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Algunos elementos para el análisis de la acumulación de capital a partir de la minería de oro
Freddy Ordóñez / Lunes 19 de septiembre de 2011
 

Este documento pretende entregar elementos para el análisis de las nuevas realidades en la acumulación de capitales a partir de la minería de oro, para ello en primer lugar, se presentan los orígenes de la presencia de capital extranjero en la minería aurífera nacional; seguidamente, se evidencia el papel jugado por la producción de oro en el desarrollo capitalista del país; en un tercer momento, se relacionan los intereses foráneos actuales en el sector; luego se muestran los dispositivos institucionales-particulares para la acumulación y finalmente se presentan algunas conclusiones.

Los orígenes de la presencia de capital extranjero en la minería

La extracción aurífera ligada a los intereses de las potencias extranjeras ha estado presente a lo largo de la historia republicana de Colombia: El vicepresidente Santander, aceptó los ofrecimientos de préstamo realizados por el imperio británico, a pesar de que éstos se presentaban en condiciones desfavorables para el país. Los banqueros ingleses recibieron “como seguridad de garantía para el crédito y como contraprestación financiera, entre muchos otros gajes, el arrendamiento de las minas de Supía y de Marmato […] el empréstito se firmó en 1825 con los banqueros ingleses A. B. Goldsmit”, éstos, y los también ingleses Powells Illingworth y Co. y la Western Andes Mining Co. fueron los primeros beneficiados de la minería en Marmato, Supía y Quiebralomo.

De otra parte, en el Nordeste Antioqueño, surgía a mediados del siglo XIX, con capital inglés la Frontino and Bolivia Company, operaba igualmente en Antioquia la Pato Mining y de igual forma, hacían presencia algunas empresas mineras francesas.

Ya en el siglo XX, las empresas francesas e inglesas que operaban en Colombia, pasaron en su mayoría a manos norteamericanas, lo que se tradujo en la supremacía de EEUU –por lo menos hasta mediados de siglo- en la extracción de oro en el país, lo que significó además su capacidad decisoria en la política sectorial, así como en general en la política económica nacional, puesto que el país del norte, se volvió un gran inversionista en sectores como petróleos, transportes, telecomunicaciones, servicios públicos y agricultura, lo que dejó, a Colombia, ubicada bajo la órbita de dominación de los Estados Unidos.

La minería y el desarrollo del capitalismo nacional

La minería implementada a partir de 1825 en Antioquia representó la puesta en escena de una minería de tipo capitalista en el país, en lo que han sido calificadas como las primeras empresas capitalistas en Colombia [1], el principal beneficiario de esto fue la economía británica (seguidos de Francia y Estados Unidos, siendo este último durante buena parte del siglo XX el único extractor extranjero del metal). El imperio Británico mediante un proceso de expansión atlántica, pretendió dar salida a los procesos de sobreacumulación y crisis capitalista vivida en Europa a mediados del siglo XIX. Sobre la base de la minería de oro de Marmato y del Nordeste del siglo XIX se construyó el capitalismo colombiano del siglo XX.

Efectivamente, algunos de los empresarios del oro, gracias a las experiencias de la extracción aurífera y a los capitales que amasaron, se convirtieron en los fundadores de las primeras fábricas y emporios comerciales antioqueños, que comenzaron a surgir a partir de 1880, dentro de los que se pueden contar: casas de cambio y de comercio internacional, tabacaleras y cigarrerías, empresas de vapores en el Magdalena, latifundios para ganadería y pastos importados, construcción de viviendas en Medellín, importación de mercancías, agroindustrias cafeteras, industrias textiles y cerveceras, mercados de víveres, industrias ladrilleras, molinos de trigo y cacao, entre otros. Así el oro de determinadas zonas de Antioquia permitió la construcción industrial del Valle de Aburrá y del llamado “triangulo industrial” conformado por Medellín, Bogotá y Cali.

