desplazados, Mérida: Ediciones cambio de Siglo, 2000, pág. 44.

[6] Los paramilitares han actuado en Norte de Santander, sin la intención de copar territorios, desde finales de los 80, especialmente en la provincia de Ocaña hasta donde llegaban provenientes del departamento del Cesar a cometer asesinatos selectivos. Por ejemplo el 20 de octubre de 1988 en Ocaña paramilitares bajo la etiqueta de “La Mano Negra”, ejecutaron a Salvador López T., en inmediaciones de la plaza de mercado.

[7] Millonaria inversión para explotación petrolera en Tibú, en www.laopinion.com.co (revisada el día 14 de diciembre de 2006)

[8] También actualmente compañías como Harkem Energy, Solana Resources y Petrobrás están pendientes de los resultados de los estudios sísmicos en 260 mil hectáreas del Catatumbo. Norte de Santander: Herencia millonaria. En: revista Cambio. Edición Número 730, 25 de junio al 5 de julio de 2007. pág. 45.

[9] “Fue muy importante haber hecho parte de esa delegación a Canadá, donde miles de personas pudieron ver las posibilidades de inversión que tenemos en Colombia y especialmente en Norte de Santander no sólo en materia de carbón sino en los demás minerales como el zinc, el cobre, el uranio y el oro”, comentó el gobernador a su regreso. En: http://www.nortedesantander.gov.co/ (revisada el día 15 de marzo de 2007)

[10] Estas últimas integran el consorcio Carbofising Ltda.

[11] En esta zona quien pretende explotar el carbón es sólo la compañía Geofising EU

[12] Por ejemplo: río Tomas – Curumaní – Santa Marta que implica 275 Km.

[13] Esta carretera pasaría por los municipios de Tibú – El Tarra – Convención - El Carmen, en Norte de Santander y La Mata en el departamento de Cesar.

[14] Tibú-La Mata, la alternativa, en www.laopinion.com.co (revisada el día 13 de abril de 2006)

[15] “El gobernador del departamento colombiano de Norte de Santander, Luis Miguel Morelli, denunció este miércoles [14 de junio de 2006] que los guerrilleros de las FARC trasladan secuestrados desde esa región del nordeste del país a territorio venezolano.” En: http://pan.starmedia.com/noticias/v... (revisada el día 15 de marzo de 2007); Carlos Castaño en entrevista concedida a la BBC en febrero del año 2001 señaló que: “Hace 15 días estábamos enfrentando a unas tropas de las FARC en el municipio de Tibú, en la zona de La Gabarra, limítrofe con Venezuela (…) Las tropas de las FARC incursionaron en territorio venezolano y helicópteros venezolanos bombardearon y ametrallaron a las tropas de las Autodefensas Unidas de Colombia, mientras fueron abiertamente tolerantes con la guerrilla de las FARC.” http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/la... (revisada el día 15 de marzo de 2007).

[16] Codhes, Al filo de la frontera: El impacto del conflicto armado colombiano en los estados fronterizos de Venezuela, en: Documentos Codhes No. 5: “En el borde del conflicto: Guerra y desplazamiento en las fronteras. Estudios de caso”, Codhes, Bogotá, 2007. pág. 107.

[17] 32 crímenes en febrero en el estado Táchira, en http://www.laopinion.com.co/lunes/j... (revisada el día 14 de marzo de 2007)

[18] El Táchira sería escenario de guerra entre los ‘paras’, en: http://www.laopinion.com.co/miercol... (revisada el día 25 de enero de 2006)

[19] En Venezuela 16 “paras” han caído en 23 días, en: www.laopinion.com.co/lunes/j... (revisada el día 27 de febrero de 2006); Capturados cinco presuntos “paras”, en: http://www.laopinion.com.co/miercol... (revisada el día 14 de junio de 2006)

[20] 32 crímenes en febrero en el estado Táchira, en: http://www.laopinion.com.co/lunes/j... (revisada el día 12 de marzo de 2007)

[21] 30 asesinatos, en agosto, en: http://www.laopinion.com.co/lunes/j... (revisada el día 3 de septiembre de 2007)

[22] Codhes, Op. Cit. Pág. 108.

[23] Por ejemplo la revista Coyutura Política, No. 1, da cuenta de la presencia del grupo paramilitar Águilas Negras en los municipios del estado Táchira: Orope, Boca de Grita, San José de las Palmas, Colón, La Fría, Coloncito, Ureña, San Antonio, Capacho y San Cristóbal; en el estado Zulia, en la zona rural de Machiques y Casigua; y en El Vigía, en el estado Mérida. Avanza rearme paramilitar en Norte de Santander, en: http://www.laopinion.com.co/lunes/c... (revisada el día 18 de junio de 2007)

[24] Por ejemplo en el marco de la desmovilización de las AUC el gobernador en comunicado público mostró cierta satisfacción por la pacificación, la democracia, la autoridad y la defensa ejercida por esta organización paramilitar, afirmando que manejan un lenguaje funcional a las instituciones: “Se requiere obtener condiciones estables de convivencia pacífica y de vigencia plena de la democracia, mediante el ejercicio legitimo de la autoridad y el cumplimiento de las funciones estatales de seguridad defensa y justicia. Debemos construir un solo lenguaje institucional”. www.nortedesantander.gov.co

[25] Sobre la complacencia por el papel de las AUC como una organización que reemplazaba al estado en su función de brindar seguridad se puede ver: Vicepresidencia de la República - Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Dinámica reciente del conflicto armado en el Catatumbo. Bogotá: 2006