Además las “olas migratorias” que se vivieron en el occidente del país obedecieron a diferentes momentos vividos por la extracción de oro, incluyendo la famosa “colonización antioqueña”.

La acumulación de capitales en la minería actual y los intereses foráneos en el sector.

La minería durante el siglo XX e inicios del XXI no dejó de tener importancia en la economía nacional, de igual forma se presentó ligada a los intereses de compañías transnacionales. En efecto, la inversión extranjera en la explotación de minas y canteras fue en el año 2000 de US$ 507 millones, pasando a US$2.116 millones en el año 2008, es decir en 8 años se dio un crecimiento del 400%. Los países con mayor inversión en exploración minera en Colombia son Canadá, Sudáfrica, Suiza, Brasil, Reino Unido, Australia, EEUU y Japón. En lo correspondiente a exploración de metales, las empresas canadienses prevalecen, seguidas por las colombianas, las estadounidenses y británicas, pero presentándose los mayores gastos en exploración –en su orden- de parte de los canadienses, las empresas surafricanas, las suizas, las empresas estadounidenses y del Reino Unido.

Fue durante la administración de Álvaro Uribe Vélez que se implementaron y diseñaron o bien profundizaron diferentes dispositivos funcionales a la minería y en general al desarrollo y potenciación de las economías extractivas, en detrimento de la llamada “minería de hecho”.

La minería y los dispositivos estatales-particulares para la acumulación.

La normatividad implementada en el último periodo ha apuntado a una política económica contra los sectores tradicionales del campo, tal ha sido el caso de las leyes 1021 de 2006, Estatuto Forestal; 1152 de 2007, Estatuto de Desarrollo Rural; y 1382 de 2010, “Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas”, todas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, y cuya característica fundamental era su esencia desterritorializadora, y su funcionalidad a los intereses privados, presentándose de esa forma, la máxima conjunción entre la lógica capitalista y la lógica territorial: que fueran el mercado minero-energético y el agroindustrial, junto con las empresas de estos sectores económicos las ordenadoras del territorio rural.

Los empresarios, dedicados a la extracción de minerales preciosos en el país, han tenido la posibilidad de aumentar sus capitales desde finales del siglo XX, a partir de la intensificación y expansión del conflicto armado, de la acumulación por desposesión y de la implementación de dispositivos institucionales orientados a respaldar y facilitar la minería de gran escala y perseguir la minería de hecho, así como de los avances en infraestructura vial y portuaria.

Cuando se habla de la minería transnacional y a gran escala y de la minería tradicional, artesanal o de hecho estamos frente a dos modelos productivos diametralmente diferentes, lo que lleva a señalar también la presencia de dos modelos territoriales diferenciados y contradictorios en lo que es claramente una disputa por la tierra y principalmente una disputa por la definición de un territorio.

Persecución a la minería tradicional, artesanal o de hecho.

Las medidas normativas diseñadas apuntan cada vez más a atacar la llamada “minería ilegal”, es decir, aquella minería tradicional, artesanal o de hecho, que se aleja de las lógicas capitalistas de acumulación y cuya finalidad principal, es la subsistencia y no la generación de excedentes (producto de la explotación del trabajo vivo y de la tierra), por lo que no cuenta con los recursos suficientes para adelantar los trámites respectivos para su legalización y que se considera una forma de frenar el aumento de la pobreza, según la Defensoría del Pueblo (2010):

La minería en pequeña escala, tradicional y de hecho ha sido reconocida […] como un tipo de producción que tiene profundas raíces históricas y sociales y que está asentado en la cultura y la economía de América Latina, según los cuales debe considerarse como una forma de erradicación de la pobreza de un gran número de personas que habitan en zonas rurales.

Según el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas “la minería artesanal es un arma eficaz contra la pobreza rural y la migración de las zonas rurales a las urbanas y, como tal, debe recibir apoyo”.

Según los cálculos más modestos, la minería artesanal representa el sustento de 15.000 familias. Para la extracción aurífera, se cree que en esta laboran al menos 40.382 mineros, lo que indica que de ella dependen aproximadamente 10.000 familias en el 44% de los municipios del país (Defensoría del Pueblo, 2010). Los departamentos con mayor número de municipios que presentan minería de hecho son Córdoba, Boyacá, Risaralda y Quindio.

En la actualidad, el Ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, ha señalado la próxima presentación de una reforma al Código (Ley 685 de 2001), la cual pretende atacar a la minería de hecho, eliminando el articulado que refiere a la legalización de explotaciones realizadas por grupos y asociaciones de minería tradicional [2], bajo el pretexto de que con esta figura se estarían encubriendo diversas formas de minería ilegal. Si bien, la normatividad vigente permite la legalización de las explotaciones, en la práctica esta no ha dado resultados, en parte por la cantidad de requisitos y exigencias para su alcance [3]. A manera de ilustración, para mediados del año 2006 “Los pequeños mineros radicaron 3.634 solicitudes que fueron evaluadas; 2.049 fueron archivadas y solo 986 consideradas viables para visitas; se realizaron 617 visitas de las cuales solo 107 pasaron a elaborar sus planes de obra y de manejo ambiental; al final solo 4 contratos habían sido firmados.” (Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y Derechos Étnicos, 2008). A la fecha de las más de 3.600 solicitudes, únicamente el 1% fue legalizado.

Si con la normatividad vigente se presentan tantas dificultades para acceder a la legalización de las minas, con la nueva reforma se espera aún menos posibilidades de avance, ya que otro aspecto contemplado en la anunciada reforma, es el endurecimiento de los requisitos para acceder a un título minero, para lo cual se solicitará mayor capacidad financiera y técnica (El Espectador, 2011, Jun. 20), lo cual evidentemente no solo perjudica al minero artesanal sino que favorece al gran empresario.

Las retaliaciones contra la minería de hecho se han realizado desde una estrategia de criminalización que ha incluido los señalamientos del presidente Juan Manuel Santos sobre esta actividad como la nueva fuente de financiación de grupos armados, principalmente de la guerrilla de las FARC, convirtiéndose la persecución a la minería ilegal, según anunció el Presidente, en la nueva prioridad de las autoridades (BBC Mundo, 2011, Mar. 11). Lo cierto es que buena parte de los grupos paramilitares han ejercido influencia y control territorial en zonas de extracción no solo de oro, también de plata, carbón y esmeraldas, pero no precisamente de minería de hecho, sino de gran minería, la cual, en un buen número de casos, ha estado vinculada política y económicamente con el accionar criminal de estos grupos. Ya en Chocó se ha venido presentando la estigmatización a pequeños mineros, en el Nordeste Antioqueño, según denuncia de la ACVC, un reconocido líder de los mineros artesanales fue asesinado en Segovia.

La favorabilidad a la minería transnacional.

Los dispositivos institucionales además de atacar la minería artesanal, directamente favorecen la gran industria, en lo que es claramente un reto por desaparecer formas de producción diferentes a la capitalista, como modalidad de acumulación por desposesión (Harvey, 2004). El Código de 1988 (Decreto 2655 de 1988), bajo el supuesto de legalización de las formas mineras, escondía la intencionalidad de ordenar la industrialización mediante una serie de exigencias y procedimientos técnicos e infraestructurales, que sólo el gran capital podía cumplir. La Ley 685 de 2001, Código de Minas vigente, fortaleció de forma explícita al empresariado, desapareciendo la protección a la minería de hecho en pequeña escala. El Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y Derechos Étnicos de CECOIN, señala que “El Código coloca como iguales ante la ley a la pequeña minería y a la transnacional, de modo que contraen costosas obligaciones técnicas y organizacionales similares a pesar de que los impactos socioambientales son claramente diferenciados, y las condiciones financieras distan mares de ser equivalentes” (Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y Derechos Étnicos, 2008).

Los favorecimientos a la minería capitalista, no deben sorprender, toda vez que la Ley 685 de 2001 fue proyectada, asesorada y reglamentada por los abogados de las compañías cementeras Holcim, Cemex y ladrillera Santa Fé (Observatorio Indígena de Seguimiento a Políticas Públicas y Derechos Étnicos, 2008). Ha sido precisamente durante la vigencia de este Código que se ha presentado un aumento tanto en títulos solicitados, como en hectáreas dedicadas a la minería en el país, pero particularmente fue a partir del segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez, que se disparó exponencialmente el área nacional dedicada a minería, llegando para el año 2009 a ser de 8,53 millones de hectáreas. En el mismo sentido se ha presentado un aumento en la Inversión Extranjera Directa en el sector minero: entre 2006 y 2009, aumentó un 74%, pasando de USD$ 1.783 a USD$ 3.094.

El marco normativo favorable, la guerra, la inversión en infraestructura, la tecnología aplicada al proceso productivo, la formación de un proletariado sin tierras a partir del desplazamiento y el despojo, aumentaron las posibilidades de expansión del capital vinculado a la minería. A manera de ilustración, Antioquia es el principal productor nacional de oro, pero también el principal departamento expulsor de población desplazada del país. Este departamento en las dos últimas décadas, ha contado con importantes participaciones dentro de la producción nacional de oro, representando un 40,64% del total extraído entre los años 1990 – 2000, muy por encima de otros departamentos como Córdoba y Bolívar.

El boom de la minería ha ido de la mano, no sólo de la normatividad sectorial sino de otras estrategias como son, entre otros:

(i) Coordinación interministerial entre el Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Transporte para la identificación y puesta en marcha de necesidades en infraestructura vial, férrea y portuaria;

(ii) Diseño de políticas gubernamentales con matices de política estatal como son la las apuestas nacionales para el sector Metales y piedras preciosas, joyería y bisutería, desarrolladas en la Agenda Interna para la productividad y la competitividad; las apuestas productivas en Carbón, oro y calcáreos desarrolladas en Documentos Regionales de algunos departamentos de la Agenda Interna para la productividad y la competitividad; y principalmente el documento marco “Colombia país minero. Plan Nacional para el desarrollo minero. Visión al año 2019”;

(iii) La inserción de funcionarios públicos de alto nivel en el sector minero y viceversa, en lo que se ha conocido vulgarmente como puerta giratoria. De lo anterior se destaca, la denuncia del Ex Ministro de Minas, Manuel Rodríguez: “El ex director de Ingeominas Julián Villarruel trabaja hoy para AngloGold Ashanti, la empresa con mayor extensión en títulos mineros (550.000 hectáreas y solicitudes por 2’000.000 adicionales). La ex canciller María Consuelo Araújo es presidenta de la Gran Colombia Gold Company, fusionada recientemente con Medoro. Gloria Lucía Álvarez, después de haber dejado el cargo de directora de la CAR de Cundinamarca (2007), ingresó a AngloGold Ashanti como flamante asesora jurídica. Hoy ataca a la directora de Cortolima por cuestionar públicamente el proyecto de La Colosa. […] el ex ministro de Minas Hernán Martínez sea miembro de la junta directiva de Medoro Resources. Durante su período como Ministro de Minas (2006-2010) se tramitó la reforma del código minero y se otorgó en forma caótica el mayor número de títulos mineros en la historia del país [...] El ex ministro de Justicia Rafael Nieto es el presidente de la Greystar […] Claudia Jiménez, directora ejecutiva del Sector de la Minería de Gran Escala, fue la coordinadora de las relaciones del gobierno Uribe con los gremios como ministra consejera del Gobierno hasta el 2010” [4].

La etapa de consolidación de la política minera se desarrollará en el gobierno Santos, quien pretende duplicar los niveles de exportaciones mediante la actividad minera, lo cual evidencia las líneas de continuidad entre su administración y la de Uribe. El actual mandatario se propone “consolidar al sector minero como motor para el desarrollo económico”, para lo cual se requiere una reforma institucional orientada a regular el mercado, vigilar el cumplimiento de las normas vigentes e implementar mecanismos sancionatorios. La pequeña minería según Santos debe ser “competitiva, responsable y productiva”.

Algunas conclusiones

La minería ha estado ligada de manera principal a la acumulación y circulación de capitales en el país, siendo en su momento el soporte del despliegue del capital en su fase industrializada nacional. Durante la administración anterior se evidenció la forma en que sectores económicos participaron del gobierno nacional y orientaron la política favorable al sector de manera que permitiera un mayor beneficio para éstos, lo que se ve reflejado en el aumento presentado en inversión extranjera directa en minería, el número de títulos solicitados, las hectáreas dedicadas a exploración y explotación, etc., así como en la acumulación realizada mediante la desposesión y el despojo, en la implementación de dispositivos normativos que buscaban la persecución y criminalización de la pequeña minería artesanal. Las proyecciones y los anuncios del gobierno Santos evidencian la continuidad en el favorecimiento a las grandes empresas nacionales y trasnacionales, así como en la eliminación o cooptación de los pequeños mineros, en lo que se muestra como la disposición de las tierras y territorios en función del gran capital.

Freddy Ordóñez es autor de Nordeste Antioqueño: Territorio en disputa. Entre la acumulación de capital y la alternativa campesina. Bogotá: Cahucopana, 2011.

[1] Gabriel Poveda (1981, 55) señala que las minas de veta constituidas a partir de 1829 en Antioquia, serían las primeras empresas capitalistas en Colombia.

[2] Entre otros, el artículo 165 del actual Código, Ley 685 de 2001.

[3] Uno de esos requisitos es contar con un Plan de Trabajo y Obras, el cual, según el artículo 84 del Código, debe contener los siguientes elementos y documentos: (1) Delimitación definitiva del área de explotación; (2) Mapa topográfico de dicha área; (3) Detallada información cartográfica del área; (4) Ubicación, cálculo y características de las reservas que habrán de ser explotadas en desarrollo del proyecto; (5) Descripción y localización de las instalaciones y obras de minería, depósito de minerales, beneficio y transporte y, si es del caso, de transformación; (6) Plan Minero de Explotación, que incluya la indicación de las guías técnicas que se utilizarán; (7) Plan de Obra de Recuperación geomorfológica paisajística y forestal del sistema alterado; (8) Escala y duración de la producción esperada; (9) Características físicas y químicas de los minerales por explotarse; (10) Descripción y localización de las obras e instalaciones necesarias para el ejercicio de las servidumbres inherentes a las operaciones mineras; y (11) Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura.

[4] “Estamos ad portas de una tragedia ambiental”: Ex ministro de Minas. En El Tiempo http://www.eltiempo.com/politica/re.... Un referente histórico de la puerta giratoria lo constituye Florentino González, 1805-1875, quien fue un economista liberal colombiano, que ocupó varios cargos públicos a nivel de Cundinamarca y del país. Participó de la conspiración septembrina contra el Libertador, lo que le hizo merecedor de una condena de 18 meses en la prisión del castillo de Bocachica, posterior a la pena, salió hacia Caracas, de donde regresó a la vida política en la Nueva Granada de la mano de Francisco de Paula Santander. Fue designado Secretario de Hacienda durante el gobierno del general Tomás Cipriano de Mosquera, viajando en 1848 como encargado de negocios a Francia y a Gran Bretaña, promovió durante su permanencia en el gobierno del general Mosquera, el libre cambio, sin ningún tipo de obstáculos, con las potencias europeas. Actuando como agente de compañías Inglesas a mediados del Siglo XIX, compró algunas minas de veta en Frontino […] por $105.000 y una en Remedios por $3.000, lo que posteriormente fue parte fundamental en la creación de la Frontino and Bolivia Company.